Con 47 votos a favor la CDMX reconoce a personas No Binarias en Ley de Derechos LGBT+

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma histórica para garantizar el reconocimiento y los derechos de las personas no binarias dentro de la “Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI+”. Con 47 votos a favor y cuatro en contra, la medida representa un avance en la lucha contra la discriminación y promueve el respeto a la identidad de género.

Esta reforma modifica el artículo 4 de la normativa vigente para incluir expresamente a las personas no binarias, reconociéndolas más allá de las categorías tradicionales de género masculino o femenino. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso, responsable de la iniciativa, enfatizó la importancia de eliminar barreras de discriminación y garantizar el derecho de cada individuo a definir su identidad.

Cecilia Vadillo, presidenta de la comisión, destacó que esta medida beneficia a más de 340 mil 600 personas en México que se identifican como no binarias y que enfrentan obstáculos burocráticos y sociales. Además, subrayó que la identidad de género no siempre coincide con el sexo biológico asignado al nacer y que es fundamental garantizar su reconocimiento legal y social.

Por su parte, el diputado Alberto Martínez Urincho, impulsor de la reforma, señaló que esta comunidad enfrenta situaciones de discriminación, exclusión y violencia, por lo que es prioritario brindarles garantías legales que protejan su dignidad y derechos. Asimismo, calificó esta modificación como un avance en la lucha contra la exclusión basada en la identidad de género y la orientación sexual.

Otro cambio relevante en la legislación es la actualización del término oficial de “LGBTTTI” a “LGBTTTI+”, con el objetivo de englobar una mayor diversidad de identidades y orientaciones de género. Esta inclusión refleja el compromiso del Congreso capitalino con la equidad y la diversidad.

Un estudio del Instituto Williams de la Escuela de Derecho de UCLA y Yaaj México, realizado en 2024, señala que 340 mil 620 personas mayores de 15 años en el país se identifican como no binarias, lo que representa un 38% de la población de género no conforme en México. Esta cifra incluye otras identidades como género fluido, agénero y bigénero.

Indignación por el asesinato de Arnoldo Nicolás Romero, considerado protector de las comunidades indígenas

El pasado 17 de enero, la lucha por la defensa de la tierra en Oaxaca sufrió un golpe devastador. Arnoldo Nicolás Romero, comisario ejidal de Buena Vista y reconocido activista contra el proyecto del Tren Interoceánico, fue hallado sin vida en un rancho entre Santa Ana y la cabecera municipal de San Juan Guichicovi. Su cuerpo, con evidentes impactos de arma de fuego, confirmó el desenlace trágico tras haber sido reportado como desaparecido.

Romero, quien dedicó su vida a la protección de los derechos de las comunidades indígenas y al cuidado de sus tierras, era miembro de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni). Su incansable lucha contra el Tren Interoceánico lo convirtió en un símbolo de resistencia para quienes temen que este megaproyecto afecte sus territorios y modos de vida.

La organización Artículo 19, a través de redes sociales, condenó el asesinato de Romero y exigió que se haga justicia. También solicitó que las autoridades brinden protección inmediata a los defensores de derechos humanos y del medio ambiente, quienes enfrentan crecientes riesgos por su labor.

De igual forma, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) calificó el crimen como una afrenta a los derechos humanos y demandó que la investigación contemple el contexto de su activismo. “Es indispensable que este suceso sea investigado desde la perspectiva de los derechos humanos y que se contemple su labor como persona defensora”, señaló la comisión, que también envió sus condolencias a la familia y a las organizaciones a las que Romero pertenecía.

El Tren Interoceánico, un proyecto que busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec, ha generado divisiones entre quienes ven en él una oportunidad de desarrollo económico y quienes temen la pérdida de tradiciones, tierras y recursos naturales. La resistencia de Romero y otros defensores ha sido clave para visibilizar las preocupaciones de las comunidades indígenas.

El asesinato de Arnoldo Nicolás Romero es un recordatorio del peligro que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en México. La exigencia de justicia no solo honra su memoria, sino que también es un llamado a proteger a quienes continúan luchando por un futuro más justo y sostenible.

