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Entre el 20 de enero y el 17 de diciembre se contabilizaron 145 mil 537 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos, de acuerdo con información oficial del gobierno federal dada a conocer en conferencia de prensa. El registro corresponde al periodo posterior al retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense y al endurecimiento de la política migratoria en ese país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, precisó que la mayoría de los retornos se concretaron por vía terrestre. En total, 116 mil 156 personas ingresaron a México a través de cruces fronterizos, mientras que 29 mil 381 fueron trasladadas por vía aérea. Estas acciones se realizan bajo la Estrategia Nacional de Repatriación “México te abraza”, cuyo objetivo es ofrecer atención inmediata y ordenada a las personas retornadas.

De ese universo, 99 mil 924 connacionales aceptaron ingresar a los centros de atención habilitados por el gobierno mexicano. En contraste, 45 mil 613 personas decidieron no hacerlo. Rodríguez aclaró que, aun cuando no ingresan a estos espacios, se les garantiza acceso a alimentación, llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo logístico para su traslado a los lugares de origen.

La infraestructura de atención está integrada por nueve centros distribuidos en siete entidades del país. Los retornos terrestres se concentran principalmente en estados fronterizos del norte, entre ellos Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. En el caso de las repatriaciones aéreas, la recepción y atención se canalizan en Chiapas y Tabasco, en el sur del país, desde donde se coordina la movilidad de personas procedentes de distintos puntos del territorio estadounidense.

En el ámbito consular, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que 130 mil 364 personas repatriadas recibieron algún tipo de asistencia consular. Este acompañamiento incluye orientación durante procesos de detención, apoyo legal y seguimiento individualizado de casos.

Durante el mismo periodo, personal consular realizó 9 mil 322 visitas a centros de detención migratoria en Estados Unidos, lo que equivale a un promedio de 28 visitas diarias. Además, se brindaron 17 mil 355 asesorías legales externas y se canalizaron 3 mil 848 casos al programa de atención legal a migrantes. En materia de apoyos económicos, se reportaron 33 casos en los que se destinaron recursos para el pago de fianzas, con un monto acumulado de 146 mil dólares. También se registraron 75 repatriaciones de carácter médico.

Como complemento a estas acciones, Velasco destacó los recursos obtenidos mediante el sorteo “México con M de migrante”, que permitió recaudar 115 millones de pesos. De ese total, 50 millones se asignarán al fortalecimiento de la representación legal y al pago de fianzas, mientras que 10 millones de pesos se destinarán a la realización de visitas a centros de detención. El resto de los fondos se utilizará para apoyo humanitario y labores de difusión preventiva dirigidas a la población migrante.

Los datos presentados dan cuenta de la operación conjunta de dependencias federales y de la red consular mexicana para atender el volumen de repatriaciones registradas en los primeros meses de la actual administración estadounidense, así como de los mecanismos desplegados para brindar asistencia, orientación y acompañamiento a las personas retornadas.

Raúl Navarro, quien encabezó la Secretaría de Hacienda de Sonora en el gobierno de Claudia Pavlovich, fue sometido a proceso judicial tras determinarse su posible implicación en los delitos de peculado y asociación delictuosa. La resolución se dio en una audiencia reciente, donde un juez valoró los elementos presentados por el Ministerio Público y consideró que existían bases suficientes para continuar con la investigación en su contra.

La fiscalía estatal informó que, a partir de la determinación judicial, se fijó un periodo de seis meses para que la indagatoria sea concluida. En su comunicado, la autoridad destacó que los datos de prueba expuestos permitieron establecer la probable responsabilidad del ex funcionario. El caso está relacionado con contratos de servicios profesionales firmados entre 2017 y 2020, los cuales estaban dirigidos a la realización de asesorías vinculadas con procedimientos administrativos.

