La decisión ha quedado firme: el proceso penal contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el incendio que cobró la vida de 40 migrantes en marzo de 2023, permanecerá suspendido. Un tribunal de apelaciones ratificó la orden judicial que detiene el procedimiento legal en su contra, consolidando una resolución que había sido emitida previamente por un juez de distrito en el estado de Chihuahua.
El Tribunal Colegiado de Apelación de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, desechó los argumentos presentados para revertir la decisión tomada el 24 de enero pasado. En esa fecha, el juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal de la entidad determinó viable el recurso legal que congelaba el proceso, con base en la figura del mecanismo alternativo relacionado con la reparación del daño.
Según el proyecto presentado por el tribunal, los recursos de impugnación fueron considerados inoperantes e infundados. El análisis indicó que no existe una oposición jurídicamente fundada respecto a las condiciones de reparación del daño, elemento clave para dar curso a dicha suspensión.
El magistrado Octavio Pineda, al justificar la determinación, recalcó que el caso se relaciona con hechos profundamente trágicos: “No soslayo que se hizo mucho énfasis y es hacerlo notar nuevamente el que este asunto proviene de un asunto de hechos muy lamentables donde 40 personas perdieron la vida”. Sin embargo, también subrayó que el tipo de delito atribuido a Garduño permite aplicar el mecanismo alternativo sin menoscabar la posibilidad de que en otras causas penales relacionadas se siga buscando justicia por la vía de imputaciones más severas.
El incendio, ocurrido la noche del 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, dejó una profunda herida social. Las víctimas —provenientes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador— perdieron la vida por asfixia provocada por el humo de un fuego que, según las investigaciones, se extendió por poco más de tres minutos. La Fiscalía General de la República señaló que el incendio fue originado por dos personas de nacionalidad venezolana.
En el proceso judicial que se abrió a raíz del incidente, Garduño fue vinculado por el delito de omisión, al no haber implementado las medidas necesarias que pudieran haber evitado la tragedia. Con esta reciente resolución, el proceso contra el funcionario queda suspendido, mientras que otros implicados continúan enfrentando cargos penales por delitos más graves como el de homicidio.
La determinación judicial marca un giro clave en uno de los casos más impactantes del sistema migratorio mexicano en los últimos años.
