El máximo tribunal del país dio un paso firme al dejar fuera la solicitud de Carso Infraestructura y Construcción, filial de Grupo Carso, que buscaba frenar la sentencia que la obliga a aumentar las indemnizaciones a víctimas del desplome en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido el 3 de mayo de 2021.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar el amparo presentado por la empresa, el cual pretendía revertir una resolución emitida por una sala civil de la capital. Dicha sentencia había determinado que el acuerdo reparatorio celebrado en enero de 2022 con los afectados no era justo ni suficiente.
Tras el accidente que cobró vidas y dejó secuelas físicas, emocionales y económicas, un grupo de víctimas acudió a la vía civil en 2023. En su demanda señalaron que la reparación ofrecida originalmente por Carso no cubría adecuadamente los daños sufridos, incluidos gastos médicos, procesos de rehabilitación, impacto psicológico y pérdida de oportunidades laborales.
En respuesta a la condena civil dictada en abril de 2024, Carso argumentó que el acuerdo inicial debía respetarse, que el caso ya había sido resuelto judicialmente, y que incluso existían pruebas inadmitidas de manera incorrecta. También señaló que las autoridades de la capital deberían formar parte del juicio por su presunta responsabilidad en la falta de mantenimiento del tramo elevado que colapsó.
El 14 de febrero, un Tribunal Colegiado federal desestimó los argumentos de la empresa al confirmar la resolución anterior. El tribunal calificó las objeciones como infundadas y respaldó la orden de ampliar las compensaciones económicas a las víctimas.
Con la reciente negativa de la SCJN a atraer el caso, la sentencia queda firme. El acuerdo publicado este lunes establece que el caso no reúne los criterios de “interés excepcional” en materia de derechos humanos o constitucionales, necesarios para que la Corte intervenga.
Carso Infraestructura y Construcción deberá, por tanto, cumplir con el fallo y ajustar las indemnizaciones de acuerdo con lo establecido por el tribunal civil. La decisión refuerza la vía judicial como herramienta para la exigencia de justicia y abre un precedente en cuanto a la valoración de los acuerdos reparatorios posteriores a tragedias urbanas de gran escala.
