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Este domingo, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, dio a conocer una contrapropuesta de reforma judicial que ha comenzado a ser discutida en el Senado de la República. Uno de los puntos más destacados de esta iniciativa es la propuesta de elegir a los jueces mediante voto popular.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Piña detalló la publicación de dos propuestas relacionadas con la justicia: una representa la visión del Poder Judicial, mientras que la otra recoge las opiniones de legisladores, organizaciones de la sociedad civil, la academia, estudiantes y víctimas de violencia. Esta iniciativa surge tras un extenso diálogo con diversos actores del sistema de justicia, tanto a nivel federal como local.

Entre los principales puntos de la propuesta se incluyen la promoción de la desmilitarización y el fortalecimiento de las autoridades en tareas de seguridad, así como el impulso de la justicia penal y los derechos humanos. Además, se destaca la creación de la Ley General de Defensorías Públicas y el acceso equitativo a la justicia para enfrentar la desigualdad.

La ministra señaló que la iniciativa es fruto de un proceso de reflexión y autocrítica por parte de jueces y magistrados federales, así como del personal de los órganos jurisdiccionales y de 11 sistemas de justicia locales. El propósito, indicó, es contribuir al debate de la reforma judicial desde la experiencia de quienes imparten justicia.

Durante su mensaje, Piña hizo un llamado a los legisladores y autoridades para que se escuchen mutuamente y atiendan las demandas de las víctimas de la violencia y de los defensores de derechos humanos. También instó a prestar atención a los reclamos de estudiantes y jóvenes que buscan un futuro pacífico y justo.

Finalmente, subrayó que la demolición del Poder Judicial no es la solución, sino que se deben tomar acciones valientes y decididas para lograr los cambios profundos que México necesita en términos de justicia, paz y reparación.

Esta contrapropuesta de la ministra Piña llega en un contexto de alta tensión, con el Senado mexicano en pleno debate de una polémica reforma judicial, en medio de protestas de trabajadores judiciales, estudiantes y miembros de la oposición. La reforma ha generado manifestaciones en México, incluyendo un paro en la SCJN y advertencias de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, y de entidades económicas que alertan sobre los posibles riesgos a la inversión privada y los tratados comerciales.

Con la participación de 37 de los 38 senadores que conforman las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se llevó a cabo una sesión clave en la Cámara Alta para debatir y votar el dictamen de la reforma judicial.

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos Ricardo Anaya, Marko Cortés, Gustavo Sánchez Vázquez y Mayuli Latifa Martínez, mostraron cautela durante la sesión. Manifestaron su preocupación debido a la existencia de órdenes judiciales que, según señalaron, podrían detener el avance del proceso legislativo de la reforma.

El desarrollo de la sesión siguió un programa previamente acordado: primero, se realizó la lectura o presentación del dictamen. Posteriormente, los grupos parlamentarios fijaron su postura en un lapso de 10 minutos por partido, en el siguiente orden: Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde, PRI, PAN y Morena.

Después de estas exposiciones, inició la discusión en lo general, con un mínimo de tres rondas de debate. Cada ronda contó con intervenciones de hasta cinco minutos, en las que participaron tres senadores a favor y tres en contra de la reforma.

Los miembros de las comisiones dictaminadoras tuvieron la oportunidad de presentar reservas al dictamen durante la discusión en lo general. Estas propuestas debían entregarse por escrito, respetando las prácticas parlamentarias habituales.

Al concluir las intervenciones, la presidencia de las comisiones consultó si el debate había sido suficiente. Si la mayoría consideraba que no, se abriría una nueva ronda de intervenciones bajo los mismos términos. Si la mayoría afirmaba que el debate había sido exhaustivo, se informaría a los integrantes sobre el siguiente paso.

Finalmente, tras agotar las discusiones, se procedió a votar en lo general el dictamen, junto con los artículos no reservados.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido severamente criticado por su escaso uso de materiales reciclables en su propaganda electoral, según el informe del Instituto Nacional Electoral (INE).

A pesar de su compromiso declarado con la sustentabilidad y el medio ambiente, el PVEM utilizó materiales reciclables en menos del 10% de su propaganda durante el periodo de precampaña.

Aunque esta cifra mejoró en el periodo de campaña, aún un 36% de la propaganda no cumplió con los requisitos ecológicos.

