Lenia Batres critica en sesión un proyecto que no estaba en discusión y ministros corrigen el error

Durante la sesión pública de este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres Guadarrama intervino para expresar su desacuerdo con un proyecto de resolución que no formaba parte de los asuntos que se encontraban en discusión en ese momento.

La participación ocurrió mientras el pleno analizaba otro expediente distinto dentro de la agenda del día. Batres tomó la palabra para manifestar su postura en contra de un proyecto elaborado bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía, relacionado con un amparo promovido por un grupo de personas que denunciaron la presunta violación al derecho humano a una buena administración pública.

Durante su intervención, la ministra expresó su posición frente a la propuesta de resolución. “Estoy en contra del proyecto que se pone a nuestra consideración que propone conceder el amparo a un grupo de personas que reclamaron la violación al derecho humano a una buena administración pública”, declaró ante el pleno.

Tras escuchar su comentario, el ministro Figueroa Mejía aclaró que el expediente al que se refería la ministra no se encontraba en debate durante esa sesión, ya que había sido retirado previamente de la lista de asuntos programados para discusión.

La aclaración se produjo en el momento en que se advirtió la confusión. El propio ministro explicó que el proyecto aludido no estaba siendo analizado en ese momento por el pleno.

Posteriormente, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, también precisó la situación para ubicar el tema que realmente se encontraba en discusión. “Estamos en el asunto 28, el otro quedó en lista”, indicó durante la sesión.

El expediente que los ministros analizaban en ese momento correspondía a un amparo en revisión relacionado con la obligación de las comisiones de atención a víctimas de determinar el monto de una indemnización por daño moral.

Dentro de ese asunto, el debate se centró en los criterios que deben aplicarse para fijar las compensaciones a personas que han sufrido afectaciones y que recurren a estos organismos para recibir reparación del daño.

Durante la deliberación del caso que sí formaba parte de la agenda del día, la ministra Lenia Batres expresó una postura distinta a la que había mencionado previamente, ya que en ese expediente manifestó su respaldo al proyecto discutido por el pleno.

La sesión continuó con la revisión del amparo en materia de reparación del daño moral, mientras que el proyecto mencionado inicialmente por la ministra quedó pendiente al haber sido retirado de la lista de asuntos programados para análisis en esa jornada.

Finalmente al término se culmino con la discusión de los asuntos de los créditos fiscales de Grupo Salinas, la reclamación de unos recursos y vato a favor en varios asuntos.

Inhabilitan por 20 años a Juan Carlos Sánchez Medina, Tesorero en la gestión de Edgar Olvera

Juan Carlos Sánchez Medina, designado como tesorero de Naucalpan en 2018 por el entonces alcalde Edgar Olvera Higuera, fue inhabilitado por 20 años y deberá cubrir una indemnización de 46 millones de pesos por irregularidades en el pago a un proveedor.

La Contraloría Interna Municipal informó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México determinó esta sanción, luego de que esta dependencia le turnara el caso, ya que el ex funcionario autorizó facturas por un monto de 46.19 millones de pesos a la empresa Zen Servicios Profesionales sin la debida documentación.

Por este mismo asunto, en 2023 la Contraloría Interna Municipal sancionó al predecesor de Sánchez Medina, Iván Arturo Rodríguez Rivera, con un monto 53.31 millones de pesos y una inhabilitación de 20 años para ejercer cualquier cargo público.

El 3 de marzo de 2016, el Ayuntamiento de Naucalpan encabezado por Olvera Higuera firmó un contrato con la empresa referida, con el propósito de proporcionar asesoría legal y contable a la administración municipal para beneficiarse de las participaciones federales, según el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal.

Sin embargo, no se cumplieron las cláusulas esenciales del contrato, como la obligación de emitir un dictamen sobre el trabajo realizado y notificar el monto recuperado antes de proceder con los pagos; sin la documentación justificativa requerida, se autorizó a Zen Servicios Profesionales el 18 por ciento del importe de los recursos correspondientes al municipio, en perjuicio de las finanzas públicas.

En 2020, la Secretaría del Ayuntamiento de la anterior administración presentó una denuncia ante la Contraloría Municipal por estas irregulares; en 2021 inició el Procedimiento Sancionatorio y la actual administración otorgó la audiencia inicial (garantía de audiencia) a Juan Carlos Sánchez Medina, para luego turnar el caso al Tribunal de Justicia Administrativa.