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En el contexto del debate político y económico sobre el futuro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya, advirtió que diversas acciones y omisiones del actual gobierno federal ponen en riesgo la continuidad del acuerdo comercial. El legislador señaló como factores críticos los presuntos vínculos de integrantes de la jerarquía de Morena con el crimen organizado, el envío de petróleo a Cuba y la llamada reforma judicial impulsada por la administración en turno.

Las declaraciones fueron realizadas en entrevista con medios de comunicación durante los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso, donde Anaya subrayó la relevancia estratégica del tratado para la economía nacional. En ese espacio, afirmó que la falta de acciones contundentes contra el crimen organizado representa un problema central en la relación con Estados Unidos y Canadá. “La mal llamada reforma judicial es parte del problema y segundo, pues la omisión del gobierno mexicano de combatir al crimen organizado y sobre todo los vínculos de quienes están en la jerarquía de Morena con el crimen organizado”, enfatizó.

El senador panista sostuvo que el T-MEC es fundamental para el país y que cualquier error en su negociación o renovación tendría consecuencias económicas de gran magnitud. De acuerdo con sus declaraciones, alrededor de 12 millones de empleos en México dependen directamente del tratado, además de que el 85% de las exportaciones nacionales tienen como destino el mercado estadounidense. “Prácticamente, 12 millones de empleos dependen del Tratado de Libre Comercio. Casi un tercio de toda la masa salarial, es decir, un tercio de todos los salarios que los mexicanos recibimos, están directamente vinculados al Tratado de Libre Comercio”, afirmó.

Anaya calificó como “de vida o muerte” para México la suscripción del acuerdo comercial y advirtió que un escenario en el que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no lograra concretarlo sería “catastrófico” para la estabilidad económica del país. En ese sentido, exigió a la denominada Cuarta Transformación evitar acciones que puedan servir como argumento al gobierno estadounidense para no firmar o renegociar el tratado en términos desfavorables.

El legislador también hizo un llamado a que la negociación con los socios comerciales se realice con profesionalismo y visión de largo plazo. “Por eso lo que nosotros le exigimos al gobierno es que no haya ni improvisación ni sumisión. Lo que tiene que haber es capacidad, talento, altura de miras para negociar con profesionalismo la renovación del Tratado Libre de Comercio que es indispensable para nuestro país”, expresó.

Asimismo, exigió al gobierno federal convencer a Estados Unidos y Canadá de la importancia del acuerdo y alcanzar una negociación favorable. “Lo que está en juego es el futuro económico de millones de familias en nuestro país”, sostuvo. Anaya recordó que recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el T-MEC es irrelevante para su país, postura que, según el senador, contrasta con la dependencia económica de México respecto al tratado. “Para México no sólo no es irrelevante… el Tratado de Libre de Comercio para la economía mexicana es de vida o muerte”, insistió.

Con el arranque del periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de febrero de 2026, la mayoría integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) se alista para impulsar una agenda legislativa centrada en tres temas prioritarios: la reforma electoral, la reducción de la jornada laboral y la incorporación de la figura de los llamados “jueces sin rostro”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que la reforma electoral será una de las primeras iniciativas que se discutirán, una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum la remita formalmente al Congreso de la Unión. Precisó que el análisis comenzará en las comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales, debido a que el proyecto contempla cambios constitucionales y ajustes a la legislación secundaria.

Entre los aspectos que se pondrán sobre la mesa se encuentra la representación proporcional. Monreal expuso que existen distintas alternativas, como mantener al Senado con 96 integrantes y eliminar la lista nominal, así como reducir el número de diputaciones de 500 a 400, con variaciones en el número de legisladores plurinominales. También se abordará la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo la posibilidad de que los consejeros sean electos de manera directa o mediante insaculación.

El presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo, señaló que los consejeros serían avalados con una mayoría calificada de dos terceras partes o hasta un 70% de votos en ambas cámaras, porcentaje que aún no se define. Además, la presidenta Sheinbaum adelantó que la iniciativa incluirá un recorte a las prerrogativas de los partidos políticos, un punto que, de acuerdo con Monreal, podría generar diferencias internas, especialmente con el PVEM y el PT, que en 2019 rechazaron una propuesta similar.

