La batalla silenciosa por el control del Comité Técnico de Evaluación entre Monreal y Adán Augusto

Este martes, la Cámara de Diputados decidirá la composición del Comité Técnico de Evaluación (CTE), organismo que tendrá un papel clave en la selección de jueces, ministros y magistrados. Sin embargo, el camino hacia esta votación ha sido todo menos sencillo, en medio de una intensa pugna política entre dos figuras emblemáticas de Morena: Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, y Adán Augusto López Hernández, líder del partido en el Senado.

 

La disputa entre Monreal y Adán Augusto no se limita a simples desacuerdos, sino que refleja una batalla por influencia y poder dentro del partido. Según fuentes legislativas, ambos líderes han puesto sobre la mesa tres de los cinco nombres que deben integrar el comité, compuesto por tres mujeres y dos hombres. Cada uno busca asegurar la mayoría en el CTE, lo cual representaría una ventaja crucial para su facción en la futura selección de altos cargos judiciales.

 

Para evitar una escalada en el conflicto, se ha considerado la intervención de Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, quienes intentarán fungir como mediadores en la elección del quinto integrante del CTE. La propuesta tiene como objetivo evitar la injerencia de otras figuras dentro del partido, como Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia.

 

La noche de este lunes se perfila como decisiva: las bancadas de Morena buscarán llegar a un acuerdo que permita la presentación formal de la lista de candidatos al CTE y que ésta sea aprobada el martes en la Cámara de Diputados.

 

En una conferencia de prensa reciente, Monreal se reunió con los coordinadores parlamentarios de otros partidos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para exponer las cualidades que deben cumplir los integrantes del CTE, aunque sin presentar nombres concretos. “Ellos hacen uso de su derecho de proponer o no candidatos, yo no quiero calificar si es o no un error táctico de ellos o un acierto táctico”, señaló Monreal respecto a la ausencia de propuestas de otros líderes como Rubén Moreira (PRI) y Noemí Berenice Luna (PAN).

 

Monreal también expresó su respeto hacia Movimiento Ciudadano (MC), cuyo liderazgo, bajo Dante Delgado, se ha consolidado en la política mexicana. Ante la posibilidad de que MC abandone la reunión de Puntos Constitucionales, Monreal respondió con diplomacia: “Lo que hagan ellos, yo no puedo cuestionarlo, sino respetarlo; es su estrategia y táctica, y ellos sabrán valorar si es o no la correcta”.

 

En la sesión privada de la Jucopo, Ivonne Ortega, coordinadora de MC, lanzó una pregunta incómoda al recordar que Andrés Manuel López Obrador, durante su tiempo como jefe de Gobierno, recurrió al Poder Judicial para evitar cambios en el nombre de Ciudad de México. “¿Ahora, ante quién se debe acudir entonces?”, inquirió Ortega, subrayando la importancia de un poder judicial independiente en los conflictos constitucionales. La respuesta de Monreal, con una sonrisa evasiva, fue: “Esa no te la voy a responder”.

 

El desenlace de este conflicto definirá no sólo el control del CTE, sino también la influencia que Monreal y Adán Augusto tendrán en los nombramientos judiciales. La votación de este martes en la Cámara de Diputados podría ser la clave para resolver esta pregunta.

Diputados aprueban por unanimidad reforma de apoyos al Bienestar

Con el apoyo unánime de los legisladores, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que fortalecerá los programas de Bienestar, beneficiando a personas con discapacidad, adultos mayores, y sectores como el campo y la pesca.

La reforma modifica los artículos 4 y 27 de la Constitución, y reduce de 68 a 65 años la edad para que los adultos mayores puedan acceder a una pensión. Con un total de 483 votos a favor, los diputados aprobaron la reforma en lo general, que también establece que el gobierno federal y los estados garantizarán una pensión para personas con discapacidad permanente, dando prioridad a los menores de 18 años.

Además, la reforma asegura apoyos para campesinos que cultiven árboles frutales, maderables y otras especies procesables, así como un apoyo anual en fertilizantes para pequeños productores, y subsidios directos a pescadores de pequeña escala.

Más de 200 reservas fueron presentadas para su análisis en lo particular, por lo que la discusión continuará en la noche del 22 de octubre. Durante los posicionamientos, los diputados destacaron la importancia de esta reforma para mantener los programas sociales en beneficio de los sectores más vulnerables.

