Etiqueta: víctimas

Un nuevo capítulo comienza en la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio en el estado de Morelos. Este martes, la Fiscalía General del Estado anunció el nombramiento de Héctor Miguel Ortiz Acosta como nuevo titular de la dependencia, en sustitución de Fabiola García Betanzos.

La decisión, confirmada a través de un comunicado oficial, fue tomada por el fiscal general Uriel Carmona y ejecutada por el fiscal especializado Edgar Maldonado. La renovación de liderazgo busca reforzar las acciones institucionales en uno de los frentes más sensibles de la agenda de justicia en Morelos.

Con una sólida formación profesional, Héctor Miguel Ortiz Acosta llega al cargo con una Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como una Maestría en Criminalística y una Especialidad en Juicios Orales del Sistema Penal Acusatorio, ambos estudios cursados en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Su perfil académico refleja un enfoque técnico y actualizado ante los desafíos del nuevo sistema penal.

Ortiz Acosta asume la dirección tras la salida de Fabiola García Betanzos, quien encabezó esta fiscalía durante cinco años. Su gestión estuvo marcada por diversos señalamientos sobre el manejo de investigaciones, siendo uno de los casos más mediáticos el de Malú, una mujer encontrada sin vida en Tepoztlán, cuyo expediente generó protestas, cuestionamientos y exigencias de justicia por parte de colectivos y familiares.

La llegada del nuevo fiscal ocurre en un contexto de presión social constante para atender con eficacia y sensibilidad los casos de feminicidio. El estado de Morelos ha sido escenario de múltiples manifestaciones y exigencias ciudadanas que reclaman resultados concretos, transparencia y un verdadero compromiso institucional ante la violencia de género.

Con este relevo, la Fiscalía de Morelos pretende duplicar esfuerzos en la atención y persecución de los delitos contra las mujeres. La renovación del mando busca generar confianza en las víctimas y sus familias, fortalecer las capacidades técnicas del equipo ministerial y garantizar investigaciones con perspectiva de género y rigor jurídico.

El nombramiento de Ortiz Acosta marca una etapa de renovación institucional, con la expectativa de avanzar hacia una estructura más eficaz y sensible, en consonancia con las demandas ciudadanas y los estándares nacionales en materia de justicia para las mujeres. 

El máximo tribunal del país dio un paso firme al dejar fuera la solicitud de Carso Infraestructura y Construcción, filial de Grupo Carso, que buscaba frenar la sentencia que la obliga a aumentar las indemnizaciones a víctimas del desplome en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido el 3 de mayo de 2021.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar el amparo presentado por la empresa, el cual pretendía revertir una resolución emitida por una sala civil de la capital. Dicha sentencia había determinado que el acuerdo reparatorio celebrado en enero de 2022 con los afectados no era justo ni suficiente.

Tras el accidente que cobró vidas y dejó secuelas físicas, emocionales y económicas, un grupo de víctimas acudió a la vía civil en 2023. En su demanda señalaron que la reparación ofrecida originalmente por Carso no cubría adecuadamente los daños sufridos, incluidos gastos médicos, procesos de rehabilitación, impacto psicológico y pérdida de oportunidades laborales.

En respuesta a la condena civil dictada en abril de 2024, Carso argumentó que el acuerdo inicial debía respetarse, que el caso ya había sido resuelto judicialmente, y que incluso existían pruebas inadmitidas de manera incorrecta. También señaló que las autoridades de la capital deberían formar parte del juicio por su presunta responsabilidad en la falta de mantenimiento del tramo elevado que colapsó.

El 14 de febrero, un Tribunal Colegiado federal desestimó los argumentos de la empresa al confirmar la resolución anterior. El tribunal calificó las objeciones como infundadas y respaldó la orden de ampliar las compensaciones económicas a las víctimas.

Con la reciente negativa de la SCJN a atraer el caso, la sentencia queda firme. El acuerdo publicado este lunes establece que el caso no reúne los criterios de “interés excepcional” en materia de derechos humanos o constitucionales, necesarios para que la Corte intervenga.

