Categoría: Estado de México

En un esfuerzo por frenar la violencia en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acordaron reforzar la coordinación policial y mejorar los canales de comunicación entre el gobierno estatal y el federal. Esta decisión representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la seguridad en la entidad, que ha enfrentado grandes desafíos en materia de violencia en los últimos años.

 

El encuentro, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre en la Ciudad de México, contó también con la presencia del secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez. Durante la reunión, Campos expresó su disposición de colaborar con la nueva estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, subrayando la importancia de trabajar en equipo para ofrecer mejores resultados a los ciudadanos.

 

“Queremos un Chihuahua seguro, y para ello necesitamos trabajar de la mano con el gobierno federal. La seguridad es un compromiso de todos, y estamos aquí para reafirmar esa alianza”, señaló Campos al término del encuentro. La gobernadora resaltó que su objetivo es reducir los índices de criminalidad y generar un ambiente de paz y tranquilidad para los chihuahuenses.

 

García Harfuch, quien recientemente asumió su cargo al frente de la SSPC, destacó la relevancia de estas alianzas para enfrentar a los generadores de violencia en el país. “Cada estado enfrenta sus propios retos, y es fundamental que tanto el gobierno estatal como el federal estemos alineados en el mismo propósito: garantizar la seguridad de los mexicanos”, indicó el secretario.

 

El acuerdo entre Campos y García Harfuch contempla una serie de acciones para fortalecer la paz en Chihuahua y asegurar una comunicación fluida y eficaz entre las autoridades de ambos niveles. Esta cooperación permitirá coordinar mejor las operaciones policiales y optimizar el intercambio de información para actuar de manera oportuna y eficiente ante cualquier amenaza.

 

El compromiso de ambos funcionarios se da en un contexto donde la seguridad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad. Chihuahua, con su situación geográfica estratégica y sus retos históricos en materia de criminalidad, requiere de un esfuerzo concertado que pueda hacer frente a las organizaciones delictivas y los altos índices de violencia.

 

Campos enfatizó la necesidad de contar con un canal de comunicación sólido que permita atender las demandas de seguridad en el estado de forma efectiva y preventiva. “Estamos aquí no solo para escuchar, sino para actuar. La ciudadanía exige respuestas, y hoy damos un paso significativo para cumplir con esa responsabilidad”, afirmó la gobernadora.

 

Este acuerdo es visto como un paso prometedor para establecer una colaboración continua y efectiva entre el gobierno estatal y federal. Ambos mandatarios coincidieron en que solo con una estrategia bien coordinada podrán lograrse resultados concretos en la lucha contra la violencia que afecta a miles de familias en Chihuahua.

 

La sociedad chihuahuense, que durante años ha sido testigo de los estragos de la violencia, observa con esperanza este esfuerzo conjunto, que busca construir un ambiente de paz y justicia en la región.

México continúa siendo un país peligroso para ejercer el periodismo. Artículo 19, organización defensora de los derechos de la prensa, rindió homenaje a los 48 periodistas mexicanos asesinados en los últimos seis años, un homenaje sombrío que denuncia “la forma más extrema de censura”. A través de una ofrenda, la organización visibiliza el nivel alarmante de violencia contra comunicadores, quienes, en palabras de Artículo 19, han sido silenciados “en un entorno de impunidad y complicidad”.

 

Este fenómeno se ha repetido en las últimas tres administraciones federales. Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se contabilizaron 48 periodistas asesinados, mientras que en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la cifra llegó a 47 en cada periodo. Aunque Claudia Sheinbaum lleva poco más de un mes como presidenta, ya se reportó el primer caso: el periodista Mauricio Cruz Solís, quien fue asesinado a balazos tras realizar coberturas en el centro de Uruapan, Michoacán.