La agenda también contempla la discusión de la reforma laboral para reducir la jornada de 48 a 40 horas. La iniciativa presidencial, actualmente en el Senado, prevé una disminución gradual de dos horas por año a partir de 2027, hasta alcanzar el nuevo esquema en 2030. El proyecto mantiene el derecho a un día de descanso semanal con goce íntegro de salario.

Finalmente, se retomará el debate sobre los “jueces sin rostro” mediante reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Según Monreal, la propuesta busca fortalecer la impartición de justicia, modernizar los procedimientos y establecer medidas de protección para las personas juzgadoras frente a delitos de alto impacto, aunque el tema permanece detenido tras los señalamientos de organizaciones civiles sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó formalmente al Senado de la República autorización para permitir el ingreso temporal de personal militar de Estados Unidos con el objetivo de impartir cursos de capacitación a la Secretaría de Marina. La petición contempla la entrada al país de 29 elementos de fuerzas especiales estadounidenses entre el 12 de enero y el 15 de abril de 2026.

De acuerdo con el oficio enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la delegación estaría integrada por 19 elementos de los Navy Seal’s y diez integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos. El documento precisa que el personal ingresaría a territorio mexicano con armamento, transportado a bordo de una aeronave militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea estadounidense.

La solicitud presidencial señala que la participación del personal extranjero se enmarca en el “evento emergente denominado Mejorar la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales”, el cual se desarrollará del 19 de enero al 15 de abril de 2026. El objetivo central del programa es fortalecer las capacidades operativas de las unidades navales especiales de México, además de reforzar la cooperación militar bilateral y promover programas integrales de adiestramiento mediante tareas individuales y colectivas.

El plan de trabajo establece que las actividades de capacitación se realizarán en diversas instalaciones estratégicas de la Marina mexicana. Entre ellas se encuentran el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México; el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), ubicado en Champotón, Campeche, así como el Mando Naval de Ciudad del Carmen, también en Campeche.

El documento destaca que la capacitación representa una oportunidad relevante para homologar criterios operativos y compartir conocimientos derivados de la experiencia práctica de ambas fuerzas. “La capacitación constituye una ocasión de alto valor para alinear criterios operativos e intercambiar conocimientos, consolidando una perspectiva compartida y aptitudes que se complementen ante los retos de seguridad”, se detalla en la solicitud.

El calendario de actividades contempla cuatro fases. La primera se desarrollará del 19 de enero al 11 de febrero de 2026 y estará enfocada en operaciones terrestres. La segunda fase, del 16 de febrero al 6 de marzo, abordará operaciones aeromóviles. Posteriormente, del 9 al 20 de marzo, se retomarán las operaciones terrestres, mientras que la última etapa, del 23 de marzo al 15 de abril, se centrará en operaciones marítimas.

En caso de obtener la autorización legislativa, la aeronave estadounidense aterrizaría el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, mismo punto desde el cual la delegación retornaría a su país el 15 de abril del mismo año.

La solicitud subraya que el artículo 76, fracción III, de la Constitución otorga al Senado la facultad exclusiva de autorizar al Ejecutivo federal el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. El oficio fue turnado a la Cámara de Senadores por la presidenta de la Comisión Permanente, Kenia López.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que los aranceles de entre cinco y 50 por ciento autorizados por el Senado y programados para entrar en vigor en 2026 no están orientados específicamente a China. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que las tasas se aplicarán únicamente a naciones con las que México carece de un tratado comercial, en un contexto marcado por la estrategia gubernamental para reforzar la producción interna.

Sheinbaum remarcó que la medida busca alinearse con los objetivos del llamado Plan México, planteado para ampliar la capacidad productiva nacional. Señaló que podría interpretarse equivocadamente como una restricción al comercio exterior si se considera que el ajuste arancelario se enfoca en un solo país. La presidenta precisó que, antes de que la reforma avanzara en el Senado, se llevaron a cabo encuentros con representantes del sector empresarial con el fin de evitar incrementos en los precios de productos elaborados en el país.

