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Después de un reciente incidente de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal presentó un plan integral para combatir el abuso sexual en México. La estrategia, dada a conocer desde Palacio Nacional, busca transformar la manera en que las autoridades y la sociedad enfrentan este delito, poniendo en el centro a las víctimas y apostando por un cambio cultural profundo.

El plan tiene tres ejes principales: agilizar las denuncias, garantizar atención digna a las víctimas y sensibilizar a los hombres sobre las conductas que perpetúan la violencia. La iniciativa responde a la falta de uniformidad legal en el país, donde los códigos penales de las 32 entidades no definen de la misma manera el abuso sexual. Mientras algunos estados tienen criterios amplios o agravantes, otros aún mantienen vacíos legales que dejan a muchas víctimas sin justicia.

El objetivo del gobierno es claro: que el abuso sexual sea reconocido como delito grave en todo el territorio nacional y que las sanciones sean contundentes. Actualmente, el Código Penal Federal contempla penas de seis a diez años de prisión, además de multas, que pueden aumentar cuando la víctima es menor de edad o se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Entre las primeras medidas destaca la creación de mecanismos que reduzcan el tiempo para presentar denuncias, una tarea urgente frente a los procesos largos y revictimizantes que hoy enfrentan miles de mujeres. También se reforzará la línea 079 para ofrecer atención inmediata y acompañamiento especializado, mientras que ministerios públicos, fiscalías y jueces recibirán capacitación en perspectiva de género para mejorar la respuesta institucional.

El plan contempla además acciones en espacios públicos y de transporte, donde las agresiones son frecuentes. Conductores y personal del sistema de movilidad serán capacitados para detectar y prevenir el abuso sexual, promoviendo ambientes más seguros.

La iniciativa no solo busca endurecer las sanciones, sino también transformar la forma en que la sociedad entiende la violencia. Para ello, el gobierno pondrá en marcha una campaña nacional de sensibilización dirigida especialmente a los hombres, con el fin de identificar actitudes y comportamientos normalizados que resultan violentos o invasivos.

El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno presentará los primeros avances del plan y lanzará oficialmente la campaña nacional. Con esta estrategia, la administración federal busca enviar un mensaje contundente: la violencia sexual no será tolerada y cada víctima tendrá el respaldo del Estado para denunciar y acceder a justicia.

Una tarde que parecía rutinaria se convirtió en tragedia en Hermosillo, Sonora, cuando un incendio arrasó con una sucursal de la tienda Waldo’s, dejando un saldo de 23 personas fallecidas y 11 más lesionadas. Entre las víctimas se encuentran menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y trabajadores del establecimiento, según confirmaron las autoridades estatales.

El siniestro se desató alrededor de las 3:00 de la tarde en la tienda ubicada sobre la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, una zona de alto flujo comercial en el centro de la ciudad. En ese momento, el local estaba lleno de clientes que realizaban compras por la quincena y los preparativos para las festividades del Día de Muertos. La magnitud del fuego movilizó de inmediato a los cuerpos de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal, quienes trabajaron durante horas para controlar las llamas y auxiliar a los afectados.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó la cifra de fallecidos y lesionados, y anunció que el gobierno estatal ofrecerá atención médica, psicológica y social a las familias de las víctimas. También informó que las investigaciones sobre el origen del incendio continúan a cargo de los peritos y que se mantiene acordonada la zona mientras se recaban pruebas para esclarecer las causas del siniestro.

Como muestra de luto y solidaridad, el gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Hermosillo suspendieron los eventos públicos programados por el Día de Muertos. Entre ellos, el concierto “Día de Muertos” que se realizaría en el Bosque Urbano La Sauceda, así como las actividades culturales y la tradicional marcha de catrinas en la Plaza Zaragoza. Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía y de los artistas que participarían en las celebraciones.