 

La impunidad rodea estos crímenes. Para Artículo 19, es evidente que “las redes de complicidad entre autoridades y grupos delincuenciales” hacen posible la perpetuación de la violencia contra la prensa, creando zonas de silencio y miedo en diferentes regiones del país. La organización exige el fin de esta impunidad y hace un llamado a las nuevas autoridades: “Es imperativo romper el pacto de silencio que existe en torno a la violencia hacia periodistas y la persecución a quienes defienden los derechos humanos”.

 

La situación, sin embargo, trasciende México. La Unesco ha destacado que el 85% de los asesinatos de periodistas a nivel mundial queda sin castigo. En su reciente informe, divulgado en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, subrayó la gravedad de esta problemática. “En 2022 y 2023, cada cuatro días un periodista fue asesinado simplemente por cumplir con su deber de informar. En la gran mayoría de los casos, nadie rendirá cuentas por su muerte”, lamentó Azoulay. En ese bienio, 162 periodistas fueron asesinados, de los cuales 14 eran mujeres, la cifra más alta registrada desde 2017.

 

Para Artículo 19, la falta de una respuesta contundente por parte del Estado alimenta las amenazas y los asesinatos de periodistas. A la fecha, el riesgo de sufrir represalias sigue siendo una realidad para quienes trabajan en este sector, y la amenaza es aún mayor en zonas donde el crimen organizado tiene presencia significativa.

 

A medida que México inicia un nuevo gobierno, la expectativa de la sociedad y de los organismos internacionales es clara: que se ponga fin a la impunidad y se proteja a quienes se dedican a la labor periodística. Artículo 19 ha dejado claro que esta responsabilidad no debe seguir siendo ignorada, recordando que “negar la existencia de esta violencia es también una forma de complicidad”.

 

En un país donde informar se ha vuelto un acto de valentía, la memoria de los periodistas caídos permanece como un recordatorio incómodo, una herida abierta en la sociedad. “Romper el silencio”, señala Artículo 19, “es la única manera de honrar su legado y de asegurar que su lucha no fue en vano”.

El Senado de la República anunció una decisión sin precedentes en el ámbito judicial y político mexicano: un total de 820 jueces y magistrados han decidido no contender por el pase directo en la boleta electoral de junio de 2025 para mantener sus cargos. Esta lista, que incluye a 487 magistrados y 333 jueces, fue presentada de manera oficial por la Cámara Alta este viernes, marcando un punto clave en la próxima renovación del poder judicial.

 

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, aclaró que inicialmente se había registrado un número superior de solicitudes de declinación, ascendiendo a 859. Sin embargo, después de un análisis exhaustivo y de verificación documental, se determinó que algunas solicitudes estaban duplicadas o no cumplían con los requisitos específicos, lo que ajustó la cifra final. “Queríamos asegurar que cada escrito representara la voluntad clara de cada juzgador y no existiera confusión en el tipo de documentos recibidos”, comentó Fernández Noroña.

 

El anuncio también señaló a algunos jueces y magistrados que presentaron sus escritos de declinación fuera del plazo estipulado, lo que generó inquietudes entre los senadores sobre la validez de dichas solicitudes. Entre ellos destacan Salvador Flores, juez de distrito en Morelos, y Nancy Selene Hidalgo, jueza de distrito en el Estado de México, quienes formaron parte de un grupo de siete juzgadores cuyos documentos se recibieron con retraso.

 

El listado publicado por el Senado no solo incluyó las declinaciones, sino también menciones especiales que han captado la atención pública. Uno de los casos más emotivos fue el de la jueza Julieta Ramírez Fragoso, especialista en materias civil, administrativa y laboral en Puebla. Diagnosticada con cáncer de hueso en julio, Ramírez solicitó la posibilidad de postergar su participación electoral hasta el proceso de 2027 debido a sus circunstancias médicas. Este gesto de humanidad y profesionalismo fue aplaudido tanto por sus colegas como por los legisladores.

