El avance del gusano barrenador del ganado encendió la alerta máxima en todo México. Lo que comenzó como un problema focalizado en la frontera sur ahora se convirtió en una amenaza nacional que llevó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a extender el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal a los 32 estados del país. El objetivo: contener la propagación de esta plaga que afecta directamente al sector pecuario y amenaza la exportación de animales vivos.

El anteproyecto, publicado por la Sader en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), busca reforzar las acciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para evitar que el gusano barrenador continúe desplazándose hacia el norte. Este parásito, capaz de infestar heridas abiertas en animales y provocar graves daños, se ha extendido desde el sur hasta el centro del país, poniendo en riesgo regiones ganaderas que hasta ahora se mantenían libres de la plaga.

Las nuevas medidas obligan a todos los propietarios de animales a notificar de inmediato cualquier caso sospechoso de “gusanera” detectado en sus hatos. Además, para mover cualquier ejemplar —bovino, bufalino, ovino, caprino, porcino o bisonte— será obligatorio contar con un Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM), expedido por Senasica.

Obtener este documento no será un simple trámite: el ganado deberá recibir un tratamiento con lactonas macrocíclicas entre tres y cinco días antes de la solicitud, seguido de un baño insecticida y una inspección física para confirmar que no existan larvas ni heridas activas.

Si el traslado del ganado no ocurre de inmediato, el protocolo exige repetir el tratamiento entre seis y quince días después. En caso de que pasen más de quince días, todo el proceso deberá reiniciarse desde cero. Estas medidas buscan garantizar que ningún animal infectado pueda ser movilizado dentro del territorio nacional, reduciendo así el riesgo de contagio en regiones productoras.

El acuerdo, registrado bajo el expediente 12/0076/061125, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que sea aprobado. Su aplicación busca no solo contener la plaga, sino también recuperar la confianza sanitaria de los socios comerciales, especialmente de Estados Unidos, que desde noviembre de 2024 mantiene cerrada la frontera a la importación de ganado mexicano.

Ese cierre, decretado por el Departamento de Agricultura estadounidense, frenó el comercio de más de un millón de cabezas de ganado al año y afectó a miles de productores nacionales. Con las nuevas medidas de emergencia, México intenta proteger su cabaña ganadera, restaurar su estatus sanitario y reabrir una de las rutas comerciales más importantes del sector agropecuario.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un evento masivo en el Estadio Olímpico de Tapachula, Chiapas, ante más de 40 mil asistentes, donde presentó un paquete de obras de infraestructura y programas sociales con los que busca consolidar el desarrollo de la frontera sur.

Durante su mensaje, aseguró que el objetivo de su administración es convertir a Tapachula en un polo industrial estratégico para México y Centroamérica. Para ello, anunció la construcción de dos Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), actualmente en proceso de licitación por la Secretaría de Marina.

Además, informó sobre la modernización de Puerto Chiapas y la construcción de la Línea K del Tren Interoceánico, conocida como Línea de la Transformación, que conectará Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas, y cuya conclusión está prevista para 2026.

“La Secretaría de Marina está licitando dos Polos de Desarrollo para Bienestar aquí en Tapachula, que junto con el Tren Interoceánico, la Línea de la Transformación y Puerto Chiapas se van a convertir en un desarrollo muy importante para los siguientes años”, destacó la mandataria.

En paralelo, Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) apoyará en la reconstrucción de los dos puentes que colapsaron en la carretera costera de Chiapas tras las lluvias del viernes. “Si México es fuerte es por su pueblo, si México es fuerte es por su historia, si México es fuerte es porque no hay división entre gobierno y pueblo”, afirmó.

La presidenta también presentó un balance de los programas sociales en Chiapas, donde actualmente un millón 906 mil 955 personas son beneficiarias de alguno de los apoyos federales, con una inversión de 45 mil 939 millones de pesos. Entre ellos destacan 430 mil 749 adultos mayores con pensión, 80 mil 744 personas con discapacidad, 190 mil 107 estudiantes con beca Benito Juárez y 388 mil niñas y niños con apoyo directo. Además, 337 mil productores participan en Producción para el Bienestar, 344 mil reciben fertilizantes gratuitos y 78 mil 427 forman parte de Sembrando Vida.

