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Diversos exfuncionarios públicos y personajes del ámbito político han presentado su registro para competir por uno de los codiciados puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Algunos de estos aspirantes han dejado sus cargos en el servicio público, mientras que otros buscan avanzar en el Poder Judicial tras desempeñarse en diversas funciones.

Uno de los nombres destacados es el de Marisela Morales, quien fue la primera mujer en encabezar la extinta Procuraduría General de la República (PGR), cargo que ocupó bajo la administración del expresidente Felipe Calderón. A ella se une Gerardo Márquez Guevara, quien fue fiscal de Coahuila durante siete años y recientemente dejó ese puesto, y Gilberto Higuera Bernal, fiscal de Puebla, quien también busca un lugar en la Corte.

En el terreno político, algunos aspirantes han sido cercanos a los partidos, como Andrés Alcántara Silva, exaspirante priista a diputado en Oaxaca, y Luis Euripides Alejandro Flores, exrepresentante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Francisco Becerra Ávalos, quien intentó postularse como candidato presidencial independiente en las elecciones pasadas, también ha mostrado interés en un cargo en el alto tribunal.

De la misma SCJN, varios magistrados también aspiran a un ascenso, como Nora Elizabeth Urby Genel, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México. Además, Carlos Enrique Odriozola, abogado conocido por su trabajo con personalidades, busca dejar los litigios privados para ocupar una posición de gran relevancia en la justicia mexicana.

Entre los nombres que tienen un pase directo para mantenerse en su puesto dentro de la Corte se encuentran las ministras Yazmín Esquivel, Loretta Ortíz y Lenia Batres, quienes ya cuentan con un asiento asegurado en la elección.

El Senado de la República llevó a cabo una sesión extraordinaria el pasado 12 de octubre para iniciar el proceso de insaculación, también conocido como la “tómbola judicial”, con el objetivo de definir a los candidatos para la elección popular de jueces y magistrados en 2025. Durante este evento se seleccionaron 414 magistraturas y 371 juzgados de circuito, un método que ha generado críticas entre senadores de oposición, abogados y miembros del Poder Judicial.

Manlio Fabio Beltrones Rivera, senador priista de Sonora, expresó su desacuerdo y se ausentó de la sesión, señalando: “No debemos avalar este error. La justicia no se puede sortear; necesitamos jueces competentes que apliquen la ley y la constitución, no decisiones arbitrarias”. En el mismo sentido, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, afirmó haber votado en contra de lo que consideró un acto que “pone el acceso a la justicia en manos del azar”. Moreno criticó el modelo por sustituir “la capacidad y el esfuerzo por decisiones políticas” y advirtió que México no está en condiciones de implementar este tipo de experimentos, ya que podrían comprometer las instituciones, la justicia y las libertades del país.

Por otro lado, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, calificó el proceso de insaculación como una “guillotina” que afectará las carreras de los abogados. “Lo que presenciamos hoy en el Senado es un espectáculo lamentable disfrazado de democracia; en realidad, es una guillotina que truncará las trayectorias profesionales de quienes han construido su carrera en el Poder Judicial”, manifestó Castañeda.

Magistrados y Jueces Expresan su Inconformidad

La controversia también se trasladó a las redes sociales, donde jueces y magistrados expresaron su rechazo al método de selección. La magistrada de distrito, María Emilia Molina, criticó el proceso señalando que se trata de “un ejercicio incompleto que pretende disfrazar de paritario una acción del estado que violenta los derechos humanos de las personas juzgadoras, en particular de las mujeres que hemos roto techos de cristal”.

La jueza de distrito Magdalena Victoria Oliva decidió no postularse para otro cargo en el Poder Judicial, y defendió su trayectoria: “Decliné participar. Siempre he llevado la toga con dignidad y principios. Aunque me quiten el nombramiento, mantendré mi esencia. Soy y seré una jueza de carrera que cree en una justicia de calidad”. Otra magistrada, Beatriz Moguel, también rechazó postularse tras 37 años de servicio, argumentando que no existen las condiciones para garantizar una justicia independiente y que no se prestará a una “justicia a modo”.

Abogados y representantes del gremio se sumaron a las críticas. Víctor Oléa, director del Bufete Oléa y Asociados, S.C., y presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, manifestó su solidaridad con los jueces y magistrados que, a su juicio, “perderán sus cargos y carreras profesionales por un sorteo ridículo”. Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, calificó la sesión legislativa como “uno de los capítulos más vergonzosos en la historia constitucional reciente”, advirtiendo que este proceso “sacrifica la carrera judicial de cientos de personas”.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, criticó el método de insaculación antes de que iniciara la sesión, diciendo: “Una tómbola decidirá qué jueces serán destituidos en 2025, sin considerar su mérito, capacidad o imparcialidad”. Por su parte, el analista Leonardo Núñez González opinó que México se está convirtiendo en un lugar surrealista, donde “se pierde un puesto de juez por un sorteo, sin importar la trayectoria profesional”.

En contraste, el abogado Gibrán Zazueta defendió la postura de los jueces y magistrados, afirmando que la verdadera humillación no la sufren ellos, sino quienes planearon y ejecutaron este proceso, que calificó como un “chiste ante la comunidad internacional”.

En una conferencia ante un auditorio de abogados en Nuevo León, la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, abordó el tema de las candidaturas de aquellos aspirantes a alcaldías en municipios donde no residen, señalando que esto podría contravenir la ley y las políticas públicas.

Otálora, quien visitó la región para participar en una ponencia, destacó que sería incongruente ocupar un cargo que requiere conocer de cerca las realidades y necesidades de un municipio del cual no se es habitante.

“Sería un contrasentido con lo que implica el cargo, ya que las políticas públicas deben contribuir a la vida diaria de un municipio o ayuntamiento donde uno reside”, afirmó la magistrada en respuesta a una pregunta del público durante la conferencia.

En el contexto de la charla con los abogados, enfatizó que la presidencia municipal es una posición de gran cercanía con la ciudadanía y dirigir la vida cotidiana de un ayuntamiento requiere un conocimiento directo de sus necesidades.

“Es lógico, es sentido común, que para dirigir la vida cotidiana de un ayuntamiento se debe residir en ese lugar, para entender cuáles son las necesidades”, agregó Otálora.

Durante su intervención, también se refirió a los desafíos que enfrentarán las elecciones próximas en junio, resaltando la importancia de la democracia y señalando la preocupación por la violencia generada por el crimen organizado.