El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) le ha instruido retirar el contenido de la conferencia matutina del pasado 8 de marzo, donde cuestionó la participación del abogado Vidulfo Rosales en actos de campaña de Claudia Sheinbaum, relacionándolos con la generación de violencia en protesta por el caso Ayotzinapa.

Según detalló López Obrador, la notificación de la Comisión llegó el martes de esta semana a Palacio Nacional, estableciendo un plazo de 6 horas para que el gobierno federal eliminara dicho planteamiento de todas sus plataformas digitales.

El presidente expresó su malestar por lo que considera un intento de censura, afirmando que su intervención se limitaba al ejercicio de su derecho de réplica y que en ningún momento incurrió en irregularidades. “Tan solo hice un llamado para que no fueran a provocar”, señaló el mandatario.

López Obrador recordó un hecho específico que mencionó en la conferencia, sin entrar en detalles, donde se refería a una declaración que indicaba la intención de generar disturbios en eventos políticos. Sin embargo, argumentó que esto no guardaba relación con el ámbito electoral y que solo buscaba mantener la calma y la paz en el proceso político.

En la conferencia del 8 de marzo, realizada en Michoacán, el presidente había instado al abogado de los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa a evitar caer en provocaciones, especialmente después de anunciar acciones de protesta radical. En ese contexto, había cuestionado la decisión de dirigir las protestas específicamente hacia una candidata presidencial.

El mandatario compartió estos detalles con los medios de comunicación, subrayando la presión que enfrenta su administración para retirar ciertos contenidos de sus conferencias.

En una sesión marcada por tensiones políticas, la Comisión de Gobernación del Senado ha asumido el análisis de las controvertidas propuestas de desaparición de poderes en los estados de Guerrero y Guanajuato. Este movimiento surge tras una evaluación exhaustiva de la situación en ambas entidades, donde la ingobernabilidad ha sido señalada como un problema crítico por diversos sectores legislativos.

Las iniciativas, presentadas por distintas fracciones políticas, reflejan la preocupación por la incapacidad percibida de los gobiernos locales para mantener el orden y abordar la creciente violencia e inseguridad. Tanto el Partido Acción Nacional (PAN), en el caso de Guerrero, como el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en Guanajuato, han instado a la acción, desencadenando un enfrentamiento en el Senado que ahora deberá ser resuelto por las comisiones de gobernación y el Pleno.

El legislador Félix Salgado Macedonio ha expresado su preocupación por las posibles ramificaciones de estas medidas, advirtiendo sobre el riesgo de desencadenar un conflicto prolongado en otras entidades. La desaparición de poderes, un proceso que implica la suspensión temporal de las funciones de los poderes Ejecutivo, Judicial o Legislativo en una región específica, es una medida contemplada en la legislación para abordar situaciones donde se quebrantan los principios del régimen federal, se abandona el ejercicio de funciones sin justificación adecuada, o se promueven formas de gobierno que no cumplen con la base constitucional.

Es importante destacar que la desaparición de poderes no implica una eliminación definitiva del gobierno, sino más bien un acto de reconstrucción institucional. El Senado, como órgano encargado de evaluar estas propuestas, tiene la responsabilidad de determinar si proceden en los casos planteados, así como de participar en la designación de un gobierno provisional si fuera necesario.

En resumen, mientras la Comisión de Gobernación del Senado aborda estas propuestas, queda en juego el futuro político de Guerrero y Guanajuato, así como el precedente que esto podría establecer para otras entidades en el país.