Obispos alertan sobre la sombra del crimen en elecciones judiciales

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lanzó una señal de alerta contundente ante el proceso electoral que definirá el rumbo del Poder Judicial en México. A pocas semanas de las votaciones del 1 de junio, los obispos expresaron su temor de que la delincuencia organizada o personas sin el perfil adecuado accedan a cargos clave del sistema judicial del país.

Durante la CXVIII Asamblea de la CEM, el Obispo Ramón Castro Castro, en su calidad de presidente del organismo, hizo eco de una preocupación que ha ido creciendo no solo en círculos eclesiásticos, sino en diversos sectores de la sociedad. “Tenemos temor de que vayan a llegar algunas personas que no sean las idóneas para servir en algo tan importante”, declaró en conferencia de prensa. También señaló que existe el riesgo de que “los mismos servidores públicos puedan caer en manos del crimen organizado”, un escenario que califica como una amenaza real, en medio de un contexto nacional marcado por la violencia.

En paralelo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció recientemente la presencia de candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico. El legislador aseguró que algunos de los aspirantes a formar parte del nuevo Poder Judicial han fungido como defensores de capos del crimen organizado y advirtió que la Cámara Alta ya prepara una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra una veintena de esos perfiles.

Este proceso electoral, inédito en México, convoca a 99.7 millones de personas para elegir, por primera vez en la historia del país, a 881 cargos judiciales. Entre los puestos en disputa se encuentran los de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, mientras diversas voces, entre ellas organismos internacionales como la ONU y organizaciones de la sociedad civil, han advertido sobre el riesgo de intromisiones indebidas tanto del crimen como del propio Poder Ejecutivo. 

En un mensaje dirigido a la comunidad católica, la CEM hizo un llamado a la unidad, la esperanza y la participación activa, sin dejarse vencer por la violencia ni la incertidumbre. También reiteró su solidaridad con los sectores más vulnerables, como víctimas de violencia, migrantes, mujeres, jóvenes y pueblos originarios. “Seamos una Iglesia donde todas las voces cuenten”, subrayaron los obispos.

El panorama se torna aún más delicado ante tragedias recientes como el asesinato de ocho jóvenes en una comunidad de la Diócesis de Irapuato, en Guanajuato, lo que refuerza la urgencia del llamado eclesiástico. La Iglesia católica, golpeada también por la inseguridad, se suma al coro de advertencias que buscan preservar la legalidad, la justicia y la paz en una etapa crítica para el país.

México endurece reglas: Cárcel por explosivos caseros y armas modificadas

El Senado de la República cerró su periodo ordinario con un golpe firme al crimen. Con 105 votos a favor y el respaldo de todas las bancadas, aprobó reformas clave a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, enfocadas en fortalecer el control de armas, explosivos y sustancias relacionadas en todo el país. El dictamen fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación oficial en el Diario Oficial de la Federación.

La nueva reforma marca un antes y un después en la legislación mexicana. Se fija una pena de prisión de 20 años a toda persona que fabrique, transporte, posea, porte, comercialice, transfiera o use artefactos explosivos improvisados, como bombas caseras o drones explosivos. Si el delito se comete con fines de delincuencia organizada, la condena podría escalar hasta los 50 años de prisión.

El endurecimiento de las penas no se detiene ahí. Cualquier alteración o modificación de un arma también será castigada con penas que van de cuatro a ocho años de prisión, buscando frenar la tendencia de adaptar armas para incrementar su letalidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional apoyó esta iniciativa, resaltando su importancia para fortalecer las tareas de seguridad pública que llevan a cabo sus elementos en las calles del país.

La reforma también toca a quienes ejercen actividades legales relacionadas con armas. Ejidatarios, comuneros y jornaleros podrán poseer varias armas en sus domicilios, específicamente escopetas de cualquier calibre, con excepción de aquellas con cañones de longitud inferior a .635 milímetros o de calibre superior a 18.5 milímetros. Además, los practicantes de tiro o cacería debidamente acreditados ante la Sedena podrán tener hasta 10 armas de fuego en sus hogares.

