La lucha contra el feminicidio en México dio un nuevo paso institucional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional con la que se pretende crear una ley general aplicable en todo el país para combatir este delito. La propuesta busca facultar al Congreso de la Unión para emitir una legislación que establezca sanciones y criterios penales homogéneos.
El proyecto plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para permitir que el Congreso federal legisle de manera integral sobre feminicidio, con el objetivo de homologar la tipificación del delito y los procesos de investigación en todas las entidades federativas. La propuesta surge, según la exposición de motivos, en un contexto de violencia estructural contra las mujeres que, de acuerdo con la mandataria, se agrava desde etapas tempranas de interacción social hasta escalar a su manifestación más extrema.
Como parte del sustento, la presidenta recordó los pronunciamientos internacionales dirigidos al Estado mexicano en materia de violencia de género, particularmente la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y Campo Algodonero. En dicha resolución se determinó la responsabilidad internacional de México por la falta de prevención, investigación y sanción adecuada en los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez.
La iniciativa también se apoya en datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reporta que hasta 2021 siete de cada diez mujeres, es decir, el 70.1%, han experimentado algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación. “Cifras que dan cuenta de la dimensión estructural del problema en nuestro país”, sostuvo la mandataria.
De acuerdo con el planteamiento, la futura Ley General en materia de Feminicidio contemplaría la articulación de derechos para víctimas y familiares, incluyendo acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica gratuita, así como seguridad social para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. También establece la restitución digna de los cuerpos y servicios de traducción e interpretación, además de prohibir la difusión de imágenes de víctimas en plataformas digitales.
La propuesta incorpora medidas preventivas como refugios, evaluaciones oportunas y apoyo institucional mediante los Centros LIBRE, las abogadas de las mujeres, los centros de justicia y la línea Mujeres al 079, opción 1.
Asimismo, prevé la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida, además de un registro nacional de casos y un padrón de menores en orfandad por feminicidio en coordinación con el DIF.
Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción del documento y señaló que la propuesta será analizada por el Poder Legislativo. Se prevé que el pleno del Senado turne la iniciativa a comisiones durante la sesión programada para el próximo 7 de abril, donde comenzará su análisis legislativo.
