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La Cámara de Diputados de México inició el proceso de entrevistas para elegir al próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales y supervisar la correcta aplicación del gasto del gobierno. En esta etapa, legisladores revisan perfiles y trayectorias de los aspirantes que buscan dirigir la institución responsable de la rendición de cuentas en el país.

El proceso ha generado debate por la participación de la magistrada Natalia Téllez, quien compite por el cargo pese a haber sido candidata en la elección judicial del año pasado para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La discusión surge debido a que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece como requisito no haber sido postulado para un cargo de elección popular durante el año previo al nombramiento.

Durante su comparecencia ante legisladores, el diputado del Partido del Trabajo, Javier Vázquez Calixto, planteó un escenario hipotético: si se produjera la ausencia de una ministra en la Suprema Corte, ¿optaría por ese puesto o por dirigir la ASF? La magistrada respondió que no dejaría sin conducción a una institución que consideró fundamental para la fiscalización del gasto público.

En la elección judicial pasada, Téllez obtuvo 2 millones 303 mil 18 votos, resultado que la colocó por debajo de Sara Irene Herrerías y en el sexto lugar entre las candidatas mujeres, posición que la mantiene como posible integrante del máximo tribunal en caso de una vacante femenina.

Téllez fue designada en abril de 2021 como magistrada de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para un periodo de 15 años. Su nombramiento fue aprobado por el Senado con 96 votos a favor y 21 en contra, en una sesión donde legisladores de oposición cuestionaron el procedimiento, debate que fue respondido por el entonces coordinador de Morena, Ricardo Monreal, al presentar el acuerdo que respaldaba la designación.

Ante los cuestionamientos sobre su elegibilidad para la ASF, la magistrada envió el 2 de marzo una carta a los diputados encargados del proceso. En el documento argumentó que la candidatura a ministra de la Suprema Corte no debe considerarse técnicamente un cargo de elección popular dentro del sistema constitucional mexicano, por lo que —según su postura— la restricción legal no aplicaría en su caso.

Desde la tribuna del Senado, la legisladora de Morena, Nora Ruvalcaba, pidió que la actual fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), María de la Luz Mijangos Borja, sea excluida del proceso para encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al señalarla por presunta omisión en la investigación de irregularidades relacionadas con un parque fotovoltaico en Aguascalientes.

Ruvalcaba sostuvo que en 2019 el municipio de Aguascalientes firmó un contrato con la empresa Next Energy para abastecer de electricidad a 55 mil luminarias que, según afirmó, fueron adquiridas a sobreprecio. Indicó que el acuerdo debió cancelarse; sin embargo, en 2020 fue modificado para ampliar su alcance y suministrar energía destinada a la extracción de agua de pozos municipales a través de un parque fotovoltaico que, aseguró, no se construyó.

En su intervención, la senadora afirmó que, pese a que “no se ha generado ni un solo watts”, el municipio ha pagado casi 2 mil millones de pesos desde entonces. Detalló que en 2022 se presentaron denuncias ante la FGR, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía Anticorrupción. Según su dicho, dicha instancia no emprendió acciones de investigación ni ejerció acciones para procurar justicia.

La morenista agregó que un día antes de que Ernestina Godoy asumiera la titularidad de la FGR, la fiscal María de la Luz Mijangos Borja se declaró incompetente para conocer del caso y remitió el expediente a la Fiscalía Estatal de Aguascalientes.

Durante su posicionamiento, Ruvalcaba advirtió a la Cámara de Diputados —instancia que lleva a cabo el proceso de selección del próximo titular de la ASF— que la actual fiscal anticorrupción figura entre las aspirantes al cargo. Señaló que la Auditoría Superior de la Federación tiene como función fiscalizar el uso de los recursos públicos, por lo que, afirmó, no debería quedar en manos de quien, a su juicio, no actuó frente a denuncias relacionadas con el manejo de dinero público.

La senadora, quien fue candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes en 2016, reiteró sus señalamientos sobre la falta de actuación en el caso del proyecto fotovoltaico y pidió que se valore su desempeño dentro del proceso de designación en curso.

La discusión sobre la reforma electoral sigue abierta en el Senado. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará su iniciativa, el coordinador del Partido Verde en la Cámara Alta, Manuel Velasco, informó que aún no existe consenso y que el proceso de análisis continúa.