El dictamen establece seis objetivos fundamentales: consolidar el carácter de orden público e interés social de la ley; extender su observancia a todo el territorio nacional; reforzar el control estatal sobre actividades conexas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas; actualizar la tipología de armamento y accesorios; precisar las condiciones de posesión y portación; y obligar a los tres niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de desarme y promoción de la cultura de paz.

Con esta reforma, México busca blindarse frente a los nuevos desafíos de seguridad, cerrando la puerta a las amenazas que representan los explosivos improvisados y las armas ilegales, mientras impulsa una cultura de responsabilidad y paz.

Caída en Segalmex: Arrestan a exfuncionario ligado a escándalo de leche fantasma

El escándalo de corrupción que rodea a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) sumó un nuevo episodio con la detención de Hugo Buentello Carbonell, exsubdirector de Operaciones en Liconsa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó este jueves su aprehensión, relacionada con un posible caso de delincuencia organizada por la firma de contratos millonarios para el suministro de leche que nunca llegó a destino. 

La captura se realizó el pasado viernes 11 de abril, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, aunque los cargos específicos aún no han sido revelados oficialmente. El arresto forma parte de una investigación de gran escala que sacude a las instituciones encargadas del abasto alimentario en México.

 

Buentello Carbonell aparece en el centro de un entramado que involucra a varios personajes clave. Es hermano de Carlos Buentello Carbonell, quien ha sido señalado como un operador fundamental dentro de una red de empresas relacionadas con allegados de Andrés López Beltrán, hijo del presidente de la República. Además, ha colaborado estrechamente con Alejandro Castro Jiménez Labora, identificado como amigo personal de López Beltrán.

 

En su trayectoria profesional, Hugo Buentello se ha desempeñado en el sector privado en compañías como Gulf de México, Industrial Wohl S.A. de C.V. y Grupo Stepa Multiempeños, antes de asumir cargos públicos en Liconsa, empresa estatal clave en la distribución de leche subsidiada.

 

Este arresto se da en un contexto tenso y complejo para Segalmex. En 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre la presentación de 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos que presuntamente ocasionaron un daño patrimonial considerable a Segalmex, Diconsa y Liconsa. Estas denuncias continúan en proceso y se investigan bajo la figura de delincuencia organizada.

 

El caso Segalmex ha sido considerado uno de los mayores escándalos de desvío de recursos públicos de los últimos años. La magnitud del daño, la implicación de múltiples funcionarios y la opacidad en los contratos lo han convertido en un tema prioritario para las autoridades federales.

 

Con la detención de Buentello Carbonell, el cerco sobre los responsables se cierra cada vez más. Las investigaciones siguen en marcha y podrían derivar en nuevas detenciones. Mientras tanto, las miradas se mantienen fijas en la red de complicidades que se teje alrededor de uno de los casos más delicados de la administración pública reciente.

Cae el último intento de ‘La Tuta’: Se allana el camino hacia su extradición

El intento legal de Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, por frenar su posible extradición a Estados Unidos ha sido oficialmente desechado. El líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios queda sin el recurso de amparo que buscaba detener el proceso. 

El expediente judicial 284/2025 revela que el plazo para ratificar la demanda venció sin que el quejoso manifestara interés alguno. A esto se sumó la incomparecencia de su abogada, quien tampoco se ratificó como su defensora ni respondió los requerimientos judiciales. Por ello, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca resolvió que no había elementos suficientes para considerar válida la demanda.

 

Las argumentaciones presentadas por Gómez Martínez el pasado 3 de abril fueron consideradas impertinentes, al señalar hechos que no guardaban relación directa con el acto reclamado. El juzgado fue claro: no se acreditó la pretensión jurídica, por lo que la demanda se tiene por no presentada.

 

Actualmente, La Tuta se encuentra en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya, Estado de México. Fue capturado en 2015 y cumple condenas por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro, con penas acumuladas que suman 58 años de prisión.