Presidente del INAI ofrece su cargo para evitar la desaparición del organismo

La posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha desatado un intenso debate en el país. Ante la creciente presión y las propuestas legislativas que buscan disolver al organismo, Adrián Alcalá, presidente del INAI, ha puesto sobre la mesa su renuncia, un movimiento inesperado que busca evitar la eliminación de esta institución autónoma.

 

“Mi renuncia está disponible, siempre y cuando se garantice que los derechos de la sociedad serán atendidos de inmediato”, declaró Alcalá. Con esta afirmación, el comisionado dejó en claro que su prioridad es asegurar la continuidad de una institución que ha sido fundamental para proteger el derecho a la información y a los datos personales de los ciudadanos.

 

El comisionado también subrayó que la desaparición del INAI no solo afectaría los derechos de los mexicanos, sino que podría tener consecuencias internacionales, específicamente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Alcalá advirtió que el tratado exige la existencia de organismos autónomos que aseguren el flujo transfronterizo de datos personales entre los países miembros. De desaparecer el INAI, México se arriesgaría a vulnerar un acuerdo que es crucial para la economía y la confianza internacional en el país.

 

Además de ofrecer su renuncia, el INAI ha presentado a la Secretaría de Gobernación una propuesta para reducir el gasto corriente del instituto, que incluye una reducción salarial de los comisionados y un recorte en el número de integrantes del organismo, de siete a cinco, lo que representaría un ahorro de 330 millones de pesos. Esta estrategia, explicó Alcalá, busca demostrar que el INAI está comprometido con la austeridad y la transparencia, elementos clave que podrían convencer al Congreso de la necesidad de mantenerlo en funcionamiento.

 

La propuesta de pasar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha generado preocupación entre activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. Para muchos, esta medida representa un retroceso en términos de imparcialidad y transparencia, ya que colocaría al gobierno en una posición de “juez y parte” en la entrega de información pública. Alcalá enfatizó el riesgo de que esta medida pueda “volver parcial la función pública y comprometer la protección de los datos personales“, lo cual, según sus palabras, “afectaría profundamente la confianza de los ciudadanos en la transparencia gubernamental”.

 

Por otro lado, el comisionado expresó su confianza en que el diálogo con los legisladores, incluyendo a figuras clave como Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, pueda generar una solución que preserve al INAI. Alcalá ha reiterado la importancia de que los derechos de los mexicanos a la información y a la protección de datos sigan garantizados por un ente independiente, y que se evite cualquier medida que comprometa esta autonomía.

 

Mientras que la sociedad civil se mantiene atenta a las decisiones del Congreso, pues la desaparición del INAI significaría un cambio radical en la forma en que los ciudadanos acceden a la información gubernamental. 

Artículo 19 honra periodistas en México, víctimas de la impunidad y la violencia

México continúa siendo un país peligroso para ejercer el periodismo. Artículo 19, organización defensora de los derechos de la prensa, rindió homenaje a los 48 periodistas mexicanos asesinados en los últimos seis años, un homenaje sombrío que denuncia “la forma más extrema de censura”. A través de una ofrenda, la organización visibiliza el nivel alarmante de violencia contra comunicadores, quienes, en palabras de Artículo 19, han sido silenciados “en un entorno de impunidad y complicidad”.

 

Este fenómeno se ha repetido en las últimas tres administraciones federales. Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se contabilizaron 48 periodistas asesinados, mientras que en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la cifra llegó a 47 en cada periodo. Aunque Claudia Sheinbaum lleva poco más de un mes como presidenta, ya se reportó el primer caso: el periodista Mauricio Cruz Solís, quien fue asesinado a balazos tras realizar coberturas en el centro de Uruapan, Michoacán.

 

La impunidad rodea estos crímenes. Para Artículo 19, es evidente que “las redes de complicidad entre autoridades y grupos delincuenciales” hacen posible la perpetuación de la violencia contra la prensa, creando zonas de silencio y miedo en diferentes regiones del país. La organización exige el fin de esta impunidad y hace un llamado a las nuevas autoridades: “Es imperativo romper el pacto de silencio que existe en torno a la violencia hacia periodistas y la persecución a quienes defienden los derechos humanos”.

