Condena histórica para Genaro García Luna al ser sentenciado a más de 38 años de prisión en EE. UU.

Este miércoles, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, recibió una de las sentencias más contundentes en la historia reciente de la justicia estadounidense: más de 38 años de prisión por cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio. Además de la pena de cárcel, García Luna deberá cumplir cinco años de libertad condicional y pagar una multa de dos millones de dólares, sanciones que marcan el fin de una carrera política llena de poder y controversia.

 

La sentencia fue dictada por el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn, Nueva York, tras un juicio que mantuvo al mundo en vilo desde su inicio. García Luna, quien ha estado recluido en un penal de Brooklyn durante casi cinco años, escuchó el veredicto después de una breve intervención personal. Aunque trató de argumentar a su favor, las pruebas y testimonios presentados en su contra resultaron abrumadores.

 

El exfuncionario mexicano fue declarado culpable en febrero de este año, luego de que un jurado compuesto por 12 miembros deliberara tras tres semanas de audiencias, en las cuales se presentaron 26 testimonios. Entre los declarantes se encontraban antiguos colaboradores y miembros de los cárteles de droga, quienes aseguraron que García Luna no solo protegió a organizaciones criminales durante su gestión, sino que también facilitó el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

 

La carrera de Genaro García Luna comenzó como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) bajo el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), una dependencia cuyo objetivo era combatir el crimen organizado. Posteriormente, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia (2006-2012), García Luna fue nombrado secretario de Seguridad Pública, donde desempeñó un papel crucial en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, una estrategia que desató un violento conflicto entre las fuerzas del Estado y los cárteles.

 

A pesar de su ascenso meteórico en la política mexicana, García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, bajo cargos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Desde entonces, su detención y posterior juicio han expuesto una red de complicidades entre altos mandos del gobierno mexicano y los cárteles de la droga, manchando profundamente la imagen de las instituciones de seguridad del país.

 

El día de la sentencia, una decena de manifestantes mexicanos se congregaron en las inmediaciones de la Corte de Brooklyn, exigiendo una condena aún más severa para García Luna. Con pancartas que leían “Calderón sí sabía” y “Genaro García Luna representa al PAN”, los manifestantes clamaron por justicia, no solo por los crímenes cometidos en Estados Unidos, sino también por las consecuencias de la “guerra contra el narcotráfico” en México.

 

Uno de los manifestantes declaró: “García Luna podrá pagar por sus delitos en este país, pero aún le debe mucho a México. Nosotros somos quienes vivimos las consecuencias de sus acciones y de la estrategia fallida de seguridad”. La indignación de los presentes se centraba también en el expresidente Felipe Calderón, a quien responsabilizan por las miles de muertes derivadas de la militarización del combate al narcotráfico.

 

Entre consignas como “Calderón, te espera la prisión”, los manifestantes hicieron eco de la creciente demanda de justicia en México. Consideran que la sentencia de García Luna es solo el comienzo, y que figuras como Calderón también deberían rendir cuentas por las decisiones que llevaron al país a una ola de violencia sin precedentes.

 

La condena de García Luna marca un hito en la lucha contra la corrupción en México, ya que por primera vez un alto funcionario de tal envergadura ha sido condenado por sus vínculos con el narcotráfico en un tribunal extranjero. Esta decisión judicial pone en relieve la falta de rendición de cuentas dentro del propio sistema judicial mexicano, donde García Luna operó con aparente impunidad durante años.

 

Con este fallo, queda claro que la sombra de la corrupción no solo afecta a los gobiernos locales, sino que también permea a los más altos niveles del poder. La condena de García Luna es un recordatorio de que, aunque la justicia puede tardar, finalmente llega para aquellos que abusan de su posición para enriquecerse a costa de la seguridad de su pueblo. Mientras tanto, los ojos de México y el mundo estarán puestos en las posibles repercusiones de este veredicto en otros actores políticos del pasado reciente del país.

Denise Dresser Absuelta: Un Triunfo para la Libertad de Expresión

En un veredicto histórico, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado que la reconocida periodista Denise Dresser no incurrió en violencia política de género contra la diputada morenista Andrea Chávez. La resolución revocó una multa de 20 mil pesos y otras medidas impuestas a Dresser, argumentando que sus expresiones estaban amparadas en la libertad de expresión y en su labor periodística.

La controversia surgió a raíz de comentarios emitidos por Denise Dresser durante el programa “Mesa de Análisis con Loret”, transmitido por Latinus el 15 de agosto de 2023. En dichas declaraciones, Dresser utilizó expresiones como “es un tema de faldas”, “tener una novia en la campaña” y “no sabemos si era novia o no”, referenciando a Andrea Chávez y sus aspiraciones políticas. La diputada presentó una denuncia por violencia simbólica y psicológica.

La magistrada Mónica Soto, al presentar el proyecto, propuso la revocación de la multa y otras medidas de reparación impuestas a Denise Dresser. Argumentó que las expresiones de la periodista estaban respaldadas por la libertad de expresión y la actividad periodística. La Sala Superior respaldó esta postura, considerando que el propósito de Dresser era evidenciar un posible uso de recursos públicos y la disminución de las posibilidades de éxito de Andrea Chávez en su aspiración a la coordinación.

El magistrado Felipe de la Mata subrayó que la libertad de expresión no debe ser coartada por la violencia política de género. Declaró que este tipo de violencia no puede convertirse en un instrumento para silenciar a la prensa o al ejercicio libre del periodismo. Además, enfatizó que las expresiones de Dresser se enmarcan en la crítica y exposición de información de relevancia pública.

La respuesta de la diputada Chávez tras conocer la decisión del TEPJF fue contundente. En un comunicado, manifestó que Denise Dresser cometió violencia política de género en su contra, según la determinación unánime del tribunal. Chávez destacó que las palabras de Dresser estuvieron cargadas de violencia simbólica, psicológica y verbal, basadas en estereotipos de género, vulnerando sus derechos político-electorales.

Por su parte, Denise Dresser celebró el fallo del tribunal como un triunfo para la libertad de expresión. En sus declaraciones, la periodista consideró que esta decisión histórica demuestra que no cometió violencia política de género y que, con ello, se preserva el derecho a cuestionar actos de influyentismo, corrupción y desvío de recursos públicos.

La polémica alrededor de este caso resalta la importancia de mantener un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección contra la violencia política de género. El TEPJF, al absolver a Denise Dresser, envía un mensaje claro sobre la necesidad de abordar estas situaciones con un análisis amplio y contextual, evitando que la libertad de expresión sea restringida injustamente. La sentencia sienta un precedente significativo en el debate sobre la libertad de expresión y el respeto a los derechos político-electorales en el contexto de la actualidad política mexicana.