 

Este fallo judicial surge en un contexto de creciente cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. El pasado 1 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existen listas de criminales que podrían ser extraditados, aunque aclaró que esas listas ya estaban elaboradas antes del inicio de su gestión. La declaración ocurrió tras el anuncio de la entrega de 29 capos del narcotráfico por parte del gobierno mexicano a autoridades estadounidenses, acción liderada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

 

Además, un artículo reciente del periodista británico Ioan Grillo encendió las alertas: una nueva oleada de extradiciones estaría siendo preparada. Esta vez, se trataría de 40 criminales de alto perfil, entre los que figura Servando Gómez Martínez. Aunque oficialmente no se ha confirmado esta segunda ronda, la exclusión del amparo fortalece las posibilidades de que el narcotraficante michoacano sea uno de los próximos en ser entregado.

 

Mientras las autoridades mexicanas intensifican su estrategia binacional contra el crimen organizado, el desechamiento del amparo representa un revés legal importante para uno de los líderes criminales más notorios de la última década.

“La Tuta” intenta frenar su salida de México y prende las alertas legales

Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, busca una vía legal para evitar ser trasladado fuera del país. El exlíder del grupo criminal Los Caballeros Templarios ha solicitado un amparo para impedir su posible extradición a Estados Unidos, argumentando que es “uno de los candidatos a ser enviado” por el gobierno federal. 

La petición fue registrada bajo el expediente 284/2025 el pasado 3 de abril, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca. La medida fue clasificada como una suspensión de oficio contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en función de los criterios legales que aplican cuando se considera que una persona podría ser objeto de destierro, deportación o penas que puedan comprometer su integridad.

 

El exlíder criminal permanece interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya, Estado de México, desde marzo de 2015. Ahí cumple dos sentencias: una por delincuencia organizada y delitos contra la salud, y otra por secuestro, esta última dictada por un juzgado de Michoacán. Las condenas suman un total de 58 años de prisión.

 

Gómez Martínez fue detenido durante una etapa crítica de inseguridad en el estado de Michoacán, como parte de las acciones de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral, implementada por autoridades federales. Desde entonces, su figura ha permanecido como símbolo de uno de los periodos más violentos vividos en la región.

 

Según los argumentos de su defensa, hasta la fecha de la solicitud, el interno no había sido notificado ni estaba sujeto a un proceso formal de extradición. Sin embargo, la defensa consideró urgente la medida preventiva ante un posible traslado inmediato.

 

Este movimiento legal se da poco después de que el gobierno federal anunciara la entrega de 27 figuras del crimen organizado a las autoridades de Estados Unidos, el pasado 27 de febrero. En ese grupo se encontraban nombres como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, todos considerados de alto perfil dentro del crimen organizado en el país.

 

La solicitud de “La Tuta” añade una nueva capa de atención sobre el manejo de reos considerados de alto riesgo, y mantiene en foco la política de cooperación binacional en temas de seguridad y justicia. El desenlace del proceso de amparo y cualquier eventual acción diplomática o judicial marcarán los próximos pasos del caso.

Capturan a ex policía vinculado al caso Ayotzinapa en un operativo especial en Guerrero

Autoridades federales ejecutaron una orden de aprehensión en Guerrero contra Rey ‘N’, alias El Negro, ex policía municipal presuntamente implicado en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La detención se realizó por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

El arresto de Flores Hernández, de 50 años, ocurrió en la colonia Plan de Iguala gracias a un operativo de vigilancia coordinado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Fiscalía General de la República (FGR) y diversas fuerzas de seguridad, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

 

Investigaciones señalan que desde 2013, el detenido operaba como parte del grupo de reacción de Los Bélicos, una célula vinculada al trasiego de drogas para Guerreros Unidos, además de estar involucrado en la privación ilegal de personas de grupos rivales. En 2014, durante su periodo como policía municipal, brindó custodia a una camioneta de redilas de tres toneladas de color blanco, relacionada con la desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

 

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la participación de más involucrados en este caso. Durante marzo, la FGR intensificó la búsqueda de Edgar Damián Sandoval Albarrán, alias La Rana o El Güereque, señalado como integrante de Guerreros Unidos y presuntamente implicado en la desaparición de los 43 estudiantes.

 

Declaraciones previas han señalado a La Rana en el levantamiento y secuestro de los normalistas. Testimonios como el de El Cepillo indican que varios integrantes del grupo criminal participaron en estos hechos, incluyendo a El Wereke, Dubalin, Wasa, Pajarraco, Kikis y Patricio Reyes Landa, alias Pato, bajo el liderazgo de Gildardo López Astudillo, El Gil.