El diputado priista Christian Mishel Castro resaltó la relevancia de modificar los artículos 4 y 27, ya que se eleva a rango constitucional programas sociales que impactan directamente en la vida de los ciudadanos. Entre estos programas se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Sembrando Vida, Bienpesca, el Programa de Fertilizantes, y el de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.

Por su parte, Diego Ángel Rodríguez, del PAN, expresó el respaldo de su partido a los programas sociales, al considerarlos herramientas clave para ayudar a los ciudadanos a progresar. “Son programas que impulsan a los jóvenes a estudiar, a las familias a salir adelante y aseguran que los adultos mayores reciban la atención médica y los medicamentos que necesitan”, subrayó.

El diputado de Morena, Gabriel García Hernández, afirmó que esta reforma es parte del nuevo humanismo mexicano, que busca transformar estos programas en derechos sociales.

Esta es la octava reforma aprobada por la Cámara de Diputados del paquete presentado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, la iniciativa se turnará al Senado para su debate y análisis en la Cámara Alta.

Freno legal a la reforma judicial: Movimiento Ciudadano logra suspensión definitiva

En un contundente revés para el gobierno federal, el partido Movimiento Ciudadano (MC) ha conseguido una victoria clave en la batalla contra la controvertida reforma judicial. La suspensión definitiva, otorgada a petición de los legisladores naranjas, impide que la reforma se implemente en las 32 entidades federativas de México. Esta decisión representa un respiro para jueces y magistrados, quienes estaban en riesgo de ser removidos de sus cargos de manera masiva y sin un proceso claro.

 

Miguel Alfonso Meza, activista y uno de los principales promotores del amparo, explicó que esta suspensión detiene la temida “tómbola-guillotina”, el mecanismo mediante el cual se preveía el despido y reemplazo de numerosos jueces y magistrados. “Con esta resolución, ni un solo juez podrá ser removido de su puesto. La suspensión los protege no solo de perder su trabajo, sino también de la manipulación política que amenazaba con capturar el Poder Judicial”, señaló Meza con firmeza.

 

La medida también bloquea el avance de uno de los aspectos más polémicos de la reforma: la convocatoria extraordinaria para la elección de nuevos jueces y magistrados, un proceso que estaba en manos del Senado y el Instituto Nacional Electoral (INE). Según explicó Meza, la suspensión evita que el partido gobernante, Morena, utilice este mecanismo para imponer a sus candidatos y, en última instancia, controlar el Poder Judicial. “Es un freno importante porque impide que se capture a una institución que debe ser autónoma e independiente”, afirmó el activista.

 

Además, esta suspensión incluye una orden clara para que el INE detenga cualquier acción relacionada con la organización de elecciones extraordinarias de jueces. En palabras de Meza: “La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha declarado que respetará las suspensiones definitivas. Si es congruente con sus palabras, el proceso para la elección de jueces debería detenerse por completo”.

 

La protección legal también se extiende a aspectos presupuestarios cruciales para el funcionamiento del Poder Judicial. Con la suspensión, la Cámara de Diputados no podrá reducir el presupuesto destinado al Poder Judicial, ni eliminar los fondos que garantizan los derechos laborales de jueces y magistrados. Este punto ha sido un eje central en la defensa de Movimiento Ciudadano, que considera que el recorte financiero pondría en riesgo no solo la independencia judicial, sino también las condiciones laborales de miles de trabajadores del sector.

 

“Es fundamental que el Poder Judicial mantenga su presupuesto intacto. No podemos permitir que se vulneren los derechos laborales de quienes hacen posible la impartición de justicia en México”, expresó la diputada Laura Ballesteros, quien también ha sido una figura clave en la lucha contra esta reforma.

 

Un aspecto relevante de la resolución es que la suspensión también impide que los estados repliquen la reforma judicial a nivel local. Esto significa que los “cacicazgos” locales de Morena, como los describió Meza, tampoco podrán intervenir en los poderes judiciales de sus respectivas entidades. “Con esta medida, protegemos a los jueces y magistrados locales de cualquier intento de manipulación política. No se trata solo del ámbito federal, sino de mantener la independencia judicial en todo el país”, subrayó el activista.

