Nueva ley contra feminicidio: Gobierno de Sheinbaum propone investigar toda muerte violenta de mujeres

El gobierno federal alista una reforma legal que modificaría la manera en que se investigan las muertes violentas de mujeres en México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes una iniciativa para establecer que todos estos casos sean indagados desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio, además de endurecer sanciones y reforzar los mecanismos de atención a víctimas.

La propuesta, presentada por la fiscal general Ernestina Godoy, busca homologar el tipo penal en todo el país y redefinir la forma en que actúan las autoridades ante estos delitos. De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es garantizar que cada caso se investigue con protocolos reforzados y evitar que las autoridades descarten de manera inicial posibles feminicidios.

El planteamiento establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá analizarse bajo esta línea desde el primer momento. Con ello, los Ministerios Públicos no podrán descartar como hipótesis inicial un aparente suicidio o accidente, y además el delito será perseguido de oficio a nivel nacional.

La iniciativa también incluye modificaciones para fortalecer las sanciones. Según detalló Godoy, se propone “una pena de 40 a 70 años de prisión”, además de castigar la tentativa “con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes” del castigo establecido. A esto se suman medidas relacionadas con la reparación del daño, como la pérdida de derechos sobre bienes y propiedades del agresor, así como la patria potestad de sus hijos.

El proyecto contempla además la creación de unidades especializadas dentro de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, integradas por personal capacitado específicamente en la investigación de feminicidios. Estas áreas tendrían como función mejorar la atención a víctimas y reforzar las indagatorias.

Durante la presentación, Ingrid Gómez Sarasibar explicó que la iniciativa también plantea la creación de un registro nacional de menores que queden en situación de orfandad a causa de feminicidios, con el fin de garantizar atención y seguimiento a las víctimas indirectas.

“La presente ley articula además todos los derechos de las víctimas, y no sólo para quien lamentablemente fueron arrebatadas de la vida, sino también para sus familiares y como lo decía, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres”, señaló.

Sheinbaum indicó que la propuesta será enviada al Senado entre este martes y el miércoles, con la expectativa de que los legisladores respalden los cambios planteados.

En la conferencia donde se dio a conocer la iniciativa también estuvo presente la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien no intervino durante la presentación luego de incorporarse tarde a la conferencia matutina.

Sheinbaum impulsa reforma para blindar derechos laborales en el campo

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma legal orientada a fortalecer los derechos laborales y de seguridad social de las personas que trabajan en el campo, además de establecer mecanismos que vinculen el comercio agroalimentario con estándares ambientales y laborales verificables.

El proyecto legislativo plantea modificaciones a diversas normas federales con el objetivo de armonizar la política comercial con las políticas laboral y ambiental del Estado mexicano. Entre las leyes que se propone reformar se encuentran la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con el documento enviado al Senado, la iniciativa busca mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector agropecuario, así como reforzar la protección de los ecosistemas forestales frente a prácticas productivas que puedan provocar la eliminación parcial o total de la cobertura vegetal en terrenos destinados a actividades agrícolas orientadas a la exportación.

El texto de la propuesta señala que la medida busca establecer una relación más directa entre el comercio exterior agroalimentario y el cumplimiento de estándares laborales y ambientales.

Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la ampliación de atribuciones para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia que podría emitir un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social para las empresas del sector agroalimentario. Este mecanismo permitiría verificar que las actividades productivas destinadas a exportación cumplan con las normas laborales vigentes.

La iniciativa también plantea ampliar los supuestos en los que el Estado puede aplicar medidas de regulación o restricciones no arancelarias a la exportación de mercancías, conforme a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior. Estas disposiciones permitirían intervenir cuando se detecten incumplimientos relacionados con derechos laborales o impactos ambientales vinculados con la producción agrícola.

El documento ya fue turnado por la presidencia del Senado a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación, paso previo a su eventual discusión y votación en el pleno.

El proyecto incluye además un artículo transitorio que establece que la implementación de la reforma deberá realizarse con los recursos ya contemplados en el presupuesto vigente. Según el texto, las erogaciones que se generen por la entrada en vigor de la iniciativa deberán cubrirse con los presupuestos aprobados para las dependencias responsables durante el actual ejercicio fiscal, sin que se autoricen recursos adicionales para su aplicación.