Corte cierra la puerta a Elba Esther Gordillo: Deberá cubrir 19.2 millones de pesos por ISR

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por Elba Esther Gordillo y confirmó que la exdirigente magisterial deberá pagar 19 millones 200 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

La resolución respalda los créditos determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al establecer que Gordillo no comprobó las transacciones que originaron la deuda fiscal. En su defensa, la exlideresa argumentó que los movimientos financieros estaban vinculados con sus funciones como presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cargo que ocupaba durante los años observados. Sin embargo, el máximo tribunal concluyó que no acreditó debidamente dichas operaciones.

El litigio se remonta a 2021, cuando Gordillo Morales fue notificada por la autoridad hacendaria sobre presuntos adeudos fiscales. A partir de esa notificación, promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), bajo el argumento de que la determinación del SAT era ilegal y que existía un procedimiento específico para aclarar una posible discrepancia fiscal.

En julio de 2024, la Sala Superior del TFJA confirmó la validez de los cobros exigidos por la autoridad tributaria, al considerar que los créditos fiscales estaban debidamente fundados. Tras ese revés, la exdirigente sindical acudió a la Suprema Corte en busca de amparo, recurso que finalmente fue desechado.

El proyecto para rechazar la solicitud fue elaborado por la ministra Lenia Batres. El asunto fue admitido antes de la renovación del Poder Judicial, lo que permitió que el expediente siguiera su curso hasta la resolución definitiva.

Durante 2008 y 2009, periodo al que corresponden los adeudos, Gordillo encabezaba el SNTE, uno de los sindicatos más grandes de América Latina. Años después, en 2013, enfrentó un proceso penal por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2018 fue absuelta, hacia el cierre de esa administración y meses antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

Con la decisión de la SCJN, queda firme la obligación fiscal por más de 19 millones de pesos determinada por el SAT, derivada de operaciones no comprobadas en los ejercicios fiscales señalados.

Caen líderes sindicales en Edomex en una amplia operación contra el “huachicol” de agua

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a tres líderes sindicales como parte de la “Operación Caudal”, el despliegue estatal con el que autoridades buscan frenar la extracción, distribución y comercialización ilegal de agua en la entidad. 

Entre los detenidos se encuentra Mario “N”, identificado también como Juan “N”, señalado como un objetivo prioritario dentro del operativo. De acuerdo con la fiscalía, fue ubicado como líder de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM) y vocero de Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX).

La institución informó que al detenido se le encontraron armas de fuego y cartuchos útiles, además de que es investigado por su presunta participación en delitos de extorsión. Las autoridades sostienen que su intervención en la cadena ilícita del agua se realizaba presuntamente mediante el acaparamiento y distribución en municipios como Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, utilizando pipas operadas por integrantes de sus organizaciones. 

Según la FGJEM, en “grado de probabilidad” también habría cometido agresiones y robos contra conductores de pipas ajenas a sus grupos, y obligado a dueños de purificadoras a contratar servicios con operadores afines.

La operación “Caudal” arrancó el 24 de octubre con acciones simultáneas en 48 municipios para desarticular redes dedicadas al llamado “aguachicol”. Durante esta primera fase, la fiscalía aseguró más de 160 puntos vinculados con la extracción y sobreexplotación del agua, además de confiscar 250 pipas relacionadas con el suministro clandestino.

En el mismo operativo fueron detenidos Juan “N” y Guillermo “N”, también identificados por las autoridades como líderes sindicales vinculados al manejo ilegal del agua. En el caso de Guillermo “N”, la FGJEM lo señala como integrante relevante del grupo “Sindicato 22 de Octubre”, una organización vinculada con presuntos delitos como homicidio, secuestro, extorsión, despojo de propiedades, robo con violencia, robo a transporte de carga, disparo de arma de fuego y narcomenudeo en municipios como Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chicoloapan.

Las detenciones se suman a la captura previa de Christian Jesús “N”, alias “Gimy” o “Jimmy”, Sexto Regidor de Chalco y señalado como líder del mismo “Sindicato 22 de Octubre”. Tanto esta organización como FITTAM y SUTMEX participaron en manifestaciones y bloqueos registrados el 27 de octubre en contra de la “Operación Caudal”, un despliegue que continúa activo mientras autoridades estatales buscan desarticular por completo la cadena ilícita de abasto y cobro de agua en el Estado de México.

