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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este jueves un mensaje directo desde la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, para subrayar que en el país “el pueblo manda”. La declaración se dio en un video difundido por la mandataria, en clara alusión a los comentarios recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Horas antes, el mandatario estadounidense afirmó, durante una conferencia en el Despacho Oval de la Casa Blanca, que México y Canadá acatan las órdenes de su gobierno en materia de seguridad fronteriza. Según Trump, la política migratoria implementada por su administración ha reforzado la seguridad de Estados Unidos, al punto de cerrar ambas fronteras, norte y sur, que describió como “horribles” antes de su llegada al poder.

“Realmente respetan a este país de nuevo (…) México hace lo que les decimos que hagan y Canadá hace lo que les decimos que hagan porque tenemos dos fronteras: la norte y la sur”, declaró el presidente estadounidense, enfatizando que la estrategia migratoria de su gestión ha devuelto el respeto internacional hacia Estados Unidos.

En respuesta, Sheinbaum destacó la independencia de las decisiones políticas mexicanas y la soberanía del país. “Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México, el pueblo manda”, afirmó la mandataria, reforzando el papel de la ciudadanía en la conducción del gobierno nacional.

El intercambio de declaraciones ocurre en un contexto de alta sensibilidad política entre ambas naciones, marcado por el permanente debate sobre migración y seguridad en la frontera compartida. Desde su llegada al poder, Trump ha mantenido una postura firme respecto al control fronterizo, lo que ha generado fricciones diplomáticas con México y Canadá.

El mensaje de Sheinbaum fue emitido mientras participaba en las actividades por el Día del Cine Mexicano, celebrado en el Bosque de Chapultepec. El evento, además de conmemorar la producción cinematográfica nacional, sirvió como escenario para enviar un pronunciamiento que busca dejar claro el principio de autodeterminación del país.

Con esta declaración, la presidenta mexicana no solo respondió a los señalamientos de Trump, sino que también reafirmó la postura de que las decisiones internas responden a la voluntad de la población y no a presiones externas. El episodio añade un nuevo capítulo a la dinámica diplomática y mediática que caracteriza la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en la que la soberanía nacional se mantiene como un eje central.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde al nuevo modelo de credencial para votar, que incorporará tecnología de vanguardia para reforzar su seguridad y autenticidad. La decisión fue tomada este jueves durante la sesión del Consejo General, donde se detallaron los cambios que tendrá el documento más utilizado para identificarse en México.

Arturo Castillo Loza, consejero electoral y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, informó que esta renovación se enmarca dentro de un proceso de licitación para contratar a la empresa que fabricará las nuevas credenciales. Aprovechando este proceso, el INE introducirá mejoras sustanciales tanto en diseño como en protección contra fraudes.

El nuevo diseño contará con innovaciones como microtextos, elementos ópticamente variables, tintas termocromáticas e infrarrojas, así como un diseño de seguridad de alta resolución. También se añadirá una fotografía digital en el reverso y un elemento táctil que facilitará su uso a personas con debilidad visual.

Además, se mantendrán los mecanismos actuales de verificación y lectura rápida, como los códigos de barras tradicionales y los códigos QR bidimensionales de alta densidad. El documento seguirá incluyendo hasta 650 caracteres para los datos personales del titular, así como el código OCR compuesto por la sección electoral y un identificador único.

El objetivo central, señaló Castillo, es robustecer la seguridad del documento para hacerlo prácticamente infalsificable y garantizar la integridad de los procesos democráticos en México.

“Se busca incrementar las medidas de seguridad de esta credencial y garantizar que sea prácticamente infalsificable”, afirmó.

El nuevo modelo también abre la puerta a futuras discusiones sobre la inclusión de información adicional, como la voluntad de donación de órganos o la pertenencia a un grupo indígena, a solicitud de ciudadanos. Sin embargo, estos temas serán abordados en una etapa posterior.

La renovación de la credencial forma parte de los esfuerzos del INE por mantenerse a la vanguardia tecnológica y proteger la identidad de más de 97 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral. Con estas modificaciones, el instituto busca no solo facilitar el ejercicio del voto, sino también fortalecer la confianza en los instrumentos electorales del país.

Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas desde al menos 2019, fue asesinado en Reynosa tras un violento ataque registrado la tarde del sábado. El atentado ocurrió sobre el Bulevar Hidalgo, una de las principales avenidas de esta ciudad fronteriza, y dejó como saldo la muerte del funcionario federal y la destrucción total de su vehículo oficial.