Carso Infraestructura y Construcción deberá, por tanto, cumplir con el fallo y ajustar las indemnizaciones de acuerdo con lo establecido por el tribunal civil. La decisión refuerza la vía judicial como herramienta para la exigencia de justicia y abre un precedente en cuanto a la valoración de los acuerdos reparatorios posteriores a tragedias urbanas de gran escala.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) confirmó un avance crucial en la investigación relacionada con restos humanos localizados en la alcaldía Gustavo A. Madero. El descubrimiento, que sacudió a la zona norte de la capital, tuvo lugar el 11 de abril en un espacio que anteriormente funcionó como campamento migrante.

Los peritajes realizados por especialistas de la Coordinación General de Servicios Periciales permitieron establecer que los restos pertenecen a dos hombres. Uno de ellos fue identificado como Joan Esneyder, ciudadano colombiano de 18 años, reportado como desaparecido el pasado 25 de febrero. Las autoridades lograron conectar sus características físicas con los restos encontrados, cerrando así un capítulo doloroso para su familia.

Desde el primer hallazgo, las diligencias no se detuvieron. Gracias a información recabada durante entrevistas realizadas a personas cercanas a la víctima, los investigadores dirigieron sus esfuerzos al camellón de la avenida 100 Metros, donde finalmente se localizaron los restos enterrados. La búsqueda se llevó a cabo en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Comisión de Búsqueda de Personas.

El Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (INCIFO) continúa con el análisis de los restos para confirmar las causas del fallecimiento de ambas víctimas. Mientras tanto, los familiares de Joan Esneyder están en proceso de recibir sus restos bajo los lineamientos y protocolos establecidos.

En lo que respecta al segundo cuerpo encontrado, las autoridades han confirmado que pertenecen a un hombre, aunque aún no se ha logrado su identificación plena. La FGJ CdMx mantiene abierta la investigación con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a la segunda víctima y determinar si existe conexión directa entre ambos casos o si se trata de sucesos independientes ocurridos en el mismo sitio.

Este hallazgo en una zona que funcionó como refugio temporal para personas en situación de movilidad genera inquietud, al tiempo que subraya la importancia de los protocolos de búsqueda y la colaboración interinstitucional. La investigación sigue su curso, y la expectativa apunta al pronto esclarecimiento del caso y a la localización de cualquier otra posible evidencia que permita entender el contexto completo.

Las autoridades llaman a mantener la calma mientras se procesan los resultados forenses y se consolida la información recopilada. La FGJ CdMx reafirma su compromiso con la justicia y con el acompañamiento integral a los familiares de las víctimas.

El compromiso del gobierno federal con la verdad, la justicia y la atención a víctimas de desaparición ha dado un paso firme. En un encuentro histórico, la Secretaría de Gobernación reafirmó que la búsqueda de personas será atendida como una prioridad de Estado, con una visión sensible, empática y con total disposición al diálogo. 

Desde un hotel en la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, encabezó la primera reunión con el colectivo Guerreros Buscadores. Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa en la atención a las víctimas, con la clara instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de colocar el tema en el centro de la agenda nacional.

Con un mensaje directo y contundente, la funcionaria reiteró que todos los servidores públicos están llamados a actuar con responsabilidad, apertura y humanidad. “Garantizar que haya verdad, justicia y atención a las familias”, fue una de las frases más destacadas durante el evento, donde también se enfatizó que el gobierno reconoce a los colectivos como víctimas con pleno derecho a participar en cada etapa del proceso.

La reunión se desarrolló en dos momentos clave: un mensaje a medios en formato público, seguido de un encuentro privado entre autoridades y representantes del colectivo, en el que se expusieron casos, inquietudes y propuestas para fortalecer las acciones de búsqueda.

La Secretaría de Gobernación aseguró que este tipo de reuniones se replicará con diversos colectivos en todo el país. Serán al menos seis encuentros en los que se pretende recoger propuestas concretas, incorporar sus voces a la toma de decisiones y construir una agenda común que responda a las necesidades reales de quienes enfrentan la desaparición de un ser querido.

