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La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes la ceremonia solemne en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. A las 07:15 horas salió de Palacio Nacional para dirigirse a la plancha del Zócalo capitalino, donde se realizó el izamiento de la Bandera Nacional a media asta.

En punto de las 07:19 horas, hora exacta en la que inició el terremoto de 1985, se desarrolló el acto oficial en presencia de integrantes del gabinete federal: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Morales; y el de Seguridad, Omar García Harfuch. También asistieron la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La ceremonia incluyó el Canto a la Bandera interpretado por la banda de guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional, seguido del toque militar Silencio en memoria de quienes perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre. Posteriormente, se rindieron honores al lábaro patrio.

Tras concluir el acto, Sheinbaum regresó a Palacio Nacional para encabezar su conferencia de prensa matutina. Este 19 de septiembre marcó el 40 aniversario del sismo de 1985 y el octavo del de 2017.

Como parte de la conmemoración, a las 12:00 horas se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional de Sismo 2025, cuyo objetivo fue fortalecer la cultura de prevención y evaluar la capacidad de respuesta de la población y las instituciones ante una emergencia. El escenario planteado fue un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que activó protocolos de evacuación en la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Estado de México.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en la capital participaron 8.1 millones de personas, con el registro de 25,354 inmuebles: 16,872 privados y 8,482 públicos, la cifra más alta en estos ejercicios. Señaló además que el 99.06% de los 13,992 postes del C5 operaron de manera correcta para activar la alerta sísmica. Iztapalapa fue la alcaldía con más fallas en altavoces (18), mientras que Milpa Alta reportó solo una.

El simulacro movilizó a 75,250 brigadistas, cinco helicópteros cóndores, 1,500 vehículos y 33 motocicletas. También participaron los 16 consejos de protección civil de las alcaldías y 72 coordinaciones territoriales. En el ámbito educativo, 4,500 escuelas sumaron a 2.5 millones de personas. El Metro detuvo su servicio durante tres minutos y otros sistemas de transporte evacuaron a 545 mil usuarios.

El sector salud participó con cientos de hospitales y 398 clínicas. Se registró una persona lesionada y tres con crisis nerviosas, sin necesidad de traslados hospitalarios.

Brugada adelantó que para 2026 se realizarán tres simulacros: el 28 de enero, a finales de mayo y el 19 de septiembre. Destacó que de cara al Mundial, se trabaja en garantizar que los protocolos de protección civil sean accesibles a visitantes de otros países.

La mandataria capitalina informó además que la reconstrucción de los inmuebles afectados por el sismo de 2017 está casi concluida, y anunció la instalación de un memorial en Álvaro Obregón 286, inmueble colapsado hace ocho años y que ahora es propiedad del Gobierno de la Ciudad.

Entre el 1 de octubre, fecha en que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, y el 31 de agosto, se registraron 13 mil 219 personas desaparecidas y no localizadas en el país. La cifra representa 5 mil 145 casos más que los reportados durante los primeros 11 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En su primer informe de gobierno, la presidenta se refirió al tema de desapariciones en una sola ocasión, mencionando únicamente reformas en materia de justicia y atención a víctimas. No ofreció resultados ni cifras sobre las acciones emprendidas para atender la crisis que incluye identificación de cuerpos, labores de búsqueda o datos actualizados sobre fosas clandestinas. Según cifras de 2021 de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, existen al menos mil 749 fosas clandestinas en el país.

La Ley General establece la obligación de contar con un Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). La institución reconoce su existencia, pero el documento no es público.

En el balance estatal, la Ciudad de México, gobernada previamente por Sheinbaum, se posicionó como la entidad con mayor número de personas desaparecidas en el periodo, con mil 986 casos. Le sigue el Estado de México, donde la morenista Delfina Gómez es gobernadora, con mil 857 reportes. En tercer lugar está Sinaloa, escenario de enfrentamientos entre “Los Mayos” y “Los Chapitos” tras la detención en Estados Unidos de Joaquín Guzmán López y de Ismael “El Mayo” Zambada.