El impacto de la tragedia ha conmocionado a toda la comunidad sonorense, que ha expresado su solidaridad con las familias de las víctimas. Mientras tanto, las autoridades trabajan en los peritajes para determinar qué provocó el incendio y si existieron fallas estructurales o de seguridad dentro del establecimiento.

Lo que comenzó como una tarde de compras terminó marcando uno de los episodios más dolorosos recientes en Hermosillo. Hoy, la ciudad guarda silencio en memoria de las víctimas, mientras se buscan respuestas que permitan entender cómo ocurrió un hecho que dejó un profundo vacío en la capital sonorense.

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa aún no ha comenzado, pues dependerá del tiempo que tomen las negociaciones entre los afectados y la empresa propietaria del vehículo.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal detalló que el proceso de compensación se encuentra en etapa de análisis y que la institución ha asignado personal especializado para acompañar y asesorar a las víctimas en los diálogos con los representantes legales de la compañía.

“Esto va a depender de la salida por la que opten las víctimas en este caso. Estamos investigando delitos culposos, tanto homicidios culposos, lesiones culposas y daños materiales culposos. Estos delitos permiten, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, distintas salidas; una de ellas, efectivamente, es la mediación y los acuerdos reparatorios”, explicó Alcalde Luján.

El siniestro dejó hasta el momento 31 personas fallecidas y 53 lesionadas, de las cuales nueve permanecen hospitalizadas. Además, decenas de viviendas y vehículos resultaron afectados por la explosión y el incendio posterior.

La fiscal indicó que el monto de la reparación económica se definirá con base en estudios psicológicos, peritajes sociales y evaluaciones del daño moral realizado a cada una de las víctimas, así como en los casos de fallecimiento o discapacidad permanente. “El daño moral se calcula también en relación con las periciales en psicología, lo que tiene que ver con el proyecto de vida, cómo fue afectado el proyecto de vida y, muy importante, con el lucro cesante”, señaló.

Explicó que el lucro cesante corresponde al monto que las víctimas o sus familiares dejaron de percibir a causa del accidente. “En el caso sobre todo de los fallecimientos o donde hay lesiones que invalidan por completo a las personas y ya no pueden trabajar, se hace un cálculo a partir de lo que la persona fallecida hubiera ganado en su vida laboral”, puntualizó.

Bertha Alcalde agregó que los acuerdos reparatorios pueden alcanzarse durante la etapa inicial de la investigación, sin necesidad de que exista una imputación formal ante un juez. “En los acuerdos reparatorios no es necesario ni siquiera que se haga como tal una imputación frente a un juez, sino que, en la etapa de investigación inicial, se puede llegar a un acuerdo a partir de lo que decidan las partes”, subrayó.

La Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de la empresa propietaria de la pipa y de los operadores involucrados en el siniestro, mientras continúa el acompañamiento psicológico y legal a los afectados.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes la ceremonia solemne en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. A las 07:15 horas salió de Palacio Nacional para dirigirse a la plancha del Zócalo capitalino, donde se realizó el izamiento de la Bandera Nacional a media asta.

En punto de las 07:19 horas, hora exacta en la que inició el terremoto de 1985, se desarrolló el acto oficial en presencia de integrantes del gabinete federal: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Morales; y el de Seguridad, Omar García Harfuch. También asistieron la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La ceremonia incluyó el Canto a la Bandera interpretado por la banda de guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional, seguido del toque militar Silencio en memoria de quienes perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre. Posteriormente, se rindieron honores al lábaro patrio.

Tras concluir el acto, Sheinbaum regresó a Palacio Nacional para encabezar su conferencia de prensa matutina. Este 19 de septiembre marcó el 40 aniversario del sismo de 1985 y el octavo del de 2017.

