Rescatan a 71 migrantes en Oaxaca; dos son detenidos por presunta extorsión

En un importante operativo de rescate, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) encontró a 71 migrantes retenidos en una vivienda en la región del Istmo, específicamente en el municipio de Juchitán de Zaragoza. Los migrantes, entre ellos 19 menores de edad, fueron hallados en condiciones de confinamiento en un domicilio de la colonia Gustavo Pineda de la Cruz. En el lugar, las autoridades detuvieron a dos personas, un hombre de 36 años y una mujer de 42, ambos de origen extranjero, quienes presuntamente vigilaban a los migrantes y exigían pagos a sus familias a cambio de liberarlos.

 

La FGEO detalló en un comunicado que la operación fue resultado de una extensa investigación ministerial, en la cual se sumaron fuerzas de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal y la Guardia Nacional. “Este tipo de colaboraciones son clave para enfrentar una problemática de gran magnitud, donde la vida y la libertad de personas vulnerables están en juego”, señaló un portavoz de la Fiscalía.

 

El grupo de migrantes estaba compuesto por personas de diversas nacionalidades: 32 de Ecuador, 25 de Venezuela, siete de Colombia, tres de Honduras, una de Chile, una de El Salvador, una de Perú y una originaria de un país africano. La fiscalía precisó que “los migrantes presuntamente se encontraban privados de su libertad y en condiciones de hacinamiento”. Los detenidos serán presentados ante las autoridades para definir su situación legal y enfrentar los cargos correspondientes.

 

Tras el rescate, los migrantes recibieron apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM), que se encargó de trasladarlos a un sitio seguro y de proporcionarles asistencia médica para evaluar su estado de salud. De acuerdo con fuentes del INM, la prioridad es “garantizar la integridad y el bienestar de las personas afectadas, particularmente de los menores, quienes son especialmente vulnerables en estos casos”.

 

Este tipo de operativos pone de relieve la situación crítica que atraviesan miles de migrantes en su paso por México, donde se enfrentan a redes de tráfico de personas que los exponen a graves riesgos. Desde octubre de 2018, la migración irregular ha incrementado notablemente en el país, impulsada por crisis políticas, económicas y de violencia en Centro y Sudamérica, el Caribe, y algunos países de África y Asia. Pese al aumento de la vigilancia en la frontera sur, los traficantes continúan encontrando rutas clandestinas para el cruce de migrantes, utilizando estados del sur como Oaxaca, Tabasco y Chiapas como puntos de tránsito.

 

Durante su travesía, muchos migrantes son engañados y sometidos a situaciones de extorsión. Se estima que estas personas pagan miles de dólares a los traficantes, quienes prometen ayudarlos a llegar a Estados Unidos pero, en muchos casos, los mantienen bajo amenaza o en condiciones de abuso.

 

La Fiscalía de Oaxaca reafirma su compromiso de enfrentar estas prácticas de explotación y continuar colaborando con otras instituciones para desmantelar las redes de tráfico de personas que operan en el país. Este rescate de 71 migrantes en Juchitán representa un logro importante en la lucha contra la trata y la extorsión, pero también un recordatorio de la vulnerabilidad a la que miles de personas están expuestas en su intento por buscar una vida mejor. 

Reto diplomático con ausencias notables para la primer presidenta Claudia Sheinbaum

La toma de protesta de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México estuvo marcada no solo por la importancia histórica del evento, sino también por las ausencias diplomáticas de varios países clave. Las sillas vacías de España, Ecuador y Perú destacaron, reflejando las tensas relaciones diplomáticas que se gestaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

 

La ausencia de estos países no pasó desapercibida y evidenció los desacuerdos diplomáticos que han influido en la política exterior mexicana en los últimos años. “El escenario internacional refleja las consecuencias de las decisiones del pasado reciente”, comentaron algunos analistas. A pesar de los intentos de Claudia Sheinbaum por mantener un discurso conciliador, la herencia diplomática de su predecesor parece ser un reto inevitable en su administración.

