La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la incorporación de Vidulfo Rosales Sierra, abogado conocido por encabezar la defensa legal de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como nuevo integrante del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el directorio disponible en la página oficial de la Corte, Rosales ocupa ahora el cargo de secretario de estudio y cuenta en la Coordinación General de Asesores de Presidencia. En esta posición, su responsabilidad principal será analizar expedientes para proponer a los ministros las determinaciones jurídicas a seguir, además de participar en las sesiones donde se resuelven los casos.

El salario bruto asignado al puesto es de aproximadamente 168 mil pesos mensuales; sin embargo, después de las deducciones fiscales correspondientes, su ingreso neto asciende a 118 mil 138 pesos al mes. A este monto se suman diversas prestaciones otorgadas a los funcionarios de este nivel en el Poder Judicial.

Entre los beneficios laborales se encuentran aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y quinquenal. También incluye seguros de gastos médicos mayores, seguro colectivo de retiro, seguro de separación individualizado, cobertura del ISSSTE, así como apoyo económico para lentes graduados. En el apartado de estímulos destacan el bono por el Día del Padre, estímulo por antigüedad y por jubilación. Además, cuenta con licencias prejubilatorias, ayuda por incapacidad médica, gastos funerales y pago por defunción.

Este nuevo nombramiento ocurre semanas después de que, a finales de agosto, Rosales anunciara públicamente su salida de la representación legal del caso Ayotzinapa. En ese momento, no precisó hacia dónde dirigiría su carrera profesional, únicamente adelantó que continuaría su labor en defensa de los derechos humanos desde otros espacios.

En un posicionamiento compartido entonces, expresó: “Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos, seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicano tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda”.

Con este movimiento, Rosales deja atrás casi una década de acompañamiento legal a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y pasa a integrarse a la estructura más alta del sistema judicial en México, con un cargo que combina tareas técnicas de análisis jurídico con beneficios laborales de amplio alcance.

Un cambio inesperado acaba de sacudir el caso Ayotzinapa. A menos de dos meses de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, el rostro que tomará las riendas de la investigación es Mauricio Pazarán Álvarez. Su nombre tal vez no suena tanto, pero su trayectoria dice mucho: pasó 15 años trabajando en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la CDMX, y ahora es el nuevo fiscal provisional del caso que ha marcado a México entero.

La salida de Rosendo Gómez al frente de la investigación, quien estaba en el cargo desde 2022, fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles 16 de julio. Y con su renuncia, también se levantó el polvo de una investigación que ha estado envuelta en reclamos, frustraciones y señalamientos por su lentitud y poca claridad.

Pazarán no es ajeno a las fiscalías. Ha sido secretario y Ministerio Público en asuntos del fuero común durante gran parte de su carrera. Entre 2000 y 2015 estuvo enfocado en atender delitos sexuales en la capital del país. Luego, de 2015 a 2021, se movió a la Fiscalía de Narcomenudeo, y después estuvo en la Fiscalía de Asuntos Relevantes. También tuvo una breve pasada por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, donde estuvo dos meses en el área de Apelaciones y Amparos. Nada en su currículum lo vincula directamente con desapariciones forzadas… hasta ahora.

Su llegada al caso no ha pasado desapercibida. El Centro Prodh, una de las organizaciones que ha acompañado a las familias desde el inicio, dejó clara su postura: “El relevo del titular de la Unidad Especializada en la Investigación del caso Ayotzinapa, tras escándalos de corrupción y malas prácticas, tardíamente da la razón a las familias”. Y no se quedaron ahí: recalcaron que se perdió tiempo valioso encargando la investigación a un perfil “no idóneo”.

El nuevo fiscal carga con la presión de once años sin respuestas claras y con la exigencia, cada vez más intensa, de verdad y justicia. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez no se anduvo con rodeos: pidió que se recupere el tiempo perdido y que se avance hacia la verdad.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Las familias siguen esperando. Y el caso Ayotzinapa escribe, otra vez, un nuevo capítulo.

