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La audiencia de Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” y señalado como uno de los líderes de Los Chapitos, fue aplazada nuevamente por las autoridades judiciales de Estados Unidos. Originalmente programada para el 15 de julio en la Corte Federal de Chicago, Illinois, la comparecencia fue reprogramada para el próximo 15 de septiembre como parte de los procesos penales en su contra por cargos relacionados con el crimen organizado y narcotráfico.

Este no es el primer cambio en la agenda judicial del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La audiencia inicial estaba prevista para el 2 de junio, pero fue cancelada y luego reagendada para mediados de julio. Sin embargo, se tomó la decisión de posponerla una vez más. El movimiento dentro de los tribunales coincide con las negociaciones que mantiene la defensa de Joaquín con la fiscalía estadounidense.

Joaquín Guzmán López enfrenta cinco cargos graves: tráfico de drogas, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Cargos similares recaen sobre su hermano Ovidio Guzmán, mejor conocido como “El Ratón”, con quien ha compartido responsabilidades dentro del grupo criminal que lideran junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

El proceso de Guzmán López cobra especial relevancia tras el reciente giro en el caso de Ovidio, quien se declarará culpable de al menos uno de los cargos que pesan sobre él. La audiencia de Joaquín estaba prevista para desarrollarse cuatro días después de esa declaración. Ambos han seguido una línea similar de defensa: buscar acuerdos de culpabilidad con las autoridades estadounidenses a cambio de una sentencia reducida, evitando así un juicio.

Dentro de estas negociaciones, “El Güero” habría obtenido puntos a favor al haber participado en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, figura histórica del Cártel de Sinaloa. Según versiones judiciales, dicha entrega habría ocurrido en julio de 2024, como parte de un elaborado engaño en el que el propio Joaquín Guzmán también se habría entregado en Washington.

Joaquín fue capturado en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024. Desde entonces, las autoridades han trabajado en la integración del caso en su contra. La declaración de Zambada García, en la que asegura que fue entregado por la fuerza por parte de Los Chapitos, ha sido clave en la narrativa legal, incluso motivando que su defensa solicitara la intervención del gobierno mexicano ante lo que calificaron como una entrega irregular.

Mientras avanzan las investigaciones y negociaciones en la Corte de Chicago, la atención se mantiene sobre lo que podría convertirse en un importante acuerdo judicial, no solo para Joaquín Guzmán López, sino también para el futuro de Los Chapitos dentro del entramado del crimen organizado internacional.

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, ha sido formalmente procesado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la información este domingo a través de un comunicado oficial, detallando que el político priista, de 68 años, permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “Altiplano”.

La FGR identificó que Yarrington presuntamente recibió dinero de una organización criminal. Con estos recursos habría adquirido tres inmuebles, tanto en México como en el extranjero, utilizando a un intermediario para concretar las operaciones. Esta nueva imputación se suma a otras acusaciones que ya enfrentaba, entre ellas delitos contra la salud, lo que refuerza el historial judicial que lo ha mantenido bajo la atención pública durante más de una década.

El exmandatario tamaulipeco fue gobernador de 1999 a 2005. Su gestión coincidió con un período de intensa violencia en la frontera noreste de México, una región históricamente golpeada por el narcotráfico. Durante ese tiempo, Tamaulipas se convirtió en una de las principales rutas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Antes de su traslado a México, Yarrington había enfrentado a la justicia en territorio estadounidense, donde fue sentenciado por recibir sobornos del crimen organizado. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, entre 1998 y 2013 aceptó millones de dólares del Cártel del Golfo a cambio de facilitar sus operaciones ilícitas, incluyendo el envío de grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos. La condena derivó en su posterior deportación, que se concretó el pasado 9 de abril.

Las investigaciones de la fiscalía mexicana han tomado un nuevo impulso con su retorno al país. La documentación presentada apunta a que los recursos que recibió no solo fueron utilizados para su enriquecimiento personal, sino que habrían servido para consolidar una red de propiedades y operaciones financieras fuera del marco legal. Este esquema se realizó, según las autoridades, con la colaboración de terceros que ayudaron a ocultar la verdadera fuente del dinero.

Con este nuevo proceso penal, Tomás Yarrington se mantiene en el centro de una trama que vincula poder político, narcotráfico y corrupción, en una historia que ha cruzado fronteras. Su caso representa uno de los más representativos de la colusión entre autoridades y crimen organizado en las últimas décadas en México.

La FGR continúa con las diligencias judiciales correspondientes, y su situación legal permanece sujeta al curso de los procedimientos penales que se siguen en su contra.