 

A pesar de este avance significativo, los representantes de Movimiento Ciudadano son conscientes de que la batalla legal aún no ha terminado. “Seguiremos luchando para que la Reforma Judicial no solo sea suspendida, sino invalidada completamente”, aseguró Ballesteros, reafirmando el compromiso de su partido con la defensa de la autonomía judicial.

 

El amparo obtenido forma parte de una estrategia legal más amplia, que incluye varias acciones de inconstitucionalidad promovidas por Movimiento Ciudadano en diferentes frentes. Con esta suspensión definitiva, el panorama para la reforma judicial se complica aún más, abriendo un espacio para que las voces opositoras continúen su lucha por la invalidez total de la reforma.

 

Esta resolución judicial marca un precedente importante en la defensa de las instituciones democráticas de México. El Poder Judicial, al menos por ahora, queda protegido de los intentos de control y manipulación política, un logro que Movimiento Ciudadano no está dispuesto a soltar fácilmente.

INAI se reunirá con Rosa Icela Rodríguez para discutir desaparición de organismos autónomos

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá, confirmó que el pleno del organismo sostendrá una reunión este miércoles con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para discutir la propuesta legislativa que busca la desaparición de los organismos autónomos, la cual ya fue presentada en la Cámara de Diputados.

“He recibido con agrado la confirmación de la oficina de la Secretaría de Gobernación de que este miércoles 16 de octubre tendremos una reunión de trabajo. Celebro esta apertura para establecer un diálogo respetuoso”, publicó Alcalá en sus redes sociales.

En una entrevista con Imagen Radio, Alcalá adelantó que, durante la reunión con la funcionaria federal, insistirán en la necesidad de que los derechos de acceso a la información y protección de datos sean garantizados por una institución autónoma, aunque reconoció que podrían considerarse algunos ajustes.

Por otra parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, señaló que antes de diciembre se espera que desaparezcan siete organismos autónomos contemplados en la iniciativa que ya fue votada en comisiones, entre ellos se encuentran el INAI.

El INAI ha alertado en diversas ocasiones que la reforma constitucional que propone eliminar este instituto representa un retroceso significativo para la transparencia y afectará de manera grave el ejercicio de los derechos humanos en el país.

En un llamado urgente, el organismo invitó a los legisladores y a la ciudadanía a dialogar y reconsiderar esta iniciativa, ya que pone en riesgo la calidad de la vida pública y la confianza en las instituciones.

“Eliminar al INAI no es un asunto técnico o administrativo, sino que impacta directamente a cada ciudadano. El derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos, exigir rendición de cuentas y proteger nuestra privacidad son logros que hemos alcanzado como sociedad”, afirmó el INAI.

El instituto también advirtió que la propuesta de transferir sus funciones a otras entidades gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública, podría comprometer la imparcialidad y aumentar el riesgo de que los derechos humanos queden desprotegidos al ser evaluados por quienes ejercen el poder.

La reunión, que se realizará por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, será de carácter privado y se llevará a cabo en la Secretaría de Gobernación.

Ricardo Monreal Confirma Aprobación de Reforma para Extinguir Órganos Autónomos

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que la reforma para eliminar los órganos autónomos será aprobada antes de que finalice el año. Así lo adelantó durante una entrevista en el recinto legislativo de San Lázaro, donde subrayó que esta reforma es parte de un paquete de 18 iniciativas que el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 5 de febrero pasado.

Monreal explicó que, hasta ahora, se han aprobado siete de las 18 reformas constitucionales incluidas en este paquete. “La reforma de los órganos autónomos está en análisis, pero forma parte del conjunto de aprobaciones remitidas en agosto a la comisión de puntos constitucionales. Debemos aprobarla antes de diciembre, ya que tenemos hasta ese mes para completar las 18 reformas. Es un proceso pesado, llevamos siete”, detalló.

Además, Monreal fue enfático en advertir que, en lo que respecta a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como al Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, “no habrá retrocesos”.

“Vamos a abordar estos temas en profundidad y no nos detendremos, porque la ciudadanía merece un sistema de justicia sólido, ya que por años se ha favorecido la corrupción y la impunidad”, declaró el diputado.

Monreal Ávila afirmó que quienes se oponen a la reforma buscan “mantener sus privilegios económicos y políticos, y eso no lo permitiremos”. Aseguró que será la ciudadanía quien decida a través de su voto en la elección de jueces, magistrados y ministros.