El impacto de la crisis ha alcanzado directamente a las familias buscadoras. A finales de agosto, fue asesinada Aida Karina Juárez Jacobo, integrante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas. Ella buscaba a su hija, Goretty Guadalupe, desaparecida en junio.

El hallazgo en marzo pasado del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron localizados restos humanos, intensificó las demandas de colectivos para que los gobiernos implementen acciones efectivas en búsqueda e identificación.

La presión social derivó en la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, en julio, después de un año y 11 meses en el cargo. Actualmente, 27 personas participan en el proceso de entrevistas para encabezar la institución. La Secretaría de Gobernación prevé presentar los perfiles más idóneos a la presidenta el 10 de septiembre.

Entre los pendientes más señalados está la apertura del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, que concentra información forense sobre localización, recuperación e identificación de restos. 

También se mantiene la exigencia de transparentar los datos del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, que debe incluir información de cementerios y panteones municipales, así como de sitios clandestinos detectados en todo el país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, inauguró los trabajos de la plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados con un mensaje en el que defendió la reforma electoral como“una necesidad histórica y la consecuencia inevitable de la transformación”.

En su intervención, la funcionaria destacó que esta reforma busca dejar atrás “el viejo orden con sus instituciones diseñadas para desvirtuar la política” y señaló que el objetivo es avanzar hacia “un segundo piso para la transformación democrática con elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos públicos”.

Desde el presídium, acompañada por legisladores como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el coordinador de operación política de Morena, Pedro Haces Barba, y el vocero de la bancada, Arturo Ávila, Rodríguez Velázquez insistió en que la austeridad es un pilar fundamental del actual gobierno. “La austeridad republicana es la base de la justicia social de la cuarta transformación. La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento, es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado”, enfatizó.

Durante su mensaje, felicitó a los legisladores de Morena “por honrar el respaldo de millones de mexicanas y mexicanos que optaron por consolidar la transformación del país bajo la vía democrática” y reconoció el trabajo legislativo realizado. “En un año han creado una nueva legalidad que nos permite responder a las expectativas de la población que exige un gobierno y un parlamento eficientes y austeros que corrijan las injusticias del pasado”, apuntó.

La titular de Segob subrayó también que los resultados en materia social respaldan el modelo de gobierno impulsado por la cuarta transformación. Señaló que, con las bases del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y bajo la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, “13.4 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza y le busquen por donde le busquen, ese es un dato contundente”.

Sobre las razones detrás de esta reducción en los índices de pobreza, explicó: “¿Cómo logramos bajar los índices de pobreza en sólo seis años? Pues con la reducción de gastos. Del gasto burocrático, la eliminación de los privilegios, el combate a la corrupción y una mejor distribución de los recursos públicos, ello nos permitió reforzar una política social basada en derechos y en programas en favor de la población y construir un verdadero estado de bienestar”.

El nombre de Andrés Manuel López Obrador generó en la plenaria vítores de “¡Es un honor estar con Obrador!”, a lo que siguieron las consignas de “¡presidenta!, ¡presidenta!”, en referencia a Claudia Sheinbaum.

El comisionado presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez, aseguró que el gobierno federal mantiene como prioridad la imparcialidad en las instituciones electorales de México y garantizó que esa será la base del proyecto que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros formamos parte de una corriente histórica en México, que luchó siempre y sigue luchando por abrirle camino a la imparcialidad de los órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales, esa posición la mantiene el gobierno de la presidenta Sheinbaum y la mantendrá hasta el final de este proceso”, afirmó el funcionario.

Gómez subrayó que quienes integran la actual administración no sólo han defendido esta causa durante décadas, sino que ahora buscan concretar un cambio definitivo en el sistema electoral. “Ahora queremos cambio, también, ya dar el último salto y definitivo para garantizar la imparcialidad de todos los órganos electorales”, señaló.

El anuncio se dio después de un encuentro con integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezados por su consejera presidenta Guadalupe Taddei. Tras la reunión, el exdiputado federal y exsenador plurinominal aclaró que en este momento no existe ninguna iniciativa en firme sobre la mesa, ya que el proceso se encuentra en una fase de análisis y crítica al sistema electoral vigente. “De la crítica saldrán los elementos para cambiar, de cambio”, puntualizó.

