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En una reunión llevada a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión de Seguimiento al Proceso Electoral de la Cámara de Diputados, integrada por miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se reunió con Rosa Icela Rodríguez para discutir la protección de los candidatos involucrados en el proceso electoral.

Durante el encuentro, líderes legislativos de diversos partidos políticos, incluyendo PRI, PAN, PRD, MC, Morena, PT y PVEM, expresaron su preocupación por el complejo proceso que conlleva solicitar protección federal a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y pasar por un filtro de seguridad.

Rodríguez informó que hasta el momento, la SSPC ha recibido 30 solicitudes de protección, a pesar de que el INE reporta 79 solicitudes, indicando un retraso en el procesamiento de las mismas.

Los legisladores presentes expresaron su escepticismo ante el número relativamente bajo de solicitudes recibidas, considerando que casi 100 mil aspirantes compiten por más de 20 mil cargos. Exigieron un modelo más eficiente para garantizar protección inmediata a los aspirantes.

En respuesta, Rodríguez se comprometió a revisar la petición y ofreció reuniones directas entre los líderes partidistas y el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, para abordar casos urgentes.

Además, se discutieron preocupaciones sobre la reducción en la cifra de homicidios presentada por la secretaria, con algunos asistentes cuestionando la veracidad de los datos.

Se solicitó también un mapa de riesgos por parte del Estado, pero Rodríguez explicó que esta tarea corresponde a los gobernadores de cada entidad.

Antes de concluir, se anunció que el jueves se llevará a cabo otra reunión de la Comisión en San Lázaro para diseñar un plan que asegure la protección de los candidatos en los 50 municipios de cuatro entidades considerados como peligrosos.

El coordinador de la bancada de Morena, Mier Velazco, detalló que esta reunión permitirá abordar la situación de los candidatos en estas zonas críticas, especialmente en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Guanajuato.

Se determinó que la reunión será a puerta cerrada para garantizar la privacidad y la efectividad de las discusiones.

La legalización controlada de ciertas drogas emerge como una propuesta destacada en la campaña del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en su búsqueda por abordar la violencia y la inseguridad en México.

Durante su intervención en el foro “Provoca tu futuro”, realizado en la Universidad Regiomontana (U-ERRE) el 12 de marzo, Álvarez Máynez delineó su visión para un México transformado, enfatizando la necesidad de un nuevo enfoque en el sistema de justicia.

Esta propuesta de legalización se inscribe en su Plan Nacional de Pacificación, que comprende cinco ejes fundamentales: la dignificación de la labor policial mediante la creación de una academia especializada, la reforma del sistema penitenciario para priorizar la reinserción social, el cambio del modelo de prohibición de drogas, la democratización del sistema judicial y el enfoque prioritario en las víctimas.

La estrategia de Álvarez Máynez contrasta con las propuestas de sus rivales. Mientras Claudia Sheinbaum, del partido en el poder, aboga por consolidar la Guardia Nacional, y Xóchitl Gálvez, de la oposición, propone la construcción de megaprisiones.

El candidato argumenta que las políticas punitivas y prohibicionistas han demostrado ser ineficaces en la lucha contra el consumo de drogas. “El mercado negro no contribuye a la capacidad del Estado para controlarlo”, afirmó.

Un estudio de la Consultora AC revela que en México operan al menos 175 grupos criminales, cubriendo hasta el 80 % del territorio nacional, lo que, según expertos, refleja el fracaso de las estrategias de seguridad desde 2006.

Ante este panorama, Álvarez Máynez propone medidas como la legalización del consumo de drogas, la recaudación de impuestos sobre estas sustancias, la inclusión de comunidades afectadas en los beneficios de la regulación, la eliminación del delito de posesión simple y la amnistía para aquellos en prisión por delitos relacionados con el cannabis.

El candidato señala ejemplos exitosos en Estados Unidos, como Colorado y California, donde se ha implementado la regulación de la marihuana con resultados positivos.

Imer Flores Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subraya la necesidad de repensar las políticas de prohibición y guerra contra las drogas, abogando por una cooperación internacional en la implementación de estrategias preventivas.

