Gobierno federal admite falta de registro sobre agentes extranjeros en Chihuahua y difunde informe

El fallecimiento de dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la sierra Tarahumara, ocurrido el 19 de abril, derivó en cuestionamientos institucionales y reacciones políticas ante la ausencia de información oficial sobre su presencia en México.

Un informe del Gabinete de Seguridad federal, difundido el viernes 24 de abril de 2026, reveló que ninguno de los agentes contaba con acreditación formal para realizar actividades operativas en el país. Además, precisó que ninguna dependencia del propio Gabinete ni la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía conocimiento de que personal extranjero estuviera llevando a cabo labores en territorio nacional.

Según los registros migratorios citados en el comunicado, uno de los agentes ingresó como visitante, sin autorización para actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático.

El tema escaló al ámbito legislativo. En el Senado de la República se aprobó, por mayoría, llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui. El objetivo es esclarecer bajo qué condiciones se permitió la presencia de personal extranjero que presuntamente participaba en tareas de capacitación en seguridad, sin notificación al gobierno federal ni al Congreso.

En paralelo, durante una gira en Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre los detalles del ingreso de los agentes al país. La mandataria fue interceptada por medios al arribar al municipio de Tenango de Doria, donde sostuvo actividades con personas afectadas por las lluvias de octubre de 2025.

Cuestionada directamente sobre los mecanismos que permitieron el acceso de los agentes, Sheinbaum interrumpió la pregunta y se limitó a responder: “…el lunes”.

El accidente en el que murieron los agentes, sumado a la falta de claridad institucional sobre su presencia, detonó un debate entre fuerzas políticas, en el que se confrontan posturas sobre el control, supervisión y coordinación en materia de seguridad con actores internacionales.

Rescatan a 71 migrantes en Oaxaca; dos son detenidos por presunta extorsión

En un importante operativo de rescate, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) encontró a 71 migrantes retenidos en una vivienda en la región del Istmo, específicamente en el municipio de Juchitán de Zaragoza. Los migrantes, entre ellos 19 menores de edad, fueron hallados en condiciones de confinamiento en un domicilio de la colonia Gustavo Pineda de la Cruz. En el lugar, las autoridades detuvieron a dos personas, un hombre de 36 años y una mujer de 42, ambos de origen extranjero, quienes presuntamente vigilaban a los migrantes y exigían pagos a sus familias a cambio de liberarlos.

 

La FGEO detalló en un comunicado que la operación fue resultado de una extensa investigación ministerial, en la cual se sumaron fuerzas de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal y la Guardia Nacional. “Este tipo de colaboraciones son clave para enfrentar una problemática de gran magnitud, donde la vida y la libertad de personas vulnerables están en juego”, señaló un portavoz de la Fiscalía.

 

El grupo de migrantes estaba compuesto por personas de diversas nacionalidades: 32 de Ecuador, 25 de Venezuela, siete de Colombia, tres de Honduras, una de Chile, una de El Salvador, una de Perú y una originaria de un país africano. La fiscalía precisó que “los migrantes presuntamente se encontraban privados de su libertad y en condiciones de hacinamiento”. Los detenidos serán presentados ante las autoridades para definir su situación legal y enfrentar los cargos correspondientes.

 

Tras el rescate, los migrantes recibieron apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM), que se encargó de trasladarlos a un sitio seguro y de proporcionarles asistencia médica para evaluar su estado de salud. De acuerdo con fuentes del INM, la prioridad es “garantizar la integridad y el bienestar de las personas afectadas, particularmente de los menores, quienes son especialmente vulnerables en estos casos”.

 

Este tipo de operativos pone de relieve la situación crítica que atraviesan miles de migrantes en su paso por México, donde se enfrentan a redes de tráfico de personas que los exponen a graves riesgos. Desde octubre de 2018, la migración irregular ha incrementado notablemente en el país, impulsada por crisis políticas, económicas y de violencia en Centro y Sudamérica, el Caribe, y algunos países de África y Asia. Pese al aumento de la vigilancia en la frontera sur, los traficantes continúan encontrando rutas clandestinas para el cruce de migrantes, utilizando estados del sur como Oaxaca, Tabasco y Chiapas como puntos de tránsito.

 

Durante su travesía, muchos migrantes son engañados y sometidos a situaciones de extorsión. Se estima que estas personas pagan miles de dólares a los traficantes, quienes prometen ayudarlos a llegar a Estados Unidos pero, en muchos casos, los mantienen bajo amenaza o en condiciones de abuso.

 

La Fiscalía de Oaxaca reafirma su compromiso de enfrentar estas prácticas de explotación y continuar colaborando con otras instituciones para desmantelar las redes de tráfico de personas que operan en el país. Este rescate de 71 migrantes en Juchitán representa un logro importante en la lucha contra la trata y la extorsión, pero también un recordatorio de la vulnerabilidad a la que miles de personas están expuestas en su intento por buscar una vida mejor.