Caída en Segalmex: Arrestan a exfuncionario ligado a escándalo de leche fantasma

El escándalo de corrupción que rodea a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) sumó un nuevo episodio con la detención de Hugo Buentello Carbonell, exsubdirector de Operaciones en Liconsa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó este jueves su aprehensión, relacionada con un posible caso de delincuencia organizada por la firma de contratos millonarios para el suministro de leche que nunca llegó a destino. 

La captura se realizó el pasado viernes 11 de abril, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, aunque los cargos específicos aún no han sido revelados oficialmente. El arresto forma parte de una investigación de gran escala que sacude a las instituciones encargadas del abasto alimentario en México.

 

Buentello Carbonell aparece en el centro de un entramado que involucra a varios personajes clave. Es hermano de Carlos Buentello Carbonell, quien ha sido señalado como un operador fundamental dentro de una red de empresas relacionadas con allegados de Andrés López Beltrán, hijo del presidente de la República. Además, ha colaborado estrechamente con Alejandro Castro Jiménez Labora, identificado como amigo personal de López Beltrán.

 

En su trayectoria profesional, Hugo Buentello se ha desempeñado en el sector privado en compañías como Gulf de México, Industrial Wohl S.A. de C.V. y Grupo Stepa Multiempeños, antes de asumir cargos públicos en Liconsa, empresa estatal clave en la distribución de leche subsidiada.

 

Este arresto se da en un contexto tenso y complejo para Segalmex. En 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre la presentación de 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos que presuntamente ocasionaron un daño patrimonial considerable a Segalmex, Diconsa y Liconsa. Estas denuncias continúan en proceso y se investigan bajo la figura de delincuencia organizada.

 

El caso Segalmex ha sido considerado uno de los mayores escándalos de desvío de recursos públicos de los últimos años. La magnitud del daño, la implicación de múltiples funcionarios y la opacidad en los contratos lo han convertido en un tema prioritario para las autoridades federales.

 

Con la detención de Buentello Carbonell, el cerco sobre los responsables se cierra cada vez más. Las investigaciones siguen en marcha y podrían derivar en nuevas detenciones. Mientras tanto, las miradas se mantienen fijas en la red de complicidades que se teje alrededor de uno de los casos más delicados de la administración pública reciente.

Presidente del INAI ofrece su cargo para evitar la desaparición del organismo

La posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha desatado un intenso debate en el país. Ante la creciente presión y las propuestas legislativas que buscan disolver al organismo, Adrián Alcalá, presidente del INAI, ha puesto sobre la mesa su renuncia, un movimiento inesperado que busca evitar la eliminación de esta institución autónoma.

 

“Mi renuncia está disponible, siempre y cuando se garantice que los derechos de la sociedad serán atendidos de inmediato”, declaró Alcalá. Con esta afirmación, el comisionado dejó en claro que su prioridad es asegurar la continuidad de una institución que ha sido fundamental para proteger el derecho a la información y a los datos personales de los ciudadanos.

 

El comisionado también subrayó que la desaparición del INAI no solo afectaría los derechos de los mexicanos, sino que podría tener consecuencias internacionales, específicamente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Alcalá advirtió que el tratado exige la existencia de organismos autónomos que aseguren el flujo transfronterizo de datos personales entre los países miembros. De desaparecer el INAI, México se arriesgaría a vulnerar un acuerdo que es crucial para la economía y la confianza internacional en el país.

 

Además de ofrecer su renuncia, el INAI ha presentado a la Secretaría de Gobernación una propuesta para reducir el gasto corriente del instituto, que incluye una reducción salarial de los comisionados y un recorte en el número de integrantes del organismo, de siete a cinco, lo que representaría un ahorro de 330 millones de pesos. Esta estrategia, explicó Alcalá, busca demostrar que el INAI está comprometido con la austeridad y la transparencia, elementos clave que podrían convencer al Congreso de la necesidad de mantenerlo en funcionamiento.

 

La propuesta de pasar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha generado preocupación entre activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. Para muchos, esta medida representa un retroceso en términos de imparcialidad y transparencia, ya que colocaría al gobierno en una posición de “juez y parte” en la entrega de información pública. Alcalá enfatizó el riesgo de que esta medida pueda “volver parcial la función pública y comprometer la protección de los datos personales“, lo cual, según sus palabras, “afectaría profundamente la confianza de los ciudadanos en la transparencia gubernamental”.

 

Por otro lado, el comisionado expresó su confianza en que el diálogo con los legisladores, incluyendo a figuras clave como Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, pueda generar una solución que preserve al INAI. Alcalá ha reiterado la importancia de que los derechos de los mexicanos a la información y a la protección de datos sigan garantizados por un ente independiente, y que se evite cualquier medida que comprometa esta autonomía.

 

Mientras que la sociedad civil se mantiene atenta a las decisiones del Congreso, pues la desaparición del INAI significaría un cambio radical en la forma en que los ciudadanos acceden a la información gubernamental.