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Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, fue detenida este viernes en la frontera de Nogales tras ser deportada de Estados Unidos, donde permanecía en calidad de prófuga de la justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la aprehensión se realizó a través de un proceso de deportación controlada, gestionado en coordinación con autoridades estadounidenses y ejecutado en la garita fronteriza Dennis DeConcini.

Téllez Nieves es señalada por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas derivados del incendio ocurrido en junio de 2009 en la Guardería ABC, tragedia que dejó 49 menores fallecidos y decenas más heridos.

En 2016, un juez la sentenció a 28 años de prisión por los hechos, aunque posteriormente, al apelar, consiguió la reducción de la pena a cinco años y obtuvo su libertad anticipada bajo la condición de presentarse periódicamente a firmar el libro de procesados para no evadirse de la justicia.

Sin embargo, la imputada dejó de cumplir las medidas cautelares y se refugió en Estados Unidos, motivo por el cual se giró una orden de captura con apoyo de Interpol en 2022. Fue detenida en Arizona y permaneció en un centro de reclusión migratoria en Eloy antes de ser entregada a las autoridades mexicanas.

“Con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, ello para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra, por la comisión de dichos ilícitos”, señaló la FGR en un comunicado. 

La dependencia precisó que su detención fue posible gracias a la coordinación entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Tras la deportación controlada, Téllez Nieves fue trasladada a la capital sonorense para ser internada en el Centro Femenil de Reinserción Social de Hermosillo, donde quedó a disposición del juez correspondiente para el cumplimiento de su sentencia.

El incendio de la Guardería ABC, ocurrido durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, es considerado una de las tragedias más graves en la historia reciente del país. 

La deflagración no solo cobró la vida de 49 bebés, sino que dejó a muchos otros con secuelas permanentes. Sandra Lucía Téllez Nieves es una de las propietarias señaladas como responsables del siniestro y ahora enfrentará nuevamente a la justicia mexicana tras años de permanecer prófuga en territorio estadounidense.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este jueves su inconformidad tras la decisión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) de cerrar nuevamente la frontera a la importación de ganado mexicano en pie. La medida se tomó luego de confirmarse un nuevo caso de gusano barrenador en Veracruz, y fue calificada por la mandataria como una respuesta “totalmente exagerada”.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que desde hace dos meses, cuando se registró el primer cierre fronterizo el pasado 11 de mayo, las autoridades mexicanas han trabajado bajo protocolos estrictos para enfrentar y contener esta plaga. Indicó que se han seguido medidas científicas específicas, como la liberación de moscas estériles, con el fin de impedir la propagación del parásito.

“El protocolo se activó de inmediato en cuanto se detectó el caso en Veracruz, y los equipos técnicos ya están en operación para controlar la situación”, afirmó la presidenta. Agregó que la situación está siendo manejada con base en evidencia científica, tal como se ha hecho desde los primeros reportes de la plaga.

El nuevo caso fue identificado en el municipio de Ixhuatlán de Madero, en el estado de Veracruz, y fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). A raíz de este hallazgo, Estados Unidos optó por volver a cerrar la frontera, apenas unos días después de haber autorizado la reapertura parcial del paso ganadero, que había estado restringido desde mayo.

Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe de Senasica, aseguró que los casos activos de gusano barrenador han disminuido un 18.5% desde el 24 de junio. Además, informó que actualmente la plaga se encuentra contenida en los estados del sur-sureste del país, donde se han contabilizado 345 casos activos.

Como parte de las acciones de control, explicó que se han liberado 2 mil millones de moscas estériles, una estrategia realizada en colaboración con el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Calderón Elizalde también destacó que no se han reportado casos secundarios, por lo que consideran que esta es una incursión aislada. Confía en que el caso detectado se declarará inactivo en un plazo no mayor a dos semanas.

La reapertura de la frontera para la exportación de ganado mexicano había comenzado de manera gradual el 7 de julio, iniciando con el puerto fronterizo de Douglas, en Arizona, colindante con Sonora. Esta nueva suspensión representa un nuevo obstáculo en el comercio ganadero entre ambos países, a pesar del trabajo conjunto en el combate de la plaga.

Sheinbaum reiteró el compromiso de su gobierno para seguir trabajando con rigurosidad científica y evitar la expansión de la plaga, mientras México mantiene su postura de que las medidas adoptadas por Estados Unidos no corresponden a la magnitud actual del problema.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una reunión con los abogados Steve Shadowen y Jonathan Lowy, representantes de México en las demandas contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos. Durante el encuentro, realizado en la Cancillería, se revisaron los avances en los litigios abiertos en Boston, Massachusetts, y Tucson, Arizona, con el propósito de definir los siguientes pasos en el proceso judicial.

En la reunión, en la que también participó el consultor jurídico Pablo Arrocha, se discutieron los recientes acontecimientos en la Suprema Corte de Estados Unidos. El pasado 4 de marzo, se llevó a cabo una audiencia histórica donde se expuso la demanda de México contra la industria armamentista. En paralelo, el litigio en Tucson ha avanzado a la fase de recolección y producción de evidencia.

El canciller De la Fuente reiteró el respaldo del gobierno mexicano a estas acciones legales y destacó la importancia de frenar el tráfico ilícito de armas, un problema que afecta gravemente la seguridad del país. Como parte de este esfuerzo, la Consultoría Jurídica y el equipo legal mexicano han mantenido reuniones con autoridades federales y locales en Estados Unidos para fortalecer la fase probatoria del litigio en Arizona.

Tras la audiencia ante la Suprema Corte, Pablo Arrocha señaló que las empresas demandadas han permitido la proliferación de armas de fuego de alto poder en manos de organizaciones criminales. Explicó que los cárteles han utilizado este armamento para derribar helicópteros militares y perpetrar actos violentos con armas semiautomáticas de gran calibre, como las AR-15, cuyo acceso está prohibido para civiles en México.

Según Arrocha, esta situación ha generado una crisis de violencia en el país, donde miles de mexicanos pierden la vida cada año a causa de armas traficadas ilegalmente desde Estados Unidos. Además, acusó a la industria armamentista de actuar con irresponsabilidad al priorizar beneficios económicos sobre la seguridad de la población en ambos países.

El representante mexicano subrayó que detener a los cárteles requiere cortar el suministro de armas de fuego. “Se trata de un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México. Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores, alimentan este río con pleno conocimiento de causa”, afirmó.

Con estas acciones legales, México busca que las empresas asuman su responsabilidad y se implementen medidas más estrictas para frenar el tráfico ilegal de armamento hacia el país.