La vinculación de Navarro ocurre en un contexto donde otros ex integrantes del gabinete de Pavlovich también han enfrentado procesos similares. En agosto, las autoridades detuvieron a José Víctor Guerrero González, quien se desempeñó como secretario de Educación durante el mismo sexenio, igualmente por presunto peculado.

Mientras tanto, la trayectoria política de la exgobernadora ha continuado bajo la mirada pública. Tras desempeñarse como cónsul de México en Barcelona, Claudia Pavlovich fue ratificada en agosto por la Comisión Permanente del Congreso como embajadora de México en Panamá, luego del nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su toma de protesta, la senadora panista Lilly Téllez interrumpió la ceremonia al gritar “¡corrupta, corrupta!”, acusándola de encubrir el incendio ocurrido en 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo. El señalamiento fue parte de la protesta de la legisladora, quien ha mantenido críticas constantes hacia la exmandataria.

El caso de Navarro añade un nuevo capítulo a las investigaciones emprendidas por presuntas irregularidades durante el sexenio pasado en Sonora. Las autoridades continúan integrando los expedientes relacionados con el manejo de recursos públicos y la celebración de contratos de asesoría durante ese periodo. Con la vinculación a proceso formalizada, los próximos meses serán clave para determinar el rumbo de la acusación y el desarrollo de las diligencias que la fiscalía deberá completar conforme al plazo establecido.

Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) realizaron una manifestación frente a las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Ciudad de México, para exigir un aumento salarial equivalente al otorgado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). La protesta se extendió durante varias horas y expuso una serie de inconformidades acumuladas por este sindicato minoritario.

El secretario general de la sección 8 de la UNTyPP, Francisco Zamora Salazar, explicó que, pese a que su organización está registrada desde 2008, no se les ha aplicado el incremento salarial reciente porque se les clasifica como “trabajadores de confianza”. Según detalló, esa categoría los deja fuera del contrato colectivo y del reglamento que sí se aplica a los empleados sindicalizados del organismo. En entrevista, Zamora atribuyó esta situación a decisiones políticas vinculadas al esquema de austeridad impulsado por el actual gobierno federal.

El líder sindical afirmó que, además de la falta de actualización salarial, la UNTyPP enfrenta liquidaciones y despidos injustificados. Indicó que los recortes comenzaron en el primer trimestre de 2025 y afectan principalmente a trabajadores de confianza con más de dos décadas de antigüedad. “Ha habido muchos despidos injustificados. Bueno, sabemos que van a ser más de tres mil despidos, y ahorita llevan el 80%”, señaló. Añadió que los ajustes se mantendrán hasta el 31 de diciembre, según les ha informado la empresa.

Entre los casos expuestos durante la protesta destaca el de Rigoberto Laredo, trabajador con 34 años de servicio en el área de compras de la Sección 9 en Coatzacoalcos, Veracruz, quien afirmó haber sido despedido hace año y medio tras una acusación de acoso sexual que, según dijo, no ha sido comprobada. 

Laredo aseguró que existen alrededor de 100 personas señaladas bajo acusaciones similares en distintas áreas de Pemex, y que en algunos casos ya se ha demostrado la falsedad de las imputaciones. “Tiene un año o siete meses que yo no tengo salario, no tengo servicio médico”, expuso al denunciar que los despidos se están utilizando para remover personal con puestos sensibles.

Además de las demandas laborales, la UNTyPP señaló deficiencias en instalaciones y servicios básicos dentro de Pemex. Indicaron que persisten fallas en oficinas, elevadores y sanitarios del centro administrativo, donde incluso falta papel higiénico y jabón líquido. 

A estas condiciones se suma el deterioro en la atención médica: el sindicato denunció que el servicio subrogado fue cancelado en varias regiones, obligando a trabajadores de lugares como Topolobampo, Sinaloa, y Hermosillo, Sonora, a trasladarse hasta Salamanca, Guanajuato, o a la Ciudad de México para recibir atención, aun en casos de padecimientos menores.

