México y Estados Unidos activan nueva etapa de coordinación contra cárteles, armas y migración

Mientras el gobierno mexicano insistía en que Washington presente pruebas contra Rubén Rocha Moya, autoridades de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión de alto nivel para redefinir la cooperación bilateral en materia de seguridad y abrir lo que ambas partes describieron como una nueva fase de trabajo conjunto.

El encuentro se realizó este viernes en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, dentro de los trabajos del Grupo Bilateral de Implementación (GBI), mecanismo mediante el cual ambos gobiernos coordinan acciones frente a desafíos compartidos en la frontera y en la región.

La reunión congregó a representantes de 15 agencias gubernamentales de ambos países. Aunque no se reveló qué dependencias participaron, el diálogo se concentró en una agenda amplia que incluyó el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, el robo de combustible y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

Las delegaciones también revisaron acciones para contener la migración irregular y mejorar la coordinación ante amenazas emergentes. Entre los temas abordados figuró el uso de drones y otras herramientas tecnológicas que han cobrado relevancia en los escenarios de seguridad.

De acuerdo con la representación diplomática estadounidense, uno de los objetivos centrales es golpear las estructuras de los cárteles y enfrentar factores que afectan la seguridad y la prosperidad de las comunidades ubicadas a ambos lados de la frontera.

La Embajada de Estados Unidos señaló que el Grupo Bilateral de Implementación continúa ampliando su alcance y profundizando los mecanismos de coordinación entre ambos gobiernos. En ese contexto, destacó que “esta iniciativa representa la siguiente etapa de nuestros esfuerzos conjuntos para generar resultados concretos que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”. Al concluir la reunión, México y Estados Unidos reafirmaron su disposición de mantener la cooperación en materia de seguridad y avanzar en acciones coordinadas.

Horas antes del encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado que no se discutirían las acusaciones relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria reiteró que su administración continuará solicitando a las autoridades estadounidenses que presenten pruebas sobre los señalamientos realizados en su contra.

Más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió el comunicado oficial del encuentro y compartió una fotografía junto a Roberto Velasco, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

México cambia el rumbo en su estrategia de seguridad con Sheinbaum en el poder

Durante seis años, la estrategia de “abrazos, no balazos” fue el emblema de México en su combate al crimen organizado. Este enfoque evitó enfrentar directamente a los cárteles, apostando en su lugar por programas sociales para reducir su influencia. Sin embargo, a un mes de haber asumido el poder, la presidenta Claudia Sheinbaum parece dar un giro a esta política, mostrando mayor disposición a emplear la fuerza militar y a la Guardia Nacional en la lucha contra el narcotráfico.

A diferencia de la guerra contra el narco que marcó la administración entre 2006 y 2012, hoy el desafío es más complejo. Los cárteles están profundamente diversificados, incursionando en el contrabando de migrantes y empleando cada vez más a adolescentes y extranjeros en sus filas. En este contexto, recientes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes han dejado víctimas civiles, principalmente migrantes, y se han registrado casos en los que los soldados salen ilesos mientras que la mayoría de los sospechosos fallecen.

Sheinbaum, aunque se ha cuidado de utilizar el lema de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha defendido que los “abrazos” están dirigidos a los jóvenes vulnerables para evitar que se integren a las filas de los cárteles. Sin embargo, analistas de seguridad, como Falko Ernst, sugieren que este cambio en el tono de Sheinbaum podría ser una señal de una estrategia más firme contra las expresiones más violentas del crimen organizado.

A diferencia de López Obrador, quien llegó a alabar a algunos capos de la droga y evitar confrontaciones directas para disminuir el “índice de letalidad”, Sheinbaum ha mostrado menos tolerancia ante secuestros de policías y militares. Durante sus primeras semanas en el cargo, se registraron incidentes en los que la Guardia Nacional y el Ejército dispararon contra presuntos delincuentes, resultando en la muerte de migrantes y civiles inocentes.

El cambio de postura es notorio en la respuesta de las fuerzas armadas ante la creciente violencia. En un enfrentamiento reciente en Sinaloa, los soldados abatieron a 19 presuntos integrantes de un cártel sin bajas en sus filas, algo que López Obrador solía criticar en administraciones pasadas. Además, la presidenta enfrenta el desafío de contener un negocio en auge: el contrabando de migrantes. Hoy en día, los cárteles obtienen grandes ganancias por ayudar a personas de países lejanos a cruzar México, usando incluso a los migrantes como escudos humanos en sus enfrentamientos.

Según David Saucedo, analista de seguridad, los cárteles se fortalecieron durante el sexenio de López Obrador debido a la falta de enfrentamientos directos. Ahora, el gobierno de Sheinbaum enfrenta el reto de revertir esa situación, aunque los conflictos armados podrían intensificarse.

Finalmente, Sheinbaum debe lidiar con las consecuencias de la creciente militarización de la seguridad pública, un legado de la administración anterior que asignó a soldados una tarea para la cual no están entrenados. Esto, sumado a la creciente mezcla de migrantes y cárteles, sugiere un futuro con más riesgos para los civiles, en un escenario donde la Guardia Nacional y el Ejército aún enfrentan dificultades para aplicar adecuadamente las reglas de enfrentamiento.