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Mientras cientos de elementos de seguridad resguardaban los alrededores del estadio Ciudad de México, recinto que albergará la inauguración de la Copa del Mundo, familiares de personas desaparecidas avanzaban por Calzada de Tlalpan con una exigencia distinta: que la protección desplegada para el torneo también llegue a quienes buscan a sus seres queridos.

La noche del miércoles, colectivos de búsqueda y familiares convocados a través de WhatsApp realizaron la llamada “marcha de las antorchas”, una movilización que partió desde la estación Registro Federal del Tren Ligero con dirección al estadio.

Minutos antes de la hora acordada, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cerraron la circulación hacia el inmueble deportivo. Frente al dispositivo policial se concentraron cientos de personas que iniciaron la caminata entre fotografías de desaparecidos, pancartas y consignas.

“¡Si la pelota vuelve a casa, ¿nuestros hijos cuándo?” y “¡México!… ¡Campeón en desaparición!” fueron algunas de las frases que acompañaron el recorrido. A cada paso, familiares colocaban imágenes de sus seres queridos en postes y estructuras del Tren Ligero.

Entre la multitud, Alejandro portaba una camiseta de la Selección Mexicana con una cifra que sustituyó cualquier nombre de jugador: más de 133 mil personas desaparecidas en el país. Debajo del número aparecía una pregunta que se repitió durante toda la manifestación: “¿Dónde están?”.

La protesta ocurrió en un contexto marcado por los preparativos mundialistas. Mientras en el Zócalo se impulsaba una convocatoria para formar “la ola humana más grande del mundo”, las familias insistían en visibilizar otra realidad. Recordaron que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han señalado a México como el país con más solicitudes de medidas urgentes de búsqueda.

A 2.5 kilómetros del estadio, resguardado por numerosos policías, los manifestantes encontraron una barrera que les impidió seguir avanzando. En la estación Textitlán los esperaba el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto. “Se les va a respetar su expresión de aquí hasta allá”, declaró inicialmente. Más tarde reiteró: “Se les va a respetar, pero ya no pueden avanzar más”.

Entre quienes participaron estuvo Yadira, quien busca a su hermano desde hace casi dos décadas. “Este 16 de junio cumple 20 años de haber desaparecido”, señaló al denunciar irregularidades en la investigación de su caso.

También acudió Rocío Rico, quien lleva tres meses buscando a su hija. “Así como están ahorita protegiendo el Mundial, que así protejan a nuestros familiares, a todo el país y que cierren carreteras cuando sea necesario buscar a alguien”, expresó.

Tras el bloqueo de los accesos, las madres buscadoras decidieron permanecer en el lugar para continuar visibilizando su demanda durante los actos relacionados con la inauguración mundialista.

Un total de 27 aspirantes cumplen con los requisitos para contender por la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), luego de que se registraran 33 de los 75 perfiles propuestos por colectivos y familias de personas desaparecidas en México. La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que estas candidaturas forman parte de la consulta pública que definirá a quien encabece la institución.

En conferencia de prensa, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, informó que la lista completa se publicará en el micrositio de la Base de Consulta Pública, aunque de momento se encuentra en mantenimiento. Detalló que entre el 28 y el 30 de agosto se recibirán comentarios y cuestionamientos de colectivos y organizaciones de familias de desaparecidos sobre cada uno de los perfiles presentados.

El proceso continuará con entrevistas y evaluaciones de idoneidad programadas entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre. Quienes superen estos filtros integrarán una lista final que será entregada por la Secretaría de Gobernación a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de que tenga a la vista los perfiles considerados idóneos.

“Hoy vivimos un proceso para encontrar el mejor perfil propuesto por las propias organizaciones y especialistas que cuente con el respaldo de quienes están involucrados en el tema de búsqueda”, declaró Rodríguez.

El relevo en la CNBP ocurre tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien dejará el cargo el próximo 31 de agosto. Reyes Sahagún asumió la titularidad en octubre de 2023 tras la salida de Karla Quintana, pero colectivos de búsqueda cuestionaron su designación al señalar falta de experiencia en materia de desapariciones, además de acusaciones de incapacidad e ineficiencia.

Paralelamente, la Segob informó que se mantiene a la espera de que el Senado designe a las personas que integrarán el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. El listado deberá ser entregado a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 15 de septiembre, para que se presente ante el Pleno la propuesta de los 13 integrantes que conformarán el órgano.

El Consejo estará integrado por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas en derechos humanos, búsqueda de personas y desapariciones forzadas o cometidas por particulares, además de expertos en investigación y persecución de delitos. Uno de los miembros deberá contar con perfil forense. “Las comisiones dictaminadoras remitirán a la Junta de Coordinación Política el listado de las y los candidatos que, cumpliendo con los requisitos, acrediten condiciones de elegibilidad”, puntualizó la titular de Segob.

Hasta que concluya la actualización, el micrositio oficial permanecerá en mantenimiento para integrar los nombres de los aspirantes.

