En una decisión clave para el proceso democrático de México, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha confirmado, por mayoría de votos, los resultados de los cómputos en 161 distritos electorales federales impugnados relacionados con la elección presidencial del 2 de junio de 2024. Esta resolución pone fin a una serie de juicios de inconformidad presentados por diversos partidos políticos, consolidando así el resultado que había dado la victoria a Claudia Sheinbaum.

El TEPJF, órgano supremo en materia electoral, resolvió un total de 240 juicios de inconformidad que buscaban la nulidad de votación en diversas casillas, argumentando principalmente una “integración indebida” de las mesas directivas de casilla. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo, el Tribunal consideró que estas peticiones eran infundadas e inoperantes. “No se encontraron elementos suficientes que justificaran la anulación de casillas o un cambio en el cómputo distrital, por lo que se ratifican los resultados obtenidos en los distritos impugnados”, declaró uno de los magistrados.

Además, el Tribunal desechó 78 juicios de inconformidad por diversas razones. Algunos fueron presentados de manera extemporánea, otros carecían de firma autógrafa, y en varios casos, se determinó que la impugnación había sido presentada por personas no facultadas para ello, ya que quien debía hacerlo era el representante del partido ante el Consejo Distrital, el órgano responsable del cómputo controvertido.

La resolución del TEPJF no solo reafirma la legalidad y transparencia del proceso electoral, sino que también refuerza la legitimidad de la elección presidencial. “La ratificación de estos resultados no solo es una victoria para la democracia, sino también una muestra de que las instituciones electorales están funcionando conforme a la ley”, subrayó un experto en derecho electoral.

El pleno del Tribunal, compuesto por cinco magistrados, llevó a cabo una sesión pública presencial para emitir su fallo. A propuesta de las magistraturas, se confirmó el cómputo final de la elección presidencial, dejando claro que el proceso fue conducido de manera justa y conforme a las normas establecidas.

Con la ratificación de los cómputos distritales, se da un paso definitivo hacia la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como la próxima Presidenta de México. La validación de su triunfo electoral por parte del TEPJF disipa cualquier duda sobre la legitimidad de su victoria y marca el cierre de un proceso electoral que, aunque polémico en algunos aspectos, ha sido ratificado como válido por la máxima autoridad electoral del país.

La confirmación de estos resultados también envía un mensaje claro a los partidos políticos y a la ciudadanía: el sistema electoral mexicano cuenta con las herramientas y procedimientos necesarios para garantizar elecciones justas y transparentes. La democracia mexicana ha superado otra prueba, y el país se prepara para la transición de poder con la certeza de que la voluntad popular ha sido respetada. Con este fallo, se cierra el capítulo de las impugnaciones electorales, y México avanza hacia una nueva etapa en su historia política.

La Secretaría de Gobernación (Segob) de México ha anunciado una nueva jornada de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes desaparecieron en Iguala, Guerrero, hace casi una década. Este esfuerzo se produce dos días después de la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres de los estudiantes desaparecidos, y a tan solo dos meses del fin del sexenio. 

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, informó que en esta nueva fase de búsqueda participarán la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Estamos de camino al municipio de Iguala, Guerrero, tenemos programada una importante jornada de búsqueda instruida por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, escribió Medina en sus redes sociales, subrayando el compromiso de las autoridades con esta causa.

En un gesto significativo, las autoridades han invitado a los padres de los jóvenes desaparecidos y sus representantes, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a unirse a esta jornada de búsqueda. Este paso busca no solo fortalecer la transparencia en las acciones del gobierno, sino también ofrecer un apoyo más cercano y solidario a las familias que han vivido una tragedia inenarrable desde la desaparición de sus hijos.

Durante una reciente reunión con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, los padres de los normalistas reiteraron su demanda de verdad y justicia. En este encuentro, expresaron su esperanza de que las acciones del gobierno actual, aunque tardías, puedan finalmente arrojar luz sobre el paradero de sus hijos.

“Como todos los días, continuamos con las tareas de búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Hasta el último día de esta administración, trabajamos de sol a sol y con el compromiso y anhelo de encontrarles”, añadió Medina en su cuenta de X Esta declaración refleja la dedicación constante del gobierno para resolver uno de los casos más dolorosos y emblemáticos de desaparición forzada en México.

