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Durante la sesión pública de este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres Guadarrama intervino para expresar su desacuerdo con un proyecto de resolución que no formaba parte de los asuntos que se encontraban en discusión en ese momento.

La participación ocurrió mientras el pleno analizaba otro expediente distinto dentro de la agenda del día. Batres tomó la palabra para manifestar su postura en contra de un proyecto elaborado bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía, relacionado con un amparo promovido por un grupo de personas que denunciaron la presunta violación al derecho humano a una buena administración pública.

Durante su intervención, la ministra expresó su posición frente a la propuesta de resolución. “Estoy en contra del proyecto que se pone a nuestra consideración que propone conceder el amparo a un grupo de personas que reclamaron la violación al derecho humano a una buena administración pública”, declaró ante el pleno.

Tras escuchar su comentario, el ministro Figueroa Mejía aclaró que el expediente al que se refería la ministra no se encontraba en debate durante esa sesión, ya que había sido retirado previamente de la lista de asuntos programados para discusión.

La aclaración se produjo en el momento en que se advirtió la confusión. El propio ministro explicó que el proyecto aludido no estaba siendo analizado en ese momento por el pleno.

Posteriormente, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, también precisó la situación para ubicar el tema que realmente se encontraba en discusión. “Estamos en el asunto 28, el otro quedó en lista”, indicó durante la sesión.

El expediente que los ministros analizaban en ese momento correspondía a un amparo en revisión relacionado con la obligación de las comisiones de atención a víctimas de determinar el monto de una indemnización por daño moral.

Dentro de ese asunto, el debate se centró en los criterios que deben aplicarse para fijar las compensaciones a personas que han sufrido afectaciones y que recurren a estos organismos para recibir reparación del daño.

Durante la deliberación del caso que sí formaba parte de la agenda del día, la ministra Lenia Batres expresó una postura distinta a la que había mencionado previamente, ya que en ese expediente manifestó su respaldo al proyecto discutido por el pleno.

La sesión continuó con la revisión del amparo en materia de reparación del daño moral, mientras que el proyecto mencionado inicialmente por la ministra quedó pendiente al haber sido retirado de la lista de asuntos programados para análisis en esa jornada.

Finalmente al término se culmino con la discusión de los asuntos de los créditos fiscales de Grupo Salinas, la reclamación de unos recursos y vato a favor en varios asuntos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por Elba Esther Gordillo y confirmó que la exdirigente magisterial deberá pagar 19 millones 200 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

La resolución respalda los créditos determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al establecer que Gordillo no comprobó las transacciones que originaron la deuda fiscal. En su defensa, la exlideresa argumentó que los movimientos financieros estaban vinculados con sus funciones como presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cargo que ocupaba durante los años observados. Sin embargo, el máximo tribunal concluyó que no acreditó debidamente dichas operaciones.

El litigio se remonta a 2021, cuando Gordillo Morales fue notificada por la autoridad hacendaria sobre presuntos adeudos fiscales. A partir de esa notificación, promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), bajo el argumento de que la determinación del SAT era ilegal y que existía un procedimiento específico para aclarar una posible discrepancia fiscal.

En julio de 2024, la Sala Superior del TFJA confirmó la validez de los cobros exigidos por la autoridad tributaria, al considerar que los créditos fiscales estaban debidamente fundados. Tras ese revés, la exdirigente sindical acudió a la Suprema Corte en busca de amparo, recurso que finalmente fue desechado.

El proyecto para rechazar la solicitud fue elaborado por la ministra Lenia Batres. El asunto fue admitido antes de la renovación del Poder Judicial, lo que permitió que el expediente siguiera su curso hasta la resolución definitiva.

Durante 2008 y 2009, periodo al que corresponden los adeudos, Gordillo encabezaba el SNTE, uno de los sindicatos más grandes de América Latina. Años después, en 2013, enfrentó un proceso penal por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2018 fue absuelta, hacia el cierre de esa administración y meses antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

Con la decisión de la SCJN, queda firme la obligación fiscal por más de 19 millones de pesos determinada por el SAT, derivada de operaciones no comprobadas en los ejercicios fiscales señalados.

El Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que un juez federal rechazara el recurso con el que buscaba evitar su arresto en México.

El trámite fue gestionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la embajada estadounidense y notificado al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas. El pasado 11 de febrero, ese órgano jurisdiccional determinó no conceder protección judicial al exmandatario ni a cuatro integrantes de su familia, lo que mantiene vigentes las órdenes de aprehensión en su contra.