Los primeros reportes recabados por autoridades federales indican que la unidad en la que viajaba el delegado fue alcanzada por el impacto de una granada, lo que provocó un incendio inmediato. El vehículo terminó completamente calcinado, sin que se pudiera hacer nada por salvar la vida del funcionario.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó el hecho mediante un comunicado, en el que detalló que el vehículo se incendió tras los hechos violentos. “Derivado de los hechos en que perdiera la vida una persona presumiblemente servidor público federal, cuyo vehículo se incendió en el Bulevar Hidalgo en Reynosa, se ha establecido coordinación con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones, en caso de que así se requiera”, señaló la dependencia estatal.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego poco antes del incendio. Sin embargo, hasta el momento, la FGR no ha emitido una postura oficial sobre el móvil del ataque, ni ha dado a conocer si existen líneas de investigación concretas.

La identidad del delegado se manejaba con discreción por el tipo de funciones que desempeñaba. Aunque su nombre no era ampliamente conocido en medios, tenía una presencia institucional confirmada en actos públicos. En marzo pasado, participó en una ceremonia de honores a la bandera en Reynosa, donde acompañó al gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya. En dicho evento, el mandatario estatal agradeció a Claudia Sheinbaum Pardo por su respaldo a los afectados por las inundaciones ocurridas ese mes.

Tras el ataque, las autoridades mantienen operativos y labores de inteligencia para esclarecer los hechos, mientras se refuerza la seguridad en puntos estratégicos de Reynosa. El asesinato de Vázquez Reyna marca un nuevo episodio de violencia contra servidores públicos en Tamaulipas, una entidad golpeada por la delincuencia organizada y la confrontación de grupos armados en diversas zonas.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó este domingo a 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales en la ciudad de Culiacán. El operativo responde a los esfuerzos coordinados del Gobierno Federal ante el conflicto entre grupos criminales que operan en la entidad.

Los militares partieron a las 11:35 horas desde la base aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana. Su destino: integrarse a las acciones de seguridad en el territorio sinaloense bajo el mando de la Novena Zona Militar.

Este nuevo contingente se suma a las unidades de Fuerzas Especiales y Fusileros Paracaidistas que llegaron a Sinaloa el pasado 22 de julio, como parte de una estrategia de contención y combate a la criminalidad en puntos clave del estado.

En un comunicado, la Sedena explicó que la misión de los elementos enviados es colaborar con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer el Estado de derecho e inhibir actividades delictivas en la región. La movilización se enmarca dentro del despliegue nacional permanente que mantiene el Ejército en apoyo a las tareas de seguridad pública.

La llegada de estos refuerzos coincide con la visita del Gabinete de Seguridad al estado, realizada también el domingo. Durante la jornada, los titulares de las principales instituciones de seguridad federal presentaron un informe detallado sobre los resultados recientes de las operaciones implementadas.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que, en los últimos nueve meses, las autoridades han logrado la detención de casi mil 500 personas vinculadas a actividades delictivas en la entidad. Además, se han asegurado más de tres mil armas de fuego, lo que representa uno de los mayores decomisos a nivel nacional en el mismo periodo.

Las medidas forman parte de un plan integral de respuesta ante la disputa entre grupos criminales, que ha generado episodios de violencia en distintas zonas del estado. Con esta nueva fase de despliegue, el gobierno federal busca restablecer la seguridad y confianza ciudadana, así como garantizar el desarrollo normal de la vida pública en Sinaloa.

El operativo militar en Culiacán es reflejo de la estrategia nacional que prioriza la presencia territorial, inteligencia táctica y cooperación interinstitucional como ejes centrales en el combate a la inseguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum se fue con todo y publicó en una sola jugada 11 reformas nuevas en el Diario Oficial de la Federación. Todas salidas del reciente periodo extraordinario del Congreso, y sí, entre ellas va esa que en redes ya bautizaron como “la ley espía”. 

Con esta reforma, ahora el gobierno tiene permiso de crear una base nacional con datos biométricos de todos los mexicanos y usar la CURP como identificación oficial obligatoria. También se abrió la puerta para que las autoridades puedan rastrear celulares en tiempo real. Según el texto, esto se aplicará sobre todo en casos de personas desaparecidas, aunque la oposición no tardó en prender las alertas.

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión también viene en el paquete. Con ella, se formaliza la posibilidad de localizar teléfonos móviles sin tener que dar tantas vueltas legales. Todo, bajo el argumento de reforzar tareas de seguridad.

Otra de las grandes reformas es a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, donde se busca mejorar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Aquí entra fuerte el CURP con datos biométricos, que se convertirá en la identificación nacional por excelencia. Así como suena: aceptación universal, uso obligatorio y monitoreo en tiempo real en ciertos casos.

