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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones claras y eliminar vacíos legales en la materia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 474 votos a favor y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Con esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política, se facultará al Congreso a homologar las sanciones y tipificaciones relacionadas con la extorsión y sus agravantes, además de garantizar la persecución de oficio de este ilícito. La propuesta busca prevenir, investigar y castigar de manera uniforme este delito, considerado de alto impacto.

En tribuna, el morenista Leonel Godoy presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y advirtió que la incidencia del delito de extorsión aumentó 58 por ciento en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025. Subrayó que “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

Desde la bancada del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez detalló que durante los primeros diez meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos de extorsión, una cifra superior a los 7 mil 249 reportados en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 6 mil 792 de Enrique Peña Nieto y a los 2 mil 599 de Felipe Calderón. “La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, señaló.

Los registros muestran que entre 2018 y 2025, el Estado de México concentró 23 mil 563 carpetas de investigación por extorsión, seguido por Veracruz con 6 mil 12; Nuevo León con 5 mil 013; Jalisco con 4 mil 866; y la Ciudad de México con 4 mil 428.

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Domínguez calificó la extorsión como “un flagelo nacional” que ha crecido de forma sostenida y que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión. Citó datos del INEGI que revelan que la cifra negra del delito alcanzaba en 2023 el 97.2 por ciento, lo que significa que apenas uno de cada diez víctimas denuncia.

La iniciativa presidencial advierte que una de las principales dificultades en el combate a este delito es la falta de homologación de penas entre entidades federativas. Mientras el Código Penal Federal establece sanciones de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a treinta años. Actualmente, los códigos federal y locales establecen un rango promedio de cuatro años con seis meses a doce años, con discrepancias significativas entre estados.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es cometida por “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

En la exposición de motivos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que ocho estados concentran más de la mitad de las extorsiones del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reanudará los pagos a proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante un esquema financiero basado en Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps).

El mecanismo contempla una emisión de 12 mil millones de dólares con vencimiento al 2030, a través de la cual se cubrirá el saldo pendiente con empresas proveedoras de la petrolera estatal. “Pemex tiene un gran problema y es la deuda del periodo neoliberal y particularmente de (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto”,declaró la mandataria.

De acuerdo con la información presentada, la deuda de Pemex pasó de 46 mil millones de dólares a 105 mil millones de dólares en los últimos sexenios, un incremento de 60 mil millones mientras la producción de combustible se reducía de manera sostenida.

Sheinbaum aseguró que la deuda deberá ser cubierta en su totalidad y que las amortizaciones previstas ascienden a 300 mil millones de pesos. En este contexto, precisó que la SHCP asume parte de los vencimientos, aprovechando menores tasas y una mayor capacidad de colocación en los mercados internacionales.

“Le ayuda a Pemex y aunque hay una parte que es del gobierno federal, pues finalmente como estado mexicano es una muy buena transacción (…) lo que ahora se hizo es considerar todos esos vencimientos, los refinanciamientos que se pueden hacer de toda esa deuda y además salir adelante con la empresa”, explicó la presidenta.

El anuncio ocurre después de que, en junio, proveedores de Pemex amagaran con suspender actividades debido a la falta de pagos. El 19 de ese mes, Sheinbaum aseguró que ya se habían cubierto 147 mil millones de pesos en adeudos, lo que evitó un paro en la operación de la compañía.

Posteriormente, el 30 de julio, el gobierno de México concretó la colocación internacional de las Notas Estructuradas Pre Capitalizadas, con una emisión de 12 mil millones de dólares a siete años. La operación generó una demanda de 23 mil 400 millones de dólares por parte de 295 inversionistas institucionales de diversas regiones del mundo, lo que permitió reforzar el plan de pagos de la empresa productiva del Estado.

Con esta nueva ronda de pagos, el gobierno busca aliviar la presión financiera de Pemex y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, al tiempo que se atienden los vencimientos de deuda que mantienen a la petrolera en una de sus etapas más complejas.

En medio de tensiones internas y una creciente presión mediática, Morena llevó a cabo su Consejo Nacional este domingo en la Ciudad de México, con la asistencia de senadores, diputados, gobernadores y figuras clave del partido. La presidenta nacional, Luisa María Alcalde, y el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, marcaron postura clara: no habrá protección para quienes incurran en actos de corrupción y es momento de cerrar filas.