Durante la sesión del pleno, Velasco explicó que su bancada está a la espera del documento oficial para definir postura. Señaló que, si la propuesta fortalece la democracia y beneficia al país, contará con su respaldo. Mientras tanto, confirmó que el PVEM ha sostenido planteamientos específicos ante la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y ante el presidente de la comisión presidencial encargada del tema, Pablo Gómez.

Entre los puntos impulsados por el Partido Verde destacan la implementación del voto electrónico y la posibilidad de que jóvenes de 16 años participen en elecciones. También proponen mayores controles para impedir la infiltración del crimen organizado en candidaturas, así como restricciones más estrictas y mecanismos de supervisión adicionales. Otro eje planteado es la reducción de prerrogativas a partidos políticos, siempre bajo un esquema equitativo.

Respecto a la integración de la Cámara de Diputados, Velasco reconoció que existen diversas alternativas para modificar el sistema de legisladores plurinominales; sin embargo, ninguna ha logrado respaldo generalizado hasta ahora.

En paralelo, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentará su propia iniciativa de reforma electoral. Los senadores Marko Cortés y Raymundo Bolaños detallaron que su propuesta busca sancionar con mayor severidad la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

El planteamiento central establece que, si se comprueba financiamiento ilícito en una contienda, la elección deberá anularse sin importar la diferencia de votos. Además, el partido y el candidato involucrados quedarían impedidos para competir en una eventual elección extraordinaria. En casos donde la injerencia criminal sea generalizada, incluso se contempla la cancelación del registro del partido político implicado.

En materia de representación proporcional, los legisladores panistas proponen un modelo híbrido: 100 curules asignadas a primeras minorías en distritos federales y otras 100 mediante listas de partido, integradas de forma alternada.

Con la presentación de la iniciativa presidencial en puerta y propuestas ya sobre la mesa, el Senado mantiene el debate activo sin acuerdos definitivos hasta el momento.

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con una implementación progresiva que concluirá en 2030. El dictamen modifica el artículo 123 de la Constitución y establece que “la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”.

La mayoría conformada por Morena, PT y PVEM rechazó las reservas impulsadas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Entre las propuestas desechadas se encontraba la intención de garantizar dos días de descanso por semana en lugar de “al menos uno”, así como adelantar el pago de horas extras a partir de la novena hora trabajada y no hasta la doceava, como quedó en el dictamen. También fue descartada la aplicación inmediata de la reforma, ya que el texto aprobado contempla una transición gradual hasta el final del sexenio.

Aunque las bancadas de oposición respaldaron el proyecto en lo general, votaron en contra en lo particular tras el rechazo de sus modificaciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, señaló que los planteamientos presentados serán analizados en la reglamentación secundaria.

Durante el debate, la senadora priista Carolina Viggiano calificó la reforma como un avance, pero cuestionó su alcance. “Esta es una simulación, una narrativa electoral”, expresó, al señalar que no se garantiza el descanso de dos días y que el pago de horas extras se recorrerá hasta la doceava hora.

En contraste, el senador morenista Óscar Cantón Zetina sostuvo que el cambio contribuirá a equilibrar la vida laboral y familiar. “Una economía que se presume fuerte no puede descansar en trabajadores agotados”, afirmó.

La senadora Mely Romero expuso que actualmente se permiten 48 horas ordinarias más nueve extras, lo que suma 57 horas semanales. Indicó que, con el esquema aprobado, en 2026 se autorizarán 48 horas más 12 adicionales, alcanzando 60 horas, y que en 2027 la suma será de 58. Tras su aprobación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.

La sucesión en San Luis Potosí comenzó a asomarse en el Senado. Minutos antes de iniciar la sesión del pleno, el senador Manuel Velasco lanzó un “¡Gobernadora!” dirigido a su compañera de bancada Ruth González, a quien proyectó como posible candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para los comicios estatales de 2027. El cargo actualmente lo ocupa su esposo, el mandatario Ricardo Gallardo.

Ante la expresión, la legisladora respondió: “Todavía no, senador”. Velasco insistió al asegurar que, según mediciones internas del partido, González mantiene una ventaja de “dos a uno” y supera por más de 12 puntos a otros perfiles. “Ojalá se anime”, añadió. Cuestionado directamente sobre si sería la próxima gobernadora, el senador respondió: “Sí, sin duda, esperemos, si ella quiere”.