García Cabeza de Vaca enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. De acuerdo con fuentes federales citadas por el diario Reforma, la Fiscalía General de la República impulsó la activación del mecanismo diplomático con base en una orden de captura emitida en octubre de 2022 por presuntos vínculos con el crimen organizado y manejo de recursos ilícitos. A esa se suma una segunda orden dictada en febrero de 2024.

El exgobernador, quien dirigió Tamaulipas entre 2016 y 2022 y posteriormente buscó una candidatura federal en 2024, se encuentra fuera del país y es considerado prófugo por las autoridades mexicanas. Reportes de medios locales señalan que reside en Estados Unidos, donde hasta el momento no se ha informado sobre su detención ni sobre el inicio formal de un procedimiento de entrega a México.

La resolución judicial más reciente sostiene que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal y que las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía están justificadas en esta etapa procesal. Sin embargo, la primera orden de arresto permanece bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de un recurso promovido por su defensa.

En 2025, García Cabeza de Vaca declaró que la Interpol retiró la ficha roja en su contra. La fiscalía respondió que dicha notificación fue suspendida de manera temporal por determinaciones judiciales, no cancelada de forma definitiva.

A través de un comunicado difundido por su equipo legal, el exmandatario aseguró contar con protección judicial frente a cualquier intento de detención y adelantó que impugnará la decisión más reciente ante un tribunal superior. Mientras tanto, la solicitud de extradición queda en manos de las autoridades estadounidenses, que aún no han informado si darán curso al requerimiento presentado por el gobierno mexicano.

Un acuerdo político previo entre el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro en retiro Arturo Zaldívar marcó el proceso de elección en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según relata Julio Scherer Ibarra en su libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder.

En el capítulo 26, titulado “La Corte”, el exconsejero jurídico de la Presidencia detalla que respaldaba la candidatura de Zaldívar porque existía un compromiso político mutuo con el titular del Ejecutivo federal. “El candidato que yo apoyaba era Arturo Zaldívar, que había hecho un compromiso político con el presidente y el presidente con él”, expone en la obra.

De acuerdo con el testimonio, en la contienda interna también participaba el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien contaba con el apoyo de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Scherer señala que López Obrador le solicitó dialogar con la titular de Gobernación para construir un acuerdo que favoreciera a Zaldívar, al ser el único con quien tenía un compromiso político directo.

El exfuncionario describe una reunión celebrada en la casa de Sánchez Cordero, donde Zaldívar y él buscaron sumar apoyos entre los ministros. Según su versión, aunque hubo diálogo en un ambiente distendido, la entonces secretaria no manifestó respaldo explícito a la candidatura.

Scherer también atribuye el voto decisivo a favor de Zaldívar al entonces ministro Eduardo Medina Mora. Añade que, tiempo después, Medina Mora fue presionado por la Fiscalía General de la República para presentar su renuncia al cargo. El libro sostiene que López Obrador depositaba plena confianza en Zaldívar y que, bajo esa lógica, impulsó la propuesta para extender su mandato al frente del máximo tribunal.

Finalmente, Scherer afirma que, tras su salida de la Consejería Jurídica y la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación, se perdió la interlocución con el Poder Judicial. En su relato, considera que una relación más efectiva pudo haber evitado la profunda reforma judicial aprobada posteriormente, al estimar que no existían razones suficientes para una transformación de tal magnitud.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la controversia generada en torno a Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de la difusión de un video en el que se observa a dos empleados limpiándole los zapatos en plena vía pública. De acuerdo con la mandataria, las críticas dirigidas al ministro no se explican únicamente por las imágenes, sino por el desacuerdo de diversos sectores con los cambios recientes en el Poder Judicial.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que Aguilar ofreció una explicación pública sobre lo ocurrido y presentó una disculpa tras el incidente registrado previo a la ceremonia conmemorativa del 109 aniversario de la Constitución, celebrada en Querétaro. Señaló que el ministro presidente dio a conocer las razones del hecho y asumió su responsabilidad al pronunciarse de manera directa.

“Dio las razones de lo que ocurrió, incluso ofreció disculpas y digamos que pues él tiene que dar su explicación. Pero todo lo que han hecho alrededor de esto, es en realidad porque no están de acuerdo con el cambio que hubo en el Poder Judicial”, expresó la presidenta ante medios de comunicación.

Sheinbaum evitó adelantar si la difusión del video podría afectar la imagen o el funcionamiento de la nueva integración de la Corte. En ese contexto, subrayó que lo negativo habría sido que el ministro no hubiera fijado una postura frente a lo ocurrido. Asimismo, hizo un llamado general a las y los servidores públicos para mantener una conducta basada en la humildad en el ejercicio de sus funciones.