Las exigencias de la UNTyPP colocan sobre la mesa un conjunto de reclamos que combinan salario, estabilidad laboral y condiciones de trabajo, y que mantienen en tensión la relación entre este sindicato y la empresa estatal.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva ofensiva legal para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas en México. El anuncio se dio tras revelarse una investigación federal que detectó 13 establecimientos con operaciones irregulares y posibles vínculos con lavado de dinero en ocho estados del país.

La medida busca actualizar un marco legal que ha quedado rebasado por el auge de las apuestas en línea. En los últimos años, las plataformas digitales de juego se han multiplicado y, al no estar sujetas a una regulación clara, muchas han operado al margen de la supervisión financiera y tributaria. Este vacío legal ha facilitado movimientos económicos difíciles de rastrear y el uso de flujos internacionales sin justificación formal.

El plan de reformas incluirá ajustes para que tanto los casinos físicos como los digitales cumplan con reglas similares en materia de transparencia, control financiero y prevención de lavado de dinero. Con ello, se busca cerrar los huecos legales que permiten que operen sin una supervisión estricta y con riesgos para los usuarios y para el sistema financiero nacional.

La investigación que detonó esta decisión fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas dependencias detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales sin respaldo y el uso de plataformas no registradas ante la autoridad mexicana.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los establecimientos bajo investigación operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Algunos de estos lugares, además de las casas de apuestas tradicionales, contaban con vínculos directos con sitios digitales que manejaban apuestas y transferencias desde el extranjero.

La indagatoria también contó con apoyo de organismos internacionales como FINCEN y la OFAC, ambos de Estados Unidos, que aportaron información sobre movimientos financieros sospechosos hacia países como Rumania, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Estos flujos incluían transferencias injustificadas y esquemas de simulación fiscal.

La iniciativa de reforma que prepara el gobierno federal buscará establecer un marco moderno para supervisar los juegos de azar tanto en línea como presenciales. Con esta actualización, las autoridades pretenden evitar que las apuestas digitales se conviertan en canales para operaciones ilícitas y reforzar la vigilancia sobre un sector que ha crecido aceleradamente sin una regulación sólida.

El proyecto será presentado en las próximas semanas y marcará el primer intento integral del país por poner orden en un negocio que, hasta ahora, se movía entre la diversión, la falta de control y el riesgo financiero.

Una tarde que parecía rutinaria se convirtió en tragedia en Hermosillo, Sonora, cuando un incendio arrasó con una sucursal de la tienda Waldo’s, dejando un saldo de 23 personas fallecidas y 11 más lesionadas. Entre las víctimas se encuentran menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y trabajadores del establecimiento, según confirmaron las autoridades estatales.

El siniestro se desató alrededor de las 3:00 de la tarde en la tienda ubicada sobre la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, una zona de alto flujo comercial en el centro de la ciudad. En ese momento, el local estaba lleno de clientes que realizaban compras por la quincena y los preparativos para las festividades del Día de Muertos. La magnitud del fuego movilizó de inmediato a los cuerpos de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal, quienes trabajaron durante horas para controlar las llamas y auxiliar a los afectados.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó la cifra de fallecidos y lesionados, y anunció que el gobierno estatal ofrecerá atención médica, psicológica y social a las familias de las víctimas. También informó que las investigaciones sobre el origen del incendio continúan a cargo de los peritos y que se mantiene acordonada la zona mientras se recaban pruebas para esclarecer las causas del siniestro.

Como muestra de luto y solidaridad, el gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Hermosillo suspendieron los eventos públicos programados por el Día de Muertos. Entre ellos, el concierto “Día de Muertos” que se realizaría en el Bosque Urbano La Sauceda, así como las actividades culturales y la tradicional marcha de catrinas en la Plaza Zaragoza. Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía y de los artistas que participarían en las celebraciones.

