La Cámara de Diputados de México inició el proceso de entrevistas para elegir al próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales y supervisar la correcta aplicación del gasto del gobierno. En esta etapa, legisladores revisan perfiles y trayectorias de los aspirantes que buscan dirigir la institución responsable de la rendición de cuentas en el país.
El proceso ha generado debate por la participación de la magistrada Natalia Téllez, quien compite por el cargo pese a haber sido candidata en la elección judicial del año pasado para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La discusión surge debido a que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece como requisito no haber sido postulado para un cargo de elección popular durante el año previo al nombramiento.
Durante su comparecencia ante legisladores, el diputado del Partido del Trabajo, Javier Vázquez Calixto, planteó un escenario hipotético: si se produjera la ausencia de una ministra en la Suprema Corte, ¿optaría por ese puesto o por dirigir la ASF? La magistrada respondió que no dejaría sin conducción a una institución que consideró fundamental para la fiscalización del gasto público.
En la elección judicial pasada, Téllez obtuvo 2 millones 303 mil 18 votos, resultado que la colocó por debajo de Sara Irene Herrerías y en el sexto lugar entre las candidatas mujeres, posición que la mantiene como posible integrante del máximo tribunal en caso de una vacante femenina.
Téllez fue designada en abril de 2021 como magistrada de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para un periodo de 15 años. Su nombramiento fue aprobado por el Senado con 96 votos a favor y 21 en contra, en una sesión donde legisladores de oposición cuestionaron el procedimiento, debate que fue respondido por el entonces coordinador de Morena, Ricardo Monreal, al presentar el acuerdo que respaldaba la designación.
Ante los cuestionamientos sobre su elegibilidad para la ASF, la magistrada envió el 2 de marzo una carta a los diputados encargados del proceso. En el documento argumentó que la candidatura a ministra de la Suprema Corte no debe considerarse técnicamente un cargo de elección popular dentro del sistema constitucional mexicano, por lo que —según su postura— la restricción legal no aplicaría en su caso.
