Autoridades mexicanas confirmaron la identificación del cuerpo de José Ángel Hernández Vélez, uno de los 10 mineros privados ilegalmente de la libertad en Sinaloa el pasado 23 de enero, quien laboraba para la empresa canadiense Vizsla Silver. La información fue dada a conocer por colectivos, organizaciones y familiares, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) reportara el hallazgo de cuerpos y restos humanos en una fosa ubicada en el municipio de Concordia.
La confirmación se produce dos días después de que la FGR informara sobre la localización de la fosa, en la que se encontraba al menos una persona con características compatibles con uno de los mineros secuestrados. Posteriormente, se estableció que los restos correspondían a Hernández Vélez, originario del estado de Zacatecas.
De acuerdo con reportes difundidos por medios, la notificación oficial del fallecimiento fue realizada a los familiares por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia adscrita a la FGR. La identificación del cuerpo generó diversas reacciones públicas, principalmente en redes sociales.
La senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, expresó su postura a través de su cuenta de X: “Con profundo dolor lamento el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano originario de Cañitas de Felipe Pescador. Ninguna familia debería vivir la angustia de una desaparición ni el dolor de una pérdida así”. La publicación se sumó a otros mensajes de solidaridad difundidos tras conocerse el caso.
Por su parte, la empresa minera Capstone Copper también emitió una esquela en la que manifestó su pesar por el fallecimiento del trabajador. “Nos unimos con sincero pesar al dolor que embarga a su familia, amistades y seres queridos. Elevamos nuestras oraciones para que su alma descanse en paz y encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles”, señaló el comunicado.
En paralelo, colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas, entre ellos Por las Voces Sin Justicia, solicitaron a las autoridades que se informe de manera precisa el número total de cuerpos y restos humanos localizados en la fosa de Concordia, así como el avance en los procesos de identificación.
Los 10 mineros habrían sido interceptados por un comando armado la mañana del viernes 23 de enero, cuando se dirigían a sus labores, según testimonios de familiares citados por medios locales. El caso se enmarca en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, entidad que, además de ser una de las principales productoras de minerales del país, enfrenta una problemática de inseguridad relacionada con la operación del crimen organizado, con impactos directos en comunidades y sectores productivos como la minería.