Después de una década en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1 “Altiplano”, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue trasladado al penal federal número 18 en Coahuila. Esta reubicación fue ordenada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, y se concretó el 30 de abril de 2025.

La salida de Abarca del Altiplano ocurre luego de años marcados por procesos judiciales, sentencias y múltiples acusaciones. En ese periodo, fue señalado por delitos graves como secuestro y delincuencia organizada, además de homicidio calificado. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero anunció, el pasado 7 de abril, una sentencia de 20 años de prisión en su contra por su participación en el asesinato del síndico municipal Justino Carbajal Salgado, ocurrido el 8 de marzo de 2013 en pleno centro de Iguala.

En esa investigación, la fiscalía estatal sostuvo que José Luis Abarca ordenó directamente privar de la vida al funcionario municipal. La sentencia fue resultado de una indagatoria calificada como “intensa”, en la que se logró probar la responsabilidad del exedil. Abarca, durante su gestión, acumuló múltiples acusaciones que lo mantuvieron durante años en uno de los penales de mayor seguridad en el país.

El cambio de centro penitenciario se realizó tras una solicitud presentada por el propio Abarca mediante un juicio de amparo. En su recurso, el exalcalde reclamó que no se le estaba proporcionando la atención médica especializada que requiere debido a su estado de salud. Las autoridades consideraron el argumento y autorizaron su traslado al Centro Federal de Reinserción Social Número Dieciocho, donde actualmente permanece bajo custodia.

Aunque en mayo de 2023 fue absuelto por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito en Matamoros, Tamaulipas, de los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado relacionados con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, José Luis Abarca no quedó en libertad. Otra sentencia lo condena a 92 años de prisión por el delito de secuestro, lo que lo mantiene firme dentro del sistema penitenciario federal.

La trayectoria judicial de Abarca se mantiene como una de las más controversiales del país. Su caso sigue vinculado a uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de México y su figura continúa siendo referencia obligada en el análisis de la corrupción, la impunidad y la violencia política. El cambio de penal marca un nuevo episodio en una historia aún lejos de cerrarse.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y ofreció crear un nuevo equipo de investigación basado en elementos científicos para esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, detalló que durante la reunión, que duró casi dos horas, la presidenta también mencionó la posibilidad de llamar a testificar al expresidente Enrique Peña Nieto si el nuevo equipo encuentra pruebas que lo involucren. “Se puso sobre la mesa ese tema y ella dijo que si este nuevo equipo de investigación, y si la tecnología arroja elementos de tal manera que se pueda llamar al presidente, se va a hacer”, afirmó Rosales.

El nuevo equipo estará integrado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Su propósito será aplicar una metodología científica, incluyendo el análisis de telefonía celular y otros datos tecnológicos, con el fin de obtener avances significativos en la investigación. Sin embargo, la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa continuará operando paralelamente.

Rosales también destacó que la relación con la presidenta ha permitido construir bases de confianza mutua. No obstante, insistió en la necesidad de que el gobierno federal exija la entrega de expedientes militares que supuestamente la Secretaría de la Defensa Nacional aún no ha proporcionado. 

“El Ejército lo ha negado, la posición que el Ejército tiene es la que ya conocemos, entonces ella nos dice que el Ejército refiere ya entregó toda la información. Sin embargo, hemos insistido que esa información, básicamente la que se refiere a los 16 jóvenes trasladados de barandilla y de una conversación del día 26 de septiembre del 2014 y una del 4 de octubre del 2014, no se han dado”, explicó.

Respecto a la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, Sheinbaum reconoció que hay dificultades para que Israel conceda la extradición, pero dejó abierta la posibilidad de buscar alternativas, como la intervención de un tribunal internacional.

El encuentro reafirma el compromiso del gobierno actual con la búsqueda de justicia para los 43 normalistas, aunque los familiares continúan exigiendo respuestas claras y acciones concretas que garanticen el esclarecimiento del caso.