En 2021, México se convirtió en el segundo país latinoamericano en aprobar el uso recreativo de la marihuana, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la prohibición del uso lúdico de esta planta. Sin embargo, el comercio y la importación de cannabis siguen estando prohibidos.

El uso medicinal de la marihuana fue legalizado por el Senado mexicano en 2016, y en 2020 se aprobó un dictamen que regula su uso con fines médicos, recreativos e industriales.

En un claro mensaje de rechazo hacia la posibilidad de que las elecciones en México se vean marcadas por la violencia o estén vinculadas al narcotráfico, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Morena, PT y Verde Ecologista, desmintió categóricamente la existencia de una “narcoelección”.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México hizo hincapié en la importancia de la participación masiva del pueblo mexicano en un proceso electoral que, a su parecer, no se ve empañado por situaciones violentas de manera generalizada.

En medio de señalamientos hacia la oposición por intentar implementar una campaña negra, Sheinbaum resaltó que este proceso dista de las tácticas empleadas en 2006 contra el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que, si bien existen zonas específicas con problemáticas de violencia, el gobierno de México está abordando estas situaciones de manera efectiva y la presencia de la Guardia Nacional es crucial.

La candidata se pronunció sobre el caso Ayotzinapa, destacando que el presidente López Obrador mantiene un diálogo constante con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos. Aseguró que se han tomado medidas legales, como la detención del ex procurador general de Justicia, Jesús Murillo Karam, y la orden de aprehensión contra Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien actualmente se encuentra en Israel.

En cuanto a su participación en el encuentro con aspirantes presidenciales de la Ibero, la candidata señaló que su prioridad es la visita a los municipios del país. Destacó que se está analizando la agenda para no interferir en los recorridos con la población y resaltó la importancia de estar cerca de la gente durante la campaña electoral.

Sobre su visita en Maravatío, Michoacán, y la falta de un mensaje tras el asesinato de precandidatos a la alcaldía del municipio por Morena y el PAN, Sheinbaum argumentó que la sola presencia constituye un mensaje de apoyo a los habitantes y que estarán siempre con la población.

Finalmente, Claudia Sheinbaum reiteró su propuesta de seguridad, buscando abordar de manera integral los desafíos de inseguridad, y destacó la importancia de construir soluciones efectivas en colaboración con la ciudadanía.

La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ha dado a conocer su detallado plan de gobierno para abordar el desafío de la violencia en México. Bajo el título “República Segura y con Justicia”, Sheinbaum propone una estrategia integral que aborda las causas subyacentes de la violencia, fortalece la Guardia Nacional, coordina estrechamente con la Fiscalía General de la República y promueve reformas en el Poder Judicial, todo ello respaldado por una política de transparencia y honestidad en materia de seguridad.

En un evento que contó con la presencia destacada del ministro en retiro Arturo Zaldívar, la exfiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy y el exsecretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, Sheinbaum destacó los logros alcanzados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la reducción de la violencia. Destacó que, gracias a las medidas implementadas, se ha evitado un aumento del 30% en los homicidios.

Sheinbaum hizo hincapié en su experiencia como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resaltando la reducción significativa de los homicidios dolosos durante su mandato. Insistió en que su administración se centrará en abordar las causas profundas de la violencia y continuará la labor del gobierno actual en ese sentido.

En cuanto a la corrupción, Sheinbaum subrayó su compromiso con la honestidad, afirmando que “sin corrupción, no puede haber seguridad”. Criticó el gobierno anterior de Felipe Calderón, especialmente por su vinculación con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualmente encarcelado en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha hecho un llamado a la construcción de una Agenda Nacional por la Seguridad y la Justicia, enfatizando la necesidad de abordar de manera integral la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia para avanzar hacia la paz social y erradicar las diversas formas de violencia que afectan a millones de personas en México.

En un discurso contundente, Piña Hernández destacó la importancia de la coordinación entre las autoridades del Estado, especialmente en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, para poder satisfacer las demandas legítimas de la sociedad mexicana en cuanto al alto a la violencia inaceptable que enfrenta el país.

La ministra identificó una amplia gama de violencias que afectan a la sociedad mexicana, desde la violencia cotidiana hasta la violencia feminicida, la desaparición de personas, la trata de personas, la violencia contra migrantes, niñas y niños, personas indígenas, entre otros. Además, destacó la importancia de escuchar a todos los actores involucrados en el sistema de justicia y seguridad para poder proponer soluciones efectivas.