Lista de los 27 aspirantes a la CNBP:

Alan Eduardo Herrera Valadez; Ana Bertha Vázquez Reyna; Arturo Saúl Vargas Rivas; Carlos Treviño Vives; Claudia Téllez Bonilla; Diana Laura Cano Tapia; Everardo Noé Ramírez García; Gonzalo Morales Hernández; Hermilio de Jesús Lares Contreras; Janeth Martínez Mondragón; Javier Ignacio Díaz Ballesteros; José Luis González Olavarría; José Manuel Guzmán Amador; Juan Enrique Rivera Reyes; Leobardo Aguilar Orihuela; Leonardo René Trujillo Díaz; Lizbeth Eugenia Rosas Montero; Luis Javier Cervantes Gómez; María del Carmen Carabarín Trujillo; María Mercedes Pascual Guzmán; María Sol Berenice Salgado Ambrosio; Martha Lidia Pérez Gumercindo; Osvaldo Antonio Chávez Wiarco; Raúl Alberto Molina Pereira; Sonia Perea Trejo; Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez.

La Cámara de Diputados aprobó reformas legislativas que modifican el marco jurídico nacional en materia de desaparición forzada, búsqueda de personas y registro poblacional. Con 438 votos a favor y 38 en contra, se avaló la creación de una Plataforma Única de Identidad que integrará bases de datos como el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro de Personas Desaparecidas, operando en tiempo real mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La iniciativa también contempla la implementación de una CURP biométrica, con huellas dactilares y fotografía, aprobada por separado con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones. Este documento, de acuerdo con el dictamen, podrá usarse en formato físico o digital, y será una herramienta nacional de identificación para facilitar la localización de personas desaparecidas.

Las reformas obligan a instituciones públicas y privadas que manejan datos biométricos —incluidos bancos, hospitales, empresas de telecomunicaciones y otros— a proporcionar acceso a esta información a dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías estatales, cuerpos de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia.

El dictamen se votó por separado respecto a la Ley General de Población. En conjunto, ambas reformas buscan reforzar la capacidad del Estado mexicano para realizar búsquedas integrales mediante una coordinación interinstitucional con un enfoque de derechos humanos.

Durante la sesión en San Lázaro, la diputada Ana Érika Santana, del PVEM y ex buscadora de personas desaparecidas, señaló que “el tema de la desaparición forzada debe abordarse con responsabilidad, sensibilidad y profundo respeto, porque detrás de cada caso hay una familia que espera respuestas, no promesas y no política”. Añadió que la lucha de los colectivos no puede continuar de forma aislada.

Desde la bancada de Morena, la diputada Irma Juan Carlos argumentó que las reformas fueron producto del diálogo con víctimas y personas buscadoras. “A la par representa defender el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la verdad, a ser buscado, del derecho a una reparación integral, del derecho a la justicia, a defender la dignidad de las víctimas y de sus familias”.

Otras posturas se manifestaron en desacuerdo. La diputada Martha Amalia Moya, del PAN, cuestionó la utilidad real de la plataforma tecnológica frente al contexto nacional, donde más de 72 mil cuerpos continúan sin identificar y se reporta una baja inversión en servicios forenses. Recordó además el asesinato de al menos 22 madres buscadoras.

El diputado Alejandro Domínguez, del PRI, consideró inadmisible el uso de datos personales con fines de control social. “El dictamen que presenta hoy el oficialismo es una simulación”, señaló, argumentando que no responde a las exigencias de los familiares de personas desaparecidas, ni garantiza una reparación del daño ni mecanismos de no repetición.

Las reservas de los grupos parlamentarios continuarán en análisis dentro del proceso legislativo.

El compromiso del gobierno federal con la verdad, la justicia y la atención a víctimas de desaparición ha dado un paso firme. En un encuentro histórico, la Secretaría de Gobernación reafirmó que la búsqueda de personas será atendida como una prioridad de Estado, con una visión sensible, empática y con total disposición al diálogo. 

Desde un hotel en la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, encabezó la primera reunión con el colectivo Guerreros Buscadores. Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa en la atención a las víctimas, con la clara instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de colocar el tema en el centro de la agenda nacional.

Con un mensaje directo y contundente, la funcionaria reiteró que todos los servidores públicos están llamados a actuar con responsabilidad, apertura y humanidad. “Garantizar que haya verdad, justicia y atención a las familias”, fue una de las frases más destacadas durante el evento, donde también se enfatizó que el gobierno reconoce a los colectivos como víctimas con pleno derecho a participar en cada etapa del proceso.

La reunión se desarrolló en dos momentos clave: un mensaje a medios en formato público, seguido de un encuentro privado entre autoridades y representantes del colectivo, en el que se expusieron casos, inquietudes y propuestas para fortalecer las acciones de búsqueda.

La Secretaría de Gobernación aseguró que este tipo de reuniones se replicará con diversos colectivos en todo el país. Serán al menos seis encuentros en los que se pretende recoger propuestas concretas, incorporar sus voces a la toma de decisiones y construir una agenda común que responda a las necesidades reales de quienes enfrentan la desaparición de un ser querido.

Durante la jornada, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, señaló que todas las iniciativas relacionadas con la desaparición forzada se mantendrán en pausa. Esta decisión responde al compromiso de escuchar primero a las organizaciones sociales y asegurar que sus experiencias y planteamientos queden reflejados en cualquier reforma legal futura.

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Segob a establecer este puente directo con los colectivos antes de avanzar con las propuestas legislativas. La pausa legislativa abre un espacio necesario para el diálogo, la colaboración y la co-construcción de soluciones en torno a uno de los temas más sensibles del país.

Desde el gobierno federal se destaca una disposición total a sumar esfuerzos con quienes llevan años buscando a sus familiares, con el objetivo de garantizar no solo justicia, sino también memoria, verdad y reparación.