El contexto de esta nueva jornada de búsqueda es crucial. A medida que el sexenio de López Obrador se acerca a su fin, la administración busca cumplir con una de sus promesas más importantes: encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos y ofrecer respuestas a sus familias. Este compromiso ha sido una piedra angular en el discurso del presidente, quien ha reiterado en múltiples ocasiones su determinación de hacer justicia en este caso.

La participación de la Sedena en estas acciones también es significativa, dada la necesidad de seguridad y logística en las operaciones de búsqueda en áreas complicadas y, a menudo, peligrosas. La colaboración entre diferentes entidades gubernamentales es un esfuerzo coordinado que busca maximizar los recursos disponibles y aumentar las probabilidades de éxito en la búsqueda.

Además, la presencia de la CNDH como observador y participante en la jornada de búsqueda es una garantía de que se respetarán los derechos humanos de todos los involucrados, y de que se trabajará bajo los más altos estándares de transparencia y legalidad. Esto es fundamental en un contexto donde la confianza en las instituciones ha sido severamente erosionada por años de inacción y falta de resultados concretos.

El país entero mira con esperanza y expectación esta nueva jornada de búsqueda. Las familias de los 43 normalistas, junto con miles de ciudadanos, siguen clamando por justicia y verdad. Las acciones que se desarrollen en los próximos días serán cruciales no solo para encontrar a los estudiantes desaparecidos, sino también para restaurar la fe en las instituciones y el estado de derecho en México.

En la frontera sur de México, la posibilidad de que Donald Trump retorne a la presidencia de Estados Unidos ha encendido las alarmas entre empresarios y migrantes. La reciente Convención del Partido Republicano ha revelado las intenciones del exmandatario de imponer aranceles a productos mexicanos, deportar de manera masiva a migrantes irregulares y cerrar la frontera con México, lo que ha generado una profunda preocupación en la región. 

La ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, se encuentra en el epicentro de esta incertidumbre. Tapachula, la principal urbe en el límite de México con Centroamérica, ha sido un punto neurálgico para la migración regional y se encuentra en proceso de transformación hacia una zona industrial enfocada en el comercio internacional. Sin embargo, las propuestas de Trump amenazan con desestabilizar este delicado equilibrio.

Carlos Carrasco, presidente del Corredor Turístico Gastronómico de la Frontera Sur, expresó su preocupación sobre el impacto económico que podría traer una nueva presidencia de Trump. Carrasco subraya que, con Trump en la Casa Blanca, las restricciones migratorias podrían provocar que miles de migrantes queden atrapados en la frontera sur de México, exacerbando la ya crítica situación.

La zona sur, incluyendo ciudades como Tapachula, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Ciudad Hidalgo, alberga alrededor de 2 mil comercios que podrían verse severamente afectados. “(Van) a buscar estrategias para que la gente no siga caminando y no se vaya quedando y ha crecido la sobrepoblación“, añadió Carrasco, señalando la presión que la migración irregular ejerce sobre los recursos locales.

El aumento de la migración irregular ya es una realidad. Según datos del gobierno mexicano, la intercepción de migrantes irregulares ha aumentado un 650% en lo que va del año, con un récord de casi 1.4 millones de personas interceptadas entre enero y mayo. Un regreso de Trump podría intensificar aún más esta situación, incrementando los abusos y la desesperación entre los migrantes.

El proteccionismo comercial de Trump y su intención de revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) también inquietan a los empresarios. César García Jiménez, presidente del Grupo de Comerciantes y Empresarios del Centro de Tapachula, alertó sobre las posibles repercusiones económicas: “Vamos a tener grandes problemas en cuanto a lo económico y a los migrantes. En cuanto a lo económico, quiere aumentar los aranceles para los productos mexicanos, acaba de pasar algo con el aguacate, es capaz de prohibir que pase el aguacate“.

En medio de estas preocupaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido calma y ha señalado que las declaraciones de Trump forman parte de la retórica electoral. “Ya se lo expresé amablemente en una carta al (ex) presidente Trump. Son tiempos electorales y en cualquier lugar del mundo, en donde haya elecciones, se exacerba la retórica, se habla más de la cuenta y hay demasiada pasión”, afirmó López Obrador en su conferencia matutina del viernes.Sin embargo, la comunidad empresarial no se muestra convencida. 

La incertidumbre y el miedo se ciernen sobre la frontera sur de México, donde las palabras y promesas de campaña de Trump ya están generando efectos tangibles. Con el futuro de miles de personas y negocios en juego, la región se prepara para enfrentar lo que podría ser una de las pruebas más difíciles de su historia reciente.