El video que detonó la polémica fue captado la mañana del jueves, cuando Hugo Aguilar se encontraba en calles de Querétaro, momentos antes de acudir al Teatro de la República para participar en la ceremonia oficial. En las imágenes se observa a una mujer, vestida con tacones, agacharse para limpiar las puntas de los zapatos del ministro en medio de la calle. Posteriormente, otro hombre se aproxima y repite la acción utilizando un pañuelo.

Una vez concluida la limpieza, el ministro presidente sonríe y es interceptado por el gobernador Alejandro Armenta, con quien camina algunos pasos hasta la banqueta. La escena se difundió ampliamente en redes sociales y generó reacciones en distintos espacios públicos.

Este episodio se da en un contexto de atención pública sobre la Suprema Corte, marcado también por la reciente controversia relacionada con la adquisición de nuevas camionetas blindadas por parte del máximo tribunal. Tras las críticas recibidas, los ministros decidieron no hacer uso de dichos vehículos, lo que mantuvo a la SCJN en el centro del debate político y mediático.

El amparo promovido en 2021 por la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) en contra de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta la posibilidad de ser desestimado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con la organización, el proyecto de resolución impulsado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, plantea sobreseer la garantía constitucional, lo que impediría un análisis de fondo sobre los efectos de dicha legislación en los derechos de las víctimas del delito.

MUCD advirtió, mediante un comunicado, que el proyecto presentado ante el máximo tribunal del país elimina mecanismos clave de coadyuvancia y control que permitían la participación activa de las víctimas en los procesos de investigación. La organización señaló que esta postura evita escuchar a quienes han sido directamente afectados por el delito y establece un precedente que consideran riesgoso para el acceso a la justicia, particularmente para las organizaciones civiles que, desde hace más de 27 años, acompañan a víctimas en la defensa de sus derechos.

Según la organización defensora de derechos humanos, la Ley de la FGR aprobada en 2021 no solo modificó el marco de actuación de la Fiscalía, sino que también eliminó y restringió derechos que ya estaban reconocidos para las víctimas. Entre los cambios señalados se encuentra el debilitamiento de la coadyuvancia, figura que permitía a las víctimas participar activamente en la investigación de los delitos y colaborar de manera directa con el Ministerio Público.

MUCD también destacó afectaciones en el acceso a la carpeta de investigación, la posibilidad de impugnar decisiones relevantes del Ministerio Público y la adopción de medidas de protección. A ello se suma, según la organización, una reducción en el nivel de responsabilidad de la Fiscalía General de la República dentro del Mecanismo de Apoyo Exterior y del Sistema Nacional de Búsqueda, instancias consideradas fundamentales para la atención de víctimas, especialmente en casos de desaparición.

En su posicionamiento, la organización cuestionó la interpretación contenida en el proyecto de resolución, la cual sostiene que los artículos impugnados únicamente regulan asuntos internos de la Fiscalía y que no generan un impacto directo ni en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. MUCD afirmó que, bajo este criterio, la SCJN evita pronunciarse sobre el fondo del asunto y deja en manos de la propia FGR la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto será discutido en el pleno de la Suprema Corte este miércoles 4 de enero de 2026. La resolución que adopte el máximo tribunal definirá el futuro del amparo promovido por MUCD y el alcance del control constitucional sobre la Ley de la Fiscalía General de la República, así como las condiciones en las que las víctimas y organizaciones civiles podrán ejercer y defender sus derechos dentro del sistema de justicia.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la gran mayoría de la militancia del partido mantiene el compromiso con los principios que lo rigen, entre ellos la austeridad, aunque admitió que existen casos que contradicen esa doctrina. En declaraciones a medios, sostuvo que “el 99%” de quienes integran el movimiento cumple con dichos postulados, mientras que el “1% restante” genera distorsiones que afectan la imagen del partido.

Monreal explicó que los integrantes de Morena deben ser un ejemplo de los valores que han promovido, aunque reconoció que no siempre se actúa conforme a ellos. “Nosotros tenemos que ser ejemplo, aunque no siempre lo somos, nos excedemos y abusamos, e incluso violamos lo que nosotros construimos como doctrina filosófica”, expresó.

El legislador abordó el tema en el contexto de la adquisición de nueve camionetas blindadas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destinadas a los ministros que asumieron funciones el pasado 1 de septiembre, bajo el argumento de que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad necesarios. Al respecto, señaló que este tipo de decisiones contrastan con la filosofía del movimiento político al que pertenece.