 

Uno de los episodios más notorios fue la ausencia de España en la ceremonia de investidura. La razón de esta ausencia se remonta a un antiguo conflicto entre los dos países, cuando en 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al rey Felipe VI un reconocimiento formal por los agravios cometidos hacia los pueblos indígenas durante la colonización. “Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa,” explicó Sheinbaum en un comunicado, dejando entrever el malestar diplomático que persiste entre las dos naciones.

 

El gobierno español decidió no enviar representantes a la toma de protesta, en parte porque solo se extendió la invitación al presidente Pedro Sánchez, excluyendo al rey Felipe VI. Este gesto fue interpretado en Madrid como un desaire, lo que tensionó aún más la relación bilateral, ya afectada por la falta de un diálogo fluido en los últimos años.

 

Otro de los países ausentes fue Ecuador, cuyo conflicto con México tiene raíces en un incidente diplomático de alto perfil. Durante la presidencia de López Obrador, México concedió asilo al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien enfrentaba cargos judiciales en su país. Este acto provocó una crisis cuando fuerzas policiales de Ecuador irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para arrestar a Glas, desatando una disputa entre los dos gobiernos.

 

A raíz de este incidente, las relaciones entre México y Ecuador se deterioraron considerablemente. El conflicto escaló hasta el punto de que ambos países se enfrentan en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con acusaciones mutuas de violaciones al derecho internacional y a los tratados diplomáticos. Las relaciones, hasta la fecha, permanecen congeladas.

 

Las relaciones entre México y Perú también han sido tensas desde 2022, cuando el entonces presidente peruano, Pedro Castillo, intentó un autogolpe de Estado. Tras su destitución, Dina Boluarte asumió el poder, pero López Obrador nunca reconoció su legitimidad. “Boluarte es una usurpadora,” llegó a afirmar el presidente mexicano en repetidas ocasiones, agudizando la confrontación política entre ambas naciones.

 

López Obrador no solo rechazó reconocer al gobierno de Boluarte, sino que también ofreció asilo a la familia de Castillo, lo que agravó aún más el conflicto. Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre México y Perú han estado prácticamente inexistentes, y la ausencia de representación peruana en la toma de protesta de Sheinbaum fue una confirmación de ese distanciamiento.

 

El desafío que enfrenta Claudia Sheinbaum en el escenario internacional es significativo. Si bien su llegada a la presidencia de México abre una nueva etapa en la política nacional, los conflictos diplomáticos que heredó de la administración anterior son un lastre que no puede ignorar. Las ausencias en su toma de protesta simbolizan la magnitud del reto que tiene por delante para restaurar las relaciones bilaterales con estos países clave.

 

En sus primeras declaraciones, Sheinbaum ha expresado su deseo de reencauzar las relaciones internacionales de México, apostando por el diálogo y la cooperación. “Nuestra prioridad es mantener relaciones de respeto mutuo y avanzar hacia la estabilidad regional,” aseguró la mandataria en un intento de suavizar las tensiones heredadas. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación diplomática no será fácil, y dependerá de cómo gestione estos primeros meses en el poder.

López Obrador y la Declaratoria de Persona Non Grata en diferentes países

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de conflictos internacionales debido a diversas declaraciones realizadas principalmente durante sus conferencias matutinas. Estas declaraciones han llevado a que varios países lo declaren, junto con algunos miembros de su gobierno, como persona non grata. A continuación, exploramos las implicaciones de este término y los recientes enfrentamientos diplomáticos.

El estatus de persona non grata se utiliza históricamente para prohibir la entrada de personas extranjeras a un país por orden gubernamental, según el artículo 9 de la Convención de Viena. Esta medida es una de las formas más severas de censura que puede imponer una nación sobre individuos que, normalmente, gozan de inmunidad diplomática frente a arrestos y otras formas de juicio político. Según el tratado, “El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin necesidad de justificar su decisión, notificar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata.”

En caso de que el Estado acreditante no cumpla con las obligaciones solicitadas, el país receptor tiene el derecho de rechazar al individuo como parte de la misión diplomática. Sin embargo, es importante señalar que la declaración de persona non grata no tiene efectos legales directos; más bien, refleja un rechazo público y puede perjudicar las relaciones bilaterales entre los países involucrados.