Como parte de la estrategia para abrir el debate, Pablo Gómez adelantó que se convocará a audiencias públicas donde podrán participar todos los actores interesados en aportar propuestas y observaciones. Detalló que se habilitará una página de internet para el registro de participantes, a fin de dar transparencia al proceso de organización.

Además, confirmó que se llevarán a cabo foros especializados en la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de discutir a fondo los temas más relevantes de la futura reforma. Estas actividades buscan reunir a partidos políticos, especialistas, académicos y ciudadanos que quieran contribuir al rediseño de las reglas electorales del país.

El funcionario insistió en que el propósito es fortalecer la confianza en los órganos encargados de organizar y calificar las elecciones en México. En este sentido, recalcó que la administración actual pretende dar un paso histórico en la consolidación de la imparcialidad como principio rector de la vida democrática.

La ruta hacia la reforma, de acuerdo con Gómez, será incluyente y abierta a todas las voces, con la intención de que las modificaciones que se propongan cuenten con sustento social y legitimidad pública antes de ser presentadas en el Congreso.

Un total de 27 aspirantes cumplen con los requisitos para contender por la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), luego de que se registraran 33 de los 75 perfiles propuestos por colectivos y familias de personas desaparecidas en México. La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que estas candidaturas forman parte de la consulta pública que definirá a quien encabece la institución.

En conferencia de prensa, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, informó que la lista completa se publicará en el micrositio de la Base de Consulta Pública, aunque de momento se encuentra en mantenimiento. Detalló que entre el 28 y el 30 de agosto se recibirán comentarios y cuestionamientos de colectivos y organizaciones de familias de desaparecidos sobre cada uno de los perfiles presentados.

El proceso continuará con entrevistas y evaluaciones de idoneidad programadas entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre. Quienes superen estos filtros integrarán una lista final que será entregada por la Secretaría de Gobernación a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de que tenga a la vista los perfiles considerados idóneos.

“Hoy vivimos un proceso para encontrar el mejor perfil propuesto por las propias organizaciones y especialistas que cuente con el respaldo de quienes están involucrados en el tema de búsqueda”, declaró Rodríguez.

El relevo en la CNBP ocurre tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien dejará el cargo el próximo 31 de agosto. Reyes Sahagún asumió la titularidad en octubre de 2023 tras la salida de Karla Quintana, pero colectivos de búsqueda cuestionaron su designación al señalar falta de experiencia en materia de desapariciones, además de acusaciones de incapacidad e ineficiencia.

Paralelamente, la Segob informó que se mantiene a la espera de que el Senado designe a las personas que integrarán el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. El listado deberá ser entregado a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 15 de septiembre, para que se presente ante el Pleno la propuesta de los 13 integrantes que conformarán el órgano.

El Consejo estará integrado por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas en derechos humanos, búsqueda de personas y desapariciones forzadas o cometidas por particulares, además de expertos en investigación y persecución de delitos. Uno de los miembros deberá contar con perfil forense. “Las comisiones dictaminadoras remitirán a la Junta de Coordinación Política el listado de las y los candidatos que, cumpliendo con los requisitos, acrediten condiciones de elegibilidad”, puntualizó la titular de Segob.

Hasta que concluya la actualización, el micrositio oficial permanecerá en mantenimiento para integrar los nombres de los aspirantes.

Lista de los 27 aspirantes a la CNBP:

Alan Eduardo Herrera Valadez; Ana Bertha Vázquez Reyna; Arturo Saúl Vargas Rivas; Carlos Treviño Vives; Claudia Téllez Bonilla; Diana Laura Cano Tapia; Everardo Noé Ramírez García; Gonzalo Morales Hernández; Hermilio de Jesús Lares Contreras; Janeth Martínez Mondragón; Javier Ignacio Díaz Ballesteros; José Luis González Olavarría; José Manuel Guzmán Amador; Juan Enrique Rivera Reyes; Leobardo Aguilar Orihuela; Leonardo René Trujillo Díaz; Lizbeth Eugenia Rosas Montero; Luis Javier Cervantes Gómez; María del Carmen Carabarín Trujillo; María Mercedes Pascual Guzmán; María Sol Berenice Salgado Ambrosio; Martha Lidia Pérez Gumercindo; Osvaldo Antonio Chávez Wiarco; Raúl Alberto Molina Pereira; Sonia Perea Trejo; Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López. La medida se tomó en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”, así como por indicios de operaciones financieras irregulares.