El paquete también incluye una actualización a la Ley para Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Básicamente, se endurecen las reglas contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y todo lo que huela a redes criminales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá ahora más poder y más herramientas para rastrear movimientos sospechosos.

Adiós también al Coneval. A partir de ahora, sus facultades pasan al Inegi, gracias a los cambios en leyes de presupuesto, contabilidad gubernamental y desarrollo social. Se cierra un capítulo en temas de evaluación de política pública, y se abre otro con más control central.

Otra bomba: nace la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que sustituye a la antigua Cofece. Cambia el nombre, cambia la estructura, pero el objetivo es el mismo: ir contra quienes controlen mercados de forma abusiva. Todo esto respaldado por reformas a leyes de competencia económica y de entidades paraestatales.

También fue publicada la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que busca que hacer un trámite no sea una tortura. Además, se actualizaron reglas para la Guardia Nacional, el sistema de inteligencia y seguridad pública.

Y como broche final: se prohíbe el uso de animales marinos en espectáculos. Así que los delfines quedan fuera del show por ley. Literal.

Once reformas, una sola tarde y mucha tela por cortar. La administración de Sheinbaum arranca con fuerza y un combo legal que va a dar de qué hablar.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció una ambiciosa intervención urbana en Tlatelolco a través del programa “RUTA Tlatelolco mi Amor”, con una inversión cercana a mil 300 millones de pesos. El objetivo es llevar a cabo una transformación integral de esta emblemática zona capitalina, mediante obras de rehabilitación estructural, mejora de servicios urbanos, seguridad y recuperación de espacios públicos.

Brugada detalló que el proyecto incluye la reconstrucción del cine y el hospital de la Unidad Habitacional, además de una atención prioritaria a la infraestructura urbana deteriorada, como andadores, banquetas, guarniciones, luminarias y áreas verdes. “Vamos a ir recuperando poco a poco Tlatelolco, incluye echar a andar este proceso integral que contempla una gran intervención de atención a los riesgos estructurales que tienen varios edificios”, aseguró durante el evento.

Como parte del plan, se llevará a cabo un estudio preliminar en todos los edificios de la zona. Seis de ellos –Ignacio Ramírez, ISSSTE 11, Chihuahua, José María Arteaga, Michoacán y Baja California– recibirán una inversión de entre 500 y mil millones de pesos para su intervención. Además, ocho inmuebles con afectación media serán evaluados simultáneamente, y 13 más con daños menores también serán atendidos como parte de la estrategia integral.

En materia de agua, se contempla la rehabilitación de la planta de tratamiento de Tlatelolco, así como la limpieza de todas las cisternas de la unidad habitacional. Además, se implementará el programa “Ciudad Iluminada, Comunidad Segura”, que contempla la instalación de 2 mil 412 luminarias nuevas y la recuperación de 300 mil metros cuadrados de áreas verdes.

La mandataria precisó que se invertirán 82 millones de pesos en obras y servicios básicos, con acciones puntuales como la rehabilitación de 22 mil 829 metros cuadrados de andadores, banquetas y guarniciones (29 mdp), la pavimentación de 13 mil 500 metros cuadrados de estacionamientos (16 mdp), y una inversión de 35 mdp para iluminación pública.

En cuanto a seguridad, el proyecto contempla la recuperación de cuatro módulos policiales y un incremento del 25% en las cámaras de videovigilancia, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en la zona.

Una de las acciones más destacadas será la demolición del Hospital Gonzalo Castañeda, perteneciente al ISSSTE, para dar paso a la construcción de un nuevo centro de salud. También se demolerá el antiguo Cine Tlatelolco, que será transformado en un espacio recreativo moderno.

Brugada subrayó que su gobierno trabaja con las 16 alcaldías sin distinción partidista, priorizando siempre el bienestar de la población. En el evento, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, reconoció el impulso de estos proyectos y el impacto que tendrán en la calidad de vida de los habitantes.

Al anuncio asistieron funcionarios clave del gabinete capitalino, entre ellos Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios; Tomás Pliego Calvo, secretario de Atención Ciudadana; Paulina Salazar Patiño, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito; y Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5.

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene su postura en expectativa frente al avance de una nueva identificación nacional que podría reemplazar la credencial de elector vigente desde 1991. Consejeros del organismo aclararon que no existe información concreta sobre si la CURP con datos biométricos, recientemente avalada en la reforma a la Ley General de Población, asumirá también funciones electorales.

