La magistrada Ana María Ibarra considera que la reciente reforma al Poder Judicial abre nuevas oportunidades para que jueces, magistrados y ministros mejoren su relación con la ciudadanía. Además, ve en esta reforma una posibilidad para que más mujeres se integren a cargos judiciales, e invita a aquellas interesadas en buscar la justicia a postularse para estos puestos de elección popular.

“Como mujeres, sabemos que nada nos ha sido fácil. Llegar a nuestras posiciones ha requerido esfuerzo y trabajo constante. Mi mensaje es claro: no abandonemos el país ni la justicia”, afirmó en una entrevista para EL UNIVERSAL.

Ibarra, quien preside el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, destacó la importancia de que las mujeres trabajadoras del Poder Judicial participen en el proceso de convocatoria y no cedan espacio en la discusión pública, especialmente en una reforma que impactará a las posiciones titulares del sistema judicial. Para ella, este cambio representa una oportunidad para que quienes hoy son secretarios y oficiales también puedan aspirar a cargos más altos.

“He hablado con mis secretarios y me encantaría verlos llegar a ser magistrados. Quiero que los perfiles más sólidos aprovechen esta elección, abriendo camino a quienes, por diversas razones, no habían podido alcanzar esos espacios”, dijo.

La magistrada resaltó que este nuevo sistema de selección, aunque implica una adaptación, es una oportunidad para que trabajadores del sistema judicial progresen en su carrera. La reforma, además, pretende integrar a voces que tradicionalmente han estado excluidas de la Judicatura Federal y promover que las mujeres ocupen al menos el 50% de los puestos, en contraste con el 20% o 30% de representación femenina en tribunales y juzgados hasta ahora.

Con 15 años de experiencia en el ámbito judicial, los últimos cuatro como magistrada, Ibarra explicó que su rol implica resolver disputas personales y técnicas con imparcialidad. A su juicio, la reforma responde a una demanda social, ya que la Judicatura se había distanciado de la realidad de la sociedad y había perdido empatía con sus necesidades.

“Es fundamental que la selección de jueces sea cuidadosa, pero también necesitamos leyes que garanticen la disciplina, independencia e imparcialidad. La solución no es sencilla; se requiere de un esfuerzo legislativo y social”, afirmó.

Según Ibarra, el sistema judicial ha cometido errores estructurales que arrastra desde hace tiempo, como el enfoque excesivo en reglas procesales y un lenguaje complejo que aleja al ciudadano. “Tenemos una justicia lenta y un lenguaje demasiado formalista. La reforma busca cambiar esto y permitir que la ciudadanía participe en el proceso”, concluyó.

“Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho”, subrayó la CEM en su declaración, destacando la importancia de preservar los principios fundamentales que sustentan la vida democrática de la nación.

En un comunicado emitido el domingo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su profunda preocupación ante el escenario más sombrío que podría emerger en el actual proceso electoral en México: la intervención del crimen organizado y grupos delincuenciales. La CEM destacó que esta conjunción entre democracia electoral y criminalidad es un “binomio totalmente inaceptable“, constituyendo un signo alarmante de corrupción que debe ser evitado a toda costa.

“Creemos que el peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral en cualquier lugar y momento”, subrayó la CEM en su declaración, instando a la sociedad y a las autoridades a rechazar cualquier forma de complicidad con esta lamentable realidad.

La Iglesia Mexicana señaló que, por ningún motivo, se puede justificar la interferencia delictiva en el proceso electoral y, además, enfatizó la necesidad imperante de que las autoridades responsables de la seguridad a nivel estatal y nacional tomen medidas para garantizar la protección y un ambiente de paz durante el desarrollo de las elecciones el 2 de junio.

En su comunicado, la CEM hizo un llamado a las fuerzas del orden y a las autoridades responsables de la seguridad para que se eviten agresiones, atentados y lamentables asesinatos de candidatos, políticos, familiares, periodistas y ciudadanos en general con motivo electoral. La Iglesia subrayó la importancia de que la seguridad esté garantizada en todos los rincones del país durante este crucial evento democrático.

La expectativa de la CEM es que las elecciones de 2024 en México sirvan como un ejemplo de civilidad a la altura de la cultura democrática que los mexicanos han construido y perfeccionado en las últimas décadas. La Iglesia hace un llamado urgente a todos los actores políticos, desde las autoridades hasta los candidatos, partidos y ciudadanos, para que cumplan rigurosamente las leyes y normativas en materia electoral.

La CEM también hizo un llamado específico al Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) para que actúen con imparcialidad, justicia, ética y competencia profesional, garantizando que el proceso se desarrolle con plena legalidad y transparencia.

Finalmente, la Iglesia destacó la necesidad de campañas electorales limpias, legales y austeras, que se centren en propuestas responsables y serias, fomentando el diálogo y la búsqueda de soluciones auténticas para los problemas del país.

Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), reiteró el compromiso del organismo con la equidad durante el ciclo electoral actual en México, que culminará con las elecciones presidenciales el 2 de junio. Taddei afirmó que todas las normativas se aplican de manera imparcial para todos los partidos políticos, sin otorgar ventajas a ninguno. Enfatizó en la importancia de establecer un “piso parejo” para todos los contendientes y aseguró que el INE mantiene una excelente relación con todas las fuerzas políticas.

La presidenta del INE señaló que el tratamiento que recibe cada partido es equitativo, como evidencia la participación de todos los partidos en las reuniones de trabajo sobre seguridad. Taddei, quien se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia del INE en abril de 2023, ha sido objeto de críticas por su supuesta cercanía con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el partido oficialista Morena.

Respecto a las preocupaciones sobre seguridad en el proceso electoral, Taddei descartó que exista un distanciamiento entre las fuerzas políticas y la autoridad electoral. El INE, en colaboración con las autoridades de seguridad del Gobierno mexicano, ha acordado medidas para proteger a los candidatos ante la ola de violencia que atraviesa el país. Taddei enfatizó que la seguridad es una prioridad constante en los procesos electorales y que este año no será la excepción.

El 2 de junio, México celebrará las elecciones más grandes de su historia, con más de 97 millones de personas convocadas para renovar 20,375 cargos federales, incluyendo la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve Gobiernos estatales.