Categoría: Estado de México

En su primera semana al frente de la presidencia, Claudia Sheinbaum ha dejado claro que seguirá los pasos de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que mantendrá la política de no ofrecer estímulos fiscales al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) en los combustibles. Esto significa que la gasolina magna, premium y el diésel seguirán sin descuento alguno.

“Es importante mantener la estabilidad en los precios, tal como lo prometimos en campaña”, afirmó Sheinbaum durante los festejos de su toma de protesta. Además, aseguró que no habrá “gasolinazos” en los próximos seis años de su mandato, una promesa que busca dar tranquilidad a los consumidores.

Esta decisión de mantener el estímulo fiscal en 0% para la gasolina no es nueva. Durante el gobierno de López Obrador, los estímulos al IEPS fueron eliminados progresivamente, con la gasolina magna perdiendo su último descuento en septiembre, el diésel en febrero, y la premium en octubre del año pasado.

La SHCP informó que los automovilistas tendrán que pagar la cuota completa del IEPS, lo que representa 6.1752 pesos por litro para la magna, 5.2146 pesos para la premium y 6.7865 pesos para el diésel. Esta política ha generado preocupación en algunos sectores, pues sin los estímulos fiscales, el precio de los combustibles podría impactar los bolsillos de muchos mexicanos.

A pesar de esto, el gobierno ha decidido mantener los estímulos fiscales en las zonas fronterizas del país. En municipios como Tijuana y Playas de Rosarito, los automovilistas seguirán pagando el precio completo, pero en otras zonas fronterizas, los subsidios oscilarán entre los 0.022 pesos por litro hasta los 4.500 pesos por litro. En las áreas colindantes con Guatemala y Belice, se mantendrán estímulos que van desde los 1.167 pesos hasta los 2.549 pesos por litro.

Por su parte, Rogelio Ramírez de la O, quien fue secretario de Hacienda durante la administración de López Obrador, continuará al frente de la SHCP bajo el gobierno de Sheinbaum, asegurando una transición sin sobresaltos en la política económica. “El objetivo es seguir fortaleciendo la economía sin afectar a la clase trabajadora”, comentó Ramírez de la O.

Esta medida, que mantiene a los combustibles sin estímulos fiscales, refleja la continuidad en las políticas de López Obrador, con la promesa de estabilidad en los precios, aunque algunos sectores podrían ver con preocupación el impacto en sus finanzas diarias.

La tragedia de la mina “El Pinabete”, en Coahuila, sigue estremeciendo a las familias y a la comunidad. A más de un año del colapso que dejó atrapados a diez mineros, las autoridades han recuperado los restos de un octavo trabajador, dando un paso más en la búsqueda por cerrar este doloroso capítulo.

El hallazgo ocurrió el pasado 28 de septiembre, cuando la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó la recuperación del cuerpo. Este sábado, se dio a conocer que fue el octavo de los mineros atrapados tras el derrumbe en agosto de 2022. Este descubrimiento se produce tras 118 días de labores intensas en la segunda fase de búsqueda subterránea, una misión que no ha cesado en su intento por devolver paz a las familias afectadas.

El procedimiento para recuperar los restos siguió el protocolo establecido por el Mando Unificado, compuesto por la CNPC, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC). “Cada acción que tomamos está diseñada para asegurar la integridad de todos los involucrados y, por supuesto, honrar a los mineros que perdieron la vida”, mencionó un vocero de la CNPC.

Este operativo no solo se ha enfocado en encontrar a los mineros, sino también en garantizar que la recuperación se realice bajo estrictas medidas de seguridad. Se llevaron a cabo labores de refuerzo estructural en la zona para evitar más riesgos, algo que ha sido esencial para continuar el proceso sin poner en peligro a los rescatistas.

Cabe destacar que, el 28 de septiembre, se recuperó el cuerpo de otro minero más, sumando un total de seis identificados hasta la fecha. Los restos hallados corresponden a Margarito Rodríguez Palomares y a José Luis Mireles Arguijo, según se informó en un comunicado emitido por las autoridades. La búsqueda de los dos trabajadores restantes no cesa, y el equipo en campo sigue firme en su compromiso.

La recuperación de los mineros ha sido un proceso largo y doloroso para los familiares, pero esta última actualización renueva las esperanzas de que pronto puedan dar un cierre digno a esta tragedia. Como expresaron los rescatistas en su último reporte: “No nos detendremos hasta encontrar a todos.” El dramático acontecimiento de “El Pinabete” sigue siendo un recordatorio de los peligros que enfrentan los trabajadores mineros en México.