El 25 de mayo de 2023, el Congreso de Perú aprobó la Moción 6513 para declarar a Andrés Manuel López Obrador persona non grata. Esta decisión se tomó en respuesta a las críticas del presidente mexicano hacia su homóloga peruana, Dina Boluarte. La moción fue respaldada por 65 votos a favor y se hizo pública a través de la cuenta oficial de Twitter del Congreso. López Obrador, en una de sus conferencias, expresó que consideraba la declaración como un “timbre de orgullo” y agradeció el gesto.

El presidente mexicano ha continuado criticando al gobierno de Boluarte y a los legisladores peruanos, cuestionando la detención de Pedro Castillo y la autorización de la llegada de soldados estadounidenses al país.

Durante el gobierno de López Obrador, varios embajadores mexicanos han sido declarados personas non grata y han tenido que abandonar los países en cuestión en un plazo generalmente no mayor a 72 horas. A continuación, se detallan algunos casos específicos:

Raquel Serur Smeke en Ecuador: El 4 de mayo de 2024, la embajadora mexicana fue declarada persona non grata por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, tras los comentarios de López Obrador sobre el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La decisión se basó en el principio de no intervención y la Convención de Viena.

María Teresa Mercado Pérez en Bolivia: En diciembre de 2019, la entonces presidenta Jeanine Áñez declaró non grata a la embajadora mexicana María Teresa Mercado, acusándola de proteger a ex ministros del gobierno de Evo Morales. Morales, quien recibió asilo político en México durante el mandato de López Obrador, mantiene una relación cercana con el gobierno mexicano.

Pablo Monroy Conesa en Perú: En diciembre de 2022, el embajador Pablo Monroy Conesa fue declarado persona non grata por el Congreso peruano en respuesta a las críticas de López Obrador sobre la destitución y encarcelamiento del ex presidente Pedro Castillo. Monroy Conesa, quien cuenta con una extensa trayectoria en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dejó Perú afirmando que se iba con la “tranquilidad del deber cumplido.”

Ecuador cierra sus consulados en México tras ruptura diplomática

La decisión de Ecuador de cerrar todos sus consulados en México, anunciada el sábado por la cancillería ecuatoriana, marca un giro significativo en las relaciones bilaterales, apenas un mes después de la ruptura diplomática desencadenada por la incursión policial en la sede diplomática ecuatoriana en Quito.

La cancillería de Ecuador, a través de un comunicado, detalló que los consulados en Ciudad de México y Monterrey cesarán sus operaciones el 15 de mayo. A partir del 16, los servicios para los ecuatorianos residentes en México serán gestionados desde las sedes en Guatemala, Houston y Phoenix.

A pesar de este anuncio, no se han proporcionado detalles sobre el destino del personal diplomático que trabaja en estos consulados hasta mediados de mayo.

William Murillo, presidente de la organización de asesoría legal 1800 Migrante con sede en Estados Unidos, expresó su preocupación por el impacto directo que esta medida tendrá en decenas de miles de ecuatorianos en México, muchos de los cuales enfrentan situaciones de riesgo como secuestros y crimen organizado.

Según Murillo, la falta de representación consular en México deja a los migrantes vulnerables, ya que no cuentan con un recurso inmediato para proteger sus derechos, lo que, en su opinión, fortalece las redes de tráfico ilegal de personas.

México había anunciado previamente el cierre de sus servicios consulares en Ecuador desde el 7 de abril, redirigiendo estas operaciones a las embajadas en Colombia, Perú y Chile.

La decisión de Ecuador sigue a la ruptura de relaciones diplomáticas con México, una respuesta directa a la incursión policial en la embajada mexicana en Quito el 5 de abril, donde se sacó al exvicepresidente Jorge Glas, a pesar de que México había concedido asilo político horas antes.

El incidente en la embajada desencadenó una condena internacional y una demanda de México ante la Corte Internacional de La Haya, profundizando la tensión que había comenzado días antes debido a comentarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre las elecciones ecuatorianas de octubre, en las que resultó electo el presidente Daniel Noboa.

La reacción del gobierno de Noboa, declarando persona non grata a la embajadora mexicana, marcó el inicio de una crisis diplomática que ahora ha llevado al cierre de los consulados ecuatorianos en México.