La mandataria apuntó que el proyecto inicial experimentó cambios significativos antes de su aprobación final y que estas modificaciones incorporaron observaciones surgidas durante los diálogos con distintos actores. Añadió que su administración sostuvo comunicación con gobiernos de regiones asiáticas que figuran entre los más impactados, incluidos Corea del Sur y China. Subrayó que existe disposición de México para continuar colaborando con estas naciones, aun sin un tratado formal.

El Senado de la República avaló la reforma en un procedimiento acelerado. La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario de Morena, contempla la aplicación de aranceles de entre 10 y 35 por ciento a diversos bienes provenientes de Asia a partir del próximo año. La decisión generó reacciones inmediatas en Beijing, donde un portavoz advirtió que estos ajustes afectarían “de manera considerable” los intereses de los socios comerciales. También manifestó la expectativa de que México rectifique lo que calificó como acciones unilaterales y proteccionistas.

En paralelo, Corea del Sur anunció que evaluará los nuevos lineamientos para definir una postura sobre los gravámenes aprobados. Esta revisión ocurre mientras ambos países mantienen un flujo comercial en crecimiento y buscan ampliar oportunidades de cooperación.

El gobierno mexicano sostiene que los aranceles aprobados se inscriben en una estrategia económica de largo plazo, cuyo propósito es fortalecer la industria nacional en un contexto competitivo. Los efectos de la medida serán observados por los mercados internacionales, particularmente por aquellos ubicados en Asia con los cuales México no mantiene acuerdos comerciales y que podrían experimentar ajustes en sus exportaciones hacia territorio mexicano.

El Senado concluyó su último día del periodo ordinario con la aprobación exprés de una reforma a la Ley Monetaria que permitirá modificar el diseño y la composición de las monedas de 10 y 20 pesos. La decisión avanzó bajo el argumento de disminuir los costos de producción sin alterar su valor de circulación. La minuta proveniente de la Cámara de Diputados recibió dispensa de trámites y fue llevada de inmediato al pleno, donde la mayoría legislativa respaldó el proceso acelerado.

El dictamen avalado faculta al Banco de México a emplear materiales alternativos en la fabricación de las monedas de 10 pesos. Con 89 votos a favor y 16 en contra, el Senado aprobó que el instituto central pueda utilizar aleaciones distintas a las empleadas actualmente, ampliando el margen técnico para su acuñación.

De forma paralela, la reforma también abre la puerta a la emisión de monedas de 20 pesos bajo un modelo estándar y genérico. Este punto fue aprobado por 91 votos a favor y 14 en contra, lo que confirma el respaldo mayoritario a la propuesta de actualización monetaria.

La nueva moneda de 10 pesos mantendrá en su anverso el Escudo Nacional acompañado de la leyenda Estados Unidos Mexicanos. En el reverso continuará la representación de la Piedra del Sol, con la figura de Tonatiuh y su máscara de fuego, además de los elementos obligatorios como valor nominal y año de acuñación. Este modelo seguirá siendo circular y bimetálico, con posibilidad de incorporar plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel en la parte central, mientras que el anillo exterior podrá emplear bronce-aluminio, acero recubierto de bronce, bronce-aluminio-hierro o alpaca dorada.

En cuanto a la moneda de 20 pesos, la reforma define que su diseño de reverso mostrará el Templo de Kukulkán en Chichén Itzá, acompañado de sus identificadores de valor y fecha de emisión. El anverso permanecerá igual que en las demás piezas de circulación, con el Escudo Nacional y la leyenda oficial. El diseño genérico y estandarizado busca simplificar la producción y reducir costos para el Banco de México.

Con la aprobación de ambos dictámenes, el Senado turnó la reforma al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, paso requerido para que los nuevos modelos y materiales puedan entrar en vigor.

El proceso para seleccionar a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR) avanzó esta semana con la publicación de la lista oficial de 43 aspirantes registrada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado. La relación de perfiles se integra por figuras del ámbito jurídico, político y administrativo, incluida Ernestina Godoy, actual encargada de despacho de la fiscalía, quien continúa al frente del organismo mientras se desarrolla la etapa de selección.