Ruth González evitó confirmar una aspiración formal y señaló que habrá que “convencer” al propio Velasco. Subrayó que aguardará los tiempos legales antes de definir si buscará la candidatura del PVEM.

El escenario político incluye un elemento constitucional relevante. En abril del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, una reforma que prohíbe la reelección consecutiva y establece restricciones al nepotismo electoral. Esta disposición impide que familiares directos de funcionarios en funciones se postulen para el mismo cargo de su pariente. Aunque la reforma entrará en vigor en 2030, Morena —aliado del PVEM— determinó en sus estatutos aplicarla desde 2027.

Ese acuerdo interno significaría que una eventual postulación de Ruth González en una coalición con Morena y el PT enfrentaría restricciones. La alternativa viable sería competir únicamente bajo las siglas del Partido Verde.

El intercambio en el Senado colocó en la conversación pública el nombre de la legisladora como posible aspirante a la gubernatura potosina, en un contexto donde las definiciones formales aún dependen de calendarios legales y decisiones partidistas.

En el marco de las negociaciones para la reforma electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) definió una postura clara sobre los principales ejes de discusión. Su coordinador en el Senado, Manuel Velasco, adelantó que su partido no respaldará la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante voto popular y, en contraste, se mostró dispuesto a debatir un ajuste a la fórmula de financiamiento público de los partidos políticos con el objetivo de reducir los recursos que reciben.

Velasco informó que dirigentes del PVEM han sostenido al menos tres reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como con el presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez. En estos encuentros, explicó, se han analizado anteproyectos de iniciativa que forman parte del proceso de construcción de la propuesta de reforma.

Durante estas conversaciones, el senador subrayó que uno de los principios centrales para el PVEM es la defensa de la autonomía del INE. De acuerdo con Velasco, el instituto ha sido un factor clave para garantizar la estabilidad política del país en los procesos electorales recientes, además de haber operado bajo las reglas que permitieron el triunfo electoral de 2024, en el que resultó electa la presidenta de México con una votación histórica.

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el coordinador del Verde señaló que existe apertura para revisar el esquema vigente, que actualmente distribuye el presupuesto en una proporción de 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento con base en el porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior. Según explicó, una de las propuestas sobre la mesa es modificar esa fórmula para establecer un reparto de 60 por ciento de forma paritaria y 40 por ciento conforme a los resultados electorales más recientes.

Velasco precisó que uno de los puntos donde se ha intensificado el diálogo es precisamente la reducción de los recursos destinados a los partidos, así como la búsqueda de mecanismos que permitan abaratar los procesos electorales. No obstante, aclaró que cualquier ajuste debe considerar cuidadosamente el impacto del cambio en la asignación de la fórmula de financiamiento.

Otro de los temas abordados en las discusiones es el de los legisladores plurinominales. El senador indicó que existe una propuesta para que estos ya no sean electos mediante listas nacionales, sino a través de votaciones en cada entidad federativa. En este contexto, destacó la importancia de conservar la cláusula de gobernabilidad, con el fin de evitar que algún partido político supere el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Finalmente, Manuel Velasco afirmó que en los planteamientos presentados por el PVEM ante la Secretaría de Gobernación se ha dejado en claro que el objetivo es impulsar una reforma electoral que contribuya al fortalecimiento de la democracia y represente un beneficio para México.

En su primera participación pública como senador sin responsabilidades de coordinación dentro de Morena, Adán Augusto López Hernández negó de manera categórica que tenga previsto encabezar o coordinar la eventual campaña de Andrés Manuel López Beltrán como diputado federal en el proceso electoral de 2027. Asimismo, aseguró no tener conocimiento de ninguna investigación en su contra en Estados Unidos relacionada con presunto contrabando de combustible o “huachicol” fiscal.

El legislador tabasqueño explicó que, tras dejar la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, su papel será el de un senador más, enfocado en tareas políticas y territoriales dentro del movimiento, particularmente en la cuarta circunscripción electoral. Aunque confirmó que participará activamente en el trabajo partidista rumbo a 2027, fue enfático al señalar que no asumirá funciones de coordinación en campañas específicas, ni de López Beltrán ni de otros candidatos a diputaciones federales.