Durante las últimas semanas, el tema ha ganado visibilidad luego de que el Congreso de la Unión aprobara una reforma centrada en la atención de personas desaparecidas, en la que se establece que la nueva CURP deberá contener huellas dactilares y fotografía. Según el nuevo texto legal, esta versión de la CURP será un “documento nacional de identificación, de aceptación universal y obligatoria” en todo el país.

Al respecto, el consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona manifestó que por el momento el INE continuará cumpliendo con lo establecido en la legislación vigente: “Ya veremos cómo evoluciona la ley, ya veremos qué pasa con la CURP con datos biométricos; por lo pronto, desde luego el INE hará todo lo que la ley ordena”,dijo.

Por su parte, el consejero Jorge Montaño señaló que hasta ahora no se ha definido si esta nueva CURP sustituirá la credencial de elector y si podrá utilizarse en procesos de votación. “Hoy lo único que tengo claro es que la autoridad encargada de emitir las credenciales de elector con todas las medidas de seguridad y efectivas, es el INE”, indicó. También mencionó que habría que analizar los beneficios de un nuevo documento, siempre que ofrezca altos estándares de seguridad y confiabilidad.

En paralelo, los consejeros confirmaron que el INE ya colabora con las fiscalías estatales para la localización de personas desaparecidas mediante el intercambio de datos biométricos. Esta medida ha sido reforzada por la nueva legislación, que solicita al instituto compartir las bases de datos que administra, en un esfuerzo por facilitar la identificación de personas en calidad de irreconocibles.

“Eso es algo que el INE ya hacía para la localización de personas desaparecidas, eso no tiene ninguna novedad, y me parece muy bien”, expresó Espadas Ancona. Montaño añadió que este tipo de cooperación se ha formalizado a través de convenios públicos con las fiscalías, y que la prioridad es garantizar mecanismos confiables de identificación humana.

Mientras el gobierno federal avanza en la implementación del nuevo documento biométrico, el INE se mantiene atento a cualquier reforma que pudiera impactar directamente sus funciones como autoridad electoral. La transición hacia una CURP reforzada abre una nueva etapa en la forma de acreditar la identidad de millones de mexicanos.

La Cámara de Diputados aprobó reformas legislativas que modifican el marco jurídico nacional en materia de desaparición forzada, búsqueda de personas y registro poblacional. Con 438 votos a favor y 38 en contra, se avaló la creación de una Plataforma Única de Identidad que integrará bases de datos como el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro de Personas Desaparecidas, operando en tiempo real mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La iniciativa también contempla la implementación de una CURP biométrica, con huellas dactilares y fotografía, aprobada por separado con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones. Este documento, de acuerdo con el dictamen, podrá usarse en formato físico o digital, y será una herramienta nacional de identificación para facilitar la localización de personas desaparecidas.

Las reformas obligan a instituciones públicas y privadas que manejan datos biométricos —incluidos bancos, hospitales, empresas de telecomunicaciones y otros— a proporcionar acceso a esta información a dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías estatales, cuerpos de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia.

El dictamen se votó por separado respecto a la Ley General de Población. En conjunto, ambas reformas buscan reforzar la capacidad del Estado mexicano para realizar búsquedas integrales mediante una coordinación interinstitucional con un enfoque de derechos humanos.

Durante la sesión en San Lázaro, la diputada Ana Érika Santana, del PVEM y ex buscadora de personas desaparecidas, señaló que “el tema de la desaparición forzada debe abordarse con responsabilidad, sensibilidad y profundo respeto, porque detrás de cada caso hay una familia que espera respuestas, no promesas y no política”. Añadió que la lucha de los colectivos no puede continuar de forma aislada.

Desde la bancada de Morena, la diputada Irma Juan Carlos argumentó que las reformas fueron producto del diálogo con víctimas y personas buscadoras. “A la par representa defender el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la verdad, a ser buscado, del derecho a una reparación integral, del derecho a la justicia, a defender la dignidad de las víctimas y de sus familias”.

Otras posturas se manifestaron en desacuerdo. La diputada Martha Amalia Moya, del PAN, cuestionó la utilidad real de la plataforma tecnológica frente al contexto nacional, donde más de 72 mil cuerpos continúan sin identificar y se reporta una baja inversión en servicios forenses. Recordó además el asesinato de al menos 22 madres buscadoras.

El diputado Alejandro Domínguez, del PRI, consideró inadmisible el uso de datos personales con fines de control social. “El dictamen que presenta hoy el oficialismo es una simulación”, señaló, argumentando que no responde a las exigencias de los familiares de personas desaparecidas, ni garantiza una reparación del daño ni mecanismos de no repetición.