Desde su llegada, el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, denunció lo que calificó como una “ofensiva mediática terrible” en contra de su coordinador parlamentario, refiriéndose a los señalamientos hacia el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez. Reconoció que hay “algo de fuego amigo”, pero aseguró que se trata principalmente de una estrategia de la derecha. “La verdad es que traen una ofensiva mediática terrible contra el senador”, declaró, dejando claro que, mientras no haya denuncias formales, todo es “golpeteo”.

Rechazó cualquier comparación con el caso de Genaro García Luna: “García Luna está preso, confeso, sentenciado. Cualquier similitud con ese caso es absurdo”, subrayó. También criticó que los medios no exijan explicaciones a Felipe Calderón.

Por su parte, Luisa María Alcalde fue contundente al afirmar que Morena no solapará a nadie que traicione los principios del movimiento. “No protegemos a persona alguna que incurra en actos de corrupción o que traicione los principios que dan vida a nuestro Movimiento. Nuestra guía es clara: la verdad y la justicia”, puntualizó. Aseguró que si hay dudas o señalamientos, será la autoridad quien deberá resolver, sustentada en pruebas.

Alcalde reiteró que el compromiso de Morena es combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo. “Todo aquel que se desvíe de estos principios, debe responder por sus actos”, sostuvo en su intervención ante el pleno del Consejo Nacional.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional y gobernador de Sonora, llamó a la militancia a dialogar con madurez y colaborar con profesionalismo. Reconoció que algunas tensiones internas se deben a iniciativas y reacciones de los propios cuadros del partido, por lo que pidió cuidar que las diferencias no impongan costos políticos a la organización ni al gobierno.

Durazo instó a territorializar la defensa de la Cuarta Transformación y recordó que, aunque existan enfoques distintos, el objetivo es común. “Podemos pensar distinto, pero no luchamos por cosas distintas. Entre nosotros puede haber enfoques distintos, pero hay algo que no podemos perder de vista: el origen y el objetivo común de nuestra lucha”, dijo.

El Consejo Nacional se realizó en un contexto de presiones internas y externas que, según Durazo, buscan abrir grietas en el movimiento. “Voces malintencionadas apuestan también a la fractura de nuestro movimiento”, advirtió, al tiempo que pidió pensar en las consecuencias de cada diferencia antes de que se convierta en crisis.

El encuentro cerró con llamados a la unidad, el compromiso ético y la defensa organizada de los principios que dieron origen a Morena.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcó posición de manera contundente ante las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien criticó sus movilizaciones por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y las relacionó con intereses de la derecha. En conferencia de prensa, los maestros negaron cualquier vínculo con partidos conservadores y reafirmaron su disposición para entablar un diálogo directo con la mandataria. 

Desde la Ciudad de México, representantes de la CNTE aclararon que su lucha no está influenciada por intereses externos. El secretario general de la sección 9, Pedro Hernández, aseguró que “nadie nos financia, nadie nos ordena” y reiteró el deslinde de partidos como el PRI y el PAN, así como de “la ultraderecha más recalcitrante”.

Hernández subrayó que la CNTE ha combatido históricamente a dichos grupos, por lo que calificó como un error que se les compare con actores políticos que representan intereses contrarios a los del magisterio. “Se equivoca la presidenta cuando quiere ponernos en ese mismo costal”, puntualizó el dirigente sindical, visiblemente firme en su postura.

En la misma línea, otros integrantes de la Coordinadora manifestaron su inconformidad con el discurso presidencial, al considerar que pone al magisterio en una posición de confrontación frente al pueblo. “No permitiremos que nos pongan en contra del pueblo, porque el magisterio somos pueblo”, enfatizaron durante su declaración, dejando en claro que su protesta es una forma legítima de exigir justicia social.

Los maestros confirmaron su disposición al diálogo, pero subrayaron que este debe darse directamente con la presidenta Sheinbaum, no con integrantes de su gabinete. Según sus declaraciones, lo que esperan son “nuevas respuestas” a sus demandas, particularmente en lo que respecta a la abrogación de la reforma de pensiones aprobada en el sexenio de Felipe Calderón.

La CNTE lamentó que una reunión programada con Sheinbaum el pasado viernes se haya cancelado, sin que hasta ahora haya claridad sobre la reprogramación ni sobre avances concretos en las exigencias planteadas. Aseguraron que hasta el momento, las respuestas del gobierno han sido evasivas y sin propuestas que representen un cambio significativo.

