Pemex busca salir del pozo financiero: Sener asegura recuperación y estabilidad

Durante su comparecencia en el Senado, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) avanza en un proceso de recuperación financiera que apunta a convertirla en una empresa moderna, eficiente y sostenible.

Frente a legisladores, explicó que la estrategia económica implementada por el gobierno federal busca reducir la deuda histórica de la petrolera y estabilizar su producción, aunque evitó profundizar en temas polémicos como el “huachicol” fiscal, la operación de la refinería de Dos Bocas o el derrame de petróleo en Veracruz.

La presentación formó parte de la glosa del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la Comisión de Energía del Senado. En un discurso enfocado en resultados económicos, la funcionaria destacó que desde 2019 se puso en marcha un plan para fortalecer las finanzas de Pemex, con medidas como la reducción del derecho de utilidad compartida —del 65% al 40%— y la creación del derecho petrolero para el bienestar, que simplificó los impuestos que la empresa debía pagar. Este nuevo esquema fiscal, aseguró, permitió estabilizar los ingresos y recuperar parte de la capacidad de inversión.

Entre los datos presentados, González señaló que Pemex logró disminuir sus pérdidas en casi 90% y generar ahorros por más de 20 mil millones de pesos gracias a un programa de eficiencia y control del gasto. Además, informó sobre la colocación de bonos precapitalizados a cinco años por 12 mil millones de dólares, medida que contribuyó a aligerar la deuda y cumplir con pagos a proveedores y contratistas por alrededor de 300 mil millones de pesos.

La secretaria también habló sobre los objetivos de producción: mantener la extracción de crudo en torno a 1.8 millones de barriles diarios y alcanzar los 5 mil millones de pies cúbicos de gas al día. En agosto de 2025, la producción nacional fue de 1.745 millones de barriles diarios, con la expectativa de cerrar el año alcanzando la meta.

Sin embargo, durante la comparecencia, la funcionaria evitó abordar de fondo temas que los senadores consideraron prioritarios. No ofreció detalles sobre el papel actual de la refinería de Dos Bocas en la producción nacional, ni sobre las acciones emprendidas tras el derrame de petróleo en el río Pantepec, Veracruz, que afecta a comunidades del norte del estado.

El punto más tenso de la sesión se dio cuando legisladores de oposición insistieron en obtener información sobre el llamado “huachicol” fiscal, un esquema de evasión en el comercio de combustibles. Ante esto, la titular de Energía respondió únicamente que su dependencia colabora con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana para coordinar acciones y esclarecer los casos.

Acompañada por el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y por el titular del Cenagas, Cuitláhuac García, la secretaria cerró una comparecencia de casi tres horas enfocada en cifras y planes financieros, pero con más reservas que respuestas sobre los temas que aún generan dudas en el sector energético.

Luz verde en el Senado: Nuevos rostros llegan a CFE y Pemex bajo propuesta de Sheinbaum

Con un respaldo mayoritario, el Senado de la República ratificó los nombramientos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar los Consejos de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), marcando así un nuevo capítulo en la gestión de dos de las empresas estratégicas más importantes del país.

En una jornada parlamentaria de alta actividad, la Comisión de Energía sesionó desde temprano para revisar las propuestas enviadas apenas el 8 de abril. Los dictámenes fueron aprobados y turnados al pleno con carácter de urgente, prescindiendo del periodo de publicación previa gracias al respaldo mayoritario del bloque de Morena y sus aliados.

Uno de los nombramientos no fue aprobado. El abogado Cristóbal Arias Solís, integrante del partido oficialista, quedó fuera por no cumplir con los requisitos establecidos para ocupar el cargo como consejero independiente.

En lo correspondiente a la CFE, Cecilia Martín del Campo Márquez recibió el respaldo de 65 votos para integrarse como consejera independiente por un periodo de cinco años. Por su parte, Héctor Sánchez López fue ratificado con 68 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, para ocupar un puesto en el mismo consejo por cuatro años.

Para Petróleos Mexicanos, la Cámara Alta aprobó el nombramiento de Juan José Paullada Figueroa como consejero independiente por un periodo de cuatro años. La votación obtuvo 80 sufragios a favor frente a 10 en contra. Además, María del Rosío Vargas Suárez fue ratificada como consejera independiente de Pemex por un periodo de tres años, con 71 votos a favor y 19 en contra.

Una vez ratificados, los nuevos integrantes tomaron protesta ante el pleno del Senado, formalizando su incorporación inmediata a los órganos de decisión de ambas empresas productivas del Estado.

La elección de estos perfiles refleja una visión de continuidad técnica y profesional en el manejo energético nacional, bajo la nueva administración federal. El proceso se desarrolló en un ambiente de deliberación ordenada, sin sobresaltos ni contratiempos, con resultados definidos por la fuerza legislativa de la mayoría.

El nuevo cuadro de consejeros inicia funciones en un periodo clave para la política energética de México, en medio de una agenda que busca reforzar la soberanía energética, garantizar el acceso a servicios esenciales y enfrentar los retos de la transición hacia fuentes más limpias.

Diputados aprueban reformas para fortalecer la soberanía energética y regular CFE y Pemex

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó un paquete de reformas que busca fortalecer la soberanía energética de México. Con 33 votos a favor y nueve en contra, se avaló la iniciativa que establece nuevas reglas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles importados y garantizar la autonomía en la producción de energía. 

Rocío Adriana Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía, destacó que esta iniciativa es una reforma integral que abarca tanto el sector eléctrico como el petrolero. La propuesta incluye la creación de un régimen fiscal especial para Pemex, eliminando tres derechos actuales —utilidad compartida, extracción y explotación— y sustituyéndolos por el Derecho Petrolero para el Bienestar.

 

Uno de los puntos clave de la reforma es la creación de la Comisión Nacional de Energía, cuyo propósito será regular el sector energético para asegurar su desarrollo ordenado y seguro. Además, se busca coordinar la participación de la iniciativa privada, estableciendo normas claras que garanticen la confiabilidad del sistema y un equilibrio en las ganancias de las empresas involucradas.

 

El morenista Francisco Javier Velázquez Vallejo afirmó que estas reformas permitirán recuperar el control estatal de los recursos energéticos, asegurando que beneficien directamente a la población. “Ponemos fin al saqueo, consolidamos la soberanía energética y garantizamos que la energía esté al servicio de los mexicanos”, declaró.

 

Por otro lado, la diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, indicó que su partido respaldó la reforma porque representa un avance en la política energética, equilibrando el control estatal con la modernización del sector y la transición a energías limpias.

 

Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas. Genoveva Huerta Villegas, diputada del PAN, alertó sobre un posible debilitamiento en la transparencia de las contrataciones dentro de CFE y Pemex. “Se está creando un régimen de excepción que permite contrataciones directas sin licitación, lo que podría perjudicar a los mexicanos”, advirtió.

 

El dictamen aprobado por la Comisión de Energía ha sido enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde será discutido y votado en el pleno del recinto legislativo de San Lázaro este miércoles. Su aprobación definitiva marcaría un cambio significativo en la estrategia energética del país, reforzando el papel del Estado en la gestión de los recursos y estableciendo nuevas condiciones para la participación del sector privado en la industria energética.