El documento muestra la incorporación de perfiles vinculados a Morena, como Hamlet García Almaguer, exlegislador y cercano a la organización La Luz del Mundo; así como Ricardo Peralta, exadministrador general de Aduanas. También aparece César Gutiérrez Priego, abogado y exaspirante a ministro de la Suprema Corte durante el proceso de elección judicial. Todos ellos figuran entre los perfiles destacados por su experiencia en temas públicos y jurídicos.

La procedencia geográfica de las postulaciones se concentra principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque también se registraron aspirantes de estados como Puebla, Oaxaca, Guanajuato y Querétaro. Esta distribución refleja el alcance nacional del llamado emitido por el Senado tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien dejó la FGR para asumir una embajada en un “país amigo”.

Además de los nombres ya mencionados, el listado incluye a Félix Roel Herrera, quien fue consejero representante de Morena en Tabasco; José de Jesús Ruiz Munilla, director de proyecto en la Cámara de Diputados; Carlos Higinio Lledías Saavedra, excandidato a magistrado de circuito en Puebla; y David Borja, exdirector de Seguridad en Guerrero. Todos ellos forman parte de los perfiles que avanzaron a esta fase inicial del proceso.

El periodo de registro duró tres días y se realizó de manera virtual, tal como lo definió el Senado para esta convocatoria. Una vez concluido, la Jucopo —encabezada por el líder de la mayoría, Adán Augusto López— quedó como la instancia responsable de revisar los expedientes y seleccionar a las personas que continuarán en el procedimiento. Esta mecánica difiere de la aplicada en 2019, cuando la Comisión de Justicia asumió la conducción del proceso correspondiente.

En cuanto a Ernestina Godoy, además de figurar como aspirante, permanece al frente de la institución para garantizar la continuidad operativa mientras se define a la próxima persona que ocupará el cargo. Su nombre forma parte de los perfiles de mayor experiencia dentro del ámbito fiscal y político.

Con la lista de las 43 personas postuladas, el Senado avanza hacia las siguientes etapas del proceso, en las que la Jucopo determinará qué perfiles serán tomados en cuenta en la siguiente fase rumbo a la definición del relevo en la Fiscalía General de la República.

Alejandro Gertz Manero presentó ante el Senado su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que asumió en 2019 como el primer fiscal general del país tras la transformación del sistema judicial penal. Su salida responde a una propuesta del Ejecutivo federal para ocupar una embajada de México en un “país amigo”, trámite que ya está en proceso.

En una carta dirigida al Senado, de la cual se cuenta con copia, Gertz Manero informó: “La titular del Poder Ejecutivo federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo”. Añadió que esta nueva responsabilidad le permitirá continuar su labor de servicio público, por lo que oficializó su retiro del cargo “a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan”.

El Senado se encuentra a la espera de reanudar la sesión en la que se formalizará la entrega del documento de renuncia, lo que activará el proceso constitucional para designar a la nueva persona titular de la FGR. Entre los perfiles que podrían integrarse a la terna destaca el nombre de Ernestina Godoy, ex fiscal de Justicia de la Ciudad de México, así como el del ministro en retiro Arturo Zaldívar.

Con base en el artículo 24 de la Ley de la FGR, la renuncia del fiscal debe someterse a aprobación del Senado por mayoría simple y solo procede si existe causa grave confirmada por esta Cámara. Una vez aceptada, aplica el procedimiento establecido en el artículo 102 de la Constitución: el Senado cuenta con 20 días para enviar al Ejecutivo una lista de 10 candidatos aprobada por dos terceras partes de los legisladores presentes.

Posteriormente, la Presidencia dispone de 10 días adicionales para elegir de esa lista una terna que deberá regresar al Senado. Tras las comparecencias correspondientes, el pleno seleccionará al nuevo titular de la FGR con el voto de dos terceras partes de sus miembros. Si la designación no se concreta en los plazos establecidos, el Ejecutivo podrá elegir directamente a la persona titular a partir de la lista o de la terna enviada.