Presidente López Obrador se reúne con embajadora mexicana Raquel Serur tras incidente en Ecuador

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur Smeke, mantuvieron un encuentro en Palacio Nacional, marcando su primera reunión desde el reciente asalto a la embajada mexicana en Quito por parte de autoridades ecuatorianas.

Durante el mediodía, el mandatario y la diplomática mexicana sostuvieron una reunión de trabajo, un día después de la sesión extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la cual se ratificó el respaldo a México en su denuncia presentada ante la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador.

Al retirarse de la sede del Poder Ejecutivo federal, la embajadora mexicana comentó brevemente: “Muy bien, muchas gracias (hablamos) de todo”.

El pasado 5 de abril, autoridades ecuatorianas llevaron a cabo un asalto a la sede de la embajada mexicana en Quito con el propósito de detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había solicitado asilo. Previamente, el gobierno mexicano había instruido a la embajadora Raquel Serur a regresar a México para salvaguardar su seguridad e integridad, después de ser declarada persona non grata por el gobierno de Daniel Noboa.

Tras este episodio, la embajada de México en Ecuador quedó bajo la responsabilidad del ministro Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la misión, quien fue objeto de violencia física durante el asalto a la embajada, constituyendo una clara violación al derecho internacional.

Jorge Glas: Entre Protesta e Incertidumbre en la Cárcel

Jorge Glas: Entre Protesta e Incertidumbre en la Cárcel

En un giro dramático, Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, ha iniciado una huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad “La Roca” en Guayaquil, según confirmó su abogada Sonia Vera. Esta acción se produce después de que Glas fuera detenido por la Policía ecuatoriana tras asaltar la Embajada de México, donde había buscado asilo político.

El lunes, Glas fue llevado de urgencia al hospital tras una aparente descompensación, que se especula pudo ser causada por una sobredosis de medicamentos o por su negativa a ingerir alimentos, según las autoridades penitenciarias. En una emotiva declaración compartida por su abogada, Glas relata presuntas agresiones por parte de los policías que lo detuvieron, alegando que le impidieron mantenerse en pie mientras le leían sus derechos.


A pesar de su situación, Glas expresó su gratitud hacia el Gobierno mexicano por otorgarle asilo, concediéndole “la dignidad de ser un perseguido político”. Desde diciembre de 2023, Glas se encontraba en la Embajada de México en Quito, buscando protección como perseguido político y víctima de lo que él llama “lawfare”, una táctica que según él se utiliza para perseguir a opositores políticos.

La detención de Glas se relaciona con una orden de regresar a prisión por cargos de peculado en relación con la reconstrucción posterior al terremoto de 2016, así como por cumplir una pena de ocho años por condenas previas por cohecho y asociación ilícita, relacionadas con el escándalo de corrupción de Odebrecht.


La incursión de la Policía ecuatoriana en la Embajada de México llevó a una ruptura diplomática entre Ecuador y México, así como a una condena en la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional. Ecuador se ha mantenido firme en su postura, argumentando que México violó la Convención de Asilo Diplomático al otorgar asilo a una persona procesada por delitos comunes.

En medio de esta crisis política y legal, Jorge Glas se encuentra ahora en una lucha solitaria, utilizando la huelga de hambre como un último recurso para llamar la atención sobre su situación y exigir justicia. Su caso refleja las complejidades de la política y la ley, así como los desafíos que enfrentan los líderes políticos en un mundo cada vez más polarizado.


Mientras tanto, el destino de Glas permanece incierto, con la sombra de la cárcel y la incertidumbre legal colgando sobre él. Su protesta silenciosa en la cárcel de Guayaquil es un recordatorio sombrío de los riesgos y sacrificios que algunos están dispuestos a hacer en nombre de sus convicciones políticas y su búsqueda de justicia.

Cuestiones de Política 

Directorio

Crisis Diplomática entre México y Ecuador: Incidente en Embajada de México Desencadena Tensión Bilateral

La canciller mexicana, Alicia Bárcena Ibarra, denunció el operativo policial desplegado por el gobierno ecuatoriano en la embajada de México en Quito, calificándolo como un evento sin precedentes en América Latina y el Caribe, así como a nivel mundial.