El operativo fue coordinado entre la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo el sustento legal correspondiente y como parte de las acciones permanentes para combatir delitos financieros. La SHCP detalló que también se sancionaron a empresas asociadas, así como a socios y familiares del exfuncionario, todos bajo observación por su presunta relación con operaciones de lavado de dinero, corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita.

En paralelo, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de diversas empresas relacionadas con juegos y apuestas que, según las autoridades, tienen vínculos con el círculo familiar de Bermúdez Requena. Esta acción se derivó del análisis de esquemas financieros sospechosos y transferencias bancarias atípicas, detectadas en el marco de una investigación más amplia sobre simulación fiscal y flujos financieros irregulares.

La SHCP explicó que las decisiones se fundamentan en indicios de movimientos inusuales que alertaron sobre posibles estrategias para ocultar ingresos provenientes de actividades ilícitas. Los reportes identificaron estructuras empresariales utilizadas como fachada para desviar recursos o facilitar operaciones no declaradas.

Desde febrero existe una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena. Sin embargo, registros oficiales apuntan a que el exfuncionario habría salido del país en enero de 2025, antes de que se ejecutara dicha orden.

La posible relación entre el exjefe policiaco y el grupo delictivo “La Barredora” fue señalada públicamente en noviembre de 2024 por Javier May, actual gobernador de Tabasco. En su momento, Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado y exgobernador del estado, evitó emitir declaraciones directas sobre el tema y afirmó desconocer las acusaciones hechas por May.

Las acciones recientes se inscriben en una estrategia federal enfocada en desmantelar redes financieras ligadas al crimen organizado y sancionar a exfuncionarios involucrados en actos de corrupción.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó una intensa jornada en San Luis Potosí centrada en salud, infraestructura y energía. Acompañada por el gobernador Ricardo Gallardo y miembros de su gabinete, inauguró la Torre de Imagenología, Laboratorio y Hemodiálisis del Hospital General IMSS-Bienestar en Rioverde, una obra que representó una inversión superior a los 500 millones de pesos.

Durante el acto, la mandataria federal anunció una inversión adicional de 200 millones de pesos para el fortalecimiento del IMSS-Bienestar en el estado. Estos recursos serán destinados a equipar hospitales y centros de salud que requieren mejores condiciones para atender a la población. Además, confirmó que se realizará un estudio técnico para rehabilitar o construir un nuevo hospital en Ciudad Valles, en respuesta a la demanda creciente de servicios médicos en la región huasteca.

San Luis Potosí ha sido contemplado como una de las entidades clave dentro del plan federal de desarrollo para este sexenio. La gira de Sheinbaum incluyó la presentación de varios proyectos estratégicos, entre los que destaca la ampliación del Aeropuerto de Tamuín, así como la modernización de importantes carreteras en cuatro regiones del estado, incluyendo la supercarretera Ciudad Valles–Tampico y la vía Tamazunchale–Huejutla, en Hidalgo.

El Plan Nacional de Trenes de Pasajeros también contempla a San Luis Potosí como nodo de conexión clave. Están previstos los tramos Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo, con los que se busca facilitar la movilidad interregional de forma más eficiente y sustentable.

En temas ambientales y de servicios básicos, Sheinbaum adelantó que en 2025 se destinarán 960 millones de pesos al Programa Nacional para garantizar el Derecho al Agua. Esta inversión se llevará a cabo en coordinación con los 59 municipios del estado, y tiene como objetivo asegurar el acceso equitativo y sustentable al agua potable en comunidades urbanas y rurales.