 

Otro caso destacado fue el de Cecilia Armengol Alonso, magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien solicitó ser candidata única en su cargo y ser postulada por los tres poderes de la Unión. Armengol expresó que, de obtener esta consideración, se mantendría en su puesto sin necesidad de pasar por el proceso electoral de 2025. Esta solicitud abre un debate sobre el proceso de elección de magistrados y sus implicaciones en el equilibrio entre independencia y estabilidad en el poder judicial.

 

Además de los jueces y magistrados de circuito, el Senado confirmó que ministros de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, entre otros, también declinaron su participación en el pase directo para la boleta de 2025. Esta decisión, que ha sido objeto de intenso escrutinio, plantea una reflexión sobre la independencia del poder judicial en México y la transparencia de sus procesos de elección.

 

El Senado discutirá en su próxima sesión los detalles de estas declinaciones y evaluará los pasos a seguir en relación con la elección de nuevos magistrados y jueces. La medida busca asegurar que los próximos cargos sean ocupados por funcionarios que, más allá de su antigüedad, representen un compromiso renovado con la imparcialidad y la justicia.

Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), enfrenta con firmeza la controversia en torno a las facultades unilaterales que el Congreso le ha conferido para designar a los titulares de unidades técnicas dentro del organismo. A pesar de la decisión mayoritaria de seis consejeros de llevar el asunto ante la Suprema Corte, Taddei rechazó tajantemente que exista un conflicto interno en el INE. “No hay ningún conflicto interno en un consejo colegiado capaz de no ser resuelto”, afirmó.

 

La polémica surge tras la iniciativa de Sergio Gutiérrez Luna, legislador de Morena, quien propuso elevar a rango constitucional los “superpoderes” de Taddei. Esto permitiría que la presidenta del INE tenga la facultad exclusiva de nombrar a los responsables de direcciones ejecutivas e integrantes de la Junta General Ejecutiva, facultades que tradicionalmente se han otorgado de manera colegiada. Durante su intervención en la instalación de la Comisión de Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados, Taddei se mostró serena, destacando que el debate y las diferencias de opinión son naturales en un organismo colegiado.

 

“La toma de decisiones en un consejo como el INE implica acuerdos, y algunas veces se logran de manera unánime y otras no; lo importante es que todos buscamos siempre el bienestar del sistema electoral”, explicó. Taddei recalcó que, aunque cuestiona la decisión de sus colegas de impugnar sus nuevas facultades, respeta la autonomía de cada consejero. La iniciativa de controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte por seis consejeros del INE es inédita, pues busca limitar la concentración de poderes en una sola persona dentro de un órgano colegiado. Este planteamiento ha generado un intenso debate sobre la independencia del INE y la manera en que debe estructurarse la toma de decisiones en el organismo.

 

“No existe siquiera la atribución de interponer una controversia constitucional en este caso, pero es un acuerdo tomado por el Consejo General, y así debemos asimilarlo”, puntualizó Taddei, sugiriendo que el asunto debería resolverse dentro del propio consejo, sin necesidad de involucrar a la Suprema Corte.

 

Además del debate interno, Taddei enfatizó la prioridad del INE en asegurar un proceso electoral exitoso en 2025, que incluye la compleja elección de jueces, magistrados y ministros. La presidenta aseguró que la experiencia y el profesionalismo del organismo garantizarán que la jornada electoral del próximo año se desarrolle sin contratiempos. “La complejidad de un proceso electoral no debe confundirse con la capacidad del INE para ejecutarlo de manera imparcial y eficiente”, señaló.

 

Por su parte, los consejeros que apoyan la controversia constitucional han subrayado que su objetivo es proteger el carácter democrático del INE. Argumentan que centralizar las decisiones en una sola persona podría poner en riesgo la imparcialidad del organismo electoral en momentos clave para el país. Uno de los consejeros, bajo condición de anonimato, comentó que “el INE ha sido un baluarte de la democracia en México, y debemos cuidar que su estructura colegiada se mantenga intacta”.