Como parte de la conmemoración, a las 12:00 horas se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional de Sismo 2025, cuyo objetivo fue fortalecer la cultura de prevención y evaluar la capacidad de respuesta de la población y las instituciones ante una emergencia. El escenario planteado fue un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que activó protocolos de evacuación en la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Estado de México.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en la capital participaron 8.1 millones de personas, con el registro de 25,354 inmuebles: 16,872 privados y 8,482 públicos, la cifra más alta en estos ejercicios. Señaló además que el 99.06% de los 13,992 postes del C5 operaron de manera correcta para activar la alerta sísmica. Iztapalapa fue la alcaldía con más fallas en altavoces (18), mientras que Milpa Alta reportó solo una.

El simulacro movilizó a 75,250 brigadistas, cinco helicópteros cóndores, 1,500 vehículos y 33 motocicletas. También participaron los 16 consejos de protección civil de las alcaldías y 72 coordinaciones territoriales. En el ámbito educativo, 4,500 escuelas sumaron a 2.5 millones de personas. El Metro detuvo su servicio durante tres minutos y otros sistemas de transporte evacuaron a 545 mil usuarios.

El sector salud participó con cientos de hospitales y 398 clínicas. Se registró una persona lesionada y tres con crisis nerviosas, sin necesidad de traslados hospitalarios.

Brugada adelantó que para 2026 se realizarán tres simulacros: el 28 de enero, a finales de mayo y el 19 de septiembre. Destacó que de cara al Mundial, se trabaja en garantizar que los protocolos de protección civil sean accesibles a visitantes de otros países.

La mandataria capitalina informó además que la reconstrucción de los inmuebles afectados por el sismo de 2017 está casi concluida, y anunció la instalación de un memorial en Álvaro Obregón 286, inmueble colapsado hace ocho años y que ahora es propiedad del Gobierno de la Ciudad.

La tragedia por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, sigue cobrando víctimas. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este jueves que la cifra de fallecidos ascendió a ocho personas, mientras que 67 permanecen hospitalizadas.

En conferencia de prensa, la mandataria detalló que del total de 94 lesionados, 22 se encuentran en estado crítico, seis están graves, 39 en condición delicada y 19 ya fueron dados de alta. Entre los hospitalizados, la mayoría presenta quemaduras de segundo y tercer grado, así como cuadros de intoxicación derivados del accidente ocurrido la tarde del miércoles 10 de septiembre.

Brugada anunció que el gobierno capitalino implementará un programa de apoyo económico especial dirigido a las familias de los afectados. “Vamos a tener un proceso que garantice que puedan salir adelante con sus derechos a los que les corresponden, daremos puntual seguimiento para ello, a partir de hoy vamos a generar un apoyo inicial de emergencia que garantice que ellos se puedan mover, que puedan estar atendiendo a sus familiares, vamos a profundizar el censo con las familias, para ubicar cuáles son las familias que enfrentan situaciones más difíciles”, explicó.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, confirmó que ya se iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades. Informó que el chofer de la pipa se encuentra bajo custodia policial en un centro de salud, en estado crítico. “Con respecto al chofer, no se encuentra en calidad de detenido en este momento, pero como ya mencionó la jefa, está bajo custodia en el centro de salud donde se encuentra. Según su estado de salud, determinaremos cuándo y si se va a judicializar el caso”, indicó.

Entre las primeras líneas de investigación, las autoridades analizan la posibilidad de que el vehículo circulara a exceso de velocidad. Los peritajes siguen en curso para establecer las causas exactas del siniestro.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas del miércoles, en la intersección del Puente de la Concordia con la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las vialidades más transitadas del oriente capitalino. La magnitud de la explosión generó un fuerte despliegue de cuerpos de emergencia que atendieron a decenas de personas lesionadas en la zona.

La pipa involucrada pertenece a la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., que cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y forma parte del Grupo Tomza, uno de los principales distribuidores de gas en el país.

Con la cifra de víctimas mortales en aumento y decenas de personas aún en estado crítico, las autoridades mantienen bajo vigilancia médica a los heridos, al tiempo que avanzan las investigaciones para definir responsabilidades y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

El presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que a partir del 1 de septiembre, cuando asuma el cargo, impulsará un cambio profundo en el sistema judicial del país, con una visión que incluya y respete la diversidad cultural de México.