Por la tarde, Sheinbaum participó en la puesta en marcha de la Central de Ciclo Combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Villa de Reyes, una obra que recibió más de 650 millones de pesos en inversión. Esta nueva planta generará 437 megawatts a partir de gas natural, como parte del proceso de modernización de la infraestructura energética nacional. Se proyecta que con esta tecnología se reducirán en 1.6 millones de toneladas las emisiones de CO₂ por año y se beneficiará a más de 2.4 millones de hogares con energía eléctrica más limpia.

A lo largo de la gira, la presidenta estuvo acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Salud, David Kershenobich; y otros integrantes del gabinete. El recorrido continuará en Veracruz, donde Sheinbaum inaugurará el Hospital Materno Infantil en Coatzacoalcos y sostendrá una asamblea sobre infraestructura social indígena en la comunidad de Zaragoza, Acayucan.

Durante un periodo extraordinario de sesiones, el Senado de la República aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión con 77 votos a favor y 30 en contra. La propuesta legislativa impulsada por Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis, tras una sesión marcada por intensos debates y posturas encontradas.

En la discusión se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aprobaron cuatro. Dos fueron propuestas por el senador Javier Corral, dirigidas al artículo 10 y al noveno transitorio, mientras que las otras dos, impulsadas por Ricardo Sheffield, otorgan facultades a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para evitar el encarecimiento de los equipos de telefonía móvil.

El dictamen eliminó el artículo 109, que contemplaba el bloqueo de plataformas digitales. La modificación fue destacada en tribuna por el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, quien señaló que este cambio respondió a la presión de la sociedad civil, expertos y ciudadanos organizados.

El PAN y el PRI mantuvieron su rechazo al dictamen, argumentando que se preservan medidas que podrían traducirse en censura y vigilancia indebida. Anaya expresó que la suspensión precautoria de transmisiones de radio y televisión no se limita a casos específicos, como la protección de la niñez, y alertó sobre la permanencia del registro obligatorio de líneas móviles.

En respuesta, el senador Manuel Huerta, de Morena, aclaró que la ley “no espía, no persigue, no censura” y que su propósito es garantizar que la comunicación digital esté al servicio del pueblo.

Por su parte, Alejandro Moreno, presidente del PRI, calificó la ley como “una guía de bolsillo para construir y fortalecer un régimen antidemocrático” y señaló que pretende controlar los medios, limitar a la oposición y vigilar a los ciudadanos.

Desde otra óptica, el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, precisó que el registro de telefonía móvil no es una medida nueva, ya que figura desde antes en el artículo 190 de la legislación vigente.

El nuevo dictamen también elimina la censura previa a contenidos internacionales por parte de la Secretaría de Gobernación y establece la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un organismo independiente con autonomía técnica y operativa, integrado por cinco personas propuestas por el Ejecutivo y ratificadas por el Senado. Sus funciones abarcarán autorización, vigilancia, regulación y sanción en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Sobre la legalidad de estos nombramientos, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que podrían ser inconstitucionales al no estar contemplados dentro de las atribuciones del Senado según el artículo 76 de la Carta Magna.

Además, la ley determina que la autoridad competente en temas de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía y trabajará junto con tribunales especializados.

La Agencia de Transformación Digital conducirá las políticas públicas para ampliar la cobertura social, impulsar el acceso satelital y aprovechar el espectro radioeléctrico. El Estado podrá participar como proveedor comercial en condiciones equitativas, sin descuidar su misión social.

El Senado de la República aprobó reformas clave a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Las modificaciones normativas, surgidas de una iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum el 31 de marzo, fueron avaladas con 89 votos a favor de legisladores de Morena, PT, PVEM, PAN y Movimiento Ciudadano, y 13 votos en contra por parte del PRI.

El dictamen elimina el plazo de espera de 72 horas para iniciar una búsqueda. A partir de su aprobación, las autoridades deben actuar desde el primer momento en que se presenta una denuncia de desaparición. La medida fue impulsada por colectivos de madres buscadoras y se convierte en uno de los ejes fundamentales del nuevo marco legal.

El documento establece que la CURP será utilizada como el identificador oficial en procesos de búsqueda, lo que permitirá articular una Plataforma Única de Identidad, sistema que estará enlazado con diversas bases de datos: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros registros administrativos.