Otros rubros contemplan 238 mil familias beneficiadas con Leche para el Bienestar, la intervención de 9 mil 652 escuelas básicas, 593 planteles de educación media superior y 189 mil 106 estudiantes de secundaria con beca Rita Cetina.

En materia de salud, destacó la apertura del Hospital General de Zona No. 13 “14 de Septiembre”, la rehabilitación del Hospital Rural Albergue en Bochil, la ampliación de la Clínica Hospital “Dr. Roberto Nettel”en Tapachula y nuevas unidades médicas en Chiapa de Corzo, Tapilula y Tonalá.

En infraestructura, adelantó la construcción de una vía de carga del Tren Maya, obras carreteras como la Macuspana-Escárcega y la Palenque-Ocosingo, además del puente Rizo de Oro y caminos artesanales. También se ejecutan proyectos de protección contra inundaciones y se construirá en cada municipio un Centro LIBRE para las mujeres.

Sheinbaum anunció que el próximo año arrancará la compra de café del Soconusco con Precios de Garantía, así como la recuperación de la producción de maíz en La Fraylesca y la instalación de una planta procesadora de harina de maíz. Asimismo, informó que más de 60 mil familias fueron beneficiadas con descuentos y congelamiento de créditos de Infonavit y FOVISSSTE, mientras que 82 mil 23 viviendas se construirán como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Finalmente, destacó la apertura de un plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Tapachula y la construcción de uno más en la región, como parte del impulso educativo en el estado.

Un caso sin precedentes ha llamado la atención en la frontera sur de Estados Unidos. Cuatro ciudadanos mexicanos han sido acusados formalmente por un gran jurado en el Distrito Sur de Texas por presunta pesca ilegal en aguas estadounidenses del Golfo de México. La información fue confirmada este jueves por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), destacando que se trata del primer caso de este tipo procesado en la región.

Los acusados son Miguel Ángel Ramírez Vidal, de 32 años; Jesús David Luna Márquez, de 20; Jesús Roberto Morales Amador, de 27; y José Daniel Santiago Mendoza, de 22. Según el comunicado oficial, enfrentan cargos por “transporte ilegal de pescado extraído del Golfo de México” con la presunta intención de comercializarlo en territorio mexicano.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la embarcación en la que viajaban fue detectada aproximadamente a siete millas náuticas (unos 13 kilómetros) al norte de la línea fronteriza marítima entre México y Estados Unidos, y más de 33 kilómetros al este de la Isla del Padre, en Texas. En ese punto, el grupo habría sido sorprendido pescando con cerca de cuatro kilómetros de sedal de nailon grueso y un aproximado de mil 200 anzuelos.

La acusación federal sostiene que los implicados operaban en una lancha sin identificación visible: sin nombre, sin registro oficial, sin bandera de ningún país y sin luces de navegación. Las autoridades también afirman que ninguno de los tripulantes contaba con permisos válidos para realizar actividades de pesca en aguas jurisdiccionales de Estados Unidos.

Entre los hallazgos más relevantes del caso se encuentra la cantidad de producto presuntamente capturado: aproximadamente 315 kilogramos de huachinango, especie altamente valorada en el mercado, que habría sido extraída de forma ilegal para su posterior venta en México.

Las penas que podrían enfrentar, en caso de ser encontrados culpables, incluyen hasta cinco años de prisión federal, además de una multa económica que podría alcanzar los 250 mil dólares, según la legislación vigente.

El caso ha encendido alertas sobre la vigilancia en aguas internacionales y las prácticas ilegales que amenazan los recursos marinos compartidos. Mientras avanzan los procedimientos judiciales, las autoridades continúan reforzando los operativos de control en las zonas marítimas del sur de Texas.