 

El 28 de octubre de 2014, Jonathan Osorio Cortés, El Jona, detalló que La Rana trasladó a cuatro personas en una camioneta estaquitas durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Una de las víctimas ya había perdido la vida, con una herida en la cabeza y el cuerpo frío, lo que indicaba que llevaba horas sin vida.

 

Las investigaciones continúan en busca de justicia para los 43 normalistas desaparecidos, mientras las autoridades refuerzan sus operativos para dar con todos los responsables de este caso que ha marcado la historia de México.

El Lastra, reclutador del CJNG que operaba en el rancho Izaguirre es procesado: FGR

José Gregorio Lastra Hermida, alias “El Lastra”, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en la portación de un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, con la agravante de haber sido servidor público. También enfrenta acusaciones por delitos contra la salud en su modalidad de comercio.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que junto a “El Lastra”, otra persona identificada como Abril “R” también fue vinculada a proceso por delitos contra la salud. Ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano y al Centro Federal de Readaptación Social número 16 Morelos, respectivamente, donde cumplirán con la medida de prisión preventiva oficiosa.

 

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que José Gregorio fungía como el jefe del rancho Izaguirre, un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su función principal era el reclutamiento de personas para la organización criminal hasta principios de marzo de 2025.

 

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Harfuch detalló que, según el testimonio del detenido, las personas privadas de la libertad en el rancho eran sometidas a entrenamiento criminal. Aquellos que se resistían o intentaban escapar eran golpeados y torturados.

 

José Gregorio Lastra Hermida fue identificado como colaborador de Gonzalo “N”, alias “El Sapo”, un líder regional del CJNG en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Además, se le señala como el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de dos estudiantes universitarios en junio del año pasado.

 

Desde mayo de 2024 hasta marzo de 2025, “El Lastra” lideró el reclutamiento para el CJNG, después de haber recibido órdenes directas de “El Sapo” en una reunión en Puerto Vallarta. Su grupo de colaboradores ofrecía empleos como guardias de seguridad con sueldos de entre 4 mil y 12 mil pesos semanales, una estrategia para atraer nuevos integrantes al cártel.

 

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) continúa con la investigación para desmantelar la estructura criminal vinculada a “El Lastra” y sus operaciones en el rancho Izaguirre, reforzando la lucha contra la delincuencia organizada en el país.

Tribunal confirma que no hay pruebas contra ‘El Mochomo’ en caso Ayotzinapa

Un Tribunal de Apelaciones del Estado de México ha confirmado la absolución de Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, por el delito de delincuencia organizada, en relación con las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La resolución se basa en la falta de pruebas que acreditaran la existencia del grupo criminal con el que se le vinculaba. 

Según el expediente 486/2023, la sentencia dictada en octubre de 2023 por un juez de distrito especializado en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en el penal de Almoloya de Juárez, fue ratificada. “El juez de enjuiciamiento dictó sentencia absolutoria a los justiciables, al no acreditarse el delito de delincuencia organizada”, señala el fallo.

 

La Fiscalía General de la República (FGR) intentó revertir esta decisión, argumentando que Casarrubias Salgado formaba parte de la organización delictiva “Guerreros Unidos”, presuntamente implicada en la desaparición de los estudiantes. No obstante, el tribunal desestimó estos argumentos por considerarlos inoperantes.

 

Desde su detención en 2020, “El Mochomo” ha enfrentado diversas acusaciones. En diciembre de ese año, presentó un amparo contra el auto de formal prisión que se le dictó. En octubre de 2023, un juez federal lo absolvió, lo que provocó la inmediata apelación por parte de la FGR.

 

El caso Ayotzinapa sigue siendo un tema de gran relevancia en México. Según la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron detenidos en Iguala por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron y arrojaron sus restos al río San Juan en Cocula. Sin embargo, investigaciones posteriores han cuestionado esta narrativa.

 

La decisión judicial sobre Casarrubias Salgado genera nuevas interrogantes en torno a la investigación del caso y el papel de las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, familiares y organizaciones continúan exigiendo justicia y verdad sobre lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa.