En una medida sin precedentes, el gobierno de Guatemala ha intensificado la seguridad en su frontera con México para proteger a los desplazados chiapanecos que huyen de la creciente violencia en su estado. Las autoridades guatemaltecas, conscientes del impacto de los conflictos entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), han desplegado unidades élite y reforzado sus operaciones de defensa en la región.

El anuncio se hizo oficial durante una conferencia de prensa donde Billy Rogelio Estrada Aguilar, tercer comandante de la quinta brigada de infantería de Guatemala, detalló las acciones emprendidas. “A raíz de este fenómeno migratorio de reciente hecho, donde personas mexicanas se han trasladado a territorio guatemalteco, se inició un refuerzo con el segundo batallón y, en horas de la madrugada, también se movilizaron 100 elementos más de la quinta brigada,” señaló Estrada Aguilar.

El comandante explicó que, desde principios de 2024, se han iniciado refuerzos con tres unidades militares en la región fronteriza debido a los indicios de conflictos entre facciones del Cártel de Sinaloa y del CJNG. Las unidades especiales kaibiles, conocidos por su entrenamiento riguroso y habilidades en combate, se encuentran entre los desplegados. “Estamos desarrollando operaciones defensivas, en materia de términos tácticos, son posiciones de bloqueo,” agregó Estrada Aguilar.

Las operaciones de seguridad no se limitan al despliegue de tropas. Estrada Aguilar detalló que están llevando a cabo múltiples tipos de operaciones: motorizadas, a pie y de reconocimiento. “Tenemos una unidad técnica, tecnológica que recaba a través de medios tecnológicos y cibernéticos, cualquier información de alguna posible incursión de estos grupos armados al servicio del narcotráfico para cualquier acción pronta y el resguardo de la seguridad de los guatemaltecos,” explicó el comandante.

La estrategia integral no solo busca prevenir incursiones de grupos armados, sino también brindar apoyo a los desplazados mexicanos. Estrada Aguilar subrayó que se está asistiendo a aquellos que huyen de la violencia, pues han sido víctimas del fuego cruzado entre las facciones delictivas.

El comisionado y asesor presidencial de Asuntos Migratorios de Guatemala, Aldo Waykán, se reunió con personas desplazadas y escuchó de primera mano sus historias y necesidades. “Están pensando pedir protección migratoria de parte del gobierno de Guatemala,” mencionó Waykán, indicando que ya se están estableciendo protocolos de protección. Además, se ha decidido habilitar un albergue en San Andrés Cuilco para brindar refugio seguro a los desplazados.

Elsa Hernández, gobernadora de Huehuetenango, expresó que esta situación representa una experiencia nueva para la región. “Es una nueva experiencia debido a que es una situación que nos impacta como departamento y no se tenía una experiencia anterior a esta situación,” dijo Hernández, subrayando la inédita naturaleza del flujo migratorio de mexicanos hacia Guatemala.

Mientras las fuerzas guatemaltecas continúan fortaleciendo sus líneas defensivas, la llegada de desplazados chiapanecos sigue siendo un desafío en evolución. La combinación de medidas de seguridad y apoyo humanitario refleja el compromiso de Guatemala para enfrentar esta crisis con responsabilidad y compasión.

El reforzamiento de la frontera es un testimonio del esfuerzo por mantener la paz y la seguridad en medio de la turbulencia generada por el narcotráfico. Guatemala, a través de su ejército y sus líderes, está enviando un mensaje claro: la protección de su territorio y la asistencia a los necesitados son prioridades inquebrantables.

El peso mexicano sufrió una caída significativa del 1.2% este martes, cerrando en 18.1397 unidades por dólar, y liderando las pérdidas entre las principales divisas del mundo. La depreciación de la moneda mexicana se debe principalmente a la creciente incertidumbre electoral en Estados Unidos, el principal socio comercial de México, así como a la cautela de los inversores que esperan datos clave sobre la economía estadounidense. 

La Bolsa Mexicana de Valores también experimentó un retroceso, cediendo las ganancias de la jornada anterior. El índice accionario S&P/BMV IPC cayó un 0.55%, situándose en 53,707.74 puntos. Este retroceso se enmarca en un contexto de volatilidad global, exacerbado por la incertidumbre política en Estados Unidos y las preocupaciones económicas locales.

La decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de finalizar su campaña de reelección y ceder el paso a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata demócrata, generó una breve apreciación del peso el lunes. Sin embargo, el martes, una nueva ola de incertidumbre mantuvo bajo presión a los activos de riesgo globales, afectando severamente al peso mexicano.

A nivel local, las preocupaciones persisten desde la contundente victoria oficialista en los comicios locales del 2 de junio. Este triunfo ha abierto la puerta a la aprobación de una serie de controvertidas reformas constitucionales, incluyendo cambios al sistema de justicia, lo que ha generado inquietud en el mercado.

Desde entonces, el peso ha acumulado una pérdida del 6.9%, y analistas de Citibanamex anticipan que podría continuar debilitándose, cerrando el año en 18.80 unidades por dólar, una depreciación del 3.5% respecto a sus niveles actuales.

Los inversores también están a la espera de importantes datos económicos que se publicarán esta semana, tanto en Estados Unidos como en México. En Estados Unidos, se darán a conocer las cifras del PIB y la inflación, que podrían ofrecer nuevas pistas sobre posibles recortes en las tasas de interés. En México, los datos quincenales de inflación se divulgarán el miércoles, lo que añadirá más elementos de análisis para los inversores.

En el mercado bursátil, los títulos del conglomerado Orbia encabezaron el retroceso, con una caída del 4.06%, situándose en 24.79 pesos. Le siguieron las acciones de la minera Industrias Peñoles, que disminuyeron un 3.53%, quedando en 246.71 pesos.

En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la mayoría de sus plazos durante la subasta semanal de valores gubernamentales. La tasa del Cete a 28 días se colocó en un 10.87%, dos puntos base por debajo de su remate previo.

Ante este panorama, la economía mexicana se enfrenta a desafíos tanto internos como externos. Los inversores y analistas continuarán monitoreando de cerca los desarrollos políticos en Estados Unidos y las cifras económicas locales, que serán cruciales para determinar la dirección futura del peso mexicano y del mercado bursátil.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México se encuentra ante un nuevo desafío tras la resolución judicial que le ordena coordinar la aplicación de la prueba PISA durante abril y mayo de 2025. Este mandato surge a raíz de un amparo promovido por la organización civil Educación con Rumbo, la cual busca asegurar la continuidad de esta evaluación internacional en el país. 

El Poder Judicial de la Federación emitió una suspensión definitiva que obliga a la SEP a llevar a cabo todas las gestiones necesarias para la realización de la prueba PISA en México en 2025. Este fallo también garantiza la ejecución de una prueba piloto programada para octubre de este año, la cual estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

En un comunicado, Educación con Rumbo celebró la decisión judicial, destacando que “la aplicación de la prueba PISA es fundamental para definir las políticas públicas en materia educativa de la siguiente administración”. Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de la organización, enfatizó que este es un paso crucial para mejorar la educación en México.

La SEP ha comenzado a trabajar en el cumplimiento de esta resolución, y uno de sus primeros avances ha sido la colaboración con el Ceneval para la prueba piloto de octubre. Esta evaluación preliminar permitirá ajustar los detalles necesarios para la aplicación de la prueba PISA en 2025, asegurando que México cumpla con los estándares internacionales.

“La participación del Ceneval es un avance significativo en el cumplimiento de lo ordenado por el Poder Judicial. Estamos comprometidos a realizar todos los trámites y gestiones para garantizar la aplicación de la prueba PISA”, declaró un portavoz de la SEP.

El tema de la prueba PISA ha generado un intenso debate en el ámbito educativo mexicano. El pasado 8 de mayo, Claudia Sheinbaum, entonces candidata presidencial, expresó su desacuerdo con la idea de que el sistema educativo deba enfocarse en preparar a los estudiantes específicamente para esta evaluación.

“Es como si las preparatorias se dedicaran a preparar a los estudiantes para pasar el examen de admisión a la UNAM”, comentó Sheinbaum en una conferencia de prensa en Veracruz. La ahora presidenta electa argumentó que “la educación no debe estar centrada en pasar un examen, sino en enseñar y aprender desde la ciencia, las humanidades, la lectura y todo lo que representa el verdadero aprendizaje”.

Sheinbaum insistió en que “elevar el nivel de la prueba PISA no puede ser el objetivo principal del sistema educativo”. Sus declaraciones han sido apoyadas por algunos sectores que consideran que la educación debe ser más holística y menos enfocada en evaluaciones estandarizadas.