Una sentencia sin precedentes ha sacudido el escenario político y judicial con repercusiones internacionales. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, celebró lo que calificó como un acto de justicia, luego de que una corte del condado de Miami ordenara al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, pagar en conjunto 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano. La resolución surge a raíz de su implicación en una red de corrupción ligada a sobornos y licitaciones públicas irregulares.

“Hay justicia”, expresó Sheinbaum en su conferencia matutina, refiriéndose no solo a los actos cometidos por el exfuncionario durante su paso por el gobierno, sino también a los negocios ilícitos realizados posteriormente, utilizando recursos públicos. La sentencia fue dictada por la jueza Lisa Walsh en respuesta a la demanda civil interpuesta por el gobierno mexicano en tribunales estadounidenses.

García Luna, quien fue una figura clave en el gabinete de Felipe Calderón durante el periodo 2006-2012, enfrenta actualmente una condena de 39 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En febrero de 2023, fue declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa y de mentir en su proceso de solicitud de ciudadanía en EE. UU.

La sentencia de Miami especifica que García Luna deberá pagar 748 millones 829 mil 676 dólares, mientras que a su esposa se le impuso una sanción económica superior a los mil 740 millones de dólares. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que estos recursos provienen de un esquema de defraudación que operó entre 2009 y 2018, periodo en el cual el gobierno mexicano adjudicó 30 contratos a empresas vinculadas a la pareja.

El impacto del fallo ha sido contundente. La presidenta subrayó que esta resolución demuestra la existencia de un patrón operativo entre funcionarios de alto nivel durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La declaración de Pablo Gómez reafirmó esta postura al confirmar que se trató de una “trama corrupta” que desvió dinero público a través de contratos amañados.

La determinación de la corte de Miami simboliza un avance en la lucha contra la corrupción de alto perfil. Además, abre la posibilidad de recuperar fondos desviados al extranjero, fortaleciendo el discurso del actual gobierno en su combate a la impunidad. Con esta decisión, el caso García Luna se consolida como uno de los capítulos más relevantes en la historia reciente de la rendición de cuentas en México.

El proceso judicial contra Ovidio Guzmán López, conocido como ‘El Ratón’ e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ha dado un giro contundente. El gobierno de Estados Unidos confirmó que el capo sinaloense alcanzó un acuerdo para declararse culpable de múltiples delitos de narcotráfico. La audiencia que tenía lugar el 12 de mayo fue cancelada y una nueva se programó para julio, mes en que Ovidio formalizará su declaración.

El expediente, dado a conocer por el Departamento de Justicia estadounidense, establece que el gobierno deberá entregar al tribunal una copia del acuerdo al menos tres días antes de la audiencia. Este movimiento implica la renuncia a cualquier juicio en su contra por parte de Guzmán López, quien ya no figura como parte del sistema de custodia del Buró Federal de Prisiones.

El Ratón enfrenta cinco cargos ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, registrados en el expediente 1:09-cr-00383. Las acusaciones incluyen posesión de drogas con intención de distribuirlas, conspiración para la distribución de sustancias controladas, lavado de dinero, portación de armas de fuego y participación continua en una empresa criminal. La decisión de declararse culpable podría impactar el destino judicial de sus hermanos y socios, aún en libertad.

Junto a él, sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar —también conocidos como líderes de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa— siguen prófugos. Ambos son señalados como generadores clave de violencia en Sinaloa y son responsables de una sangrienta disputa interna con La Mayiza, facción encabezada por los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada.

El conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza se intensificó el 25 de julio de 2024, fecha que marcó una ruptura histórica: los hijos de El Chapo entregaron a El Mayo Zambada al gobierno estadounidense, desatando una guerra interna sin precedentes. Desde el 9 de septiembre, el territorio sinaloense ha sido escenario de enfrentamientos con un saldo devastador de más de 900 muertos y más de mil personas desaparecidas o secuestradas.

Mientras la figura de Ovidio Guzmán se encamina hacia una sentencia en territorio norteamericano, la estructura del Cártel de Sinaloa se fractura en medio de una batalla sangrienta. La caída de uno de sus rostros más visibles marca una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico, pero también deja en evidencia el poder de las divisiones internas que están redefiniendo el mapa criminal en México.

Leopoldo Javier Chávez Vargas, aspirante a juez federal de Distrito en Materia Mixta para el estado de Durango, ha generado revuelo nacional al confirmar públicamente que estuvo preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. La revelación no ha pasado desapercibida, pues se trata de una figura en proceso de ser nombrada como juez, en un país donde la ética judicial es constantemente cuestionada por la opinión pública.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Chávez Vargas abordó directamente su pasado. Declaró que en 2015 enfrentó un proceso judicial en territorio estadounidense tras ser detenido por autoridades fronterizas en el puente internacional Lincoln Juárez. En el vehículo donde viajaba, un autobús de pasajeros con destino a Dallas, Texas, fue localizado un extintor modificado que contenía metanfetamina. El artefacto se encontraba oculto debajo de su asiento.