López Hernández recordó que ya había sido claro respecto a las razones de su decisión de abandonar la coordinación senatorial y sobre las actividades a las que se dedicará en esta nueva etapa. Reconoció que el próximo proceso electoral representará un reto para Morena, pero afirmó desconocer si Andrés Manuel López Beltrán buscará una candidatura federal. Señaló que su último contacto con él fue hace algunas semanas y que en ese encuentro no se abordó ningún tema relacionado con aspiraciones políticas.

El senador también informó que este fin de semana iniciará actividades políticas en el estado de Puebla, como parte de su trabajo territorial. Detalló que su salida de la coordinación fue comunicada oportunamente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; al nuevo coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ignacio Mier; y a la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo.

En otro tema, López Hernández fue cuestionado sobre versiones que lo mencionan en una presunta investigación en una Corte de Houston, Texas, relacionada con “huachicol” fiscal.

Al respecto, afirmó desconocer por completo la existencia de dicho procedimiento y negó cualquier tipo de involucramiento. Señaló que esos señalamientos forman parte de un entramado de afirmaciones falsas que, según dijo, han sido construidas por actores de la oposición y por algunos integrantes del propio movimiento, plenamente identificados.

El legislador también rechazó que las referencias a su nombre en casos como el de Hernán López Bermúdez, presuntos actos de contrabando fiscal o supuestos manejos financieros en el Senado hayan influido en su decisión de dejar la coordinación parlamentaria.

Aseguró que, de existir la mínima investigación formal en su contra, él mismo se habría presentado de inmediato ante las autoridades correspondientes para rendir su declaración.

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum no tuvo participación en la salida de Adán Augusto López como coordinador del grupo parlamentario de Morena, y precisó que dicha determinación fue tomada de manera interna por la propia bancada. Las declaraciones se realizaron en entrevista con medios de comunicación, en el contexto del arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el cual concluirá el próximo 30 de abril.

Velasco subrayó que la decisión sobre la coordinación parlamentaria de Morena respondió a un acuerdo entre los integrantes del grupo legislativo y no a una instrucción del Poder Ejecutivo. Al abordar el ambiente legislativo para los próximos meses, el senador destacó que el diálogo entre las distintas fuerzas políticas se ha mantenido como una práctica constante dentro de la Cámara Alta.

“Siempre hemos estado abiertos a generar acuerdos con la oposición y los demás grupos parlamentarios”, expresó el legislador, al tiempo que aseguró que el Senado de la República continuará funcionando bajo un esquema de comunicación plural. “Siempre en el Senado ha habido un diálogo abierto y plural y eso va a continuar”, añadió.

En relación con la iniciativa presidencial de reforma electoral, Manuel Velasco informó que el proceso de análisis se encuentra en una etapa de conversaciones formales. Detalló que se han realizado al menos tres reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como encuentros con el presidente de la comisión correspondiente y con Pablo Gómez, como parte del intercambio de puntos de vista en torno a la propuesta.

El coordinador del PVEM enfatizó que su grupo parlamentario no ha cerrado la puerta a respaldar la iniciativa, al señalar que el diálogo permanece activo. “Nosotros nunca hemos dicho que no vamos a dar los votos desde el momento que estamos dialogando”, puntualizó, al referirse a la disposición del Partido Verde para continuar en la mesa de negociación.

Asimismo, Velasco reiteró que la apertura al diálogo incluye a todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, entre ellas Movimiento Ciudadano. Indicó que el objetivo de estas mesas es construir un proceso incluyente, en el que se puedan presentar planteamientos y propuestas por parte de los distintos grupos parlamentarios.

Finalmente, el senador hizo un llamado a que las bancadas interesadas participen de manera activa en el proceso de discusión, con el propósito de enriquecer el debate legislativo en torno a la reforma electoral y otros temas relevantes que serán abordados durante el periodo ordinario de sesiones que acaba de iniciar.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno no fue notificado con anticipación sobre la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) para el espacio aéreo mexicano y de otros países de América Latina. Durante su conferencia matutina, explicó que se trató de una comunicación estrictamente aeronáutica y que ningún país recibió aviso previo.