Durante la jornada, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, señaló que todas las iniciativas relacionadas con la desaparición forzada se mantendrán en pausa. Esta decisión responde al compromiso de escuchar primero a las organizaciones sociales y asegurar que sus experiencias y planteamientos queden reflejados en cualquier reforma legal futura.

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Segob a establecer este puente directo con los colectivos antes de avanzar con las propuestas legislativas. La pausa legislativa abre un espacio necesario para el diálogo, la colaboración y la co-construcción de soluciones en torno a uno de los temas más sensibles del país.

Desde el gobierno federal se destaca una disposición total a sumar esfuerzos con quienes llevan años buscando a sus familiares, con el objetivo de garantizar no solo justicia, sino también memoria, verdad y reparación.

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunciará una disculpa pública a los familiares de las víctimas del incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este acto se llevará a cabo el próximo 16 de abril, marcando dos años de la tragedia que cobró la vida de 40 personas. 

El titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, aseguró que su administración ha cumplido con las órdenes judiciales emitidas tras el siniestro. No obstante, señaló que la disculpa pública era un pendiente que ahora será atendido.

En respuesta a los señalamientos de malos tratos y falta de indemnización, el comisionado rechazó tales acusaciones y afirmó que se han destinado cerca de 240 millones de pesos en compensaciones, lo que equivale a 3.5 millones para cada afectado directo e indirecto. En los casos pendientes, los recursos han sido resguardados en un fideicomiso.

El INM también informó que, por instrucciones del juez, incluso las personas originarias de Venezuela que provocaron el incendio de manera dolosa han recibido la indemnización correspondiente en el penal donde se encuentran.

Desde los acontecimientos ocurridos en 2023, el gobierno de México ha proporcionado asistencia integral a las víctimas y sus familias mediante diversas instancias federales y estatales.

Este 27 de marzo, organizaciones sociales como el Instituto para las Mujeres en Migración realizaron una manifestación frente a Palacio Nacional. Las familias de las víctimas y los sobrevivientes exigieron la disculpa pública y la reparación integral del daño que consideran aún pendiente.

El 16 de abril se llevará a cabo el acto oficial, una acción esperada por las familias de las víctimas y organizaciones defensoras de los derechos humanos

Este domingo por la noche, una tragedia sacudió a la comunidad de San José de Mendoza, en Salamanca, Guanajuato, donde siete jóvenes fueron asesinados en un ataque armado. Las víctimas, miembros de la Pastoral Juvenil Diócesis de Irapuato, estaban vinculados a un grupo católico que busca promover valores entre los jóvenes de la región.

Las víctimas fueron identificadas como Bruno Jesús, Miguel Ángel, Daniel, Juan Flavio, Fernando, y dos adolescentes más. De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche cerca de un templo y en las inmediaciones de una cancha, donde se escucharon disparos que terminaron con la vida de los jóvenes.

La Parroquia de San José de Mendoza lamentó profundamente los hechos a través de sus redes sociales, expresando su dolor por la pérdida de estos jóvenes que formaban parte de la pastoral juvenil. La Iglesia Católica, desde su cuenta de Facebook, pidió justicia por las víctimas y se solidarizó con sus familias, pidiendo por su eterno descanso y ofreciendo oraciones por los afectados.

“Pedimos se haga justicia, hoy ante todos los acontecimientos que están pasando en todo el país”,manifestaron desde la parroquia. También hicieron un llamado a la paz y a la unidad de los pueblos, destacando la importancia de construir un mejor México basado en la justicia y la solidaridad.

El presidente municipal de Salamanca, César Prieto, también se pronunció respecto al multihomicidio, calificándolo como un “atroz hecho” que le arrebató la vida a personas inocentes. Expresó su compromiso con la lucha por la paz en la región, afirmando que los responsables del crimen no quedarán impunes. “Salamanca merece vivir en paz, nuestros hijos merecen un futuro mejor, y no descansaremos hasta lograrlo”,agregó el alcalde.

El multihomicidio ha generado una gran conmoción tanto en la comunidad local como en el ámbito nacional, donde los hechos de violencia siguen siendo un tema de preocupación. Se espera que las autoridades locales intensifiquen las investigaciones para dar con los responsables de este lamentable suceso.