El propio Chávez reconoció que asumió la responsabilidad del objeto, aunque aseguró no conocer su contenido. La detención dio paso a un juicio por cargos de conspiración e importación para traficar sustancias ilícitas, así como posesión con intención de distribución. Como resultado, pasó cinco años y siete meses en una prisión estadounidense.

“Hace años enfrenté un proceso judicial en Estados Unidos, un proceso que no negaré ni mentiré al respecto, transformó mi vida, un proceso injusto e inhumano”, afirmó en su mensaje. También señaló haber vivido atropellos y arbitrariedades durante su encarcelamiento.

Sin embargo, lejos de evadir el tema, Chávez Vargas utiliza su experiencia como parte de su discurso político. “Nunca me he vendido ante ustedes como el candidato perfecto, al contrario, soy el más imperfecto, pero el que más ganas tiene de sacar adelante esto”, expresó con convicción.

El anuncio ha provocado una reacción inmediata. El Senado de la República y la Cámara de Diputados ya han presentado una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar la anulación de su candidatura.

La organización Defensorxs, dedicada al acompañamiento legal de personas en procesos judiciales, confirmó los detalles del caso y aseguró que la detención ocurrió el 13 de noviembre de 2015. La organización también reiteró que el aspirante fue condenado bajo cargos federales en Estados Unidos y que su liberación se dio después de cumplir la mayor parte de su sentencia.

Mientras el proceso de revisión de su candidatura avanza, el caso de Chávez Vargas pone sobre la mesa un debate complejo: la posibilidad de redención y reintegración social frente a los requisitos éticos de quienes aspiran a impartir justicia en México.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lanzó una señal de alerta contundente ante el proceso electoral que definirá el rumbo del Poder Judicial en México. A pocas semanas de las votaciones del 1 de junio, los obispos expresaron su temor de que la delincuencia organizada o personas sin el perfil adecuado accedan a cargos clave del sistema judicial del país.

Durante la CXVIII Asamblea de la CEM, el Obispo Ramón Castro Castro, en su calidad de presidente del organismo, hizo eco de una preocupación que ha ido creciendo no solo en círculos eclesiásticos, sino en diversos sectores de la sociedad. “Tenemos temor de que vayan a llegar algunas personas que no sean las idóneas para servir en algo tan importante”, declaró en conferencia de prensa. También señaló que existe el riesgo de que “los mismos servidores públicos puedan caer en manos del crimen organizado”, un escenario que califica como una amenaza real, en medio de un contexto nacional marcado por la violencia.

En paralelo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció recientemente la presencia de candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico. El legislador aseguró que algunos de los aspirantes a formar parte del nuevo Poder Judicial han fungido como defensores de capos del crimen organizado y advirtió que la Cámara Alta ya prepara una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra una veintena de esos perfiles.

Este proceso electoral, inédito en México, convoca a 99.7 millones de personas para elegir, por primera vez en la historia del país, a 881 cargos judiciales. Entre los puestos en disputa se encuentran los de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, mientras diversas voces, entre ellas organismos internacionales como la ONU y organizaciones de la sociedad civil, han advertido sobre el riesgo de intromisiones indebidas tanto del crimen como del propio Poder Ejecutivo. 

En un mensaje dirigido a la comunidad católica, la CEM hizo un llamado a la unidad, la esperanza y la participación activa, sin dejarse vencer por la violencia ni la incertidumbre. También reiteró su solidaridad con los sectores más vulnerables, como víctimas de violencia, migrantes, mujeres, jóvenes y pueblos originarios. “Seamos una Iglesia donde todas las voces cuenten”, subrayaron los obispos.

El panorama se torna aún más delicado ante tragedias recientes como el asesinato de ocho jóvenes en una comunidad de la Diócesis de Irapuato, en Guanajuato, lo que refuerza la urgencia del llamado eclesiástico. La Iglesia católica, golpeada también por la inseguridad, se suma al coro de advertencias que buscan preservar la legalidad, la justicia y la paz en una etapa crítica para el país.

Durante su conferencia matutina del 8 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum trazó una línea firme en torno a la soberanía nacional. Reaccionó con contundencia ante los reportes que apuntan a una posible estrategia de la administración de Donald Trump para utilizar drones en territorio mexicano con el objetivo de atacar a cárteles del narcotráfico. Su respuesta fue clara: “No estamos de acuerdo”.

