Extraditan a México a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”, con nueva orden de aprehensión

Hernán Bermúdez Requena, identificado por las autoridades como líder del grupo criminal “La Barredora” en Tabasco, arribó este jueves a territorio mexicano tras ser expulsado de Paraguay, país en el que fue detenido la semana pasada por ingreso irregular.

“El Abuelo” o “Comandante H”, como también es conocido, fue trasladado por autoridades mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en Asunción, donde la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay lo entregó formalmente.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el operativo de repatriación contó con la colaboración directa de la Presidencia de Paraguay. “Agradecemos la firme colaboración y apoyo de la Presidencia de Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país”, expresó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

El vuelo que lo trasladó a México hizo una escala en Colombia de más de 12 horas y retomó su trayecto alrededor de las 8:30 de la mañana de este jueves. Finalmente aterrizó a las 11:13 horas en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, desde donde será llevado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, “El Altiplano”, en el Estado de México.

Al llegar a México, Bermúdez fue notificado de una nueva orden de aprehensión girada en su contra por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó el mandamiento en la causa penal 386/2025, con fecha del 17 de septiembre, emitida por Mario Elizondo Martínez, juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.

Las imputaciones en su contra consideran su presunta participación en delitos contra la salud, acopio de armas, secuestro, delitos relacionados con hidrocarburos y funciones de dirección en actividades ilícitas. Además, se le atribuye secuestro agravado en contra de R.M.A. y un agravante adicional: haber cometido crímenes mientras se desempeñaba como servidor público, ya que ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

La orden de aprehensión no solo alcanza a Bermúdez Requena. También incluye a Daniel Hernández Montejo, alias “Prada” o “Chichirria”; José del Carmen Castillo Ramírez, “La Rana”, exservidor público bajo su mando; Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández. Todos ellos deberán ser puestos a disposición en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

“La Barredora” es un grupo criminal con operaciones en Tabasco y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades lo relacionan con actividades de narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés en la región.

El cumplimiento de la nueva orden de aprehensión quedó en manos de un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Con este procedimiento, Bermúdez y los coacusados serán ingresados en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, donde enfrentarán los cargos presentados por la FGR.

FGR va con todo: Busca anular protección judicial que impide detener a Silvano Aureoles

La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un nuevo paso legal contra Silvano Aureoles Conejo, al solicitar la revocación de la suspensión provisional que impide su detención. Esta medida fue concedida por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, pero ahora la FGR considera que dicha protección es improcedente.

En el expediente 348/2025, se indica que fue el Fiscal Especial de Delitos por Hechos de Corrupción Diversos quien presentó el incidente de revocación. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción fundamenta esta acción con base en presuntas irregularidades en la decisión judicial que inicialmente favoreció al exgobernador de Michoacán.

Silvano Aureoles enfrenta acusaciones por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas imputaciones están ligadas a la adquisición de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán, proyecto que presuntamente implicó el desvío de recursos públicos.

La situación legal del exmandatario se vuelve más tensa tras la reciente vinculación a proceso de cuatro exfuncionarios estatales, quienes fueron señalados como responsables en el mismo caso. La resolución fue emitida el 7 de marzo por Patricia Sánchez Nava, jueza especializada en el Sistema Penal Acusatorio, al término de una extensa audiencia que se prolongó por más de 21 horas.

La FGR sostiene que la compra de cuarteles involucró una operación financiera irregular por más de 4 mil millones de pesos, monto que ha captado la atención tanto de autoridades federales como de la opinión pública. Las investigaciones continúan abiertas y se prevé que se sigan acumulando elementos en el expediente.

El proceso legal sigue su curso, y el próximo 4 de junio está programada una audiencia clave en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente. En esta sesión se espera que se determinen nuevos pasos para las partes implicadas, lo que podría influir directamente en el estatus legal de Aureoles Conejo.

La revocación de la suspensión sería un movimiento determinante, al abrir la puerta para una eventual acción directa de la FGR. Por ahora, el caso se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades refuerzan su postura frente a un tema que ha escalado a nivel nacional.

Silvano Aureoles pone freno a su captura… por ahora

Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, consiguió una suspensión provisional que frena temporalmente una orden de aprehensión en su contra. El beneficio legal fue otorgado por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal, luego de que el político presentara una solicitud de amparo el pasado 21 de abril.

La decisión judicial establece que “las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan”, evitando que se haga efectiva la orden de arresto mientras se analiza la solicitud de suspensión definitiva. Como parte del proceso, el juez impuso una garantía económica de 52 mil pesos, la cual deberá ser cubierta en un plazo de cinco días para mantener vigente la medida.

La Fiscalía General de la República (FGR) impulsa el procedimiento legal contra Aureoles, a quien señala por delitos graves como peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los cargos están relacionados con presuntas irregularidades en la adquisición de instalaciones para la Guardia Civil durante su administración.

De forma paralela, el caso involucra a varios exfuncionarios de su gestión. El pasado 7 de marzo, luego de una audiencia de más de 21 horas, Patricia Sánchez Nava, jueza del Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, vinculó a proceso a cuatro excolaboradores por un presunto desvío de recursos que supera los 4 mil millones de pesos.

La situación legal del exgobernador se mantiene en suspenso. Será hasta el próximo 4 de junio cuando se lleve a cabo una nueva audiencia que podría definir el rumbo del proceso. La resolución judicial no exime de responsabilidad ni cancela la investigación, pero sí otorga una pausa en el avance inmediato de las acciones judiciales en su contra.

El caso ha captado la atención pública por el volumen del recurso involucrado y el perfil del exmandatario estatal, quien ha estado presente en distintas esferas políticas del país. La medida judicial forma parte del mecanismo de defensa previsto por la ley, mientras se continúa con el análisis de fondo del expediente.

Aureoles Conejo, anteriormente afiliado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), permanece en libertad bajo este recurso legal, en espera de lo que determine la justicia federal en las próximas semanas. La trama continúa abierta y en constante desarrollo.