Como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), insistió en la necesidad de llevar a cabo la Reforma Judicial, señalando que los actuales impartidores de justicia no garantizan que esta sea rápida y efectiva.

Finalmente, recordó que el próximo 16 de octubre se emitirá la convocatoria para el registro de las y los candidatos a jueces, magistrados y ministros, dando así un paso importante en la reforma del sistema judicial.

Familiares de Activista Desaparecida en Oaxaca Piden Intervención de Claudia Sheinbaum

En una emotiva conferencia de prensa, Marina Martínez, madre de la activista Sandra Estefana Domínguez Martínez, solicitó apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para encontrar a su hija, quien desapareció junto con su esposo, Alexander Hernández Hernández, el pasado 4 de octubre. Sandra fue vista por última vez en la comunidad de Marca Lombardo del Caso, ubicada en San Juan Cotzocón, cerca de los límites entre Oaxaca y Veracruz. A una semana de su desaparición, los familiares se dirigieron a los medios para pedir al gobierno local y federal que intensifiquen los esfuerzos en su búsqueda.

“Le pido al gobierno que realice una investigación a fondo para saber dónde está mi hija. Presidenta Sheinbaum, ayúdeme a encontrarla, ¡La quiero viva!, eso es lo único que pido, por favor”, expresó Martínez a medios de comunicación en Oaxaca. Durante la conferencia, la hermana de la activista, Kenia Josefa Domínguez Martínez, hizo públicas dos cartas dirigidas tanto al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, como a Claudia Sheinbaum, en las que solicita que se amplíen los operativos de búsqueda, incluso más allá de Oaxaca.

“Nos sentimos desesperados y vulnerables como familia. Apelamos a la sensibilidad y compromiso con los derechos humanos y la seguridad de nuestros ciudadanos. Pedimos apoyo para que se intensifiquen las búsquedas y se destinen recursos adicionales para este caso. La intervención de las autoridades podría ser crucial en la localización de mi hermana y en la atención a casos de personas desaparecidas en México”, se lee en una de las cartas.

Un dato que preocupa a la familia y que ha motivado su llamado urgente a las autoridades es el hallazgo del vehículo de Sandra y Alexander en la frontera entre Oaxaca y Veracruz días después de la desaparición. Pese a este descubrimiento, no se han reportado avances en la investigación.

El 9 de octubre, Araceli Cruz, diputada federal del Partido del Trabajo, denunció públicamente la desaparición de la activista durante una sesión en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Además, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación a través de redes sociales, exhortando a las autoridades locales y federales a coordinar esfuerzos para esclarecer el caso y localizar a Sandra con vida.

Sandra Estefana Domínguez Martínez es la primera defensora de derechos humanos reportada como desaparecida en el recién iniciado gobierno de Claudia Sheinbaum.

¿Quién es Sandra Estefana Domínguez Martínez?

Originaria de la región Mixe en Oaxaca, Sandra Estefana Domínguez Martínez es una abogada y activista en defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Había denunciado casos de violencia de género en el estado y señalado a Donato Vargas Jiménez por formar parte de un grupo de WhatsApp en el que se compartía contenido íntimo de mujeres indígenas. Fue militante del Partido Revolucionario Institucional y candidata a diputada local por la coalición PAN-PRI-PRD. A sus 38 años, enfrentó amenazas de muerte tras denunciar la existencia de grupos de chat, como ‘Sierra XXX’ y ‘Mepa Peda’, en los que participaban funcionarios estatales y federales.

Fallece Ifigenia Martínez, pionera en la política mexicana

Ifigenia Martínez Ibarra, una de las primeras mujeres en romper barreras en los ámbitos político y académico, y quien se desempeñaba como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, falleció a los 94 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien recibió de manos de Martínez la banda presidencial, confirmó la noticia a través de su cuenta en la red social X. “El 2 de junio voté por Ifigenia Martínez, una mujer firme en sus convicciones. El 1 de octubre me entregó la banda presidencial. Hoy nos ha dejado”, expresó Sheinbaum en su mensaje.

Martínez, fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, destacó en vida que las convicciones que defendió lograron grandes avances. “Hoy no solo tenemos una Presidenta de México, sino que avanzamos hacia un futuro en el que las mujeres participen en igualdad de condiciones en la construcción de un mejor país”, afirmó en su momento.