Las reservas de los grupos parlamentarios continuarán en análisis dentro del proceso legislativo.

El Senado de la República inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones que se extenderá hasta el 2 de julio. La agenda contempla la discusión de al menos 16 reformas en temas estratégicos como seguridad nacional, lucha contra el lavado de dinero, telecomunicaciones, reducción de trámites gubernamentales y búsqueda de personas desaparecidas.

Entre los temas que concentran mayor atención pública se encuentran tres propuestas de ley que abordan el uso de datos biométricos, lo que ha generado controversia entre especialistas, activistas y organizaciones civiles.

La primera de ellas corresponde a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que facultaría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar información de cualquier institución gubernamental, incluyendo datos e imágenes de ciudadanos que sean sujetos de investigación.

En paralelo, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propone la creación de un registro nacional de líneas telefónicas móviles que integraría datos biométricos de los usuarios. Esta medida ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero regresa a discusión con ajustes.

Por otra parte, la modificación a la Ley de Desaparición Forzada y cometida por Particulares plantea la incorporación de información biométrica de familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que este periodo extraordinario podría ampliarse hasta incluir un total de 22 iniciativas. Se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda presentar propuestas que serían integradas a la agenda en los próximos días.

El programa legislativo incluye también reformas al sistema ferroviario, nuevas reglas para el diseño institucional de la Guardia Nacional, creación del Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, así como modificaciones al marco legal en materia de retiro por desempleo, desarrollo social y fiscalización gubernamental.

Este lunes, el Senado centró su atención en la discusión de la Ley General de Vida Silvestre, que contempla la prohibición del uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos, lo cual representa uno de los puntos más visibles en la agenda ambiental.

Las sesiones se realizarán de forma continua y podrían incluir trabajos durante fines de semana. La lista de reformas también abarca temas relacionados con igualdad de género, presupuesto público, eficiencia administrativa y derechos de usuarios en servicios públicos y telecomunicaciones.

Con un enfoque legislativo orientado hacia el control institucional y la reorganización de funciones clave en el Estado, este periodo extraordinario mantiene bajo observación el debate en torno al equilibrio entre seguridad, privacidad y derechos ciudadanos.

Un total de 136 personas mexicanas han sido evacuadas de manera segura de Medio Oriente, de acuerdo con información oficial compartida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El operativo de asistencia y protección consular continúa en curso, en una región marcada por el cierre del espacio aéreo, rutas terrestres restringidas y vuelos suspendidos.

El informe detalla que, hasta el momento, son 136 las personas que han solicitado apoyo para abandonar la zona. Las evacuaciones se han realizado mediante diversas alternativas logísticas, ante la imposibilidad de realizar vuelos directos desde Israel, donde el espacio aéreo permanece cerrado por seguridad.

La embajada de México en Israel ha confirmado la salida de 88 personas, quienes han logrado abandonar el territorio a través de rutas habilitadas hacia países vecinos como Egipto, Jordania y Chipre. De ese total, 29 personas recibieron apoyo directo del personal consular para coordinar su traslado, pese a la intermitencia y cancelaciones en vuelos procedentes de Amán.

La SRE aclaró que las autoridades consulares siguen activas en la región y enfocadas en brindar asistencia continua a los mexicanos que aún se encuentran en la zona de conflicto. En cada caso, se ha dado prioridad a las condiciones de seguridad, disponibilidad de transporte y coordinación con embajadas de terceros países.

En paralelo, la embajada de México en Irán también se mantiene operativa. Hasta este jueves, ha facilitado la salida de 19 personas mexicanas y sus familiares hacia Azerbaiyán, luego de monitorear la situación de cada uno de ellos de forma individual y mantener contacto constante para activar los protocolos de protección.

El reporte consular no ha registrado hasta ahora personas mexicanas atrapadas en zonas sin acceso. Sin embargo, se mantiene el seguimiento permanente a ciudadanos que podrían solicitar asistencia en las próximas horas. La cancillería mantiene líneas abiertas para canalizar solicitudes y actualizaciones en tiempo real.

Los traslados continúan dependiendo de las condiciones cambiantes en las fronteras, los permisos internacionales de tránsito y la coordinación diplomática con países de paso. Las operaciones de evacuación han requerido trabajo en conjunto entre consulados móviles, representaciones diplomáticas y personal de emergencia.

La situación se desarrolla en medio de una creciente tensión en Medio Oriente, que ha generado restricciones generalizadas en el transporte aéreo y fronteras terrestres. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha reiterado su compromiso de mantener el acompañamiento y asistencia para todos los mexicanos en la región.