Sinaloa está recibiendo un nuevo impulso en la lucha contra la inseguridad con la llegada de 590 elementos de la Guardia Nacional (GN). Así lo anunció este viernes el gobernador Rubén Rocha Moya durante la ceremonia de cambio de mando de la Tercera Región Militar, en la que Guillermo Briseño Lobera asumió el liderazgo por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobernador expresó su esperanza en estos refuerzos, destacando la necesidad de mayor presencia y apoyo militar para controlar la violencia en el estado. “Esperamos que nos ayuden”, señaló Rocha Moya a los medios de comunicación, en referencia a los nuevos efectivos que colaborarán con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina en los operativos de seguridad que se implementan en la zona centro de Sinaloa desde el mes pasado.

Rocha Moya aprovechó la ocasión para agradecer el esfuerzo conjunto de las distintas fuerzas de seguridad que trabajan en el estado, desde la Guardia Nacional hasta la Policía Estatal, destacando su labor en el “resguardo de la seguridad y la proximidad ciudadana”. A pesar de los avances, el gobernador reconoció que todavía queda mucho por hacer: “Están muy coordinados trabajando y esto nos ha ayudado a que vayamos reduciendo, no acabando todavía, lamentablemente no podemos decir eso que ya esté concluido”, afirmó.

En otro movimiento clave, Rocha Moya anunció en sus redes sociales que se reunirá mañana con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para continuar afinando las estrategias de seguridad en la capital. Este encuentro, según el gobernador, será crucial para avanzar en los trabajos de protección y prevención que buscan reducir la violencia en Sinaloa.

Sinaloa, una de las regiones más afectadas por el crimen organizado en México, ha estado bajo el foco de las autoridades federales en los últimos meses. Los refuerzos enviados por la GN y la coordinación con la Fuerza Aérea y la Marina buscan fortalecer los operativos ya en marcha. A pesar de los esfuerzos, Rocha Moya admite que aún no se puede cantar victoria en la lucha contra la inseguridad, pero el despliegue de 590 elementos representa un paso importante en esa dirección.

Con este despliegue, las expectativas son altas, y los sinaloenses esperan ver resultados en los próximos meses. El gobernador Rocha Moya ha dejado claro que la seguridad es una prioridad en su administración, y la colaboración con el gobierno federal sigue siendo clave para enfrentar los retos que esta situación presenta. “Este esfuerzo conjunto es un compromiso con nuestra gente”, concluyó Rocha Moya.

Entre aplausos y gritos de victoria, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) lograron un gran avance en su lucha: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido revisar la legalidad de la polémica reforma judicial. La decisión llegó como una bocanada de aire fresco para jueces, magistrados y empleados judiciales, quienes se reunieron a las afueras del máximo tribunal, esperando ansiosos el veredicto.

“¡Ocho a tres en contra! La Corte ha decidido revisar esta reforma”, anunció emocionado Fernando Miguez, vocero de los trabajadores del PJF, mientras la multitud estallaba en júbilo. La sesión, dirigida por la ministra presidenta Norma Piña, culminó en un gesto de esperanza para quienes temían por su autonomía laboral y el futuro del Poder Judicial.

Carlos Ávila, secretario de juzgado y otro de los líderes del movimiento, no tardó en expresar su satisfacción: “Que se escuche fuerte y claro, aquí y en todo el país: hay República porque las ministras y ministros patriotas han defendido el Estado de derecho”. Su mensaje resonó con fuerza, no solo entre los trabajadores presentes, sino también en las redes sociales, donde el tema se convirtió rápidamente en tendencia.

La decisión de la SCJN abre la puerta para que se analicen los procedimientos que llevaron a la aprobación de la reforma judicial. Según Ávila, el proceso legislativo “tiene muchos vicios” que podrían invalidar la reforma. “Si todo sigue este curso, podemos regresar al estado de cosas antes de su aprobación, y eso es lo que esperamos”, declaró en una entrevista posterior.

Jesús Cruz Sibaja, otro trabajador del Poder Judicial, destacó que este proceso también toca temas clave como la “autonomía de los órganos judiciales” y la independencia de jueces y magistrados. Los manifestantes, conscientes de que aún queda camino por recorrer, mantendrán la presión y analizarán su situación laboral en los próximos días.