El impacto de la tragedia ha conmocionado a toda la comunidad sonorense, que ha expresado su solidaridad con las familias de las víctimas. Mientras tanto, las autoridades trabajan en los peritajes para determinar qué provocó el incendio y si existieron fallas estructurales o de seguridad dentro del establecimiento.

Lo que comenzó como una tarde de compras terminó marcando uno de los episodios más dolorosos recientes en Hermosillo. Hoy, la ciudad guarda silencio en memoria de las víctimas, mientras se buscan respuestas que permitan entender cómo ocurrió un hecho que dejó un profundo vacío en la capital sonorense.

Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, fue detenida este viernes en la frontera de Nogales tras ser deportada de Estados Unidos, donde permanecía en calidad de prófuga de la justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la aprehensión se realizó a través de un proceso de deportación controlada, gestionado en coordinación con autoridades estadounidenses y ejecutado en la garita fronteriza Dennis DeConcini.

Téllez Nieves es señalada por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas derivados del incendio ocurrido en junio de 2009 en la Guardería ABC, tragedia que dejó 49 menores fallecidos y decenas más heridos.

En 2016, un juez la sentenció a 28 años de prisión por los hechos, aunque posteriormente, al apelar, consiguió la reducción de la pena a cinco años y obtuvo su libertad anticipada bajo la condición de presentarse periódicamente a firmar el libro de procesados para no evadirse de la justicia.

Sin embargo, la imputada dejó de cumplir las medidas cautelares y se refugió en Estados Unidos, motivo por el cual se giró una orden de captura con apoyo de Interpol en 2022. Fue detenida en Arizona y permaneció en un centro de reclusión migratoria en Eloy antes de ser entregada a las autoridades mexicanas.

“Con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, ello para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra, por la comisión de dichos ilícitos”, señaló la FGR en un comunicado. 

La dependencia precisó que su detención fue posible gracias a la coordinación entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Tras la deportación controlada, Téllez Nieves fue trasladada a la capital sonorense para ser internada en el Centro Femenil de Reinserción Social de Hermosillo, donde quedó a disposición del juez correspondiente para el cumplimiento de su sentencia.

El incendio de la Guardería ABC, ocurrido durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, es considerado una de las tragedias más graves en la historia reciente del país. 

La deflagración no solo cobró la vida de 49 bebés, sino que dejó a muchos otros con secuelas permanentes. Sandra Lucía Téllez Nieves es una de las propietarias señaladas como responsables del siniestro y ahora enfrentará nuevamente a la justicia mexicana tras años de permanecer prófuga en territorio estadounidense.

Durante su gira por Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este sábado un plan de apoyo por 831 millones de pesos para enfrentar los efectos del cierre de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano, debido a la presencia del gusano barrenador.

El programa, dirigido inicialmente a los estados de Sonora, Coahuila y Durango, contempla apoyos directos y créditos para productores bovinos. Según explicó la mandataria, más adelante podría ampliarse a Chihuahua y Tamaulipas.

“Es el programa que les presento ahora, de 831 millones de pesos”, anunció Sheinbaum en Hermosillo, como parte de los informes de su gobierno en territorio estatal. Previamente, en una visita a Coahuila, había señalado que los recursos destinados alcanzarían 700 millones de pesos, aunque en Sonora precisó el monto actualizado.

Entre los componentes del plan, se encuentra la entrega de sementales bovinos a los productores, la creación de un fondo de crédito con bajas tasas de interés para la engorda de ganado y la construcción de un centro integral de ganadería. Este último tendrá como objetivo impulsar la producción de carne tanto para el consumo interno como para la exportación.

“Ya está el recurso, así que antes de que acabe septiembre empezamos con las primeras entregas. En esta primera etapa incluye Sonora, Coahuila y Durango, y ya en una segunda etapa es probable que vayamos a Chihuahua y Tamaulipas, los estados del norte del país, pero ya este año iniciamos y esperemos que el próximo año estemos con exportación y producción de carne en nuestro país”, afirmó Sheinbaum.

