CIDH advierte crisis de desapariciones y exige al Estado mexicano frenar la impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este lunes su “Informe Temático sobre Desaparición de Personas en México”, un diagnóstico en el que documenta una crisis nacional marcada por desapariciones masivas y por presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores del Estado.

Durante la entrega del informe, la relatora para México de la CIDH, Andrea Viviana Pochak, afirmó que las medidas implementadas por las autoridades mexicanas no han logrado contener el problema. Como parte del documento, el organismo emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para fortalecer las labores de búsqueda, garantizar acceso a la justicia y atender a las víctimas.

La impunidad de los casos de desaparición en México es aberrante, es la regla la impunidad y esto es lo que hay que revertir”, sostuvo la comisionada. También señaló que la desaparición forzada continúa vigente y describió el fenómeno como “masivo, generalizado, indiscriminado”, impulsado principalmente por el crimen organizado y favorecido por políticas de seguridad “absolutamente ineficaces”.

El informe también coloca el foco en la posible participación u omisión de autoridades. María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, indicó que el aumento de desapariciones en los últimos siete años refleja fallas y posibles actos de complicidad de instituciones de los tres niveles de gobierno.

“Es posible afirmar que en varios de estos casos es imposible que las autoridades del estado no conocieran las operaciones de estas redes macrocriminales”, afirmó.

Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles aprovecharon la presentación para cuestionar la respuesta gubernamental. Bibiana Efigenia Mendoza acusó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, las familias buscadoras han enfrentado indiferencia institucional y recortes presupuestales en fiscalías y comisiones de búsqueda.

Por su parte, Silvia Ortiz criticó que existan prioridades distintas a la atención de las desapariciones y reclamó falta de compromiso hacia las madres y padres buscadores.

La CIDH advirtió además sobre el incremento de desapariciones relacionadas con reclutamiento forzado, trata y explotación laboral de menores de edad. El reporte contabiliza 18 mil 192 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos entre cero y 17 años; de ellos, 9 mil 342 corresponden a mujeres y adolescentes y 8 mil 817 a niños y adolescentes varones.

Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez afirmó que la falta de acción del Estado ha dejado a jóvenes y menores como el grupo más expuesto al reclutamiento forzado y exigió medidas concretas frente a las más de 133 mil personas desaparecidas registradas en el país.

Godoy presenta plan 2026-2029 y admite retos internos en la FGR para reducir diversos delitos

La Fiscalía General de la República (FGR) buscará elevar la calidad de sus investigaciones y disminuir la impunidad mediante un nuevo modelo basado en ciencia, tecnología y análisis estratégico, informó su titular, Ernestina Godoy, al exponer el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 ante la Comisión de Justicia del Senado.

Durante su comparecencia, la fiscal detalló que el objetivo es consolidar carpetas de investigación con sustento probatorio sólido, capaces de sostenerse ante los tribunales y derivar en sentencias condenatorias. Según explicó, este enfoque pretende garantizar que los casos judicializados lleguen con elementos suficientes para evitar resoluciones absolutorias por falta de pruebas.

Ante legisladores de distintos partidos, Godoy subrayó que la institución enfrenta desafíos estructurales que deben corregirse, como el alto porcentaje de delitos no denunciados —superior al 95%— y el elevado índice de no ejercicio de la acción penal. “Porque no puede ser que tengamos un índice de no ejercicio de la acción penal muy alto, eso quiere decir que hay impunidad no”, afirmó.

En ese contexto, planteó que los procesos internos serán ajustados para aumentar la judicialización de casos y asegurar que las investigaciones que lleguen a tribunales tengan la solidez necesaria.

La fiscal también sostuvo que existen condiciones actuales que obligan a la FGR a actuar sin excusas frente a delitos como el crimen organizado, el lavado de dinero, la desaparición de personas y los feminicidios.

“Nunca como ahora estamos ante la posibilidad de combatir, como con la fuerza del Estado completa, esto es ahora, con un marco jurídico legal y constitucional fuerte, con una coordinación fuerte y con tecnología distinta”, expresó.

Asimismo, enfatizó que la procuración de justicia es un componente central para la gobernabilidad del país, lo que —dijo— exige utilizar plenamente las capacidades institucionales disponibles en beneficio de la población.

En materia interna, Godoy anunció una política de cero tolerancia a la corrupción dentro de la fiscalía, acompañada de mecanismos de control que permitan sancionar conductas contrarias a la ley. “El buen juez por su casa empieza”, señaló al advertir que cualquier acción en perjuicio de las víctimas será castigada.

Finalmente, indicó que el plan podrá ajustarse en un plazo de tres años con las aportaciones del Poder Legislativo y definió como prioridades los delitos contra migrantes, menores de edad y mujeres, así como aquellos vinculados a integrantes de la delincuencia, además de la desaparición de personas y el lavado de dinero.

FGR impulsa reestructura nacional para acelerar investigaciones y reducir la impunidad

La Fiscalía General de la República presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, una propuesta que busca transformar el funcionamiento de la institución para reducir la impunidad, agilizar investigaciones y fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales.

 

Durante la presentación, la fiscal general Ernestina Godoy explicó que el proyecto responde a fallas estructurales en la administración de justicia, entre ellas la lentitud en la integración de carpetas de investigación, la falta de transparencia y el elevado número de delitos que no se resuelven. El documento reconoce que estas deficiencias han impactado en la percepción ciudadana sobre el acceso a la justicia.

 

Entre las principales acciones planteadas se encuentra la reubicación de sedes de las delegaciones de la fiscalía en 61 municipios, así como una reingeniería institucional para hacer más eficientes los procesos y fortalecer la presencia territorial. La estrategia también contempla mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de seguridad, procuración y judicialización de los casos.

 

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, subrayó la importancia del intercambio permanente de información entre fiscalías y dependencias de seguridad para garantizar la trazabilidad de los casos.

 

“Es un plan que tiene objetivos, que tiene metas, tiene ruta y, sobre todo, lo más importante es acabar con la impunidad, disminuir el índice delictivo, acabar con la impunidad y generar un México en paz. Esos son los objetivos del plan que hoy se presentó”, señaló.

 

Autoridades estatales también destacaron la necesidad de fortalecer la presencia federal. La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz, pidió reforzar la operatividad en las entidades, especialmente en delitos relacionados con delincuencia organizada y robo de combustible.

 

“Hay muchos temas importantes a tratar con la fiscalía, por supuesto mayor presencia y operatividad en los estados a través de las delegaciones de la fiscalía, el trabajar en nuestro caso en el robo de combustible en la delincuencia organizada, son pocas las carpetas en la federación por ese tema, creemos que es importante fortalecer”, expresó.

 

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó la coordinación institucional. “Nosotros trabajamos de manera coordinada con el gobierno federal y, obviamente, con los entes autónomos”, afirmó.

 

La presentación se realizó en el Centro Cultural del México Contemporáneo, con la asistencia de autoridades federales, legisladores, gobernadores y fiscales estatales, entre ellos el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y funcionarios del gabinete de seguridad.