Para ello, desde el Poder Judicial se ha decidido establecer un espacio de reflexión abierto, transparente e inclusivo para articular un diálogo constructivo a nivel nacional entre diferentes actores e instituciones relacionados con la justicia y la seguridad.

La Agenda Nacional por la Seguridad y la Justicia tiene como objetivo generar y recopilar información sobre la percepción y el funcionamiento de los servicios de justicia y seguridad, con miras a mejorar y adaptar estos servicios a las condiciones actuales del país.

Durante los próximos cuatro meses, el Poder Judicial de la Federación convocará a diversas partes interesadas, incluyendo al público en general, para dialogar sobre aspectos relacionados con la justicia y la seguridad en México, abordando temas como la demanda y oferta de seguridad y justicia, así como la mejora del sistema nacional de justicia.

La ministra expresó su convicción de que escuchar abiertamente es fundamental para proponer un cambio efectivo, y anunció que los resultados de este diálogo se presentarán como una Agenda propositiva y apartidista disponible para todos los candidatos a cargos de elección popular, la nueva Legislatura del Congreso de la Unión y toda la sociedad mexicana.

En un informe alarmante, el Laboratorio Electoral revela que en los últimos nueve meses, se han registrado 50 casos de violencia relacionada con el proceso electoral en México, incluyendo 33 asesinatos, de los cuales 16 aspiraban a cargos de elección popular. Este sombrío panorama arroja luces sobre la peligrosa situación que enfrentan los participantes en la contienda política, con el mes de enero destacando como el más violento con ocho asesinatos registrados.

La violencia ha golpeado con mayor fuerza a los militantes de Morena, siendo cinco de los 16 aspirantes asesinados miembros de este partido. Le siguen en la lista el PAN con cuatro, Movimiento Ciudadano con tres, y el PRD, PRI y Partido Verde, con dos, respectivamente. Esta situación desata preocupación sobre la seguridad de quienes buscan servir a través de la política, destacando la vulnerabilidad de aquellos que aspiran a cargos públicos.

La geografía de la violencia electoral se extiende por 13 entidades federativas, siendo Guerrero la más afectada con ocho casos, seguida de Veracruz y Michoacán, ambas con cinco. La repetición de Guerrero como epicentro de la violencia electoral, también observada en 2018 y 2021, subraya la urgencia de abordar la situación en este estado.

El análisis del Laboratorio Electoral se ha extendido más allá de las fechas oficiales del proceso electoral, abarcando el periodo de junio de 2023 a septiembre de 2024 debido a los procesos de selección de candidaturas realizados de manera anticipada. Este enfoque permite identificar tendencias y patrones que podrían ser fundamentales para abordar y prevenir la violencia en futuros procesos electorales.

El informe también destaca que, aunque el PRI lideró las víctimas electorales mortales en 2018, en la actualidad, Morena es el partido más afectado por la violencia política, resaltando la gravedad del problema en el contexto actual. Además, el PRD, a pesar de su estatus como partido pequeño, exhibe una preocupante estabilidad en el número de víctimas mortales de violencia.

La violencia no se limita a los aspirantes, ya que se han registrado 41 casos de violencia política no electoral contra funcionarios, sus familiares, antiguos legisladores y/o aspirantes a cargos. Estos incluyen seis atentados/ataques armados, dos amenazas, dos secuestros y un caso de denuncia de Violencia Política de Género (VPG).

Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, advierte que el 2024 podría convertirse en el proceso más violento en la historia del país, subrayando la necesidad urgente de abordar y revertir esta tendencia alarmante que amenaza la democracia y la participación política en México.

En un nuevo episodio de violencia que sacude la política mexicana, el dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Cuitláhuac, Veracruz, José Alejandro Naredo García, fue brutalmente asesinado a balazos este sábado. El hecho ocurrió cerca de la calle 6 en la colonia Oaxaca, desencadenando una fuerte movilización de agentes de seguridad y de emergencia.

Este acto de violencia política, que ha conmocionado a la comunidad, resalta la fragilidad de la seguridad en ciertas regiones del país. La Fiscalía de Veracruz ha confirmado los hechos y anunciado el inicio de las investigaciones para dar con los responsables de este crimen que privó de la vida al presidente del PRD en Cuitláhuac.