La mandataria estuvo acompañada en su visita por miembros de su gabinete y por el gobernador Alfonso Durazo. Durante su mensaje, destacó además algunas de las obras que se ejecutan actualmente en Sonora, como la modernización de los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, así como el libramiento ferroviario en Nogales.

Sheinbaum también anunció la construcción de 47 estancias infantiles en el estado, las cuales habían sido suspendidas durante el sexenio anterior. Estos espacios operarán bajo el nuevo esquema de Centros de Educación y Cuidado Infantil (Cecis).

La presidenta explicó que, en el pasado, las guarderías del IMSS fueron subrogadas a operadores privados, pero que ahora se recuperará el modelo original administrado por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. “Vamos a hacer en el país mil centros de educación y cuidado infantil para las madres trabajadoras”,señaló.

Como anécdota personal, compartió que sus hijos asistieron a guarderías del IMSS y expresó su reconocimiento a las trabajadoras del instituto. “Una forma de retribuir es apoyando a las madres trabajadoras y al IMSS”, dijo.

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso este sábado por un juez federal, acusado de presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Pese a ello, el deportista enfrentará el procedimiento en libertad, luego de que la Fiscalía no justificara la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva.

Chávez Jr. había sido entregado a México el pasado miércoles y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 de Hermosillo, Sonora, tras dictársele la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, durante la audiencia, la defensa legal confirmó que el juez ordenó su inmediata liberación.

“El día de hoy va a quedar puesto en inmediata libertad, así lo ordenó el juzgador porque fiscalía no justificó que deba estar privado de la libertad para su proceso”, declaró el representante legal del exboxeador a la salida del tribunal.

La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el desahogo de la investigación complementaria y estableció que el imputado deberá cumplir medidas “muy estrictas” mientras lleva su proceso fuera de prisión.

El delito que enfrenta se relaciona con delincuencia organizada en la modalidad de participación sin funciones de administración ni liderazgo, vinculado con la introducción clandestina de armas a México. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la pena máxima en caso de resultar culpable podría alcanzar entre cuatro y ocho años de prisión.

El caso se remonta a julio, cuando Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles, California, por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) debido a que no contaba con documentos para permanecer en territorio estadounidense. En ese momento, autoridades de Estados Unidos señalaron que el boxeador estaba ligado a una orden de detención vigente en México por presuntos nexos con cárteles de la droga.

“También se cree que Chávez es miembro del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, afirmaron las autoridades estadounidenses en aquel entonces.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantenía desde el 14 de enero de 2023 una orden de aprehensión contra Chávez Carrasco, emitida por un juez federal en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, dicha orden no se había ejecutado hasta su detención y entrega reciente.

De acuerdo con las investigaciones, entre diciembre de 2021 y junio de 2022 la FGR intervino comunicaciones telefónicas de integrantes de una célula dedicada al tráfico de armas vinculada a la facción de “Los Chapitos”.

En esas intervenciones, se detectaron conversaciones en las que se señalaba que Chávez Carrasco presuntamente golpeaba a integrantes del Cártel de Sinaloa como castigo, bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024.

El proceso judicial continúa y será en los próximos meses cuando se determinen los avances de la investigación y el futuro legal del exboxeador.

Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, tramitó un juicio de amparo en el que denunció “privación ilegal de la libertad e incomunicación” luego de ser entregado a México por autoridades de Estados Unidos. El caso ahora está en manos del Poder Judicial de la Federación.

La jueza Ana María Nava Ortega, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Sonora, concedió una suspensión de plano con la que ordenó a las autoridades que la “incomunicación cese de inmediato”, garantizando así el acceso del boxeador a comunicación y contacto con el exterior mientras permanece en una prisión de Hermosillo.