 

Esta situación se da en un contexto de crecientes tensiones entre el gobierno y el INE, con la reforma política-electoral como un tema de fondo en la agenda legislativa. La Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados, donde Taddei estuvo presente, discutirá en las próximas semanas la propuesta de Gutiérrez Luna y otros puntos de la reforma que podrían redefinir la organización del INE de cara a las elecciones de 2025.

Vínculos con crimen organizado, desvío de recursos públicos y conspiración contra la normatividad sanitaria para el ganado en Veracruz tienen en el reflector de los escándalos al Subsecretario de Ganadería del Gobierno de Veracruz, Humberto Amador Zaragoza. 

 

El funcionario estatal está en la mira de las autoridades judiciales por sus vínculos con Jacinto Rodríguez, líder de un grupo armado brazo local del Cartel Jalisco Nueva Generación.

 

Además, el Subsecretario de Ganadería del Gobierno de Veracruz, Humberto Amador Zaragoza ha sido señalado por el desvio de recursos al usar maquinaria del gobierno del estado para trabajos particuares en su rancho. 

 

Por si esto fuera poco está en la mira de la SADER federal y de SENASICA por quererse saltar la normatividad federal y pretender irse por la libre haciendo su propio negocio del control zoosanitario y de movilización del ganado, lo que pone en riesgo los estatus zoosanitarios de Veracruz. Así, en su rancho, el subsecretario Humberto Amador, areta vacas compradas en Playa Vicente, con aretes de la Asociación Ganadera de Isla, de la que su compadre Ramón Trees es el presidente.  

 

En las comunidades de Playa Vicente,  los pobladores y demás productores han visto con recelo el crecimiento y mejora del rancho de la familia del sub secretario de Ganadería, y se dan cuenta como en cada feria Ganadera, que se organizan en coordinación con municipios, varios de los productos que se ofertan, y que se compran con recursos públicos, van a parar al rancho de Amador Zaragoza. 

 

Imágenes que circulan en múltiples medios locales, muestran que este funcionario no ha tenido empacho ni vergüenza en usar los recursos públicos para mejorar sus propiedades, mientras el productor promedio, tiene que sacar dinero de su bolsa para mejor sus ranchos, no tienen la suerte de estar en gobierno como el sub secretario.

El próximo 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará la revisión de un proyecto crucial para el sistema judicial mexicano. La iniciativa, redactada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propone invalidar varios elementos de la reforma judicial, entre ellos la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, una medida que ha generado amplio debate sobre la independencia judicial en México.

 

 

En una sesión privada celebrada esta semana, la SCJN acordó iniciar la discusión sobre este proyecto, marcando un momento sin precedentes en la historia de la Corte. De aprobarse, este proyecto no solo redefiniría la estructura de selección de jueces y magistrados, sino que podría tener implicaciones profundas en la dinámica de la justicia en México. González Alcántara Carrancá sugiere que el voto popular solo debería aplicarse en la elección de ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que el resto de los jueces y magistrados federales serían seleccionados mediante otros mecanismos.

 

La reforma judicial que entró en vigor en el último año introdujo cambios polémicos, como la figura de “jueces sin rostro” y los comités de evaluación para juzgadores federales. Además, se reformó el artículo 107, prohibiendo la emisión de suspensiones con efectos generales contra leyes, lo que ha sido criticado por limitar la capacidad de los ciudadanos para desafiar normas legales que consideran injustas. La propuesta de Alcántara Carrancá plantea eliminar estos elementos, argumentando que distorsionan la imparcialidad y transparencia del sistema judicial.

 

“La justicia debe ser independiente de presiones externas, incluyendo las populares”, declaró una fuente cercana al ministro. Esta afirmación destaca el dilema que enfrenta la SCJN: garantizar que el sistema judicial permanezca libre de influencias políticas, mientras se respeta el derecho de los ciudadanos a participar en la elección de sus representantes legales.