“Me preocupa porque nuestra filosofía como movimiento contradice ese tipo de actos y, evidentemente, frente a la población nos critican y nos cuestionan, y la gente que lo hace tiene razón”, indicó. En relación con la posibilidad de que los ministros reconsideren la compra de las unidades blindadas, Monreal evitó intervenir en decisiones de otro poder, al señalar que se trata de un asunto interno de la SCJN. “Es un asunto de ellos. No me quiero meter con otro poder, porque no quiero que se metan conmigo; pero, ellos tendrán que reflexionar, es una autorreflexión y corrección también”, puntualizó.

En otro tema, el coordinador de la bancada de Morena se refirió al proceso de construcción de una reforma electoral impulsada por el gobierno federal en conjunto con Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo. Reconoció que el avance del tiempo ha incrementado la presión para concretar la iniciativa. “Cada día que pasa, sí mete presión”, afirmó, al recordar que el plazo para su presentación vence en la segunda semana de febrero.

Monreal señaló que las reuniones entre las fuerzas que integran la llamada Cuarta Transformación continúan con el objetivo de presentar una propuesta que cuente con el mayor consenso posible. Indicó que ya han comenzado a definirse temas y redacciones preliminares del proyecto. Sobre la existencia de un borrador con modificaciones a artículos de la Constitución, mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló previamente que ya hay avances, aunque aclaró que él no tiene conocimiento directo del documento.

El debate sobre la despenalización del aborto en México volvió a colocarse en el centro de la agenda pública tras el posicionamiento de la Iglesia católica frente a la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice un proyecto de sentencia relacionado con la interrupción del embarazo. La postura fue difundida este domingo a través del editorial Desde la Fe, órgano de comunicación de la arquidiócesis mexicana, en el que se expresó un rechazo directo a dicha eventual revisión judicial.

De acuerdo con la Iglesia católica, la Corte habría incluido en su agenda un proyecto derivado de una acción de inconstitucionalidad que eliminaría el tipo penal del aborto durante todo el embarazo, incluso hasta los nueve meses de gestación. Sin embargo, hasta ahora no existe un comunicado oficial ni documento público que confirme la existencia del proyecto mencionado ni su contenido específico. Aun así, la arquidiócesis señaló que el asunto podría discutirse el próximo 6 de enero.

En su editorial, la institución religiosa acusó al máximo tribunal del país de “despreciar” la vida humana y utilizó una referencia simbólica para expresar su desacuerdo: “Menudo regalo le presentan en la Epifanía al Niño Jesús: la desprotección total de los bebés por nacer”. Además, sostuvo que el supuesto proyecto no considera, desde su perspectiva, los riesgos que enfrentan las mujeres que abortan ni el desarrollo del sistema nervioso del embrión a partir de la séptima semana de gestación.

La Iglesia también afirmó que el documento carecería de sustento técnico, al no incluir referencias estadísticas ni científicas, así como fuentes documentales, médicas o académicas. En ese sentido, señaló que se trataría de un proyecto con deficiencias metodológicas y que invadiría las facultades constitucionales de los congresos estatales.

Según su análisis, la eliminación del delito convertiría al aborto en un derecho absoluto, una condición que, afirmó, no es reconocida de manera generalizada en el ámbito internacional. Asimismo, cuestionó que se otorgue mayor atención al sufrimiento de animales que al de un ser humano en gestación.

En contraste con esta postura, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han reiterado su llamado al Estado mexicano para eliminar la penalización del aborto. Human Rights Watch ha advertido que la criminalización, tanto legal como social, continúa siendo uno de los principales obstáculos para el acceso a servicios de interrupción segura del embarazo en el país.

En noviembre de 2024, activistas y diputadas impulsaron una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para eliminar el plazo legal y derogar la tipificación del aborto como delito en el Código Penal local. La propuesta no avanzó en el proceso legislativo, en un contexto marcado por la influencia de sectores conservadores, pese a que el oficialismo cuenta con la mayoría parlamentaria.

Actualmente, 24 de las 32 entidades federativas han despenalizado el aborto como una decisión voluntaria hasta la semana 12 de gestación, con la excepción de Sinaloa, donde el límite se amplió a la semana 13. Estas reformas se alinean con la resolución emitida por la Suprema Corte hace dos años, cuando determinó que era inconstitucional prohibir la interrupción del embarazo. Desde 2023, el alto tribunal también ordenó al Congreso de la Unión eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal, una instrucción que permanece pendiente de cumplimiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este jueves el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, una ceremonia marcada por el contexto de protestas convocadas por el movimiento “Generación Z” tras las detenciones registradas en la marcha del sábado pasado. Desde primeras horas, la mandataria recorrió la plancha del Zócalo capitalino a bordo de un vehículo militar, acompañada por el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa.