Tras la emisión de la alerta, la mandataria indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores activaron los protocolos correspondientes y establecieron contacto con la embajada de Estados Unidos para conocer con precisión el contenido y alcance de la medida. Señaló que el posicionamiento de la Secretaría de Comunicaciones se difundió horas después debido a que se estaba corroborando que no existieran sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio nacional.

Sheinbaum reconoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le informó sobre esta alerta durante la llamada telefónica de aproximadamente 15 minutos que sostuvieron la semana pasada. La advertencia de la FAA se dio a conocer horas después de que el gobierno estadounidense solicitara a México resultados tangibles en el combate al narcotráfico. En el aviso, la FAA pidió “tener precaución” en el espacio aéreo de México y de países del sur del continente debido a actividades militares previstas del 16 de enero al 17 de marzo.

En otro tema, la presidenta se refirió al aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca y aseguró que dicha operación no requería autorización del Senado, ya que no implicó el ingreso de tropas. “No tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos ni mucho menos”, declaró ante la prensa.

Explicó que este tipo de autorizaciones se otorgaron desde octubre del año pasado y que las actividades estaban relacionadas con capacitación previamente programada. Añadió que aeronaves estadounidenses han ingresado al país en otras ocasiones y que, en este caso, la diferencia fue únicamente el aeropuerto de arribo.

La aeronave, identificada como RCH149, despegó el sábado desde la Base de la Fuerza Aérea Dyess, en Abilene, Texas, y aterrizó en Toluca alrededor de las 14:40 horas por motivos logísticos. No obstante, el domingo se difundió la llegada de un avión Hércules C-130, lo que generó cuestionamientos en el Senado.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que la Cámara Alta no ha sesionado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras, como lo establece la Constitución. En respuesta, el gabinete de seguridad federal confirmó que el vuelo fue autorizado por autoridades mexicanas y correspondió a actividades de capacitación, precisando que la solicitud presidencial contemplaba el ingreso de 19 elementos de fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos.

El Senado de la República adjudicó un contrato para el suministro de insumos de cafetería a Café del Sureste, una empresa tabasqueña cuyo propietario, Jorge González Gutiérrez de Velasco, ha mantenido vínculos públicos con el actual coordinador de Morena en la Cámara alta, Adán Augusto López Hernández, desde su etapa como gobernador de Tabasco.

La relación entre la marca y el entonces mandatario estatal se remonta a 2019, cuando Café del Sureste y su submarca Café La Cabaña impulsaron una campaña comercial que consistía en donar un peso por cada bebida vendida en sus sucursales al DIF de Tabasco. En ese periodo, el organismo asistencial era presidido por Dea Isabel Estrada, esposa de Adán Augusto López. La iniciativa fue difundida por el propio gobierno estatal como parte de las acciones sociales de ese año.

Cuatro años después, la empresa fue invitada por el Senado a participar en el procedimiento de compra identificado como SENIDGRMSGIINV01312025, destinado a la adquisición de insumos de cafetería para el ejercicio fiscal 2025. La licitación contempló un monto máximo de 624 mil 470 pesos para productos como café, galletas, tés, semillas, salsas y leche, entre otros artículos.

En cumplimiento con la normativa, el Senado convocó al menos a tres participantes: Café del Sureste, Efrén Iván Sandoval Angulo y Gustavo Nava Muñoz. Los tres proveedores entregaron propuestas técnicas que, de acuerdo con la Secretaría General de Servicios Administrativos, cumplieron con todos los criterios de evaluación establecidos. Para este proceso, la Cámara alta aprobó un presupuesto total de un millón 256 mil 427 pesos para el año 2025.

El fallo determinó la contratación de Café del Sureste y Gustavo Nava Muñoz para cubrir dos partidas relacionadas con café e insumos. En el dictamen se indicó que ambas propuestas resultaron solventes y convenientes en términos de precio, calidad y oportunidad. Como parte del contrato, el Senado adquirió entre mil 150 y 4 mil 500 bolsas de café de la marca Café La Cabaña, además de otros productos como azúcar, canela, cucharas, agitadores de madera, refrescos, agua mineral y frutos secos.

Café La Cabaña fue fundada en 1991 en Villahermosa y actualmente cuenta con 17 sucursales en Tabasco. En 2022, una fuga de gas provocó un incendio en una de sus cafeterías, lo que ocasionó daños materiales en la zona, sin que ese antecedente afectara su operación comercial posterior.