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El Gobierno de México está evaluando la implementación de créditos fiscales como incentivo para atraer a empresas extranjeras a invertir y producir en el país, en sectores clave como vehículos eléctricos, semiconductores, minerales raros, baterías y electrónica. Así lo informó el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Gutiérrez, en declaraciones a la agencia Reuters.

Gutiérrez señaló que la propuesta se inspira en los programas de incentivos de Estados Unidos y Canadá, lo que podría resultar en una mayor inversión de empresas internacionales en México. “Estamos considerando seriamente la posibilidad de ofrecer programas de créditos fiscales similares a los de nuestros vecinos del norte, lo cual creemos que nos permitiría atraer a muchas empresas”, indicó.

Los incentivos fiscales estarían disponibles para empresas de cualquier país, incluida China, aunque Gutiérrez subrayó que México no funcionaría como un “puente” para que China acceda al mercado estadounidense.

De acuerdo con un documento interno del gobierno, México ya ha comenzado a trabajar con empresas como Foxconn, Intel, General Motors, Stellantis y DHL para identificar productos que puedan ser manufacturados localmente, en lugar de ser importados desde Asia. El objetivo es reducir la dependencia de importaciones provenientes de países como China, Malasia, Vietnam y Taiwán.

Aunque Gutiérrez no comentó sobre las compañías mencionadas en el documento, sí reconoció que la postura hacia las empresas automotrices chinas refleja un cambio respecto a la administración anterior. En abril, Reuters informó que México no tenía planes de ofrecer incentivos a fabricantes de vehículos chinos debido a la presión de Estados Unidos.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum está revisando las políticas comerciales de Washington y Ottawa hacia China, con miras a alinear su enfoque ante las prácticas comerciales que podrían ser consideradas desleales, como parte de una evaluación próxima del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Uno de los temas bajo análisis son las importaciones de acero, donde se busca evitar que productos chinos evadan los aranceles estadounidenses utilizando a México como intermediario. A pesar de estas tensiones, Gutiérrez aseguró que México seguirá priorizando su relación con Estados Unidos y Canadá, sin que ello implique un distanciamiento o rechazo a la inversión china en el país.

Estas declaraciones llegan en medio de advertencias del candidato presidencial estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con imponer nuevos aranceles para evitar que fabricantes chinos de automóviles exporten vehículos desde México a Estados Unidos. No obstante, Gutiérrez afirmó que México está preparado para trabajar con cualquiera de los candidatos estadounidenses, ya sea Trump o Kamala Harris, en caso de que gane las elecciones presidenciales de noviembre.

A pesar de la incertidumbre económica provocada por la reforma judicial reciente, Gutiérrez afirmó que ninguna empresa ha retirado sus inversiones del país debido al nerviosismo en los mercados. “No hemos tenido conocimiento de ninguna empresa que decida irse por temor a invertir aquí”, concluyó.

Morena está evaluando cambios en su propuesta de reforma judicial para abordar las inquietudes del mercado. Entre las modificaciones planteadas, se incluye un proceso escalonado para la elección de jueces, que se extendería a lo largo de varios años para reducir el riesgo de politización del Poder Judicial. Según fuentes involucradas en las discusiones, se propone que un comité técnico realice la selección de magistrados tras evaluar su idoneidad.

La propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contemplaba la elección de casi 1,600 jueces, incluidos los de la Corte Suprema, mediante voto popular, había generado preocupación entre los inversionistas. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, ha defendido la necesidad de esta reforma.

Adicionalmente, se prevé la protección de los fideicomisos de los trabajadores judiciales, a pesar de que el Senado había votado anteriormente para eliminar 13 de estos fideicomisos, lo que había provocado tensiones entre el gobierno y el poder judicial. La Suprema Corte, sin embargo, revocó esa decisión.