La economista egresada de la UNAM, y también exdirectora de la Escuela Nacional de Economía, fue seleccionada para entregar la banda presidencial a Sheinbaum al haber sido nombrada presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en la LXVI Legislatura. En uno de sus discursos, Martínez agradeció la confianza depositada en ella para llevar a cabo dicho acto simbólico, que describió como un “punto de inflexión histórico” y una victoria de valores como la igualdad, la justicia y la democracia.

Por su parte, Sheinbaum ha manifestado en varias ocasiones su admiración hacia la diputada, reconociendo su legado como una “mujer que abrió caminos para muchas mexicanas”.

Una vida dedicada a la izquierda

Ifigenia Martínez destacó desde joven por su inclinación hacia la izquierda. Aunque comenzó su educación básica en el Colegio Alemán, tuvo que abandonar la institución cuando el régimen nazi de Adolf Hitler tomó el control en Alemania. En 1946, Martínez se graduó de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, misma de la que fue directora en los años 60.

A lo largo de su carrera como investigadora, Ifigenia se enfocó en temas de desigualdad social provocados por el modelo neoliberal. Fue pionera en los estudios sobre la distribución del ingreso en México.

Martínez comenzó su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde colaboró con figuras clave como Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, formando parte de la Corriente Democrática. Entre 1965 y 1970, fue jefa de asesoría económica para el presidente Gustavo Díaz Ordaz y, a pesar de esto, defendió el movimiento estudiantil de 1968. Más tarde, durante el mandato de Luis Echeverría, ocupó el cargo de directora de Programación y Descentralización Administrativa en la Secretaría de Hacienda.

En la década de los 80, Martínez, Cárdenas y Muñoz Ledo impulsaron la democratización interna del PRI. Ante la negativa del partido, renunciaron y fundaron un frente democrático que, tras las controvertidas elecciones de 1988, se convirtió en el PRD.

Aunque aspiró a la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal en el año 2000, fue Andrés Manuel López Obrador quien finalmente resultó electo. Desde ese momento, Ifigenia apoyó las campañas presidenciales de López Obrador en 2006 y 2012, y dejó el PRD para unirse a Morena.

En 2021, Martínez fue condecorada con la medalla “Belisario Domínguez” por el Senado de la República, reconociendo su trayectoria y compromiso con los principios de justicia y democracia.

Aprobación de reforma garantiza aumentos salariales por encima de la inflación

El martes 24 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó una trascendental reforma que establece incrementos anuales al salario mínimo, superando siempre los niveles de inflación. Esta decisión responde a las demandas históricas de la clase trabajadora y pretende mejorar la situación económica de millones de mexicanos, especialmente aquellos con los salarios más bajos.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, fue el encargado de anunciar la reforma. La nueva medida garantiza un salario mínimo de al menos 249 pesos diarios a nivel nacional y 374 pesos en la zona fronteriza norte. Este incremento busca asegurar que los ingresos de los trabajadores no se vean afectados por la inflación, permitiendo así una mejora continua en su poder adquisitivo.

Desde 2018, el gobierno ha priorizado el aumento del salario mínimo, logrando un crecimiento superior al 100% en los últimos años. Esta nueva iniciativa sigue esa misma línea, asegurando que los salarios mínimos se mantendrán por encima de la inflación, preservando y fortaleciendo el poder adquisitivo de los trabajadores.

Además del incremento general al salario, la reforma también incluye una modificación al artículo 123 de la Constitución, que estipula que los sueldos de maestros, policías, guardias nacionales, miembros de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeras no deben ser inferiores al salario promedio registrado ante el IMSS.

Por otro lado, este miércoles 25 de septiembre, se discutirá una nueva propuesta en la Cámara de Diputados que busca otorgar un apoyo mensual de al menos un salario mínimo a jóvenes desempleados entre 18 y 29 años. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la capacitación y la inserción laboral de los jóvenes en todo el país, combatiendo así el desempleo juvenil.

Según Monreal, estas reformas reflejan la lucha constante de los trabajadores por mejores condiciones salariales y laborales. De acuerdo con estudios de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), los aumentos en los salarios mínimos no han generado un impacto negativo en la inflación, sino que, por el contrario, han sido clave en la reducción de la brecha salarial de género, que ha disminuido un 25% desde 2019.