El anuncio se dio el viernes 8 de agosto de 2025 durante una conferencia magistral en el Congreso de Guerrero, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto. Aguilar Ortiz subrayó que el máximo tribunal velará por el cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos originarios, ya reconocidos en la Constitución.

En su gira por la capital guerrerense, el próximo presidente de la SCJN sostuvo un encuentro con el senador Félix Salgado Macedonio, a quien expresó que la Corte vivirá una etapa de transformación. “Vamos a cambiar el sistema de justicia de este país, vamos a sentar las bases”, afirmó.

El evento reunió a líderes y representantes indígenas que aprovecharon para recordarle al ministro electo la deuda histórica con estas comunidades. Ezequiel Catalán, coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), pidió que no desvíe la mirada de las necesidades de los pueblos originarios y afromexicanos. “Hay mucha injusticia aún, hace falta combatir la discriminación, la pobreza y la desigualdad que siguen siendo abismales”, recalcó.

Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, denunció que la discriminación persiste incluso dentro de las instituciones. “Si nosotros, que estamos aquí, sufrimos violencia y discriminación, imagínense quienes están allá afuera”, expresó.

En este contexto, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) para la Protección de Personas Defensoras presentó un informe que evidencia la situación de riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos de las comunidades indígenas en México. El documento reporta que 68 defensores del territorio y de derechos humanos han sido asesinados, 17 fueron víctimas de desaparición forzada —cinco de ellas aún no localizadas—, y que entre las víctimas se cuentan 82 hombres, nueve mujeres y una persona no binaria.

Con estos datos, la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se convirtió en un llamado urgente a garantizar justicia y protección para quienes luchan por preservar la identidad, los derechos y las tierras de las comunidades originarias del país. Aguilar Ortiz asumirá su cargo en medio de estas demandas, con la expectativa de que su promesa de una justicia pluricultural se traduzca en acciones concretas.

En el corazón del país, frente a cientos de asistentes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este jueves en el Zócalo capitalino la ceremonia oficial por los Siete Siglos del Legado de la Grandeza de México-Tenochtitlán 1325-2025, conmemorando los 700 años de la fundación de la antigua ciudad mexica.

Durante el acto, se develó el Monumento Conmemorativo de la Fundación de la Gran Tenochtitlán, símbolo del reconocimiento al pasado indígena de México y parte central del evento. Acompañada por su esposo Jesús María Tarriba Unger y diversas autoridades civiles y militares, Sheinbaum ofreció un mensaje que subrayó la importancia histórica, política y cultural de esta fecha para la nación.

En su discurso, la mandataria recalcó que la Cuarta Transformación ha permitido rescatar el legado de los pueblos originarios, luego de siglos de marginación derivados de la colonización, el periodo neoliberal y otros episodios históricos. Dijo que el objetivo de su gobierno es “comprender, no dividir; sanar, no odiar”, en un intento de reconciliar el presente con las raíces ancestrales del país.

Sheinbaum recordó que con la llegada de los colonizadores se intentó borrar todo vestigio de la cultura indígena a través de la imposición de una nueva religión, una lengua extranjera y un modelo social excluyente. Señaló que esa discriminación se prolongó incluso después de la Independencia y la Revolución, y que la Cuarta Transformación ha buscado atender esa deuda histórica.

“Reivindicamos hoy que es el comienzo de esa cura con la 4T de la vida pública”, afirmó, al referirse al proceso de recuperación cultural e histórica que promueve su administración. Hizo énfasis particular en la situación de las mujeres indígenas, quienes, de acuerdo con la presidenta, fueron víctimas de una opresión aún más severa, negándoseles voz, derechos y reconocimiento.