La mandataria subrayó que México no permitirá ningún tipo de intervención extranjera. Reafirmó que la colaboración con Estados Unidos se sostiene sobre principios de respeto y coordinación, no subordinación. “Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos y no hay ni injerencismo ni estas acciones”, aseguró ante medios nacionales e internacionales.

La propuesta aún en discusión, revelada por NBC News, contempla el uso de drones militares estadounidenses para atacar directamente a líderes de cárteles, sus redes logísticas y estructuras operativas en México. A pesar de que no existe una decisión definitiva, la posibilidad de acciones unilaterales sigue latente. La información cita a seis funcionarios estadounidenses actuales y retirados del ámbito militar, de inteligencia y seguridad, quienes confirmaron que las conversaciones se mantienen en fases iniciales.

Las implicaciones legales y diplomáticas de esta iniciativa son de gran escala. Atacar objetivos dentro de territorio mexicano sin el consentimiento expreso del gobierno podría quebrantar el derecho internacional y abrir un nuevo capítulo de tensiones entre ambos países. Sin embargo, algunos sectores en Estados Unidos defienden el derecho a la defensa frente a amenazas originadas más allá de sus fronteras.

En paralelo, el gobierno estadounidense habría intensificado sus vuelos de vigilancia sobre México para recolectar datos de inteligencia. Esta información serviría como base para un eventual operativo de gran precisión, con miras a debilitar a las organizaciones criminales mediante ataques selectivos. Los blancos potenciales incluirían vehículos, bodegas y centros de operaciones de los cárteles.

Sheinbaum destacó que este tipo de medidas no ataca la raíz del problema. Desde su perspectiva, la única vía efectiva para combatir el narcotráfico es mediante inteligencia, investigación y el abordaje profundo de las causas estructurales. Reiteró también su confianza en el diálogo continuo con Estados Unidos, al afirmar que este canal diplomático se mantiene abierto y activo.

El precedente de cooperación entre ambos gobiernos durante la administración de Felipe Calderón, donde fuerzas especiales mexicanas fueron entrenadas por el ejército estadounidense, aún resuena en la memoria colectiva. Sin embargo, la actual mandataria marca distancia respecto a cualquier acción que comprometa la soberanía mexicana.

NBC también reveló que la administración Trump ha sugerido a funcionarios mexicanos que “todas las opciones están sobre la mesa”, respaldando una línea de presión política que incluye medidas como los aranceles. Esta estrategia busca influir en la postura del gobierno mexicano y abrir paso a posibles operaciones conjuntas.

La presidenta insistió en que México seguirá defendiendo su territorio y sus principios. “Por supuesto que lo rechazamos, cualquiera de estas acciones”, expresó enfática. El mensaje fue directo: en territorio mexicano, ninguna decisión ajena cruzará los cielos sin autorización.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, rechazó categóricamente el homenaje realizado a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante el concierto de la banda “Los Alegres del Barranco” en el Auditorio Telmex de Zapopan. A través de su cuenta de X, el mandatario condenó la proyección de imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalando que actos como este van en contra del esfuerzo por erradicar la violencia en el estado.

“Lo visto en el concierto de este fin de semana va en la dirección opuesta. Todos tenemos que hacer lo que nos toca para dejar de normalizar la violencia”, escribió Lemus, quien días antes había declarado que era momento de “tocar fondo y salir unidos para no repetir tales tragedias”.

El evento, que tuvo lugar el sábado, incluyó una proyección en la que se exhibieron imágenes de “El Mencho”mientras la agrupación interpretaba la canción “El del palenque”. Durante la presentación, las luces del recinto se apagaron momentáneamente, y en la pantalla aparecieron llamas junto con la silueta de dos gallos de pelea, haciendo alusión al capo a quien la canción se refiere como “el señor de los gallos”.

El video del homenaje se viralizó rápidamente en redes sociales, con asistentes compartiendo grabaciones del momento. La misma banda reposteó las imágenes en su cuenta oficial de Facebook, lo que intensificó la controversia.

Si bien el gobernador dejó clara su postura, no especificó si se impondrán sanciones a la agrupación o al recinto por permitir la difusión de estas imágenes. Sin embargo, reiteró que su gobierno está comprometido en combatir cualquier expresión que enaltezca a la violencia organizada.

“No debe suceder en este ni en ningún otro lugar de nuestro estado“, afirmó Lemus, dejando entrever que este tipo de homenajes no serán tolerados en Jalisco.