Dulce Muerte: El documental que convierte la eutanasia en una reflexión sobre dignidad y libertad

El cine se prepara para abrir una conversación profunda con el estreno de “Dulce Muerte”, el nuevo documental de Analeine Cal y Mayor, que llega a salas mexicanas el 30 de octubre bajo el sello de Cinestereo. La cinta ha recorrido un exitoso circuito internacional, con reconocimientos en el Montreal Women Film Festival 2025, el 12th International Documentary Festival of Ierapetra & Awards y una selección oficial en el Berlín Indie Film Festival 2026, tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Con una duración de 79 minutos, la película propone una mirada íntima y provocadora sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna, contada a través de dos historias que se entrelazan entre la valentía y la reflexión. El documental sigue al Dr. Philip Nitschke, pionero en la defensa del derecho a morir con dignidad, quien tras perder su licencia médica se reinventa como comediante de stand-up para hablar sobre la muerte asistida en países donde aún se considera ilegal. En contraste, la cinta muestra el camino de Kathy Beech, una mujer que viaja a Tijuana para obtener el medicamento que podría permitirle elegir cómo despedirse si llega a padecer la misma enfermedad degenerativa que afectó a su madre.

Rodada en México, Reino Unido, Escocia, Italia y Holanda, la película reúne testimonios de quienes han vivido el tema desde distintas perspectivas, transformando la conversación en una reflexión universal sobre la libertad individual.

La producción cuenta con la participación ejecutiva del actor y cineasta Viggo Mortensen, y la música original del reconocido percusionista Mauro Refosco, colaborador de Red Hot Chili Peppers y Atoms for Peace. Junto a ellos, un sólido equipo técnico da forma al proyecto: Carlos Sosa, Laura Imperiale, y la propia directora encabezan la producción, acompañados por la cinematografía de Héctor Maeshiro, la edición de Yoame Escamilla del Arenal, y el diseño sonoro de José Miguel Enríquez Rivaud.

“Dulce Muerte” se convierte así en un ejercicio cinematográfico que va más allá de la muerte. Es un recorrido visual y emocional que explora el significado de vivir plenamente hasta el último instante, invitando al espectador a mirar de frente uno de los temas más complejos y humanos de nuestro tiempo: la posibilidad de elegir cómo y cuándo despedirse.

Luz verde para Uber: Conductores podrán operar libremente en aeropuertos de México tras fallo judicial

Uber recibió una importante victoria legal que le permitirá operar sin restricciones en los aeropuertos de México. Una jueza federal en materia administrativa concedió una suspensión definitiva que impide la detención de los conductores de la plataforma por parte de la Guardia Nacional mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la empresa.

De acuerdo con el comunicado de Uber, la resolución fue emitida por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, quien determinó que “es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”.

Con esta decisión, los socios conductores podrán operar en los 70 aeropuertos del país, incluyendo los de Cancún, Cozumel, Tulum y Chetumal, sin el riesgo de ser sancionados o retenidos durante los traslados.

La empresa destacó que esta resolución llega en un momento clave, previo al Mundial de Futbol que se celebrará en México, y subrayó la relevancia de garantizar un servicio de transporte seguro y eficiente para los millones de visitantes que llegarán durante el evento. “Es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a los millones de turistas que recibiremos durante la justa deportiva más importante del planeta”, señaló la compañía.

Uber también aprovechó la oportunidad para exhortar al Congreso de la Unión a legislar sobre la operación de plataformas digitales de transporte en zonas federales. El objetivo, explicó, es establecer un marco normativo que brinde certeza jurídica tanto a conductores como a usuarios, y que fortalezca el ecosistema turístico nacional.

El anuncio se da en medio de un contexto de constantes agresiones contra conductores de plataformas en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde se han registrado enfrentamientos con taxistas locales. En uno de los casos más graves, un conductor fue atacado por al menos 20 taxistas mientras recogía pasajeros; su vehículo fue dañado y los usuarios que transportaba fueron liberados por la fuerza.

Este mismo año se reportaron nuevos incidentes, como bloqueos a vehículos de aplicación por parte de grupos de hombres que intentaban impedir su salida. En otro hecho que causó indignación, una turista estadounidense fue golpeada por un taxista cuando intentaba abordar un Uber en el aeropuerto; al ser detenido, el agresor portaba sustancias prohibidas.

En su comunicado, la empresa aseguró que el fallo judicial representa una oportunidad para mejorar la conectividad en los aeropuertos, reducir tiempos de espera y ofrecer alternativas de movilidad más seguras y eficientes para los viajeros que llegan o parten de México.