El evento concluyó con una escenificación teatral de la fundación de Tenochtitlán, donde actores caracterizados representaron el momento mítico en el que los mexicas fundaron su ciudad en medio del lago, guiados por la señal del águila sobre el nopal.

Junto a Sheinbaum, estuvieron presentes Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; el General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa; y el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina.

Más tarde, la presidenta tiene programado supervisar las obras de la Nueva Área de Braquiterapia de la Unidad de Especialidades de Oncología del IMSS Bienestar en Guadalupe, Zacatecas, como parte de su gira de trabajo federal.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un tema que podría marcar un precedente crucial en el sistema penal mexicano: un amparo contra la prisión preventiva oficiosa (PPO). El proyecto, elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, propone proteger al quejoso sin ordenar su libertad, pero sí exigir que la Fiscalía General de la República (FGR) justifique la necesidad de mantenerlo bajo esta medida cautelar.

El caso específico se centra en Adrián Alegre Hernández, detenido tras una riña domiciliaria en la que se le encontraron narcóticos, un arma de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército. Un juez de control en Michoacán le impuso la PPO por considerar que uno de los delitos encajaba en el artículo 19 de la Constitución, que lista los delitos que ameritan esta medida.

Sin embargo, Alegre promovió un amparo argumentando que esa decisión automática violaba estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El juez de Distrito le concedió la razón, dejando sin efectos la medida y ordenando un debate para definir si la PPO era, en su caso, realmente necesaria.

La FGR apeló la resolución, y el caso llegó hasta la SCJN gracias a la solicitud de un Tribunal Colegiado para que el máximo tribunal atrajera el asunto. La ministra Ríos Farjat propone ahora reinterpretar el alcance de la PPO sin declararla inconstitucional, pero sí limitando su aplicación automática.

En su proyecto —que se discutirá el próximo 13 de agosto—, la ministra plantea que la frase “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente” del artículo 19 debe leerse de forma compatible con los derechos humanos. Es decir, el juez no estaría obligado a imponerla de forma inmediata, sino que se abriría un debate judicial para analizar si la medida es indispensable para asegurar la comparecencia del imputado, proteger a víctimas o testigos, o evitar obstrucciones en la investigación.

Además, en caso de aprobarse este criterio, la sentencia ordenará dejar sin efectos la PPO impuesta al quejoso, abriendo una audiencia en la que la FGR deberá argumentar si la medida debe mantenerse, con base en principios de subsidiariedad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

Este caso también marca una oportunidad para conocer la postura de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien repetirá en la Corte con su nueva conformación a partir del 1 de septiembre, y que probablemente participará en la discusión de la acción de inconstitucionalidad 49/2021, que también busca revisar la PPO desde una óptica convencional.

La decisión podría representar un paso hacia un sistema penal más equilibrado, que armonice con los criterios internacionales y respete derechos fundamentales como la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia. La sentencia también llama a los jueces a interpretar la PPO de manera conforme y apartarse de criterios que la apliquen automáticamente, abriendo así la puerta a un nuevo paradigma en la justicia penal mexicana.

En un paso firme por proteger el patrimonio de miles de familias en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino, liderado por Clara Brugada Molina, activó esta semana la primera Mesa de Atención contra el Despojo de Inmuebles. El anuncio se realizó en el corazón de la ciudad, el Zócalo, durante la jornada número 34 del programa Zócalo de Gobierno Ciudadano.

Este nuevo espacio especializado atenderá directamente a quienes han sido víctimas o están en riesgo de perder su vivienda por fraudes, amenazas o procedimientos legales irregulares. Además, ofrecerá acompañamiento legal y canalización directa de casos a las autoridades competentes.

El evento no solo sirvió para presentar esta acción, sino también para escuchar y atender más de 760 solicitudes ciudadanas de diversos temas. La instalación de la mesa representa un avance claro en el compromiso de brindar justicia a quienes han sido despojados de su patrimonio. Según información oficial del gobierno local, se busca con esta estrategia proteger los derechos patrimoniales de la población y reforzar el acceso a la justicia.