 

Otro aspecto clave del proyecto es la continuidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados actuales mantendrían sus cargos hasta 2027, como dicta la reforma. Tras esa fecha, la propuesta contempla que los ciudadanos elijan a los magistrados del TEPJF mediante voto popular, una medida que algunos consideran un avance hacia la transparencia, aunque otros lo ven como una posible amenaza a la imparcialidad judicial.

 

La decisión de la SCJN de abordar esta reforma es histórica, ya que desde 1994 solo se habían aceptado tres impugnaciones similares sin que la Corte emitiera una resolución. Esta vez, sin embargo, el proyecto atenderá las impugnaciones presentadas por partidos nacionales como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, y sobreseerá las impugnaciones realizadas por minorías legislativas, como el Partido Unión Democrática de Coahuila y legisladores del Congreso de Zacatecas.

 

Para el jurista Raúl Ávila, la revisión de la Corte “representa un reto que pondrá a prueba la solidez de nuestras instituciones judiciales”. Según Ávila, el debate sobre si los jueces deben ser elegidos por voto popular o seleccionados de manera independiente es un tema delicado que podría redefinir la relación entre el poder judicial y la sociedad mexicana.

 

El próximo 5 de noviembre marcará, sin duda, un punto de inflexión para el sistema judicial en México, mientras el país espera el veredicto de su máxima autoridad en justicia. La decisión de la SCJN tendrá implicaciones que podrían trascender la actual administración, configurando los cimientos del sistema judicial para las próximas décadas.

Este martes, la Cámara de Diputados decidirá la composición del Comité Técnico de Evaluación (CTE), organismo que tendrá un papel clave en la selección de jueces, ministros y magistrados. Sin embargo, el camino hacia esta votación ha sido todo menos sencillo, en medio de una intensa pugna política entre dos figuras emblemáticas de Morena: Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, y Adán Augusto López Hernández, líder del partido en el Senado.

 

La disputa entre Monreal y Adán Augusto no se limita a simples desacuerdos, sino que refleja una batalla por influencia y poder dentro del partido. Según fuentes legislativas, ambos líderes han puesto sobre la mesa tres de los cinco nombres que deben integrar el comité, compuesto por tres mujeres y dos hombres. Cada uno busca asegurar la mayoría en el CTE, lo cual representaría una ventaja crucial para su facción en la futura selección de altos cargos judiciales.

 

Para evitar una escalada en el conflicto, se ha considerado la intervención de Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, quienes intentarán fungir como mediadores en la elección del quinto integrante del CTE. La propuesta tiene como objetivo evitar la injerencia de otras figuras dentro del partido, como Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia.

 

La noche de este lunes se perfila como decisiva: las bancadas de Morena buscarán llegar a un acuerdo que permita la presentación formal de la lista de candidatos al CTE y que ésta sea aprobada el martes en la Cámara de Diputados.

 

En una conferencia de prensa reciente, Monreal se reunió con los coordinadores parlamentarios de otros partidos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para exponer las cualidades que deben cumplir los integrantes del CTE, aunque sin presentar nombres concretos. “Ellos hacen uso de su derecho de proponer o no candidatos, yo no quiero calificar si es o no un error táctico de ellos o un acierto táctico”, señaló Monreal respecto a la ausencia de propuestas de otros líderes como Rubén Moreira (PRI) y Noemí Berenice Luna (PAN).

 

Monreal también expresó su respeto hacia Movimiento Ciudadano (MC), cuyo liderazgo, bajo Dante Delgado, se ha consolidado en la política mexicana. Ante la posibilidad de que MC abandone la reunión de Puntos Constitucionales, Monreal respondió con diplomacia: “Lo que hagan ellos, yo no puedo cuestionarlo, sino respetarlo; es su estrategia y táctica, y ellos sabrán valorar si es o no la correcta”.

 

En la sesión privada de la Jucopo, Ivonne Ortega, coordinadora de MC, lanzó una pregunta incómoda al recordar que Andrés Manuel López Obrador, durante su tiempo como jefe de Gobierno, recurrió al Poder Judicial para evitar cambios en el nombre de Ciudad de México. “¿Ahora, ante quién se debe acudir entonces?”, inquirió Ortega, subrayando la importancia de un poder judicial independiente en los conflictos constitucionales. La respuesta de Monreal, con una sonrisa evasiva, fue: “Esa no te la voy a responder”.