La Secretaría de Gobernación estará a cargo de un programa de recolección y gestión de datos biométricos, con énfasis en niñas, niños y adolescentes. Esta dependencia será responsable de integrar dicha información a la CURP, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. La finalidad será consolidar un registro de identidad más robusto y facilitar la localización de personas.

El nuevo modelo también incluye la monitoreación en tiempo real de la CURP, así como el acceso de la Fiscalía General de la República, fiscalías locales, instituciones de seguridad pública y el Centro Nacional de Inteligencia a bases de datos que contengan datos biométricos y otros elementos de identificación.

Además de acelerar la apertura de carpetas de investigación y generar una búsqueda inmediata, la reforma contempla la creación de una base única forense, el fortalecimiento de registros estatales y la homologación del delito de desaparición con el de secuestro.

Durante la sesión, se aceptó una reserva presentada por la senadora Margarita Valdéz para que gobiernos estatales y municipales, en un plazo de 180 días, regulen cementerios, panteones, servicios funerarios, crematorios y fosas comunes.

Por otro lado, no fue aprobada la propuesta de la senadora Maki Ortiz para integrar una sección permanente de denuncia ciudadana en la Plataforma Única de Identidad. Tampoco se aceptó la reserva del senador Erick Jaimes, que buscaba reconocer a madres y familiares de personas desaparecidas como coadyuvantes oficiales en las investigaciones. La mayoría de Morena se opuso a ambas propuestas. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su revisión.

La más reciente reunión entre representantes del gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) terminó sin avances concretos y con un mensaje claro desde las calles: el magisterio movilizado no cede. La mesa de diálogo, celebrada en la sede de la Secretaría de Gobernación, concluyó sin acuerdos sustanciales, prolongando un conflicto que mantiene en vilo a la capital del país desde el pasado 15 de mayo.

En voz de Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la Sección 22, los maestros rechazaron las cinco propuestas presentadas por autoridades federales, señalando que no responden de manera efectiva a sus demandas históricas. Frente a sus compañeros, en la esquina de Reforma y Bucareli, Pérez afirmó: “Los cinco puntos que seguramente van a salir a anunciar no resuelven para nada las demandas justas que tenemos como magisterio movilizado”.

Entre los puntos que generaron más descontento se encuentra la permanencia de una tabla que, según la CNTE, ha afectado gravemente los derechos del magisterio. También fue criticada la idea de crear un colectivo interdisciplinario, la propuesta de abrogar la ley del USICAMM sin una ruta clara, y la opción de regresar al régimen del Décimo Transitorio, pero solo para quienes ingresaron antes del 1 de abril de 2007 y no firmaron para cuentas individuales. La falta de atención a la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 también fue señalada como un punto débil.

La reunión, que contó con la presencia de los secretarios Rosa Icela Rodríguez (Gobernación), Mario Delgado (Educación Pública), y Martí Batres (ISSSTE), se extendió por más de seis horas. Hasta la noche, ninguna de las dependencias involucradas había emitido un comunicado oficial sobre los resultados del encuentro.

El movimiento magisterial, que comenzó con una huelga nacional el 15 de mayo, mantiene su presencia en el centro de la Ciudad de México, con bloqueos y manifestaciones que han provocado afectaciones viales y sociales de gran escala. En Puebla, las protestas también se han replicado, aunque con menor intensidad.

La exigencia de un aumento salarial del 100 % ha encendido el debate público. Mientras sectores sociales respaldan la demanda al considerar que los maestros no reciben un salario acorde con su responsabilidad, otros señalan que la propuesta es insostenible fiscalmente. Actualmente, los docentes con plaza base en Puebla perciben entre 12,000 y 13,000 pesos mensuales netos, tras la homologación de 2024. La meta de la CNTE busca duplicar esa cifra y alcanzar ingresos de hasta 26,000 pesos mensuales, sin contar prestaciones y bonos.

Desde la CNTE se ha reiterado el deseo de establecer una mesa directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar insuficientes las negociaciones con representantes federales. El movimiento permanece activo y decidido a continuar la lucha conforme lo definan sus bases organizadas en todo el país.