En su carta, Gertz Manero solicitó que se informe de su renuncia al pleno del Senado para que se inicie el proceso de ratificación de su nombramiento diplomático, y expresó su aspiración de obtener la aprobación para desempeñar una representación en política exterior “con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia de la pluralidad del Estado mexicano”.

Alejandro Gertz Manero es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM. Su trayectoria incluye haber sido rector de la Universidad de las Américas, secretario de Seguridad Pública en el entonces Distrito Federal durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, y secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Vicente Fox. También ha sido diputado federal, catedrático y miembro del equipo de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Con su renuncia, se abre un proceso clave para definir el rumbo de la institución encargada de la procuración de justicia en México, en un relevo que deberá seguir puntualmente las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado recibirán este martes a las 21 personas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar magistraturas en las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Las comparecencias se llevarán a cabo por la mañana y forman parte del proceso de evaluación previo a la votación del dictamen en el pleno.

La lista enviada por la mandataria federal incluye perfiles provenientes de distintos ámbitos profesionales. Entre los nombres propuestos se encuentran Jorge Muñoz Barrett; Miguel Ernesto Pompa Corella; Jorge Enrique Mata Gómez; Ana María Chávez Nava; Mayra Alvarado Cruz; Fernando Cruz Ventura; Sandra González Castañeda; María Elena Montero García; Rodrigo Escalante Ramírez y Yamil Villalba Villarreal.

También fueron postulados Olimpia Girón Hernández; Jesús Sánchez Sánchez; Ricardo Malina Arias; Edgar Guerrero Flores; Idubina Nañez Bugarin; Miguel Guizado Jaimes; Elizabeth Bautista Velasco; Luis González Macías; Marco Carballo Calva; María Quiroz Rodríguez y Anabel Dávila Salas. Todos participarán en las comparecencias como parte del procedimiento legislativo establecido para la designación de magistrados regionales.

Una vez concluidas las exposiciones ante las comisiones, se prevé que, en caso de conseguir dictamen favorable, Morena y sus aliados del PVEM y PT lleven la propuesta al pleno para su discusión. El proceso se rige por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece que los magistrados regionales pueden ejercer el cargo hasta por diez años, con posibilidad de ser considerados para nuevos nombramientos. La designación formal recae en la persona titular de la Presidencia de la República, mientras que la ratificación corresponde a la mayoría de los senadores presentes.

La sesión de comparecencias se realiza pocas semanas después de que el 10 de octubre el Senado ratificara a cinco magistrados del TFJA también propuestos por la presidenta Sheinbaum. Aquella votación generó debate, pues la oposición sostuvo que los perfiles no garantizaban independencia por presuntas vinculaciones con Morena. Aun así, la mayoría legislativa aprobó las designaciones.

Entre quienes fueron ratificados en esa ocasión se encuentra José Ramón Amieva, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, quien asumió como magistrado del TFJA por un periodo de 15 años a partir del 1 de noviembre. Esa resolución marcó el inicio de un nuevo ciclo de nombramientos dentro del tribunal y anticipó el proceso que ahora continúa con las 21 propuestas que serán revisadas este martes.

El avance de estas comparecencias definirá el siguiente paso en la integración de las Salas Regionales del TFJA, un órgano clave en la resolución de controversias fiscales y administrativas en el país.

Durante su comparecencia en el Senado, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) avanza en un proceso de recuperación financiera que apunta a convertirla en una empresa moderna, eficiente y sostenible.

Frente a legisladores, explicó que la estrategia económica implementada por el gobierno federal busca reducir la deuda histórica de la petrolera y estabilizar su producción, aunque evitó profundizar en temas polémicos como el “huachicol” fiscal, la operación de la refinería de Dos Bocas o el derrame de petróleo en Veracruz.

La presentación formó parte de la glosa del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la Comisión de Energía del Senado. En un discurso enfocado en resultados económicos, la funcionaria destacó que desde 2019 se puso en marcha un plan para fortalecer las finanzas de Pemex, con medidas como la reducción del derecho de utilidad compartida —del 65% al 40%— y la creación del derecho petrolero para el bienestar, que simplificó los impuestos que la empresa debía pagar. Este nuevo esquema fiscal, aseguró, permitió estabilizar los ingresos y recuperar parte de la capacidad de inversión.