El gabinete responsable está conformado por un equipo interinstitucional que incluye a la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Vivienda y la Secretaría de Ordenamiento Territorial. Este grupo ha tenido resultados palpables, al lograr recuperar varios inmuebles tanto públicos como privados en diferentes puntos de la ciudad. La operación de este equipo es constante y se mantiene activa para responder ante nuevos casos.

Actualmente, el despojo de vivienda ya es considerado un delito tipificado en el Código Penal local, con penas que van de cinco a diez años de prisión. Este tipo de delitos han venido en aumento, lo que ha obligado a las autoridades a tomar medidas más directas, como esta mesa de atención.

Durante el anuncio, Clara Brugada envió un mensaje contundente a quienes han sufrido este delito: “No están solos. Aquí tienen un gobierno que los respalda”. Su postura reafirma el objetivo de esta acción: dar voz y respaldo legal a las víctimas que antes no sabían a dónde acudir.

Esta mesa no es un hecho aislado. Marca el inicio visible de una estrategia integral para detener el avance del despojo habitacional, asegurar los derechos legales de las familias y evitar que más personas pierdan su hogar por actos ilegales o abusos. La ciudad se mueve, se organiza y protege a quienes más lo necesitan.

Una colisión inesperada en uno de los puntos más icónicos de Nueva York ha sacudido tanto al gobierno mexicano como a la opinión pública. El Buque Escuela Cuauhtémoc, símbolo naval de México, chocó contra el puente de Brooklyn el sábado por la tarde, dejando un saldo de dos fallecidos y 19 lesionados, además de una serie de imágenes virales que recorrieron redes sociales en cuestión de minutos.

El accidente ocurrió pasadas las 8:00 p.m., cuando aún había luz, y los tres mástiles del barco se vinieron abajo tras el impacto. La escena fue registrada por múltiples testigos que se encontraban en la zona y rápidamente compartida a través de plataformas digitales. La causa exacta del accidente permanece sin aclarar, aunque ya está siendo investigada por la Secretaría de Marina en coordinación con autoridades estadounidenses.

Desde La Paz, Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante una entrevista breve con medios locales. “Lamentamos que esto se use políticamente porque esto es un accidente, dos personas fallecidas y lo que tenemos que hacer es solidaridad”, expresó la mandataria mientras se trasladaba en camioneta. También señaló que las personas lesionadas están siendo atendidas y presentan signos de mejoría, aunque evitó entrar en detalles a la espera de un comunicado oficial por parte de la Marina.

El siniestro no solo ha despertado preocupación, sino también controversia. Días antes del accidente, el Buque Escuela Cuauhtémoc fue utilizado como escenario para promover la elección judicial del próximo 1 de junio. A través de la cuenta de redes sociales “Morena New York Comité 1”, se publicaron videos en los que al menos cuatro personas invitan a los mexicanos a participar en los comicios y respaldar a los candidatos Lenia Batres, César Mario Gutiérrez Priego e Isaac de Paz.

“Paisanos, no olviden este 1 de junio salir a votar por nuestros jueces y magistrados, es muy necesario el voto para que tengamos la mayoría”, se escucha en uno de los clips. Otras publicaciones del mismo grupo, acompañadas de imágenes desde el jueves, remarcan la necesidad de que los ciudadanos en México voten “por quienes estamos en el exterior”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, divididas entre el dolor por la tragedia y la indignación ante el uso del buque como plataforma política. En medio de esta situación, la presidenta reiteró que el enfoque debe estar en la solidaridad con las víctimas y el avance de las investigaciones.

El Buque Cuauhtémoc, emblema de la formación naval mexicana, enfrenta ahora uno de los capítulos más difíciles de su historia, mientras el país observa con atención el desarrollo de los hechos y las decisiones que vendrán.