Colectivos feministas se congregaron frente al Tribunal Superior de Justicia de Morelos para exigir que se procese judicialmente a Ulises Bravo Molina, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco y líder de Morena en el estado, acusado de violencia familiar. La protesta, que bloqueó la calle Mariano Leyva, fue encabezada por Yndira Sandoval y Liu León Luna, esta última víctima y expareja de Bravo Molina. 

La manifestación, liderada por Yndira Sandoval, defensora de la iniciativa 3 de 3 que lucha contra la violencia de género, y Liu León Luna, ex pareja de Bravo Molina, exigió al presidente del Poder Judicial de Morelos, Jorge Gamboa, que revoque la decisión que exonera al dirigente partidista. Sandoval enfatizó la necesidad de que Margarita González Sarabia, candidata de Morena a la gobernatura, deje de proteger a los acusados de violencia de género en su partido.

“Margarita González ha guardado un silencio cómplice en favor de los golpeadores que tiene en su equipo y que forman parte de Morena. Le pedimos que en un plazo de 24 horas condene públicamente la resolución amañada del juez de control, quien se negó a vincular a proceso penal a Ulises Bravo”, declaró Sandoval durante la protesta.

Otro de los señalados por las manifestantes fue Javier García Chávez, conocido como “El Gato”, coordinador de campaña de González Sarabia, acusado de acosar sexualmente a una menor de edad durante su periodo como diputado local. Las activistas advirtieron que llamarán a votar en contra de Morena y cualquier partido que proteja a agresores de mujeres.

Liu León Luna, quien sostuvo una relación de 11 años con Bravo Molina y con quien tiene una hija, presentó denuncias por violencia familiar y de género en octubre pasado en Morelos y la Ciudad de México. En abril, la denuncia en Morelos fue judicializada, y en mayo Bravo Molina fue imputado. Sin embargo, tras una audiencia de más de 15 horas, el juez Luis Guillermo Ortega decidió no vincularlo a proceso, una decisión que puede ser apelada.

En respuesta a las protestas, Ulises Bravo publicó un comunicado en redes sociales asegurando que el caso se ha “politizado”. “La protesta de este día en mi contra, más allá de afectarme, desestima la lucha diaria de miles de mujeres que lamentablemente atraviesan por una verdadera situación de violencia y buscan justicia”, afirmó Bravo Molina.

Yndira Sandoval, también candidata a diputada federal por la coalición Fuerza y Corazón por México, reafirmó su compromiso con la causa feminista. “Mi partido son las mujeres, y es cierto, en esta coalición hay hombres señalados de ser violentadores, pero uno de ellos renunció a la campaña; y el otro está en prisión domiciliaria, no protegeremos a nadie, pero exijamos que también se castigue a quien vive de los recursos públicos, como Ulises Bravo”, advirtió Sandoval.

Las manifestantes enfatizaron la importancia de que el sistema judicial actúe con imparcialidad y justicia, y no permita que influencias políticas interfieran en los procesos judiciales. La presión pública y las protestas continuarán hasta que se logre justicia para Liu León Luna y todas las víctimas de violencia de género.

La situación en Morelos destaca la creciente exigencia de las mujeres por justicia y la erradicación de la impunidad en casos de violencia de género. Las acciones de los colectivos feministas buscan no solo la sanción de los responsables, sino también un cambio en la cultura política y judicial que proteja a las víctimas y no a los agresores.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, continuará en prisión preventiva después de la cirugía de corazón que requiere, según lo determinado por la jueza Hortensia García tras una audiencia ordenada por un juzgador federal. Aunque se le permitirá salir para someterse al procedimiento médico, deberá regresar a prisión para cumplir con las medidas cautelares. 

La audiencia, solicitada por la defensa de Duarte, buscaba revisar el cambio de medida cautelar, pero la jueza García estableció que los debates previos seguían siendo válidos. Se destacó la falta de arraigo domiciliario del exgobernador en la ciudad y su condición de prófugo de la justicia durante varios años, incluido un periodo en Estados Unidos.

Duarte, quien enfrenta acusaciones de peculado y asociación delictuosa, necesita someterse a una operación de fibrilación auricular, una arritmia potencialmente peligrosa. Su abogado, Héctor Villasana, señaló el deterioro progresivo de la salud del exmandatario desde su llegada a prisión en junio de 2022, con múltiples problemas cardíacos diagnosticados.

El propio César Duarte se declaró “preso político” ante la jueza de control, enfatizando que su situación era consecuencia de motivaciones políticas. Esta declaración se produjo en respuesta a comentarios del fiscal general César Jáuregui Moreno, quien había afirmado que no se modificaría la medida cautelar.

“Me declaro formalmente preso político, me queda claro que soy un botín político”, expresó Duarte.

La defensa argumentó que el cambio de medida cautelar era necesario debido a la falta de atención médica adecuada en el Centro de Reinserción Social donde Duarte está recluido actualmente. Sin embargo, la jueza determinó que la prisión preventiva debía mantenerse, aunque se permitiría su salida para recibir la atención médica necesaria.

Esta decisión judicial se produce después de que un juez federal emitiera un amparo ordenando al Tribunal Superior de Justicia revisar la medida cautelar de prisión preventiva dictada el 30 de noviembre de 2023, que ampliaba seis meses más la medida contra Duarte.

La situación de César Duarte, acusado de diversos delitos durante su gestión como gobernador de Chihuahua, ha generado un amplio debate sobre el estado de la justicia en México y la presunta politización de los procesos legales. Mientras tanto, su salud sigue siendo motivo de preocupación, y su caso continúa siendo seguido de cerca por la opinión pública y los medios de comunicación.