A pesar de esta victoria, los trabajadores aún evalúan extender su paro de labores. Se espera que se reúnan el jueves en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para discutir si continúan con el paro hasta el 15 de octubre, como una forma de asegurar que sus derechos sean respetados y que las mesas de diálogo sigan activas.

Este triunfo en la Suprema Corte representa más que una simple revisión de la reforma: es un mensaje de resistencia y unión entre los trabajadores judiciales, que seguirán luchando para mantener la independencia de su institución.

El conflicto en el Poder Judicial continúa intensificándose, luego de que los 55 mil trabajadores de los 32 circuitos judiciales del país acordaran extender indefinidamente el paro de labores que iniciaron el pasado 19 de agosto. La decisión fue tomada en respuesta a la controvertida reforma constitucional que propone que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular y por un proceso de tómbola, una iniciativa que ha generado amplio rechazo en los sectores judiciales.

La suspensión de actividades, respaldada por el Consejo de la Judicatura Federal, fue reafirmada en un documento oficial presentado ante dicho órgano. En él, los trabajadores manifestaron su postura de mantenerse en paro hasta obtener una resolución favorable a sus demandas. “Hemos decidido continuar con la suspensión de actividades de manera indefinida”, se lee en el documento, firmado por el comité de diálogo que representa a los 32 circuitos judiciales de la República Mexicana.

Este paro no ha estado exento de controversia política. En su primera conferencia de prensa como presidenta de México, Claudia Sheinbaum calificó de “injustificado” el paro del Poder Judicial, sugiriendo que no existen razones válidas para que los servidores públicos sigan en huelga. Sin embargo, estas declaraciones fueron rápidamente rechazadas por los trabajadores judiciales, quienes las consideraron “banales” y “sin fundamento”.

Carlos Ávila, uno de los voceros del movimiento de trabajadores, expresó durante un mitin realizado frente a la sede del Consejo de la Judicatura Federal en Ciudad de México su desacuerdo con las afirmaciones de Sheinbaum. “Son declaraciones banales que no tienen fundamento, porque en este mismo momento se siguen atendiendo casos urgentes. El Poder Judicial de la Federación no ha cesado en sus funciones”, señaló Ávila, aclarando que el paro no implica una paralización total, ya que los casos urgentes continúan siendo atendidos, como lo establece la Constitución.

El vocero también subrayó que el movimiento cuenta con el respaldo del Consejo de la Judicatura y que el objetivo principal es alcanzar una solución que permita a los trabajadores continuar brindando “una función jurisdiccional de excelencia y calidad”.

El conflicto surgió a raíz de la reforma constitucional impulsada por el gobierno, que pretende modificar radicalmente el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros. Según esta propuesta, los ciudadanos serían quienes, mediante votación, determinen quién ocupará estos cargos, en un sistema de sorteo que ha sido calificado por críticos como una amenaza a la independencia del Poder Judicial.

En este contexto, la presidenta Sheinbaum defendió la reforma y recordó que el proceso de renovación del Poder Judicial ya está en marcha. El 15 de octubre se dará inicio a la elección por voto popular de los nuevos ministros, jueces y magistrados, una medida que ha sido vista por los trabajadores como un intento de consolidar el control político sobre el sistema judicial.

Carlos Ávila, en representación de los trabajadores, advirtió que cualquier acción política que busque continuar con este proceso será irregular. “Todos los días escuchamos a políticos mentirosos simulando que no ha pasado nada y que este atropello ya es un acto consumado. Mentira. Todavía falta un largo camino de impugnaciones en sede nacional e internacional”, afirmó con firmeza.

Con el paro de labores manteniéndose indefinidamente, el Poder Judicial se enfrenta a una de las mayores crisis en su historia reciente. La resolución del Consejo de la Judicatura, programada para la tarde del miércoles 2 de octubre, será crucial para definir el rumbo de este conflicto. Entretanto, el país observa con atención, consciente de que lo que está en juego es no solo el funcionamiento del sistema judicial, sino su propia independencia frente a las reformas impulsadas desde el poder político.

La toma de protesta de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México estuvo marcada no solo por la importancia histórica del evento, sino también por las ausencias diplomáticas de varios países clave. Las sillas vacías de España, Ecuador y Perú destacaron, reflejando las tensas relaciones diplomáticas que se gestaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La ausencia de estos países no pasó desapercibida y evidenció los desacuerdos diplomáticos que han influido en la política exterior mexicana en los últimos años. “El escenario internacional refleja las consecuencias de las decisiones del pasado reciente”, comentaron algunos analistas. A pesar de los intentos de Claudia Sheinbaum por mantener un discurso conciliador, la herencia diplomática de su predecesor parece ser un reto inevitable en su administración.