En una entrevista con Foro TV posterior al incidente, Bárcena destacó la gravedad del hecho, señalando que es la primera vez en la historia diplomática mexicana que una embajada es violada desde una perspectiva policial. Esto provocó una respuesta contundente del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien declaró la ruptura de relaciones con Ecuador.

La canciller atribuyó la escalada de tensiones bilaterales a la supuesta falta de experiencia del gobierno ecuatoriano, incluyendo la declaración de la embajadora mexicana, Raquel Serur Smeke, como “persona non grata”. Bárcena manifestó su preocupación por la violación del Derecho Internacional y cuestionó la dirección que Ecuador estaba tomando con esta acción.

El operativo desencadenó la peor crisis diplomática en la gestión de Bárcena en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), marcando el clímax de una serie de tensiones que comenzaron cuando Jorge Glas, exvicepresidente del gobierno de Rafael Correa, buscó refugio en la embajada de México, alegando persecución política por parte del gobierno ecuatoriano.

La disputa se intensificó cuando el presidente López Obrador comentó sobre un incidente electoral en Ecuador, lo que generó una respuesta airada por parte del gobierno de Daniel Noboa, quien posteriormente declaró a la embajadora mexicana “persona non grata”.

En respuesta, México otorgó asilo a Glas, exigiendo un salvoconducto para su salida del país, solicitud que fue rechazada por el gobierno ecuatoriano. Horas más tarde, se produjo el asalto a la embajada mexicana y la detención de Glas, durante el cual también resultó agredido Roberto Canseco, quien había asumido la representación diplomática de manera interina tras la expulsión de Serur.

Encapuchados armados irrumpen transmisión en Guayaquil

En un dramático episodio, encapuchados armados ingresaron en las instalaciones del canal de televisión TC en Guayaquil, Ecuador sometiendo al personal durante una transmisión en vivo. Las autoridades respondieron desplegando unidades especializadas en el lugar, mientras en las imágenes televisivas se observaba a los atacantes manteniendo a los trabajadores en el suelo y exigiéndoles a la policía que se retirarán.

“No disparen por favor, no disparen”, se escuchó decir a una mujer mientras las escenas de caos se desarrollaban en vivo. La emisión, que duró poco más de 15 minutos, fue interrumpida, dejando en la pantalla inicialmente el set de televisión y luego imágenes internas del canal.

Esta situación se enmarca en un ambiente de violencia y caos que ha afectado a Ecuador en las últimas 24 horas, con presuntas fugas de líderes criminales, secuestros de policías y múltiples actos violentos, incluyendo explosiones y atentados. El gobierno respondió declarando un estado de excepción de 60 días.

Durante el ataque al canal, los encapuchados, portando armas y explosivos, advirtieron que “no se juega con la mafia” y apuntaron a periodistas con armas de fuego. Además, dejaron un paquete de dinamita en la recepción del canal, según información preliminar.

“Ante el ingreso de delincuentes a las instalaciones de un medio de comunicación en GYE (Guayaquil) nuestras unidades especializadas se encuentran desplegadas en el lugar para atender esta emergencia”, publicó la policía en su cuenta en X, antes Twitter.

En medio del caos, la Universidad de Guayaquil suspendió todas las actividades, y otros centros educativos e instituciones del Estado se mantienen en alerta. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó la “ofensiva del crimen organizado” en el país, repudiando los actos de violencia y amenazas contra funcionarios judiciales.

“Esos hechos ponen de manifiesto la reacción violenta de las estructuras de corrupción y delincuencia frente al accionar del sistema de justicia“, agregó la Corte.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un estado de excepción después de motines en varias cárceles y la fuga de líderes delictivos. La violencia ha generado preocupación en la comunidad internacional y ha afectado la confianza de los inversores en medio de medidas de seguridad e inversión que se someterán a un referéndum.

“Se acabó el tiempo en que los sentenciados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado dictaban a los gobiernos de turno qué hacer”, declaró Noboa en un comunicado. La situación en Ecuador sigue siendo fluida, con el país enfrentando desafíos urgentes para restaurar la seguridad y la estabilidad.