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Las indemnizaciones que pagan las aseguradoras en México deberán calcularse a partir de ahora con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera por unanimidad una contradicción de criterios heredada de sus salas, hoy extintas tras la reforma judicial.

La decisión surge tras la coexistencia de dos posturas distintas que generaban incertidumbre jurídica. Mientras una resolución permitía mantener el salario mínimo como referencia para calcular indemnizaciones, otra establecía que dicha práctica era incompatible con la reforma constitucional de 2016, la cual desindexó el salario mínimo y creó la UMA como unidad de referencia económica.

El origen del conflicto se remonta a dos casos analizados por las entonces Primera y Segunda Sala del máximo tribunal. La Primera Sala concluyó que utilizar el salario mínimo como base para determinar el monto de indemnizaciones no contravenía la Constitución. En contraste, la Segunda Sala determinó que, tras la reforma constitucional, el salario mínimo ya no podía emplearse como unidad de medida, lo que abrió la puerta a interpretaciones contradictorias.

Ante este escenario, el pleno resolvió establecer un criterio único que pone fin a la disparidad. Con ello, las indemnizaciones deberán calcularse utilizando la UMA, cuyo valor diario para 2026 es de 117.31 pesos. La cifra contrasta con el salario mínimo vigente, que alcanza los 315 pesos diarios, lo que evidencia una diferencia significativa entre ambos parámetros.

Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien presentó el proyecto, reveló que recibió comunicaciones relacionadas con el impacto de la resolución. Señaló que sostuvo conversaciones con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre las posibles consecuencias financieras de la decisión.

“Recibí múltiples correos de aseguradoras, no platiqué con absolutamente ninguna. Eso sí, platiqué con el IMSS que nos refirió un altísimo impacto que un criterio de este tipo podía repercutirle a sus finanzas”, dijo la ministra Batres.

La resolución establece que, a partir de su aprobación, el cálculo de indemnizaciones deberá apegarse a la UMA, con lo que la Corte unifica el criterio judicial y cierra la controversia generada por las resoluciones divergentes emitidas previamente por sus salas.

La mañana del pasado miércoles, alrededor de cien exjueces y exmagistrados federales tomaron la avenida Insurgentes Sur, en la Ciudad de México, para reclamar la falta de pagos que, aseguran, les adeuda el Poder Judicial. El cierre vial se realizó a la altura del cruce con Loreto, justo frente al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), donde los inconformes esperaban ser atendidos por autoridades judiciales, aunque no obtuvieron respuesta.

El grupo de exjuzgadores denunció que no se les ha entregado la indemnización extraordinaria que les corresponde tras haber dejado sus cargos dentro del sistema judicial. Este pago, previsto por la normativa interna del Poder Judicial, busca garantizar estabilidad económica a quienes concluyen su labor como impartidores de justicia, pero los manifestantes aseguran que ha sido retenido sin justificación.

La protesta provocó un bloqueo total en ambos sentidos de Insurgentes Sur, una de las principales arterias de la capital, generando congestión vehicular y el desvío de rutas de transporte público. Los participantes, vestidos de traje y con carteles en mano, expresaron su descontento con consignas que exigían respeto a sus derechos laborales y al reconocimiento de su trayectoria dentro del sistema judicial.

Esta movilización se suma a la realizada un día antes, el martes 11 de noviembre, cuando el mismo grupo bloqueó la avenida Revolución y marchó hacia el Tribunal de Disciplina Judicial. En ambas jornadas, su objetivo fue el mismo: presionar a las autoridades judiciales para que liberen los pagos pendientes y establezcan un canal formal de diálogo con los exfuncionarios.

El reclamo de los exjueces y exmagistrados surge en un contexto de tensiones internas en el Poder Judicial, derivadas de los recientes ajustes administrativos y financieros impulsados tras la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, instancia encargada de supervisar el comportamiento ético y profesional de jueces y magistrados. Con este organismo en funcionamiento, varios juzgadores se han retirado o separado de sus cargos, situación que ha derivado en conflictos sobre sus compensaciones económicas.

Hasta el cierre de la jornada, las autoridades judiciales no habían emitido una respuesta oficial ni se reportaban avances en las negociaciones. La movilización sobre Insurgentes concluyó después de varias horas, pero los participantes advirtieron que podrían retomar las protestas si no se concreta el pago de las indemnizaciones.

Con esta manifestación, los exjuzgadores buscan visibilizar una problemática que, según ellos, afecta a decenas de funcionarios que dedicaron años de servicio al Poder Judicial y que hoy exigen lo que consideran un derecho legítimo.

El máximo tribunal del país dio un paso firme al dejar fuera la solicitud de Carso Infraestructura y Construcción, filial de Grupo Carso, que buscaba frenar la sentencia que la obliga a aumentar las indemnizaciones a víctimas del desplome en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido el 3 de mayo de 2021.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar el amparo presentado por la empresa, el cual pretendía revertir una resolución emitida por una sala civil de la capital. Dicha sentencia había determinado que el acuerdo reparatorio celebrado en enero de 2022 con los afectados no era justo ni suficiente.

Tras el accidente que cobró vidas y dejó secuelas físicas, emocionales y económicas, un grupo de víctimas acudió a la vía civil en 2023. En su demanda señalaron que la reparación ofrecida originalmente por Carso no cubría adecuadamente los daños sufridos, incluidos gastos médicos, procesos de rehabilitación, impacto psicológico y pérdida de oportunidades laborales.

En respuesta a la condena civil dictada en abril de 2024, Carso argumentó que el acuerdo inicial debía respetarse, que el caso ya había sido resuelto judicialmente, y que incluso existían pruebas inadmitidas de manera incorrecta. También señaló que las autoridades de la capital deberían formar parte del juicio por su presunta responsabilidad en la falta de mantenimiento del tramo elevado que colapsó.

El 14 de febrero, un Tribunal Colegiado federal desestimó los argumentos de la empresa al confirmar la resolución anterior. El tribunal calificó las objeciones como infundadas y respaldó la orden de ampliar las compensaciones económicas a las víctimas.

Con la reciente negativa de la SCJN a atraer el caso, la sentencia queda firme. El acuerdo publicado este lunes establece que el caso no reúne los criterios de “interés excepcional” en materia de derechos humanos o constitucionales, necesarios para que la Corte intervenga.

Carso Infraestructura y Construcción deberá, por tanto, cumplir con el fallo y ajustar las indemnizaciones de acuerdo con lo establecido por el tribunal civil. La decisión refuerza la vía judicial como herramienta para la exigencia de justicia y abre un precedente en cuanto a la valoración de los acuerdos reparatorios posteriores a tragedias urbanas de gran escala.