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Un juez dictó vinculación a proceso contra dos exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por su presunta participación en actos de corrupción que habrían afectado al erario público por aproximadamente 172 millones de pesos.

Se trata de Leopoldo “N”, exadministrador General de Auditoría Fiscal Federal, y Rubén “N”, exadministrador Central de Análisis Técnico Fiscal. Ambos son señalados de haber cometido los delitos de uso de documentos falsos, ejercicio indebido del servicio público y actos contra la administración pública mientras desempeñaban altos cargos en el SAT.

Leopoldo Carrillo Werring trabajó en el SAT desde 2002 hasta diciembre de 2018, abarcando las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para dejar el cargo al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, Rubén Durán Miranda tuvo una amplia carrera en el sector público entre 2002 y 2019, con labores en el SAT y otras dependencias como la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia.

La Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con el SAT, detectó las irregularidades que presuntamente involucraban a los exfuncionarios. Según el comunicado emitido por la FGR, estas acciones reafirman su política de “cero tolerancia a la corrupción” y su compromiso con fortalecer la recaudación fiscal como parte del proyecto de transformación del país.

“La lucha contra la corrupción es esencial para construir cimientos sólidos en beneficio de los mexicanos y demostrar que las instituciones están combatiendo este flagelo”, destacó la FGR en su declaración.

La vinculación a proceso de ambos exfuncionarios representa un paso significativo en los esfuerzos por garantizar la transparencia en la administración pública y proteger los recursos fiscales del país.

El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, se encuentra en el epicentro de una intensa polémica que ha acaparado la atención mediática y pública. Su nombre está vinculado a eventos recientes cruciales en el país, especialmente en el ámbito de la seguridad y el narcotráfico. Ahora, el gobierno mexicano ha formalizado una solicitud para extraditar a García Luna a Estados Unidos, siguiendo una petición de la Fiscalía General de la República (FGR). Esta solicitud tiene como objetivo que el exfuncionario enfrente cargos relacionados con el controvertido operativo ‘Rápido y Furioso’.

Dicho operativo, puesto en marcha durante la presidencia de Felipe Calderón, tenía la intención de rastrear el tráfico ilegal de armas hacia México. Sin embargo, el plan resultó en un fracaso monumental, dejando miles de armas en manos equivocadas y deteriorando las relaciones entre México y Estados Unidos. La controversia no solo afectó la imagen de las autoridades mexicanas, sino que también sembró desconfianza entre ambas naciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha impulsado varias solicitudes de extradición que abarcan no solo el caso ‘Rápido y Furioso’, sino también irregularidades en contratos para la construcción de prisiones federales durante la misma administración. Este movimiento subraya el esfuerzo del gobierno mexicano por restablecer la credibilidad y buscar justicia.

Desde su arresto en Estados Unidos en 2019, García Luna ha estado en el centro de graves acusaciones, incluyendo corrupción y vínculos con el narcotráfico. La extradición sería fundamental para que la justicia mexicana lo procese por los delitos que se le atribuyen. La FGR está decidida a esclarecer los hechos y hacer que los responsables rindan cuentas.

Este pedido de extradición también destaca la necesidad de estrechar la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, dada la magnitud de los desafíos enfrentados en la lucha contra el crimen organizado. La respuesta de Estados Unidos a esta solicitud podría marcar un hito en las futuras colaboraciones en justicia internacional.

En suma, la petición de extradición de García Luna es un punto clave en la reciente historia de México. No solo se trata de un exfuncionario envuelto en un operativo fallido, sino de un símbolo de la batalla contra la corrupción y el narcotráfico. La actuación de la SRE y la FGR en este caso muestra un compromiso con la justicia y la transparencia, y los próximos pasos en este proceso serán seguidos de cerca, con implicaciones significativas para la seguridad y las relaciones bilaterales.

En una entrevista con Azucena Uresti para Fórmula Noticias, Sandra Cuevas Nieves declaró que actualmente no existe una oposición real en el país. Según Cuevas, los partidos tradicionales están inmersos en un sistema desgastado y desprestigiado, donde prevalecen los intereses personales sobre los comunitarios.

Cuevas Nieves también reveló que ya está trabajando en la formación de un nuevo partido político, cuyo proceso iniciará en enero de 2025. Al ser cuestionada sobre el nombre de esta nueva fuerza política, respondió: “Se llamará Partido Político por la Familia y Seguridad de México, porque son mis banderas. Hay que rescatar a la familia y dotar de seguridad al país”.

“Tenemos objetivos muy claros: construir una oposición responsable, cimentar la ideología del bien común como una forma integral del beneficio social. Vamos a diseñar la felicidad como un logro alcanzable, a través de hacer bien las cosas, a través de ayudarnos los unos a los otros”, añadió.

Además, mencionó que ha tenido reuniones con figuras como Margarita Zavala y Felipe Calderón para conformar este nuevo partido. “Les compartí el proyecto, les expliqué lo que voy a hacer; por supuesto, les dije que son bienvenidos. De hecho, platicamos. El expresidente Felipe Calderón me aconsejó muy bien y me compartió muchas vivencias. Margarita siempre ha sido muy abierta al diálogo”, expresó.

Cuevas Nieves dejó claro que, si la organización política Por la Familia y la Seguridad de México logra constituirse como partido, ella será la candidata presidencial en las elecciones de 2030. “Sí, por supuesto”, respondió cuando Uresti le preguntó si encabezaría la candidatura presidencial en 2030.

De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, para que un grupo de ciudadanos se constituya como partido político a nivel federal, debe informar de su propósito al Instituto Nacional Electoral (INE) en enero del año siguiente a la elección presidencial, en este caso, a inicios de 2025. Además, deben celebrar asambleas en al menos 20 entidades o en 200 distritos electorales, con la participación de 3,000 afiliados por entidad o 300 por distrito electoral. También deben garantizar la validez y autenticidad de cada afiliación mediante la aplicación móvil y las cédulas en papel por régimen de excepción.

El INE establece que la información sobre las asambleas es fundamental para el proceso de registro, ya que en ellas se constata la voluntad de los ciudadanos que deciden respaldar la propuesta de cada organización que busca ser un partido político. Una vez cumplidos los requisitos, el Consejo General del órgano electoral resolverá la procedencia de la solicitud de registro e informará a los interesados.

La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ha dado a conocer su detallado plan de gobierno para abordar el desafío de la violencia en México. Bajo el título “República Segura y con Justicia”, Sheinbaum propone una estrategia integral que aborda las causas subyacentes de la violencia, fortalece la Guardia Nacional, coordina estrechamente con la Fiscalía General de la República y promueve reformas en el Poder Judicial, todo ello respaldado por una política de transparencia y honestidad en materia de seguridad.

En un evento que contó con la presencia destacada del ministro en retiro Arturo Zaldívar, la exfiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy y el exsecretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, Sheinbaum destacó los logros alcanzados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la reducción de la violencia. Destacó que, gracias a las medidas implementadas, se ha evitado un aumento del 30% en los homicidios.

Sheinbaum hizo hincapié en su experiencia como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resaltando la reducción significativa de los homicidios dolosos durante su mandato. Insistió en que su administración se centrará en abordar las causas profundas de la violencia y continuará la labor del gobierno actual en ese sentido.

En cuanto a la corrupción, Sheinbaum subrayó su compromiso con la honestidad, afirmando que “sin corrupción, no puede haber seguridad”. Criticó el gobierno anterior de Felipe Calderón, especialmente por su vinculación con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualmente encarcelado en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.