La escalada de violencia política en México ha sido objeto de preocupación y debate. Según el reporte ‘MX: La Guerra en Números’ de T-ResearchMX, desde el inicio de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, hasta el 27 de enero de 2024, se han registrado 177,797 homicidios dolosos en el país. Estas cifras reflejan un contexto de inseguridad y violencia que afecta a diversos sectores de la sociedad, incluyendo a los actores políticos.

José Alejandro Naredo, además de su rol como dirigente del PRD, se desempeñaba como taxista y músico en Cuitláhuac. Su asesinato dejó consternada a la comunidad local, que lo describía como una figura activa y comprometida en distintos ámbitos. Las autoridades, tras confirmar su fallecimiento, iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

Es relevante señalar que este trágico suceso se suma a otros actos de violencia política recientes, como el asesinato del exalcalde perredista Marcelino Ruíz Esteban y su esposa en Guerrero. Ambos eventos generan inquietud sobre la seguridad de los actores políticos y la necesidad de medidas más efectivas para garantizar su protección.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas en relación con el asesinato de José Alejandro Naredo. La ausencia de respuestas inmediatas resalta los desafíos que enfrenta México en la lucha contra la impunidad y la violencia política.

El hecho de que Naredo García fuera ultimado previo a la elección del 2 de junio intensifica la preocupación sobre la seguridad de los políticos en un año electoral. La sociedad espera respuestas y acciones contundentes por parte de las autoridades locales y estatales para frenar esta ola de violencia que amenaza la estabilidad y la integridad de los actores políticos en diversas regiones del país.

El legado de José Alejandro Naredo se convierte en un recordatorio de los riesgos y desafíos que enfrentan aquellos que participan activamente en la vida política de México. Su asesinato resalta la necesidad urgente de fortalecer las medidas de seguridad y justicia para preservar la integridad de quienes dedican sus esfuerzos a servir a la comunidad y contribuir al bienestar del país.

En un contundente mensaje, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, instó al presidente Andrés Manuel López Obrador a modificar su estrategia de seguridad, argumentando que ha fallado en prevenir los asesinatos de políticos y aspirantes a candidatos.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Zambrano expresó su profunda preocupación por el aumento de la violencia, especialmente en el contexto del proceso electoral. En el video, el líder partidista detalló que en el transcurso de este mes se han registrado siete homicidios políticos en el país.

“Andrés Manuel, te pregunto: ¿Cuántos asesinatos más debemos lamentar antes de que cambies tu ineficaz estrategia de colaborar con los criminales para obtener réditos electorales?”, cuestionó de manera directa.

Además, Zambrano hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que implemente de inmediato protocolos de seguridad destinados a proteger a los participantes en el proceso electoral. Enfatizó la necesidad de que el INE actúe con prontitud para garantizar elecciones libres y democráticas, sin sacrificar la paz y la tranquilidad.

“Al INE le pregunto: ¿Cuándo activarán los protocolos de seguridad necesarios para el proceso electoral? No podemos permitir que las campañas se conviertan en un escenario de violencia, llevándonos al 2 de junio con el país sumido en la tragedia de sangre inocente”, concluyó Zambrano.

En el escenario nacional mexicano, las cifras de homicidios del primer semestre de 2023 han sido reveladas de manera preliminar por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desencadenando un análisis exhaustivo de la situación en el país.

Con 15,082 homicidios registrados de enero a junio, la tasa se sitúa en 12 homicidios por cada 100,000 habitantes, marcando un descenso respecto al mismo periodo de 2022, donde la tasa fue de 13 homicidios por cada 100,000 habitantes.

En el desglose de género, los hombres experimentaron una tasa de 21 homicidios por cada 100,000 habitantes, representando una leve disminución en comparación con 2022, donde la tasa era de 22. En contraste, las mujeres presentaron una tasa de 2.6 homicidios por cada 100,000 habitantes durante el primer semestre de 2023.

Estas estadísticas preliminares se derivan de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), que recopilan datos de registros administrativos de defunciones accidentales y violentas provenientes de entidades como el Registro Civil, Servicios Médicos Forenses y Agencias del Ministerio Público.