Entre los datos presentados, González señaló que Pemex logró disminuir sus pérdidas en casi 90% y generar ahorros por más de 20 mil millones de pesos gracias a un programa de eficiencia y control del gasto. Además, informó sobre la colocación de bonos precapitalizados a cinco años por 12 mil millones de dólares, medida que contribuyó a aligerar la deuda y cumplir con pagos a proveedores y contratistas por alrededor de 300 mil millones de pesos.

La secretaria también habló sobre los objetivos de producción: mantener la extracción de crudo en torno a 1.8 millones de barriles diarios y alcanzar los 5 mil millones de pies cúbicos de gas al día. En agosto de 2025, la producción nacional fue de 1.745 millones de barriles diarios, con la expectativa de cerrar el año alcanzando la meta.

Sin embargo, durante la comparecencia, la funcionaria evitó abordar de fondo temas que los senadores consideraron prioritarios. No ofreció detalles sobre el papel actual de la refinería de Dos Bocas en la producción nacional, ni sobre las acciones emprendidas tras el derrame de petróleo en el río Pantepec, Veracruz, que afecta a comunidades del norte del estado.

El punto más tenso de la sesión se dio cuando legisladores de oposición insistieron en obtener información sobre el llamado “huachicol” fiscal, un esquema de evasión en el comercio de combustibles. Ante esto, la titular de Energía respondió únicamente que su dependencia colabora con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana para coordinar acciones y esclarecer los casos.

Acompañada por el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y por el titular del Cenagas, Cuitláhuac García, la secretaria cerró una comparecencia de casi tres horas enfocada en cifras y planes financieros, pero con más reservas que respuestas sobre los temas que aún generan dudas en el sector energético.

La sesión para discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se convirtió en una jornada de alta tensión política, marcada por insultos, pancartas y reclamos cruzados entre Morena y la oposición. En medio del caos, la mayoría oficialista logró aprobar en lo general el dictamen con 358 votos a favor y 133 en contra, sin abstenciones.

Todo comenzó la noche del martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando el diputado del PRI, Carlos Mancilla, subió a tribuna con una camiseta negra que llevaba la frase “Justicia para Manzo” y la foto del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado sábado. Con una gran pancarta al frente que marcaba la hora del crimen, el legislador priista responsabilizó al actual gobierno del clima de violencia que vive el país.

Mientras Mancilla hablaba, un grupo de diputados de Morena encabezado por Arturo Ávila irrumpió frente a la tribuna con una enorme lona que decía “Carroñeros MC-PRIAN”, acompañada por las imágenes de los líderes nacionales de la oposición. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intervino para exigir que se retiraran las pancartas, alegando que bloqueaban la visibilidad del orador.

El enfrentamiento verbal escaló. Mancilla respondió con insultos y acusaciones directas, mientras coreaba junto a su bancada “¡Narcodiputados!”. Las palabras encendieron aún más los ánimos. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, intervino para calmar los ánimos y pidió retirar los carteles, reconociendo que existía un acuerdo previo para garantizar el orden del debate.

Sin embargo, la tensión no bajó. Desde su curul, Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano, reprochó el lenguaje usado por el priista y exigió respeto hacia las mujeres. Sus palabras provocaron reacciones divididas: aplausos desde la bancada oficialista y más gritos desde la oposición.

La diputada morenista Flor de María Esponda aprovechó su turno para reproducir un video en el que vinculó el inicio de la violencia en México con la estrategia de seguridad implementada en 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón. Aseguró que los señalamientos del PRI eran hipócritas y que la tragedia nacional tenía raíces más profundas.

Tras horas de enfrentamientos verbales, la presidenta Kenia López decretó un receso hasta este miércoles para continuar con la discusión de mil 708 reservas, que deberán resolverse antes de la madrugada del jueves. De acuerdo con la ley, el PEF 2026 debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

La sesión cerró con un Congreso dividido, un ambiente crispado y el recordatorio de que, pese a los desacuerdos, el reloj legislativo sigue corriendo para definir cómo y en qué se gastará el dinero público el próximo año.