 

La situación, sin embargo, trasciende México. La Unesco ha destacado que el 85% de los asesinatos de periodistas a nivel mundial queda sin castigo. En su reciente informe, divulgado en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, subrayó la gravedad de esta problemática. “En 2022 y 2023, cada cuatro días un periodista fue asesinado simplemente por cumplir con su deber de informar. En la gran mayoría de los casos, nadie rendirá cuentas por su muerte”, lamentó Azoulay. En ese bienio, 162 periodistas fueron asesinados, de los cuales 14 eran mujeres, la cifra más alta registrada desde 2017.

 

Para Artículo 19, la falta de una respuesta contundente por parte del Estado alimenta las amenazas y los asesinatos de periodistas. A la fecha, el riesgo de sufrir represalias sigue siendo una realidad para quienes trabajan en este sector, y la amenaza es aún mayor en zonas donde el crimen organizado tiene presencia significativa.

 

A medida que México inicia un nuevo gobierno, la expectativa de la sociedad y de los organismos internacionales es clara: que se ponga fin a la impunidad y se proteja a quienes se dedican a la labor periodística. Artículo 19 ha dejado claro que esta responsabilidad no debe seguir siendo ignorada, recordando que “negar la existencia de esta violencia es también una forma de complicidad”.

 

En un país donde informar se ha vuelto un acto de valentía, la memoria de los periodistas caídos permanece como un recordatorio incómodo, una herida abierta en la sociedad. “Romper el silencio”, señala Artículo 19, “es la única manera de honrar su legado y de asegurar que su lucha no fue en vano”.

Monreal revela las reformas que vienen: Guardia Nacional y Derechos Indígenas

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dejó claro que el Congreso no descansará en septiembre. Tras su reunión semanal en la casa de transición de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, Monreal anunció las próximas reformas que están por aprobarse: la relativa a la Guardia Nacional y la referente a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

 

“Siempre vengo, cada ocho días, para revisar la agenda legislativa, los intereses prioritarios de la presidenta electa y para conversar sobre las últimas sesiones del Congreso”, comentó Monreal al salir de la reunión. Su visita es parte de un esfuerzo coordinado con Sheinbaum, quien asumirá el cargo en unos meses.

 

Monreal confía en que las iniciativas promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador estarán aprobadas antes de que termine septiembre. “La semana que entra vamos a deliberar, a discutir y, en su caso, aprobar la reforma en materia de comunidades indígenas y afromexicanas, y luego la de la Guardia Nacional la tercera semana”, adelantó.

 

Estas reformas, consideradas prioritarias por el partido en el poder, reflejan el compromiso de la administración actual con temas de seguridad y derechos humanos. La reforma de la Guardia Nacional, en particular, ha sido un tema polémico, con debates en torno a su control y operación.

 

Mientras Monreal y su equipo preparan el terreno en el Congreso, Sheinbaum también se pronunció sobre un tema delicado: la reciente consulta lanzada por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para explorar si existe alguna vía legal para detener la reforma judicial.

 

Sheinbaum criticó la medida, insinuando que la SCJN podría estar actuando en contra de la voluntad popular. “¿Pero cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? La votación del 2 de junio, eso no es legal”, declaró al llegar a su casa de transición.

 

Con estas declaraciones, el ambiente político en México se vuelve aún más tenso. Las próximas semanas serán clave para determinar el rumbo de estas reformas. Lo que es claro es que tanto Monreal como Sheinbaum están decididos a avanzar con su agenda, asegurando que los cambios propuestos se concreten antes de que termine el mes.

Tras cifras alarmantes CDMX logra protección de los derechos trans y tipifica el delito de trans feminicidio

Tras cifras alarmantes CDMX logra protección de los derechos trans y tipifica el delito de trans feminicidio

El Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso histórico en la lucha por los derechos de la comunidad trans al aprobar la tipificación del delito de trans feminicidio. Esta reforma legislativa, que fue aprobada con una mayoría contundente, sancionará a los agresores con penas de entre 35 y 70 años de prisión, marcando un precedente significativo en la justicia mexicana. 

