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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno no descarta solicitar a Estados Unidos los recursos que sean incautados a Ismael “El Mayo” Zambada, tras la orden de pago de 15 mil millones de dólares emitida por el Departamento de Justicia en su contra.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria subrayó que primero se deberán conocer los alcances de la medida impuesta por el gobierno estadounidense. Sin embargo, dejó claro que de concretarse una incautación de bienes se buscará que estos recursos sean devueltos a México y aplicados directamente en beneficio de la población.

“Si hubiera una incautación de recurso habría que pedir también que estos recursos y así fuera devuelto a México para el beneficio de la gente (…) si hubiera una incautación de recursos, pues obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México y que fuera repartido para la gente más humilde”,declaró ante los medios.

Sheinbaum recordó que su administración ha aplicado un esquema similar a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo encargado de comercializar y subastar bienes asegurados a la delincuencia organizada. 

Mencionó que recientemente se vendió una propiedad de un integrante de un grupo criminal y el dinero obtenido se destinó a la compra de equipo médico para clínicas y hospitales del IMSS-Bienestar.

La presidenta recalcó que, en caso de obtenerse los recursos provenientes de la incautación, estos tendrían como destino principal a los sectores más vulnerables del país.

En el mismo encuentro con la prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que el monto de 15 mil millones de dólares fijado a “El Mayo” Zambada corresponde a un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y no tiene vínculo con las investigaciones que las autoridades mexicanas mantienen abiertas.

El funcionario precisó que se trata de un proceso independiente en el ámbito legal estadounidense, aunque México seguirá atento a sus implicaciones. Sheinbaum insistió en que cualquier recurso recuperado debe regresar al pueblo mexicano, pues se trata de daños ocasionados en el país por las actividades del narcotráfico. La mandataria reiteró que este principio ha guiado su política de recuperación de bienes, con un destino claro hacia programas sociales y servicios de salud.

Con ello, el gobierno federal abre la posibilidad de solicitar la entrega de recursos incautados a uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, en caso de que Estados Unidos concrete la medida judicial en su contra.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la autenticidad de los videos en los que aparece Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero en efectivo de David León. Sin embargo, las consejeras del organismo precisaron que, tras una investigación exhaustiva, no fue posible acreditar que esos recursos hayan tenido como destino el financiamiento ilegal de Morena.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización y responsable directa de la indagatoria, detalló que se realizaron peritajes y diversas diligencias sobre el material difundido. “Sí, están los videos, tienen una calidad no tan buena, se hizo un peritaje, están todas las diligencias que hicimos, y con toda la investigación que se hizo, no se llegó a esa conclusión de que esos recursos llegaron a un partido político o hubieran beneficiado a un partido político”, puntualizó.

Sobre los señalamientos de impunidad en el caso, Humphrey subrayó que el INE actuó dentro de los límites de sus atribuciones. “Aquí se investigó lo que se pudo investigar, se hicieron peritajes en videos, y me parece que este instituto con los elementos que tiene y las diligencias que hizo no pudo comprobar que esos recursos fueran a dar, que esa fue la denuncia que se presentó, que se estaban utilizando para fines partidistas”, indicó.

Por su parte, la consejera Dania Ravel destacó la necesidad de otorgar mayores facultades de fiscalización al instituto en el marco de una eventual reforma electoral. Consideró que el caso evidencia las limitaciones que enfrenta el INE para seguir la pista del dinero cuando se entrega en efectivo.

“El instituto no puede hacer nada más allá de lo que no esté probado, entonces al final de cuentas no teníamos más elementos probatorios, hicimos la investigación para seguir los recursos, el problema también en este tipo de casos, por eso creo que hay que pensar en darle mayores facultades a fiscalización. Es que es muy difícil rastrear el dinero que a lo mejor se pueda dar en efectivo”, señaló.

El expediente fue cerrado oficialmente este jueves, a pocos días de que venciera el plazo de prescripción de los delitos investigados, previsto para el próximo 2 de septiembre. La consejera Humphrey Jordan subrayó que el organismo cumplió con los tiempos y procedimientos establecidos, aunque reiteró que no existieron elementos que acreditaran un uso electoral de los recursos.

Con esta resolución, el INE da por concluido uno de los casos más mediáticos vinculados a la figura de Pío López Obrador, en el que si bien se reconoció la existencia y autenticidad de los videos, no se pudo comprobar el presunto financiamiento ilícito a Morena.