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La fiscalización de los principales contribuyentes del país entrará en una nueva etapa con la llegada de Jennifer Krystel Castillo Madrid a la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), área desde la que buscará acelerar devoluciones, reducir tiempos de revisión y modificar la forma en que se realizan las auditorías.

Durante su comparecencia ante legisladores, la funcionaria delineó una estrategia enfocada en hacer mas eficientes los procedimientos fiscales y fortalecer la comunicación entre la autoridad tributaria y los contribuyentes sujetos a revisión.

Entre las medidas que presentó se encuentra la disminución de los tiempos para resolver devoluciones de impuestos, auditorías, consultas y autorizaciones, así como la aplicación de mecanismos que permitan concentrar los esfuerzos de fiscalización en operaciones consideradas de alto riesgo.

Castillo Madrid sostuvo que las revisiones no deben traducirse en cargas innecesarias para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. “No se pretende realizar auditorías excesivas a contribuyentes ni generar actos de molestia innecesarios”, afirmó ante los integrantes de la Comisión Permanente.

Su propuesta contempla evitar auditorías simultáneas sobre un mismo contribuyente, limitar los requerimientos de información a muestras representativas de documentos y establecer criterios uniformes en los procesos de fiscalización para otorgar mayor certeza jurídica.

También planteó garantizar el cumplimiento de los plazos legales, respetar los procedimientos establecidos y observar los tratados internacionales relacionados con la doble tributación. Asimismo, señaló que las revisiones se realizarán bajo criterios homogéneos y sin efectos retroactivos derivados de nuevas interpretaciones o disposiciones.

La agenda presentada fue respaldada durante su proceso de ratificación. Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Tercera Comisión: Asuntos Económicos, destacó que la funcionaria acreditó contar con el perfil requerido gracias a su preparación académica y a una trayectoria de 18 años en el servicio público.

Tras analizar su candidatura, la Comisión Permanente del Congreso ratificó el nombramiento enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La propuesta obtuvo 26 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y ocho en contra de legisladores de oposición.

Con la aprobación legislativa, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, le tomó protesta como nueva administradora general de Grandes Contribuyentes del SAT.

Castillo Madrid sustituye a Armando Ramírez Sánchez. Antes de incorporarse al SAT se desempeñó como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y ha ocupado diversos cargos en la administración pública de la Ciudad de México y del gobierno federal.

Las metas fiscales del gobierno mexicano para los próximos años enfrentan un escenario complejo si el crecimiento económico resulta menor al previsto, advirtió BBVA Research al analizar los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027. El banco señaló que los supuestos oficiales se sustentan en estimaciones más optimistas que las del mercado, lo que incrementa la posibilidad de que los objetivos presupuestarios no se cumplan.

De acuerdo con el análisis, la Secretaría de Hacienda proyecta que la economía mexicana crecerá entre 1.8% y 2.8% en 2026, y entre 1.9% y 2.9% en 2027. Estas previsiones superan las estimaciones del propio BBVA, que calcula un avance de 1.8% para 2026 y de 2.0% para 2027. Por su parte, el consenso del mercado anticipa incrementos de 1.5% y 2.4% para esos años, mientras que el Banco de México prevé un crecimiento de 1.6% y 2%, respectivamente.

A estas diferencias se suman las expectativas sobre inflación y tasas de interés. El gobierno plantea que la inflación se ubique en 3% en 2027 y que la tasa de referencia cierre en 5.5%. Sin embargo, el banco español proyecta niveles más elevados, con una inflación de 3.5% y una tasa de interés de 6.5%.

El reporte advierte que, en un escenario de menor dinamismo económico, lograr el superávit primario de 1.1% del PIB planteado para 2027 sería más complicado y obligaría a realizar ajustes adicionales en el gasto programable. Además, el banco señaló que las previsiones sobre el precio del petróleo también añaden presión, ya que el menor nivel esperado para 2027 respecto a 2026 implicaría una caída real de 23.8% en los ingresos petroleros y de 1.4% en los ingresos presupuestarios.

Otro factor de riesgo identificado es la posibilidad de que un conflicto bélico prolongado en Medio Oriente mantenga elevadas las tasas de interés de largo plazo, lo que incrementaría el costo del servicio de la deuda. A pesar de estos riesgos, el análisis destacó como positiva la intención del gobierno de mantener una política fiscal responsable y prudente.

El estudio también subrayó la reducción del margen fiscal disponible. Tras cubrir participaciones, aportaciones, pensiones y el pago de la deuda, únicamente queda 32% de los ingresos presupuestarios para gasto discrecional, equivalente a 8% del PIB, cifra que disminuye aún más al descontar programas sociales obligatorios por ley.

En este contexto, BBVA consideró complicado reducir el déficit fiscal desde el 4.1% del PIB estimado para 2026 hasta 3.5% en 2027. Asimismo, anticipó que el nivel de deuda podría ubicarse por encima del 55% previsto oficialmente.

El banco respaldó la decisión de no aumentar impuestos en un entorno económico débil, aunque advirtió que el país requerirá una reforma fiscal de mediano plazo ante el crecimiento de las presiones derivadas de programas sociales y pensiones. Finalmente, calificó como “muy positivo” el impulso a proyectos mixtos de infraestructura, al señalar que la participación de capital privado se perfila como la vía más viable para desarrollar obras en un contexto de espacio fiscal limitado.