La diputada Ana Francis López, de Morena, fue la encargada de presentar el dictamen que avala esta reforma crucial. En su exposición, López destacó que el trans feminicidio es “una manifestación extrema de violencia de género y la discriminación que enfrentan las personas trans”. Este reconocimiento formaliza la grave realidad que viven las personas transgénero en México, quienes han sido víctimas de violencia y discriminación sistemática.

 

Según el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, entre 2007 y 2022 se han registrado 590 homicidios de personas transgénero en México, con un promedio anual de 53 asesinatos. Estas cifras subrayan la urgencia de una legislación específica que proteja a las mujeres trans y castigue severamente a los perpetradores de estos crímenes atroces.

 

Ana Francis López enfatizó que, a pesar de los avances en los derechos LGBTTTQ+ en la Ciudad de México, la violencia contra las personas trans sigue siendo un problema persistente. “Nuestra ciudad ha liderado en muchos aspectos de los derechos humanos, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer para garantizar la seguridad y la justicia para todas las personas trans”, afirmó López.

 

La iniciativa de ley no solo introduce el concepto de trans feminicidio en el Código Penal, sino que también modifica diversos artículos del Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la CDMX y la Ley de Víctimas. Esta reforma integral busca ofrecer una protección más amplia y efectiva a las víctimas y garantizar que los delitos contra ellas no queden impunes.

 

El diputado del Partido Verde Ecologista de México expresó su apoyo a la propuesta, aunque señaló una preocupación sobre la precisión jurídica del dictamen. “Reconocemos y valoramos la importancia de esta propuesta, es un paso significativo hacia la protección de los derechos de las mujeres trans. Sin embargo, es necesario mencionar que este dictamen presenta un déficit de técnica jurídica porque no define claramente el tipo penal que se está creando”, declaró el legislador.

 

A pesar de estas reservas, el dictamen fue aprobado en lo general por 47 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, y en lo particular por 45 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. La votación refleja un consenso amplio y un compromiso decidido del Congreso de la Ciudad de México para enfrentar y erradicar la violencia contra las personas trans.

 

La aprobación de esta reforma es un hito en la protección de los derechos humanos en México. Marca un avance significativo en la lucha contra la violencia de género y la discriminación, y envía un mensaje claro de que la Ciudad de México está comprometida con la justicia y la igualdad para todas las personas, independientemente de su identidad de género.

 

Con esta legislación, se espera que la justicia para las mujeres trans que han sido víctimas de violencia y asesinato sea más accesible y efectiva, y que se sienten las bases para futuras reformas que continúen protegiendo los derechos de las personas LGBTTTQ+ en México.

 

Cuestiones de Política 

Directorio

Absolución Judicial para ‘Don Rodo’, hermano de El Mencho por Irregularidades

Absolución Judicial para 'Don Rodo', hermano de El Mencho por Irregularidades

Después de una exhaustiva audiencia de más de 17 horas, un juez federal ha dictaminado la liberación de Abraham Oseguera Cervantes, conocido como ‘Don Rodo’ y hermano de Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La decisión se tomó tras no encontrar elementos suficientes que vincularan a ‘Don Rodo’ con los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud, por los cuales fue detenido el 21 de abril en Jalisco. 

La audiencia, que estaba programada para comenzar a las 10:00 de la mañana del sábado, se retrasó dos horas debido a la tardanza de la Fiscalía General de la República (FGR). Durante más de 17 horas, se presentaron declaraciones y pruebas documentales, con la intención de demostrar la inocencia de Oseguera Cervantes.

 

La narrativa presentada por la FGR en la audiencia se centró en los eventos ocurridos en la madrugada del 21 de abril en Autlán, Jalisco, donde se afirmaba que ‘Don Rodo’ y otros individuos fueron detenidos por personal de la Guardia Nacional con armas de fuego y drogas en su posesión. Sin embargo, la defensa del acusado presentó testimonios y evidencia que contradecían esta versión de los hechos.