Uno de los episodios más notorios fue la ausencia de España en la ceremonia de investidura. La razón de esta ausencia se remonta a un antiguo conflicto entre los dos países, cuando en 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al rey Felipe VI un reconocimiento formal por los agravios cometidos hacia los pueblos indígenas durante la colonización. “Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa,” explicó Sheinbaum en un comunicado, dejando entrever el malestar diplomático que persiste entre las dos naciones.

El gobierno español decidió no enviar representantes a la toma de protesta, en parte porque solo se extendió la invitación al presidente Pedro Sánchez, excluyendo al rey Felipe VI. Este gesto fue interpretado en Madrid como un desaire, lo que tensionó aún más la relación bilateral, ya afectada por la falta de un diálogo fluido en los últimos años.

Otro de los países ausentes fue Ecuador, cuyo conflicto con México tiene raíces en un incidente diplomático de alto perfil. Durante la presidencia de López Obrador, México concedió asilo al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien enfrentaba cargos judiciales en su país. Este acto provocó una crisis cuando fuerzas policiales de Ecuador irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para arrestar a Glas, desatando una disputa entre los dos gobiernos.

A raíz de este incidente, las relaciones entre México y Ecuador se deterioraron considerablemente. El conflicto escaló hasta el punto de que ambos países se enfrentan en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con acusaciones mutuas de violaciones al derecho internacional y a los tratados diplomáticos. Las relaciones, hasta la fecha, permanecen congeladas.

Las relaciones entre México y Perú también han sido tensas desde 2022, cuando el entonces presidente peruano, Pedro Castillo, intentó un autogolpe de Estado. Tras su destitución, Dina Boluarte asumió el poder, pero López Obrador nunca reconoció su legitimidad. “Boluarte es una usurpadora,” llegó a afirmar el presidente mexicano en repetidas ocasiones, agudizando la confrontación política entre ambas naciones.

López Obrador no solo rechazó reconocer al gobierno de Boluarte, sino que también ofreció asilo a la familia de Castillo, lo que agravó aún más el conflicto. Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre México y Perú han estado prácticamente inexistentes, y la ausencia de representación peruana en la toma de protesta de Sheinbaum fue una confirmación de ese distanciamiento.

El desafío que enfrenta Claudia Sheinbaum en el escenario internacional es significativo. Si bien su llegada a la presidencia de México abre una nueva etapa en la política nacional, los conflictos diplomáticos que heredó de la administración anterior son un lastre que no puede ignorar. Las ausencias en su toma de protesta simbolizan la magnitud del reto que tiene por delante para restaurar las relaciones bilaterales con estos países clave.

En sus primeras declaraciones, Sheinbaum ha expresado su deseo de reencauzar las relaciones internacionales de México, apostando por el diálogo y la cooperación. “Nuestra prioridad es mantener relaciones de respeto mutuo y avanzar hacia la estabilidad regional,” aseguró la mandataria en un intento de suavizar las tensiones heredadas. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación diplomática no será fácil, y dependerá de cómo gestione estos primeros meses en el poder.

La violencia en Sinaloa continúa cobrando víctimas de alto perfil. Este lunes, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, fue asesinado a tiros en el fraccionamiento Parque Alameda de Culiacán. Hernández, quien también tuvo una destacada trayectoria política, fue una de las dos personas que perdieron la vida en un ataque que ha conmocionado al estado.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa confirmó que el ataque ocurrió en la mañana, cuando se reportaron disparos en la zona. Al llegar las autoridades al lugar, encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres, uno de ellos al interior de una vivienda y el otro en la cochera. Minutos después, la Fiscalía General del Estado corroboró la identidad de uno de los fallecidos: Faustino Hernández Álvarez.

Faustino Hernández no solo era conocido por su liderazgo en el sector ganadero, sino también por su carrera política. Como ex diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2018 y 2021 y regidor de Culiacán en varios periodos, su muerte ha resonado con fuerza en ambos ámbitos. El Congreso de Sinaloa destacó su papel como presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y su participación como coordinador en diversas campañas políticas.