Este es el segundo desfile revolucionario que la presidenta encabeza desde que asumió el cargo. A su paso, estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, así como por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, y por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Luego de entonar el Himno Nacional, se programó que los titulares de Defensa, Marina y la propia mandataria dirigieran mensajes oficiales.

En el Centro Histórico se implementaron cortes viales debido a las movilizaciones anunciadas, y fueron suspendidos los servicios de varias estaciones de la Línea 2 del Metro, entre San Antonio Abad y Revolución. Las medidas se aplicaron como parte del operativo de control y seguridad ante las manifestaciones previstas para la mañana.

Durante su discurso, Sheinbaum dirigió un mensaje firme a sus críticos y a sectores de la oposición, a quienes acusó de generar violencia y promover incluso una intervención extranjera. En una intervención que fue ovacionada, subrayó valores que, dijo, su gobierno ha mantenido, como la austeridad y el combate a la corrupción. “El que convoca la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca […] El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca”, expresó ante los asistentes. Agregó que su administración respeta la Constitución, la democracia y las libertades, además de atender las demandas de la población.

La ceremonia se llevó a cabo cinco días después de los hechos de violencia registrados durante la movilización en el Centro Histórico, donde hubo confrontaciones entre policías y manifestantes. Sin mencionar directamente esos incidentes, la presidenta condenó cualquier forma de violencia y recalcó que “México no volverá a caminar hacia atrás”, al insistir en que la paz deriva de la justicia y no de la imposición.

En su mensaje también criticó a sectores de los medios de comunicación y a comentaristas que, dijo, incurren en calumnias o adaptan sus posturas según sus intereses. Afirmó que, pese a campañas de desinformación, “el pueblo sabe que no nos vamos a doblegar frente a la ilegalidad o la injusticia”, al asegurar que su administración ha mantenido principios de honestidad y transparencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se alista para resolver uno de los capítulos más relevantes en los litigios fiscales de las empresas de Ricardo Salinas Pliego. En la sesión del próximo 13 de noviembre, el máximo tribunal discutirá cuatro proyectos de sentencia relacionados con amparos promovidos por Grupo Elektra y TV Azteca, en los que se propone negar los recursos a favor del empresario.

Los asuntos que llegarán al pleno corresponden a los amparos directos en revisión 5654/2024, 5608/2025, 5154/2025 y 5731/2025, bajo las ponencias de los ministros Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González y Hugo Aguilar Ortiz, actual presidente de la Corte. Tres de estos casos fueron promovidos por Grupo Elektra y uno por TV Azteca, todos en torno a la disputa por créditos fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con los proyectos publicados, las ministras y ministros proponen rechazar los recursos de las empresas al considerar que no existe un tema de constitucionalidad que justifique la intervención del máximo tribunal. 

Los documentos señalan que los planteamientos de las compañías no presentan un “interés excepcional” que amerite que la Corte entre al fondo del asunto, por lo que quedarían firmes las resoluciones de los tribunales colegiados que previamente negaron los amparos.

Esta etapa llega después de que la SCJN desechara la semana pasada los impedimentos promovidos por Grupo Salinas contra la nueva integración del pleno, con lo que se despejó el camino para que los proyectos pudieran ser enlistados y discutidos. 

Junto con los cuatro amparos, la Corte también incluyó en el orden del día varios recursos de reclamación e impedimentos solicitados tanto por las empresas como por la Secretaría de Hacienda, los cuales se prevé que también sean desechados.

A pesar de este avance, el caso más relevante aún no tiene fecha de resolución. Se trata del amparo directo en revisión 6321/2024, a cargo del ministro Arístides Guerrero García, considerado el de mayor cuantía económica en la serie de litigios fiscales de Grupo Elektra frente al SAT. Este asunto permanece pendiente de enlistarse, aunque su desenlace será determinante para definir el alcance financiero de la disputa.

Si el pleno de la Suprema Corte aprueba los cuatro proyectos en discusión, el SAT quedará en posición de exigir el pago de los créditos fiscales controvertidos por las empresas de Salinas Pliego, lo que marcaría un paso importante en la conclusión de una larga batalla legal entre el grupo empresarial y la autoridad tributaria.