El incidente ocurre en un contexto en el que las autoridades han intensificado esfuerzos para frenar la violencia en la entidad. Apenas la semana pasada, el propio gobernador había hecho un llamado a la unidad tras el hallazgo del rancho Izaguirre, donde se descubrieron múltiples restos humanos.

El debate sobre la influencia del narcotráfico en la cultura popular sigue vigente, y este evento vuelve a poner en la mesa la discusión sobre la responsabilidad de artistas y organizadores al difundir este tipo de mensajes.

En una operación estratégica, la Secretaría de Marina (Semar) desmanteló un laboratorio clandestino de dimensiones impresionantes en Zacatecas, donde se fabricaban drogas sintéticas a gran escala. La intervención se llevó a cabo en el poblado de Carrizalillo, tras patrullajes de vigilancia terrestre realizados por personal naval. 

El complejo, ubicado en plena sierra, abarcaba una extensión de 395 mil metros cuadrados y estaba equipado con tecnología avanzada utilizada por grupos delictivos. En la zona fueron asegurados un total de 36 reactores, 56 tambos, 65 tinas, nueve mezcladoras, 77 tanques de gas, 209 bidones, cuatro motogeneradores, 62 condensadores y 94 quemadores, además de otros insumos utilizados en el procesamiento y fabricación de drogas sintéticas.

En el área de almacenamiento de pre-precursores químicos se incautaron aproximadamente 63 mil 100 litros de sustancias, destacando el cloruro de bencilo, y 125 kilogramos de sosa cáustica. Asimismo, en la zona de síntesis de precursores químicos se hallaron 10 mil 950 litros de sustancias diversas y 15 mil 950 kilogramos de otros compuestos, con el ácido tartárico como el más predominante.

Durante la operación, los agentes destruyeron precursores químicos y material diverso para impedir su uso en la producción de drogas sintéticas. La Secretaría de Marina destacó que este aseguramiento evitó la fabricación de 27,930 kilogramos de metanfetamina, equivalentes a 698 millones 250 mil dosis.

Desde el inicio de la actual administración, la Marina ha logrado incautar aproximadamente 34 mil 232 kilogramos de metanfetamina, 202 mil 907 litros de precursores químicos y 122 mil 598 kilogramos de estos mismos compuestos.

Con este golpe al crimen organizado, se refuerza la lucha contra el tráfico de drogas en el país, debilitando la producción ilícita y evitando que toneladas de sustancias lleguen a las calles. El operativo refleja el compromiso de las fuerzas federales para mantener la seguridad y combatir el narcotráfico en México.

El próximo 1 de junio marcará un hecho histórico en México: por primera vez, los ciudadanos podrán elegir directamente a los integrantes del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esta fecha será conocida como el “Día de la Democracia”, destacando su relevancia para el país.

Desde Colima, Sheinbaum celebró que esta elección permitirá a los ciudadanos decidir quiénes ocuparán los cargos de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, informó que los actuales jueces dejarán sus puestos en los próximos seis meses.

“El 1 de junio vamos a votar por jueces, magistrados y ministros de la Corte. Por primera vez, el pueblo de México va a elegir al Poder Judicial. No hay ningún otro país que lo haga, por eso digo que será el ‘Día de la Democracia'”, declaró la mandataria.

La presidenta afirmó que esta reforma es la “única manera” de erradicar la corrupción dentro del sistema judicial. Según su declaración, este cambio permitirá construir un Poder Judicial honesto y comprometido con el pueblo. También aseguró que México será un ejemplo para el mundo al implementar este modelo.

En su discurso, Sheinbaum acusó a jueces y magistrados de corrupción, nepotismo y de favorecer la liberación de criminales. Este mensaje estuvo alineado con el que expresaron los integrantes de su Gabinete de Seguridad días antes, al justificar la extradición de 29 capos del narcotráfico a Estados Unidos sin completar el proceso de extradición tradicional.

La presidenta destacó el trabajo de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien en su cargo anterior como secretaria de Seguridad denunció en varias ocasiones que jueces liberaban a delincuentes. Además, señaló que los puestos en el Poder Judicial solían asignarse entre familiares y allegados, fomentando el nepotismo.

“Ellos mismos decidían quiénes serían jueces y magistrados. Tanto, que ahora la mitad del Poder Judicial está conformado por hermanos, primos, cuñados y sobrinos. Hay jueces honestos, pero la mayoría han sido parte de un sistema corrupto”, aseguró Sheinbaum.

Con esta reforma, el gobierno busca transformar el sistema de justicia y devolverle la confianza a los ciudadanos. La elección del 1 de junio representará un paso sin precedentes en la democracia mexicana, poniendo en manos del pueblo la selección de quienes impartirán justicia en el país.