El peso mexicano cayó un 8% la semana siguiente a las elecciones del 2 de junio, que resultaron en una supermayoría de Morena en la Cámara de Diputados. A pesar de la volatilidad del mercado, López Obrador ha negado que esté relacionada con la reforma judicial.

La reforma también propone reducir el número de jueces de la Suprema Corte de 11 a 9, argumentando que es necesario para transformar un sistema de justicia que, según él, no sirve al pueblo. Los críticos advierten que la elección de jueces por voto popular podría politizar el sistema en favor de Morena y sus aliados.

En respuesta a estas preocupaciones, las nuevas modificaciones también considerarán una revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) en 2026. La elección popular de jueces sin condiciones estrictas podría afectar el funcionamiento de los tribunales laborales en México, creados para resolver rápidamente los conflictos laborales bajo el TMEC. Los legisladores ajustarán la reforma para asegurar que no interfiera con el marco jurídico y comercial del tratado.

Ricardo Monreal, quien liderará a Morena en la Cámara Baja cuando inicie el nuevo Congreso en septiembre, indicó que los legisladores trabajarán en enriquecer la propuesta presidencial mientras mantienen los principios y compromisos fundamentales.

En un histórico revés judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), una polémica reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar la participación del sector privado en el mercado energético mexicano.

Este fallo, producto de un amparo que argumentaba afectaciones al medio ambiente, marca un momento significativo en la relación entre el gobierno mexicano y las empresas privadas del sector.

La Segunda Sala de la SCJN otorgó el primer amparo contra la LIE, beneficiando a seis empresas específicas: La Bufa Wind, Compañía de Energía Mexicana, Eléctrica Del Valle de México, Fuerza Eólica del Istmo, Eólica de Coahuila y Eóliatec de Istmo. Sin embargo, este amparo no establece un precedente general, sino que se aplica de manera puntual a estas compañías, permitiéndoles regirse por el estatuto previo a la reforma de marzo de 2021.

El voto de calidad del presidente de la Sala, Alberto Pérez Dayán, fue determinante para conceder la protección de la justicia a estas empresas. La votación reflejó una división entre los ministros, con Luis María Aguilar apoyando el proyecto, mientras que Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guarradama expresaron su desacuerdo.

La ministra Lenia Batres argumentó en contra del proyecto durante más de 20 minutos, cuestionando el procedimiento y señalando que el tema ya había sido discutido en una acción de inconstitucionalidad anterior. Por su parte, la ministra Esquivel Mossa manifestó su desacuerdo con la interpretación del presidente de la Sala sobre el artículo 56 de la Ley de Amparo, relacionado con el voto de calidad.

El presidente Pérez Dayán defendió el proyecto, afirmando que recogía los argumentos de inconstitucionalidad expresados por siete ministros del Pleno en 2022. La sala dejó pendiente la discusión de otro proyecto de sentencia elaborado por el ministro Javier Laynez, el cual también propone otorgar la protección de la justicia a otras compañías afectadas por la LIE.

Es importante destacar que, previamente, el Pleno de la SCJN desestimó una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición contra la LIE en abril de 2022, ya que no se alcanzaron los ocho votos necesarios para declararla inconstitucional. Esto dejó la norma vigente, y las empresas afectadas recurrieron a amparos para evitar su aplicación.

El fallo de la SCJN amparando a estas seis empresas se sustentó en la vulneración de principios constitucionales, como la competencia y la libre concurrencia, así como el principio de desarrollo sustentable. Los ministros votaron a favor de un amparo que destacaba los efectos negativos de la reforma en el medio ambiente.

Este revés judicial no sólo tiene implicaciones en el ámbito nacional, sino que su impacto se extiende al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). La reforma a la LIE fue uno de los detonantes de tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, quienes han señalado violaciones al tratado por parte del país latinoamericano. La declaración de inconstitucionalidad de la LIE suaviza estas tensiones y ofrece a México una posición más favorable en las negociaciones bajo el TMEC.