 

El desenlace de este conflicto definirá no sólo el control del CTE, sino también la influencia que Monreal y Adán Augusto tendrán en los nombramientos judiciales. La votación de este martes en la Cámara de Diputados podría ser la clave para resolver esta pregunta.

El devastador paso del huracán “John” dejó profundas cicatrices en los estados de Guerrero y Oaxaca, donde casi 154 mil viviendas resultaron afectadas. Después de semanas de esfuerzos de emergencia, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró oficialmente el fin de esta fase y el inicio de la etapa de reconstrucción y apoyo a las familias afectadas. Desde la Base Naval de Acapulco, Sheinbaum presentó un informe detallado sobre las acciones que ya han comenzado a transformar la región.

 

“Hoy podemos decir que la emergencia ha terminado, pero el apoyo continúa”, afirmó Sheinbaum, destacando que la prioridad será proporcionar recursos para la limpieza y posteriormente para la rehabilitación de viviendas dañadas. Esta etapa será el primer paso de un proceso que incluye el lanzamiento de la estrategia “Acapulco se transforma contigo”, una iniciativa enfocada en revitalizar el puerto y restablecer su economía tras los embates naturales que ha sufrido en los últimos dos años.

 

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, informó que el censo ya ha identificado 153 mil 723 viviendas afectadas en 66 municipios de Guerrero y Oaxaca. Para estos hogares, el gobierno destinará más de 6 mil millones de pesos en apoyos, lo cual contempla desde fondos para limpieza hasta subsidios diferenciados para la rehabilitación, en función del nivel de daño. En Acapulco, el municipio más afectado, se destinarán 2 mil 960 millones de pesos, alcanzando ya a 32 mil beneficiarios en la región.

 

El programa también asignará un apoyo de limpieza de 8 mil pesos para cada vivienda afectada y recursos adicionales que varían según la gravedad del daño estructural: 15 mil pesos para daños menores, 30 mil para daños medianos y hasta 60 mil para aquellos considerados graves. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, reconoció que, aunque significativos, los fondos no siempre serán suficientes para los hogares con pérdidas totales. “Sabemos que el apoyo de los 60 mil pesos para los daños mayores no es suficiente, pero estamos trabajando para cubrir las necesidades más críticas de estas familias”, comentó.

 

El huracán “John” también afectó gravemente la infraestructura de Guerrero, interrumpiendo el acceso a agua potable, electricidad y comunicaciones en diversas zonas. Sin embargo, los funcionarios informaron de importantes avances. Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró que los sistemas de bombeo de agua en Acapulco están al 100% de su capacidad operativa, restableciendo el suministro a las comunidades afectadas. Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad, señaló que el servicio eléctrico ha sido restablecido para más de 193 mil usuarios, mientras que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, confirmó que los caminos de acceso a las comunidades afectadas ya están despejados.

 

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó que, de los más de 10 mil planteles educativos en Guerrero, el 97% ya han retomado clases presenciales, mientras que el 2% continúa en modalidad en línea y solo 16 escuelas permanecen sin actividades por daños severos.

 

Con miras a impulsar la economía y reconstruir el tejido social, el gobierno anunció una serie de eventos de alto impacto en Acapulco, incluyendo un concierto del cantante Luis Miguel y otros eventos deportivos y musicales que buscan atraer el turismo y mejorar la ocupación hotelera, que actualmente se encuentra en un 40%.

 

“Es importante que la comunidad y los visitantes vean que Acapulco sigue de pie y que juntos podemos sacar adelante este lugar maravilloso”, expresó Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo. La estrategia pretende que los eventos generen un flujo de ingresos para la región y estimulen la actividad económica local en los próximos meses.