De acuerdo con documentos judiciales, el recurso fue presentado el miércoles 20 de agosto, un día después de que Chávez Jr. fuera trasladado a territorio mexicano desde Los Ángeles, California. La detención en Estados Unidos ocurrió en julio, cuando agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas lo arrestaron tras considerarlo relacionado con actividades del Cártel de Sinaloa.

La aprehensión se realizó días después del combate que el pugilista sostuvo contra el youtuber Jake Paul. Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, desde diciembre del 2024 existía una denuncia en su contra que lo clasificaba como una “amenaza para la seguridad pública”, aunque en ese momento no fue prioridad para las autoridades estadounidenses.

Una vez entregado a México, la Fiscalía General de la República confirmó que desde 2023 existía una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con organizaciones criminales. La FGR documentó que entre diciembre de 2021 y junio de 2022 se intervinieron teléfonos de presuntos integrantes de una célula dedicada al tráfico de armas, vinculada a la facción conocida como “Los Chapitos”.

En esas conversaciones, de acuerdo con la investigación, se mencionaba a Chávez Carrasco en supuestos actos de violencia contra integrantes del Cártel de Sinaloa. Los testimonios señalan que era utilizado para castigar a miembros de la organización, a quienes presuntamente golpeaba como si fueran costales de boxeo, siguiendo instrucciones de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”. Este último fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024.

El juicio de amparo interpuesto por el exboxeador busca frenar actos que considera violatorios de sus derechos fundamentales, particularmente la incomunicación dentro del penal de Hermosillo. La orden de la jueza Nava Ortega obliga a las autoridades a garantizar que tenga acceso a sus abogados y a establecer contacto con familiares, en tanto se resuelve el fondo del caso.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este miércoles una reunión en Palacio Nacional con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; Coahuila, Manolo Jiménez, y Durango, Esteban Villegas, además de representantes de asociaciones ganaderas, con el objetivo de enfrentar la crisis derivada del cierre de exportaciones de ganado hacia Estados Unidos.

El encuentro tuvo como eje la emergencia provocada por la detección del gusano barrenador, que llevó al Departamento de Agricultura de Estados Unidos a suspender la entrada de bovinos mexicanos en julio. Sheinbaum informó que se estableció un programa especial de apoyo destinado a mitigar los efectos del cierre fronterizo. “Acordamos un programa especial de apoyo con el propósito de afrontar el cierre de la frontera para exportación ganadera”, señaló la mandataria en un mensaje difundido en la red social X.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, destacó que el plan busca dar certeza al sector ganadero, luego de que la decisión estadounidense frenara de inmediato el flujo de exportaciones. Recordó que la medida se tomó apenas tres días después de la reapertura que había permitido enviar 900 cabezas de ganado a Estados Unidos. Este es el tercer cierre en ocho meses, lo que ha generado un fuerte impacto económico en los productores nacionales.

La suspensión fue anunciada por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, con el argumento de proteger al mercado interno ante la posible propagación de la plaga.

En paralelo, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) exigió al gobierno mexicano medidas adicionales para proteger a los productores. A través de un comunicado, solicitaron suspender la importación de bovinos de Nicaragua, Honduras y Guatemala, países donde también se han registrado brotes de gusano barrenador.

El organismo denunció además el tráfico ilegal de aproximadamente 800 mil cabezas de ganado que ingresan por la frontera sur desde Centroamérica. De acuerdo con la UNTA, muchos de esos animales estarían infectados, lo que provocaría pérdidas millonarias al limitar las exportaciones hacia Estados Unidos.

La crisis golpea de manera particular a los estados del norte, donde la producción ganadera representa un motor económico clave. La decisión de Sheinbaum de coordinar acciones conjuntas con los mandatarios estatales busca evitar mayores afectaciones a los productores y establecer medidas de contención frente a la plaga.

Con el nuevo programa de apoyo, el gobierno federal y los estados implicados intentan dar respuesta inmediata a una situación que mantiene en incertidumbre a uno de los sectores estratégicos del campo mexicano.