El informe del INE destaca que el PVEM fue el único partido en no cumplir con ninguno de los cuatro requisitos mínimos para informar sobre el uso de propaganda ecológica en la precampaña, y solo cumplió uno en la campaña.

Además, el partido no presentó informes completos sobre sus materiales ni la lista de proveedores, a pesar de las normativas establecidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) informó que los manifestantes en los accesos del Senado de la República se han replegado para permitir el libre tránsito de los legisladores. A través de un comunicado, JUFED desmintió las versiones que señalaban que las protestas impedían el acceso, negando cualquier intención de obstruir el trabajo legislativo, pese a su oposición a la reforma judicial.

La asociación destacó que mantienen un diálogo constante con el personal de custodia del Senado para garantizar el acceso y aseguraron que un notario público certificará, una vez concluidas las protestas, que los accesos estén despejados. Además, invitaron a los medios de comunicación a presenciar la verificación.

Por último, JUFED hizo un llamado a los legisladores a votar en contra de la reforma judicial, y exhortó al bloque oficialista a permitir que sus miembros voten libremente, tras recibir apoyo de algunos parlamentarios que se oponen a la medida.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer los nombramientos del General de División Diplomado de Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, como próximo secretario de la Defensa Nacional, y del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles como secretario de Marina. Trevilla Trejo, actualmente Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa, y Morales Ángeles, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, asumirán estos importantes cargos.

Sheinbaum explicó que las designaciones fueron el resultado de una revisión minuciosa de los perfiles más adecuados, tras mantener reuniones con los actuales secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, a quienes agradeció por su labor y compromiso.

Según el comunicado oficial, el nombramiento de Trevilla Trejo se realizó conforme al Artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mientras que el del almirante Morales Ángeles se hizo en conformidad con el Artículo 6, fracción II, de la Ley Orgánica de la Armada de México. La presidenta electa destacó la “vocación de servicio y lealtad a la patria” de ambos.

Trevilla Trejo, oriundo de Ciudad del Carmen, Campeche, tiene una larga trayectoria en el Ejército. Egresó del Heroico Colegio Militar como Subteniente de Caballería en 1978 y ha ocupado diversos cargos de mando en regimientos de caballería y zonas militares. Entre sus roles más destacados está su servicio como agregado militar en las embajadas de México en Alemania y Polonia, así como su actual posición como Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. A lo largo de su carrera ha sido condecorado en varias ocasiones, incluyendo reconocimientos por su perseverancia y por su participación en la campaña contra el narcotráfico y en el Plan DN-III-E.

Por su parte, el almirante Morales Ángeles, originario de Oaxaca, ingresó a la Armada de México en 1983 y se graduó con honores en Ciencias Navales. A lo largo de su carrera, ha ocupado importantes cargos, como comandante de diversas zonas navales, director del Centro de Estudios Superiores Navales y agregado naval adjunto en la Embajada de México en Estados Unidos. Su formación incluye estudios en seguridad nacional y administración naval, así como diplomados en instituciones tanto nacionales como extranjeras.

Este domingo 8 de septiembre se ha convocado a una marcha en defensa de la justicia mexicana y en contra de la reforma judicial, con un llamado a que el evento se realice “sin partidos políticos”. La manifestación está enmarcada en el contexto de la discusión que se llevará a cabo la próxima semana en el Senado sobre la reforma del Poder Judicial.

La convocatoria, que ha sido difundida a través de redes sociales, invita a la ciudadanía a participar en la marcha que comenzará a las 16:00 horas. El recorrido partirá desde el Senado, ubicado en avenida Paseo de la Reforma, y culminará en el Zócalo de la Ciudad de México.

El llamado se dirige a un amplio sector de la sociedad, incluyendo estudiantes, docentes, empleados del Poder Judicial de la Federación, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México y, en general, al “pueblo de México”. Uno de los aspectos clave de la invitación es la insistencia en mantener la marcha sin la participación de partidos políticos.

Por su parte, el Frente Cívico Nacional también se ha sumado a la convocatoria, organizando otra marcha el mismo día 8 de septiembre. Esta movilización partirá del Ángel de la Independencia con destino al Senado, reiterando el rechazo a la reforma judicial.