A pesar del clima tenso, los docentes reafirmaron que su manifestación se mantiene en los márgenes de la civilidad. Aclararon que “hoy no estamos en una situación de afectación directa a la población” y que su presencia en las calles es pacífica, en espera de ser escuchados.

De cara al proceso electoral del 1 de junio, la CNTE afirmó que “no hay una acción definida” y que su lucha no busca interferir con los comicios, sino llamar la atención sobre problemáticas que consideran históricamente desatendidas. En este contexto, señalaron que el titular de Educación les envió un mensaje informal proponiendo una conversación, pero sin establecer lugar ni fecha, lo cual consideraron insuficiente.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró desde Palacio Nacional que su administración ha mantenido canales de comunicación abiertos con los maestros, aunque expresó su preocupación por los amagos de boicot a la elección judicial. “Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral?”, expresó ante la prensa.

La mandataria reconoció que su gobierno no comparte la reforma impulsada en 2007, pero advirtió que su revocación implicaría una carga fiscal insostenible para el Estado mexicano. Reiteró que se mantendrá abierta al diálogo, pero condenó que la CNTE traslade sus exigencias a otros terrenos como la reforma al Poder Judicial o acciones que impacten a la ciudadanía, como los bloqueos al aeropuerto capitalino.

La disputa entre la Coordinadora y el gobierno federal mantiene un tenso equilibrio entre el reclamo social y la gobernabilidad, mientras el magisterio exige atención real y soluciones concretas.

La Fiscalía del Estado de Jalisco ha contabilizado más de mil objetos en un rancho ubicado en Teuchitlán, el cual era utilizado como campo de adiestramiento y exterminio por el crimen organizado. Este hallazgo se produjo gracias a la labor del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes descubrieron en el rancho Izaguirre cientos de prendas de vestir, mochilas, zapatos y otros objetos personales. 

Para facilitar la identificación de estos indicios por parte de las familias de personas desaparecidas, la Fiscalía ha creado una base de datos de libre acceso. Esta plataforma permite que los colectivos de búsqueda y la sociedad civil consulten la lista de objetos encontrados. La información está disponible en la página web y redes sociales de la institución.

Las personas que identifiquen algún objeto relacionado con sus seres queridos deben contactar al Ministerio Público correspondiente. Para ello, es necesario proporcionar el número de carpeta de investigación asignado al momento de la denuncia. En caso de que la persona desaparecida no tenga un reporte previo, se recomienda realizar la denuncia para dar seguimiento adecuado al caso.

Las investigaciones en el rancho continúan, por lo que la cantidad total de objetos hallados aún no ha sido determinada. Adicionalmente, el activista Ángel Abundis ha creado un Catálogo de Indicios que también está disponible en línea para su consulta.

El rancho contaba con diversas instalaciones, entre ellas habitaciones, baños, cocina, bodegas, áreas de adiestramiento táctico y de acondicionamiento físico. Durante las inspecciones, se utilizaron tecnologías avanzadas como drones multiespectrales y térmicos, georradares, análisis electromagnético y estudios de resistividad eléctrica. Estas herramientas permitieron generar tomografías para detectar posibles inhumaciones clandestinas en el subsuelo.

Imágenes satelitales muestran que el rancho Izaguirre no existía en el año 2011, durante la administración del expresidente Felipe Calderón, pero ya se encontraba delimitado y en funcionamiento para el año 2023. La comparación de estas imágenes ha generado debate político en torno al origen de la violencia en México.

En respuesta a las críticas dirigidas al actual gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es el único funcionario de alto nivel detenido por nexos con el crimen organizado. Destacó que la “guerra contra el narco” iniciada durante el sexenio de Calderón fue el detonante de la violencia armada en el país.

Diferentes figuras políticas han reforzado esta postura. La senadora Andrea Chávez afirmó que la administración de Calderón permitió la expansión de los grupos delictivos y calificó su gobierno como el “punto de quiebre” de la crisis de seguridad actual. Además, aseguró que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Sheinbaum han trabajado para revertir las consecuencias de esa política.

Hasta el momento, el expresidente Felipe Calderón no ha emitido declaraciones al respecto. Sin embargo, el debate sobre la responsabilidad de la violencia en el país sigue siendo un tema central en el discurso político actual.