Asesinan a líder pesquero Sunshine Rodríguez en un ataque masivo y directo

El líder pesquero Sunshine Rodríguez Peña fue asesinado el sábado en el Puerto de San Felipe, en Mexicali, Baja California. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que recibió más de 40 disparos en lo que se presume fue un ataque directo perpetrado por al menos tres hombres encapuchados.

La fiscal estatal, María Elena Andrade, señaló que el ataque ocurrió en una zona con bajo índice delictivo y que los agresores descendieron de un vehículo blanco, disparando con armas calibre nueve milímetros. “No hubo víctimas colaterales y el ataque estuvo dirigido únicamente contra Rodríguez Peña”, explicó Andrade. Además, detalló que la víctima tenía más de 70 lesiones, considerando heridas de entrada y salida de bala.

 

Las autoridades investigan si los agresores esperaron a que Rodríguez Peña estuviera solo, ya que había otras personas en el lugar que no resultaron heridas. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró en redes sociales que no habrá impunidad en este caso. “Hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado esclarecer este hecho. La fiscal María Elena Andrade contará con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado”, afirmó.

 

La familia del líder pesquero declaró que había recibido amenazas desde hace años, aunque continuaba con su trabajo de venta de pescado en barrios de Mexicali sin esconderse. Su historial judicial incluye una detención en 2021, cuando fue acusado de delincuencia organizada y pesca ilegal de totoaba, una especie cuya captura ha contribuido a la extinción de la vaquita marina en México. Sin embargo, en 2023 fue declarado inocente por un juez tras pasar dos años en prisión. La Fiscalía General de la República presentó más de 20 testigos en su contra, pero el juez determinó que no había pruebas contundentes que lo vincularan con delitos ambientales.

 

El asesinato de Rodríguez Peña ha generado preocupación en la comunidad pesquera de Baja California, mientras las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los responsables del crimen.

México alza la voz: Sheinbaum desafía los aranceles de Trump

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado que responderá con “medidas arancelarias y no arancelarias” a partir del próximo domingo, tras la decisión de Estados Unidos de imponer un 25% de aranceles a los productos mexicanos. La presidenta calificó esta medida como “injustificada” y aseguró que dañará a ambos países. En respuesta, Sheinbaum ha convocado a una movilización en el Zócalo para manifestar el rechazo a estas acciones y reafirmar la unidad nacional 

El gobierno de México ha subrayado que ha implementado estrategias para combatir el tráfico de fentanilo y la delincuencia organizada, así como reuniones bilaterales que resultaron en acuerdos sustantivos de cooperación con Estados Unidos. No obstante, estas acciones no evitaron la aplicación de los aranceles. “No queremos una guerra comercial, esto afecta a la gente”, declaró la presidenta, quien busca agotar las vías diplomáticas antes de tomar represalias.

 

El próximo jueves, Sheinbaum mantendrá una conversación telefónica con Donald Trump para intentar alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el presidente estadounidense ha indicado que “no hay margen” para reconsiderar la medida, afectando no solo a México, sino también a Canadá y China. Mientras tanto, el gobierno canadiense ha anunciado un impuesto espejo del 25%, y China ha respondido con restricciones a productos agroalimentarios y a empresas de seguridad y defensa estadounidenses.

 

El impacto económico para México es significativo, dado que el 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos. La presidenta ha advertido que los costos de producción aumentarán y los consumidores estadounidenses enfrentarán precios más altos. Además, la Bolsa mexicana ha registrado caídas y el peso se ha depreciado frente al dólar.

 

La relación comercial entre México y Estados Unidos enfrenta un momento crítico, poniendo en riesgo la cooperación en seguridad y la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Sheinbaum enfatizó que el fentanilo no es un problema exclusivo de México y que cada país debe asumir su responsabilidad.

 

Si no se logra un acuerdo en la próxima llamada con Trump, Sheinbaum aseguró que se aplicarán medidas espejo. “Nosotros también vamos a responder”, afirmó, dejando claro que el gobierno mexicano no permanecerá pasivo ante la imposición de estas tarifas.