Asimismo, la zona libre de la Frontera Norte, compuesta por 45 municipios de estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ha sido beneficiada con estas medidas, favoreciendo el crecimiento económico y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

La Conasami ya se encuentra trabajando en el ajuste salarial previsto para 2025. Tanto las organizaciones patronales como los trabajadores presentarán sus estudios antes de noviembre, mientras que la Comisión entregará su informe sobre el impacto de los precios en el poder adquisitivo antes de finalizar el año. El nuevo salario será oficial el 1 de enero de 2025, y todas las empresas deberán cumplir con el incremento.

El proceso de ajuste salarial ha sido fundamental en la política económica del país, contribuyendo a la reducción de la pobreza laboral y mejorando el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. Con la aprobación de estas reformas, se espera que los trabajadores mexicanos experimenten una mejora significativa en su bienestar económico, reduciendo las desigualdades que persisten en el país.

Por último, la reforma que propone apoyo a los jóvenes desempleados tiene el potencial de reducir la brecha laboral entre este sector de la población, promoviendo su inserción en el mercado de trabajo y fortaleciendo la economía nacional a largo plazo.

Senado aprueba reforma para declarar el 1 de octubre como día de descanso obligatorio

Con una votación unánime de 116 votos a favor y ninguno en contra, el Senado de la República dio luz verde a una reforma que establece el 1 de octubre como día de descanso obligatorio cada seis años, coincidiendo con la transmisión de poder del Ejecutivo Federal. Esta medida se aplica en el marco de la toma de protesta del nuevo titular de dicho poder.

La reforma modifica la Ley Federal del Trabajo para alinearla con el artículo 83 de la Constitución Política. De este modo, se oficializa que cada 1 de octubre, cada seis años, se convertirá en un día de asueto nacional.

El dictamen aprobado destaca que este día no solo marcará el cambio de liderazgo en el gobierno federal, sino que también será una oportunidad para la reflexión y el descanso. Además, servirá como un momento para que la ciudadanía celebre la democracia y refuerce los valores cívicos, políticos, y sociales que sustentan la estabilidad de México.

El documento ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su revisión.

Solicitan juicio político contra legisladores de la 4T por aprobar la Reforma Judicial

En un movimiento inesperado, diversas organizaciones civiles presentaron una solicitud de juicio político en contra de diputados y senadores que aprobaron la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados. Esta acción fue motivada por lo que consideran una violación a las suspensiones de amparo otorgadas por jueces de Chiapas y Morelos, que buscaban frenar el avance de la reforma.

 

El abogado Alejandro Valenzuela, quien representa a las organizaciones, compareció ante la sala de prensa de la Cámara de Diputados en San Lázaro para hacer pública la solicitud. “Esta denuncia es por la violación de las suspensiones de amparo que ya habían sido otorgadas. Se presentaron todas las pruebas, incluyendo las suspensiones emitidas por los jueces”, explicó Valenzuela.

 

La reforma judicial ha sido objeto de controversia desde su aprobación en el Senado la madrugada del 11 de septiembre, luego de haber sido avalada previamente en la Cámara de Diputados. Según Valenzuela, los legisladores ignoraron las suspensiones de amparo emitidas, lo que generó un conflicto legal que podría derivar en el juicio político solicitado. “Esperamos que se proceda conforme a la ley. Los legisladores denunciados no pueden ser juez y parte en este proceso”, destacó.

 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cualquier legislador involucrado en una denuncia no puede formar parte de la subcomisión que evaluará el caso. “Solo cinco diputados de Morena no participaron en la discusión y aprobación de la reforma, por lo que serían los únicos habilitados para formar parte de la subcomisión de examen previo”, aclaró el abogado.

 

La denuncia ahora será revisada por la Cámara Baja, donde se deberá formar una subcomisión de examen previo que analizará si procede o no el juicio político. Si el dictamen avanza, los legisladores denunciados no podrán participar en la votación que defina su destino. “Es fundamental que se respeten las excusas e impedimentos establecidos por la ley para evitar conflictos de interés”, recordó Valenzuela.

 

Mientras tanto, la reforma judicial continúa su camino, habiendo sido aprobada por 23 congresos locales, con la excepción de Durango. Este escenario pone en el centro del debate no solo la validez de la reforma, sino también la integridad del proceso legislativo. La decisión final sobre el juicio político está en manos del Congreso, pero el mensaje es claro: la batalla legal por la reforma judicial apenas comienza.