 

Entre los testigos presentados por la defensa se encontraban peritos, policías municipales, vecinos y familiares, quienes dieron cuenta de presuntas irregularidades en el operativo de detención, así como de supuestas agresiones por parte de las autoridades. Además, el médico de Oseguera Cervantes testificó sobre su edad avanzada y su estado de salud delicado, argumentando que no estaría en condiciones de portar armas de fuego.

 

El juez a cargo del caso concluyó que no había suficientes pruebas para vincular a ‘Don Rodo’ con los delitos imputados, especialmente dada su avanzada edad y su estado de salud. Reconoció las irregularidades en la versión de la autoridad y subrayó la importancia de respetar la presunción de inocencia de todos los imputados, incluso en casos de alta perfil mediático como este.

 

La liberación de Abraham Oseguera Cervantes ha generado debate y controversia, pero el juez ha hecho hincapié en su apego a la ley y su responsabilidad de garantizar un proceso justo y equitativo. Actualmente, ‘Don Rodo’ se encuentra interno en el penal del Altiplano, pero se espera que sea excarcelado pronto, a menos que enfrente otras causas penales.

 

Este caso destaca la importancia de respetar los derechos fundamentales de todos los individuos, independientemente de su reputación o afiliaciones, y subraya la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente para garantizar la justicia. La absolución de ‘Don Rodo’ es un recordatorio de que el estado de derecho y la presunción de inocencia son pilares fundamentales de cualquier sistema judicial justo y democrático.

Cuestiones de Política 

Directorio

Senado Erradica el Matrimonio Infantil en Comunidades Indígenas con Reforma Constitucional

En una decisión histórica, el Senado de la República ha votado de manera unánime a favor de una reforma al artículo 2 de la Constitución, marcando un hito en la lucha contra el matrimonio infantil y forzado en las comunidades indígenas de México. La modificación obtuvo 74 votos a favor y ninguno en contra en lo general, alcanzando la mayoría calificada necesaria para su aprobación, mientras que uno de los artículos reservados se votó en lo particular, logrando 76 sufragios a favor y ninguno en contra.

Esta reforma constitucional busca priorizar el interés superior de la niñez por encima de los usos y costumbres arraigados en las comunidades indígenas, con el objetivo claro de evitar el matrimonio de niñas, niños y adolescentes en estas regiones. Se trata de un paso significativo hacia la protección de los derechos fundamentales de las jóvenes en el país.

Margarita Valdéz, senadora de Morena, expresó su apoyo a la reforma, destacando la histórica lucha de las mujeres de izquierda por garantizar el trato adecuado a las niñas. Hizo hincapié en la gravedad del problema al imaginar la realidad de niñas de 12, 13 o 14 años casadas con hombres mucho mayores, subrayando que es “de dar terror”. Su declaración enfatiza la necesidad urgente de erradicar esta práctica que atenta contra la integridad y dignidad de las niñas.

Josefina Vázquez Mota, del PAN, lamentó la situación en algunas comunidades indígenas donde una niña puede ser más cara que un animal de granja. Denunció las condiciones adversas que enfrentan las mujeres que se oponen a estos matrimonios, señalando que son encerradas, humilladas y torturadas, subrayando que el matrimonio infantil es un delito que debe ser erradicado de raíz.

Desde la bancada del Partido Verde, Gabriela Benavides Cobos aplaudió la reforma como un paso vital para proteger a las niñas y evitar que los usos y costumbres se conviertan en un “pretexto” para justificar matrimonios forzados. Su declaración resalta la importancia de blindar a las niñas contra prácticas nocivas y garantizar que los derechos prevalezcan sobre tradiciones obsoletas.

Geovanna Bañueños, del Partido del Trabajo, respaldó la reforma al considerar el matrimonio infantil como una “violación inadmisible a los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Remarcó que la iniciativa fue presentada desde octubre de 2023, resaltando el compromiso continuo con la protección de los derechos de la infancia.

En caso de ser respaldada, la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), consolidando así un avance significativo en la protección de los derechos de la niñez mexicana. La reforma constitucional envía un mensaje poderoso sobre la necesidad de proteger y preservar la dignidad de las niñas, contribuyendo a un México más justo e igualitario.