El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de conflictos internacionales debido a diversas declaraciones realizadas principalmente durante sus conferencias matutinas. Estas declaraciones han llevado a que varios países lo declaren, junto con algunos miembros de su gobierno, como persona non grata. A continuación, exploramos las implicaciones de este término y los recientes enfrentamientos diplomáticos.

El estatus de persona non grata se utiliza históricamente para prohibir la entrada de personas extranjeras a un país por orden gubernamental, según el artículo 9 de la Convención de Viena. Esta medida es una de las formas más severas de censura que puede imponer una nación sobre individuos que, normalmente, gozan de inmunidad diplomática frente a arrestos y otras formas de juicio político. Según el tratado, “El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin necesidad de justificar su decisión, notificar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata.”

En caso de que el Estado acreditante no cumpla con las obligaciones solicitadas, el país receptor tiene el derecho de rechazar al individuo como parte de la misión diplomática. Sin embargo, es importante señalar que la declaración de persona non grata no tiene efectos legales directos; más bien, refleja un rechazo público y puede perjudicar las relaciones bilaterales entre los países involucrados.

El 25 de mayo de 2023, el Congreso de Perú aprobó la Moción 6513 para declarar a Andrés Manuel López Obrador persona non grata. Esta decisión se tomó en respuesta a las críticas del presidente mexicano hacia su homóloga peruana, Dina Boluarte. La moción fue respaldada por 65 votos a favor y se hizo pública a través de la cuenta oficial de Twitter del Congreso. López Obrador, en una de sus conferencias, expresó que consideraba la declaración como un “timbre de orgullo” y agradeció el gesto.

El presidente mexicano ha continuado criticando al gobierno de Boluarte y a los legisladores peruanos, cuestionando la detención de Pedro Castillo y la autorización de la llegada de soldados estadounidenses al país.

Durante el gobierno de López Obrador, varios embajadores mexicanos han sido declarados personas non grata y han tenido que abandonar los países en cuestión en un plazo generalmente no mayor a 72 horas. A continuación, se detallan algunos casos específicos:

Raquel Serur Smeke en Ecuador: El 4 de mayo de 2024, la embajadora mexicana fue declarada persona non grata por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, tras los comentarios de López Obrador sobre el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La decisión se basó en el principio de no intervención y la Convención de Viena.

María Teresa Mercado Pérez en Bolivia: En diciembre de 2019, la entonces presidenta Jeanine Áñez declaró non grata a la embajadora mexicana María Teresa Mercado, acusándola de proteger a ex ministros del gobierno de Evo Morales. Morales, quien recibió asilo político en México durante el mandato de López Obrador, mantiene una relación cercana con el gobierno mexicano.

Pablo Monroy Conesa en Perú: En diciembre de 2022, el embajador Pablo Monroy Conesa fue declarado persona non grata por el Congreso peruano en respuesta a las críticas de López Obrador sobre la destitución y encarcelamiento del ex presidente Pedro Castillo. Monroy Conesa, quien cuenta con una extensa trayectoria en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dejó Perú afirmando que se iba con la “tranquilidad del deber cumplido.”

La canciller mexicana, Alicia Bárcena Ibarra, denunció el operativo policial desplegado por el gobierno ecuatoriano en la embajada de México en Quito, calificándolo como un evento sin precedentes en América Latina y el Caribe, así como a nivel mundial.

En una entrevista con Foro TV posterior al incidente, Bárcena destacó la gravedad del hecho, señalando que es la primera vez en la historia diplomática mexicana que una embajada es violada desde una perspectiva policial. Esto provocó una respuesta contundente del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien declaró la ruptura de relaciones con Ecuador.

La canciller atribuyó la escalada de tensiones bilaterales a la supuesta falta de experiencia del gobierno ecuatoriano, incluyendo la declaración de la embajadora mexicana, Raquel Serur Smeke, como “persona non grata”. Bárcena manifestó su preocupación por la violación del Derecho Internacional y cuestionó la dirección que Ecuador estaba tomando con esta acción.

El operativo desencadenó la peor crisis diplomática en la gestión de Bárcena en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), marcando el clímax de una serie de tensiones que comenzaron cuando Jorge Glas, exvicepresidente del gobierno de Rafael Correa, buscó refugio en la embajada de México, alegando persecución política por parte del gobierno ecuatoriano.

La disputa se intensificó cuando el presidente López Obrador comentó sobre un incidente electoral en Ecuador, lo que generó una respuesta airada por parte del gobierno de Daniel Noboa, quien posteriormente declaró a la embajadora mexicana “persona non grata”.

En respuesta, México otorgó asilo a Glas, exigiendo un salvoconducto para su salida del país, solicitud que fue rechazada por el gobierno ecuatoriano. Horas más tarde, se produjo el asalto a la embajada mexicana y la detención de Glas, durante el cual también resultó agredido Roberto Canseco, quien había asumido la representación diplomática de manera interina tras la expulsión de Serur.

En un dramático episodio, encapuchados armados ingresaron en las instalaciones del canal de televisión TC en Guayaquil, Ecuador sometiendo al personal durante una transmisión en vivo. Las autoridades respondieron desplegando unidades especializadas en el lugar, mientras en las imágenes televisivas se observaba a los atacantes manteniendo a los trabajadores en el suelo y exigiéndoles a la policía que se retirarán.

“No disparen por favor, no disparen”, se escuchó decir a una mujer mientras las escenas de caos se desarrollaban en vivo. La emisión, que duró poco más de 15 minutos, fue interrumpida, dejando en la pantalla inicialmente el set de televisión y luego imágenes internas del canal.

Esta situación se enmarca en un ambiente de violencia y caos que ha afectado a Ecuador en las últimas 24 horas, con presuntas fugas de líderes criminales, secuestros de policías y múltiples actos violentos, incluyendo explosiones y atentados. El gobierno respondió declarando un estado de excepción de 60 días.

Durante el ataque al canal, los encapuchados, portando armas y explosivos, advirtieron que “no se juega con la mafia” y apuntaron a periodistas con armas de fuego. Además, dejaron un paquete de dinamita en la recepción del canal, según información preliminar.

“Ante el ingreso de delincuentes a las instalaciones de un medio de comunicación en GYE (Guayaquil) nuestras unidades especializadas se encuentran desplegadas en el lugar para atender esta emergencia”, publicó la policía en su cuenta en X, antes Twitter.

En medio del caos, la Universidad de Guayaquil suspendió todas las actividades, y otros centros educativos e instituciones del Estado se mantienen en alerta. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó la “ofensiva del crimen organizado” en el país, repudiando los actos de violencia y amenazas contra funcionarios judiciales.

“Esos hechos ponen de manifiesto la reacción violenta de las estructuras de corrupción y delincuencia frente al accionar del sistema de justicia“, agregó la Corte.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un estado de excepción después de motines en varias cárceles y la fuga de líderes delictivos. La violencia ha generado preocupación en la comunidad internacional y ha afectado la confianza de los inversores en medio de medidas de seguridad e inversión que se someterán a un referéndum.

“Se acabó el tiempo en que los sentenciados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado dictaban a los gobiernos de turno qué hacer”, declaró Noboa en un comunicado. La situación en Ecuador sigue siendo fluida, con el país enfrentando desafíos urgentes para restaurar la seguridad y la estabilidad.