La expansión de hidrocarburo en el Golfo de México ha alcanzado ya una franja de 630 kilómetros a lo largo de las costas de Veracruz y Tabasco, en un escenario que organizaciones ambientalistas califican como fuera de control y con impactos crecientes tanto en ecosistemas como en comunidades locales.
El señalamiento fue emitido por la organización Greenpeace, que este lunes difundió un posicionamiento público para advertir sobre la magnitud del problema y cuestionar la respuesta institucional frente a la contingencia. De acuerdo con el documento, el derrame continúa activo sin que exista claridad sobre su origen, lo que impide determinar responsabilidades o confirmar si la fuga ha sido contenida.
En su pronunciamiento, la organización sostuvo que las acciones emprendidas hasta ahora han sido limitadas y focalizadas, principalmente en zonas de alta afluencia turística, mientras que otras áreas costeras permanecen sin atención. Esta situación, aseguran, ha permitido que el hidrocarburo siga arribando a distintos puntos del litoral, con efectos aún no cuantificados en ecosistemas clave como los arrecifes.
“Este ya es un derrame petrolero sin control (…) Una vez más, el Golfo de México opera como zona de sacrificio ante los riesgos e impactos que implica la industria petrolera, así como la falta de capacidades y protocolos efectivos para su prevención, atención y mitigación”, indicó la organización en su comunicado.
Los activistas también subrayaron que no existe una evaluación integral del daño ambiental, particularmente en el sistema arrecifal. En ese sentido, reportes de la Red Corredor Arrecifal señalan que el flujo de hidrocarburo hacia estas zonas no ha cesado, lo que incrementa la preocupación sobre posibles afectaciones a la biodiversidad marina.
Además del impacto ecológico, Greenpeace advirtió que la emergencia tiene implicaciones sociales relevantes. En el mismo documento se destaca que la situación requiere no sólo labores de limpieza, sino una respuesta más amplia que atienda las consecuencias en las comunidades afectadas. “La emergencia no es sólo ambiental, sino también presenta un aspecto social altamente grave”, señalaron.
Frente a este panorama, la organización hizo un llamado a la sociedad civil para exigir medidas inmediatas, así como a las autoridades federales —incluidas la Secretaría de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente— para suspender actividades de exploración y explotación vinculadas al sector, mientras no se controle la contingencia.
Finalmente, Greenpeace enfatizó que, independientemente del origen del derrame, corresponde al Estado garantizar la supervisión, regulación y reparación de los daños ocasionados en los ecosistemas marinos y costeros. “Aunque la responsabilidad sea de una empresa privada o no, las autoridades federales tienen la obligación de supervisar, regular y reparar los impactos en los ecosistemas marinos y costeros”, concluyó.
