Maru Campos y García Harfuch sellan alianza para combatir la violencia en Chihuahua

En un esfuerzo por frenar la violencia en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acordaron reforzar la coordinación policial y mejorar los canales de comunicación entre el gobierno estatal y el federal. Esta decisión representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la seguridad en la entidad, que ha enfrentado grandes desafíos en materia de violencia en los últimos años.

 

El encuentro, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre en la Ciudad de México, contó también con la presencia del secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez. Durante la reunión, Campos expresó su disposición de colaborar con la nueva estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, subrayando la importancia de trabajar en equipo para ofrecer mejores resultados a los ciudadanos.

 

“Queremos un Chihuahua seguro, y para ello necesitamos trabajar de la mano con el gobierno federal. La seguridad es un compromiso de todos, y estamos aquí para reafirmar esa alianza”, señaló Campos al término del encuentro. La gobernadora resaltó que su objetivo es reducir los índices de criminalidad y generar un ambiente de paz y tranquilidad para los chihuahuenses.

 

García Harfuch, quien recientemente asumió su cargo al frente de la SSPC, destacó la relevancia de estas alianzas para enfrentar a los generadores de violencia en el país. “Cada estado enfrenta sus propios retos, y es fundamental que tanto el gobierno estatal como el federal estemos alineados en el mismo propósito: garantizar la seguridad de los mexicanos”, indicó el secretario.

 

El acuerdo entre Campos y García Harfuch contempla una serie de acciones para fortalecer la paz en Chihuahua y asegurar una comunicación fluida y eficaz entre las autoridades de ambos niveles. Esta cooperación permitirá coordinar mejor las operaciones policiales y optimizar el intercambio de información para actuar de manera oportuna y eficiente ante cualquier amenaza.

 

El compromiso de ambos funcionarios se da en un contexto donde la seguridad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad. Chihuahua, con su situación geográfica estratégica y sus retos históricos en materia de criminalidad, requiere de un esfuerzo concertado que pueda hacer frente a las organizaciones delictivas y los altos índices de violencia.

 

Campos enfatizó la necesidad de contar con un canal de comunicación sólido que permita atender las demandas de seguridad en el estado de forma efectiva y preventiva. “Estamos aquí no solo para escuchar, sino para actuar. La ciudadanía exige respuestas, y hoy damos un paso significativo para cumplir con esa responsabilidad”, afirmó la gobernadora.

 

Este acuerdo es visto como un paso prometedor para establecer una colaboración continua y efectiva entre el gobierno estatal y federal. Ambos mandatarios coincidieron en que solo con una estrategia bien coordinada podrán lograrse resultados concretos en la lucha contra la violencia que afecta a miles de familias en Chihuahua.

 

La sociedad chihuahuense, que durante años ha sido testigo de los estragos de la violencia, observa con esperanza este esfuerzo conjunto, que busca construir un ambiente de paz y justicia en la región.

Chihuahua Fortalece Seguridad ante el Avance del Tren de Aragua

El estado de Chihuahua enfrenta un reto complejo en su lucha contra el crimen organizado con la llegada del Tren de Aragua, un grupo criminal de origen venezolano. Esta organización ha puesto en alerta a las autoridades locales, que buscan preservar el orden y la seguridad en la región fronteriza.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Chihuahua ha creado un equipo especializado para combatir a esta organización, que se expande rápidamente, especialmente en zonas como Ciudad Juárez, donde se intensifica la competencia por el tráfico de personas. El Tren de Aragua se ha distinguido por un modus operandi que lo diferencia de otros grupos: inicialmente, coopera con pandillas locales, pero luego las desplaza y consolida su control en el territorio.

Gilberto Loya Chávez, titular de la SSP, destacó la importancia de actuar con rapidez y anticipación, ya que esta organización ha extendido sus actividades ilícitas a otras ciudades, incluyendo la Ciudad de México. Además del tráfico de personas, el Tren de Aragua participa en la explotación sexual y otras prácticas que afectan gravemente a la comunidad.

Para entender mejor esta amenaza, la SSP ha buscado asesoría de expertos en pandillas de Chile y El Salvador, quienes subrayan la complejidad de este grupo, su perfil bajo y su capacidad para infiltrarse en comunidades, lo que hace difícil su detección. Loya Chávez enfatizó que la pandilla provoca un impacto social profundo y genera una gran preocupación entre la ciudadanía.

El Tren de Aragua establece redes de apoyo y protección en cada nuevo territorio, lo que facilita su rápida expansión. En El Paso, Texas, la organización ha creado casas de seguridad para ocultar a migrantes que buscan cruzar hacia Estados Unidos, aumentando así los riesgos para estas personas y creando un mercado negro de explotación humana. Asimismo, recientes investigaciones han revelado redes de prostitución forzada operadas por este grupo, lo cual ha derivado en múltiples detenciones.

En lo que va del año, la SSP de Chihuahua ha intensificado sus operaciones, con la detención de 88 presuntos traficantes de personas y la incautación de dinero y armas, reflejando la seriedad de esta situación. Testimonios de migrantes liberados han expuesto la cruda realidad de esta crisis, resaltando la urgencia de una intervención efectiva para proteger a la población.

La SSP reconoce que la lucha contra el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales requiere una colaboración estrecha entre autoridades locales, nacionales e internacionales. La formación del grupo especial en Chihuahua es solo el comienzo de una respuesta más amplia para enfrentar el impacto de estas redes y proteger a las comunidades vulnerables.