La decisión del Poder Judicial y la consecuente obligación de la SEP de aplicar la prueba PISA en 2025 tienen implicaciones significativas para el futuro de la educación en México. Esta evaluación, que mide el desempeño de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, es considerada una herramienta importante para comparar el sistema educativo mexicano con el de otros países y para identificar áreas de mejora.

Amozurrutia subrayó que “la prueba PISA proporciona datos valiosos que pueden guiar la formulación de políticas educativas más efectivas y equitativas”. Además, destacó la importancia de que estas evaluaciones se realicen de manera continua para tener una visión clara de los avances y desafíos en el sector educativo.

En una jornada judicial que atrajo la atención de todo el país, un juez federal vinculó a proceso a Armando Escárcega Valdez, conocido como ‘El Patrón’, por su presunta responsabilidad en el intento de homicidio del periodista Ciro Gómez Leyva. La audiencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, marca un avance significativo en la búsqueda de justicia para el reconocido comunicador. 

Armando Escárcega Valdez, apodado ‘El Patrón’, enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, tras ser señalado como el autor intelectual del ataque que sufrió Gómez Leyva en diciembre de 2022. El atentado, ocurrido cuando el periodista llegaba a su domicilio en la Ciudad de México, no fue un intento de robo o secuestro, sino un ataque directo con la clara intención de acabar con su vida, según confirmaron las autoridades.

El juez de control del Reclusorio Norte dictaminó prisión preventiva justificada para Escárcega Valdez, quien permanecerá en este centro de reclusión durante los cuatro meses que la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa tendrán para llevar a cabo la investigación complementaria. La solicitud de trasladar al imputado al penal del Altiplano fue rechazada, manteniéndose su detención en el Reclusorio Norte.

En un mensaje en sus redes sociales, Ciro Gómez Leyva comunicó la decisión del juez: “Se dicta la prisión preventiva justificada en contra de Armando Escárcega, el Patrón. El juez rechaza que sea llevado al penal federal del Altiplano. Permanecerá en el Reclusorio Norte”.

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la FGR, celebró la decisión judicial como un avance en el caso. “Es un avance, vamos a seguir avanzando en el caso, todavía faltan otros elementos, formular imputación por otros delitos, que se hará en los próximos días, entonces creo que vamos por buen camino”, expresó Sánchez Pérez del Pozo.

La fiscalía, además, ha solicitado una fecha para la audiencia inicial en la que se imputará a ‘El Patrón’ por el delito de asociación delictuosa. La dependencia continúa trabajando en la identificación y captura de todos los responsables involucrados en el atentado.

Por su parte, la defensa de Escárcega Valdez, encabezada por el abogado Raymundo Álvarez, decidió no impugnar los datos de prueba presentados por la FGR en esta etapa del proceso. Álvarez mencionó que están evaluando las opciones legales, incluyendo la posibilidad de apelar la vinculación ante un Tribunal Colegiado o promover un amparo en los próximos días.

Armando Escárcega Valdez fue detenido en Estados Unidos y extraditado a México el 29 de junio para enfrentar los cargos. Su detención en territorio estadounidense ocurrió tras haber obtenido una visa de turista con afirmaciones falsas, mintiendo sobre su historial de arrestos. Según documentos del FBI y la Secretaría de Seguridad Pública de México, Escárcega Valdez estuvo involucrado en un secuestro en la Ciudad de México en 2017, lo cual fue clave para su captura y extradición.

El atentado contra Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022, conmocionó a la opinión pública y puso de manifiesto los peligros que enfrentan los periodistas en México. El periodista ha sido una voz crítica y ha denunciado constantemente la violencia y la corrupción, lo que ha generado especulaciones sobre los motivos detrás del ataque.

El propio Ciro Gómez Leyva ha expresado su firme deseo de justicia, reiterando que el ataque no fue un hecho aislado ni un intento de robo, sino un acto premeditado para silenciarlo. “Alguien creo y eso me lo confirmaron tanto los policías como los ministerios públicos, no era un robo, no era un intento de secuestro, todo indica que alguien quiso matarme anoche”, afirmó en su momento.

La vinculación a proceso de ‘El Patrón’ representa un paso significativo hacia la justicia en el caso del atentado contra Ciro Gómez Leyva. La resolución de este caso no solo es crucial para el periodista y su familia, sino también para la defensa de la libertad de expresión y la seguridad de los comunicadores en México.