Es crucial destacar que, a pesar de los esfuerzos por abordar la violencia en México, aún persisten desafíos significativos. La tasa semestral de homicidios, aunque en descenso, sugiere que se requiere una atención constante para abordar las causas subyacentes de la violencia en la nación.

El informe del Inegi, emitido una semana después del reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalla que la tasa de homicidios entre hombres ha disminuido a 21 por cada 100,000 habitantes, mientras que para las mujeres ha bajado a 2.6 por cada 100,000. Estos números reflejan un panorama en constante cambio y plantean preguntas sobre las estrategias de seguridad implementadas en el país.

El análisis de la Guardia Nacional revela un aumento significativo en la detención de migrantes durante su tránsito por México hacia la frontera con Estados Unidos. En 2022, se registraron 177,166 detenciones, representando un aumento del 462.5% en comparación con el año anterior, donde se reportaron 31,494 “personas rescatadas en contexto de movilidad”. Este incremento plantea interrogantes sobre la gestión de la movilidad en la región y destaca la necesidad de abordar las causas fundamentales de la migración.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la percepción de inseguridad en México ha experimentado variaciones. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi revela que, en septiembre, el 61.4% de los mexicanos mayores de 18 años consideraba que vivir en su ciudad era inseguro. Aunque esta cifra no muestra un cambio significativo respecto a junio, sí refleja una disminución en comparación con septiembre de 2022.

La variabilidad en la percepción de seguridad entre ciudades es notable. Fresnillo, Ciudad Obregón y Zacatecas lideran las ciudades con mayores porcentajes de percepción de inseguridad, mientras que Benito Juárez, Piedras Negras y San Pedro Garza García son consideradas menos inseguras.

Es crucial destacar que la percepción de inseguridad tiene implicaciones más allá de los números. Afecta la calidad de vida de los ciudadanos y puede tener un impacto en la dinámica social y económica de las comunidades. Es imperativo que las autoridades trabajen de manera proactiva para abordar estas preocupaciones y fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad.

En una emboscada perpetrada durante la madrugada en el municipio de China, Nuevo León, presuntos miembros del crimen organizado atacaron a elementos del Ejército Mexicano, dejando como saldo un militar fallecido y dos heridos. La situación se tornó tensa cuando los agresores, aún sin identificar, realizaron una embestida directa contra las Fuerzas Armadas.

Pedro Arce Jardón, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, confirmó el incidente luego de una reunión de seguridad de las autoridades de diversos niveles de Gobierno. “Es una agresión directa contra elementos de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano”, declaró Arce, detallando que uno de los militares perdió la vida y dos resultaron heridos.

Elementos de Fuerza Civil (Policía estatal) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se movilizaron de inmediato hacia el lugar de los hechos para llevar a cabo las primeras indagatorias. Durante la operación, se logró asegurar uno de los vehículos utilizados por los agresores, apodado ‘monstruo’, así como un arma larga.

Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos, ha experimentado un recrudecimiento de la violencia relacionada con el crimen organizado desde el año pasado. En los primeros 11 meses de 2023, el estado registró mil 218 homicidios, ocupando el décimo lugar a nivel nacional en este lamentable índice.

Arce Jardón también reveló que, hasta el 30 de noviembre, se han contabilizado mil 282 homicidios dolosos en lo que va del año. Atribuyó este aumento a la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada y al crecimiento del narcomenudeo en la región.

“El 93% de los homicidios en el estado están relacionados con el narcomenudeo”, señaló Arce Jardón, destacando que las carpetas de investigación por este delito han aumentado considerablemente en el último año. Además, enfatizó que el 95% de las carpetas de narcomenudeo se inician a partir de detenciones, parte de una estrategia coordinada entre las instancias de seguridad pública de los tres niveles gubernamentales.

Con estos eventos, Nuevo León enfrenta una preocupante realidad de violencia ligada al crimen organizado, desencadenando una serie de desafíos para las autoridades locales en su lucha contra la delincuencia.

Las células delictivas buscan controlar el tráfico y venta de droga: “Son disputas entre los diferentes grupos de la delincuencia organizada que disputan el tema principal de los puntos de venta de narcomenudeo”.