El asesinato de Diego Méndez Velázquez, hijo de José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango Méndez”,ha sacudido a Querétaro. Méndez Vargas fue uno de los fundadores del cártel de La Familia Michoacana y recientemente fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 28 criminales de alta peligrosidad. 

Las autoridades confirmaron que el homicidio ocurrió el sábado en un ataque directo en el estacionamiento de un bar ubicado en una zona exclusiva del estado. Junto a Méndez Velázquez, otras dos personas, un hombre y una mujer, fueron asesinadas dentro de un lujoso Lamborghini Urus. Una cuarta persona resultó herida y fue trasladada a un hospital en estado delicado.

Carlos Alcázar, secretario de gobierno de Querétaro, informó que las víctimas no residían en el estado y que el crimen está relacionado con el “contexto nacional” y el vínculo de Méndez Velázquez con su padre, recientemente extraditado a Estados Unidos. La fiscalía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos.

José de Jesús Méndez Vargas, conocido como “El Chango Méndez“, fue capturado en 2011 y encarcelado en México hasta su traslado a Estados Unidos el 27 de febrero de este año. La extradición masiva de criminales coincidió con la presión del presidente Donald Trump para que el gobierno mexicano fortaleciera sus acciones contra el crimen organizado.

Diego Méndez Velázquez también tuvo antecedentes delictivos. Fue detenido en 2018 por presuntos vínculos con el narcotráfico y el robo de combustible, aunque actualmente estaba en libertad.

El crimen ha generado interrogantes sobre el impacto de la reciente extradición de líderes criminales en la violencia dentro de México. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los responsables del ataque y su posible relación con el cártel de La Familia Michoacana u otros grupos del crimen organizado.

El 8 de marzo, más de 200 mil mujeres marcharon en la Ciudad de México para exigir justicia y medidas efectivas contra la violencia de género. La manifestación, que tuvo lugar en el Día Internacional de la Mujer, se convirtió en un reclamo directo hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien las asistentes acusaron de no escuchar sus demandas y de intentar limitar su acceso a la Plaza de la Constitución con vallas de seguridad. 

El lema “No llegamos todas” resonó en la marcha, en memoria de las más de 3,400 mujeres asesinadas en 2024, de las cuales 839 fueron víctimas de feminicidio. La protesta, que se desarrolló de manera pacífica desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, finalizó a las 8:30 de la noche con saldo blanco, según el gobierno capitalino.

A diferencia de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien protegía el Palacio Nacional con vallas en cada marcha feminista, Sheinbaum extendió el cerco a toda la explanada del Zócalo desde días antes de la manifestación. Esta decisión indignó a familiares de víctimas de feminicidio, quienes instalaron un plantón y declararon huelga de hambre frente a la residencia presidencial.

La protesta fue resguardada por un operativo de 800 mujeres policías, quienes se mantuvieron a distancia y portaban extintores con polvo químico no tóxico supervisados por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX. Sin embargo, la presencia de vallas metálicas fue percibida por muchas manifestantes como un intento de silenciar su movimiento.

Sandra Soto, hermana de una víctima de feminicidio en 2017, exigió justicia y la oportunidad de dialogar con la presidenta. “Sheinbaum dice que con ella llegamos todas, pero nos encontramos con una muralla de hierro”, denunció. Su testimonio reflejó el sentir de miles de mujeres que salieron a las calles en todo el país para exigir acciones contra la violencia machista.

La protesta también fue un llamado de atención para la presidenta, quien ha defendido su política de seguridad y argumentado que la colocación de vallas fue una medida preventiva. No obstante, las manifestantes insisten en que las acciones del gobierno deben centrarse en proteger a las mujeres y castigar a los agresores, en un país donde más de 10 mujeres son asesinadas al día.

El plantón instalado en el Zócalo permanecerá hasta que Sheinbaum reciba a las víctimas y establezca compromisos concretos para frenar la violencia de género. Mientras tanto, las voces de las manifestantes siguen resonando en todo México, donde ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla y Oaxaca también fueron testigos de multitudinarias marchas en favor de los derechos de las mujeres.