“Faustino siempre fue un defensor de los derechos de los ganaderos y un líder que luchaba por el bienestar de la comunidad rural”, comentó un compañero cercano del sector ganadero. Su muerte deja un vacío difícil de llenar en un momento crítico para Sinaloa, que enfrenta una ola de violencia sin precedentes.

El asesinato de Hernández ocurre en un contexto de creciente violencia en el estado. Durante el fin de semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó un total de 20 homicidios dolosos en diferentes puntos de Sinaloa. Diez personas fueron asesinadas el viernes, siete el sábado y tres más el domingo. La escalada de violencia ha dejado a la población en alerta y a las autoridades buscando respuestas ante una situación que parece incontrolable.

El mismo lunes, en un camino de terracería que conecta la carretera Benito Juárez con el Campo el Diez, se descubrió el cadáver de otra persona, víctima también de disparos de arma de fuego. Mientras tanto, en la comunidad de Las Arenitas, municipio de Eldorado, se localizó otro cuerpo. A pesar de la gravedad de los hechos, la SSP ha descartado que se haya producido un enfrentamiento armado en estas zonas, lo que agrava la incertidumbre sobre el origen y el propósito de estos homicidios.

La muerte de Faustino Hernández Álvarez no solo ha generado conmoción, sino también llamados urgentes para frenar la violencia que afecta a Sinaloa. Diversos sectores, tanto ganaderos como políticos, han pedido a las autoridades estatales y federales redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Es inaceptable que la violencia se esté cobrando la vida de líderes que luchan por mejorar las condiciones de nuestro estado”, manifestó un líder local, al tiempo que pidió a las autoridades que este caso no quede impune. La exigencia de justicia para Hernández se suma a la creciente demanda de poner fin al dominio del crimen organizado en Sinaloa, que ha ensombrecido tanto la vida cotidiana como el desarrollo económico de la región.

Por el momento, la Fiscalía de Sinaloa ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables de este doble homicidio. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado avances significativos en el caso.

A casi 15 años de la tragedia que conmocionó a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmado un decreto que ofrece un respiro de justicia y apoyo a las familias de las víctimas del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. El 5 de junio de 2009, el país fue testigo de una de las tragedias más devastadoras de su historia reciente, donde 49 menores perdieron la vida y decenas más resultaron con heridas permanentes. El decreto, publicado este sábado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), marca un paso importante en el reconocimiento de los derechos de las familias afectadas.

El nuevo decreto establece pensiones vitalicias para las madres y los padres de los menores que fallecieron en el incendio, una medida que busca brindarles apoyo financiero de por vida. “Esta es una deuda moral con las familias que, por más de una década, han enfrentado el dolor de una pérdida irreparable”, señaló el mandatario en una conferencia reciente.

El decreto no solo se limita a ofrecer pensiones a los padres de las víctimas, sino que también abarca a los niños y niñas que sufrieron lesiones permanentes en el incidente. Estos sobrevivientes, que ahora han crecido con cicatrices tanto físicas como emocionales, recibirán pensiones vitalicias, además de otros beneficios que les permitan llevar una vida digna y acceder a los recursos necesarios para su rehabilitación. “No solo es un tema de reparación económica, sino de brindarles el soporte que el Estado les debe desde hace mucho tiempo”, declaró un funcionario de alto nivel involucrado en la elaboración del decreto.

Entre las medidas anunciadas se incluye una beca educativa que garantizará el acceso a la educación para los menores que resultaron lesionados o que inhalaron humo y tóxicos en el incidente. Estas becas cubrirán los niveles de primaria, secundaria, media superior y superior en instituciones oficiales o con reconocimiento oficial. “Es una forma de asegurar que estos niños y niñas, pese a la tragedia, tengan las oportunidades necesarias para un futuro mejor”, explicó el presidente durante la firma del decreto.

Además, las familias de los menores afectados tendrán acceso a la condonación del pago de electricidad en los hogares donde residan, especialmente aquellos que necesiten usar equipos médicos esenciales para el cuidado de la salud de los menores afectados.

Con este decreto, López Obrador culmina su sexenio con una de las medidas más simbólicas de su administración. Aunque quedan muchas preguntas sobre la justicia para los responsables de la tragedia, este acto es visto por muchos como un esfuerzo significativo para reconocer el dolor de las familias y brindarles un apoyo tangible. La madre de una de las víctimas, quien ha luchado incansablemente por justicia, expresó su sentir: “No hay dinero ni medida que pueda borrar el sufrimiento, pero saber que no nos olvidaron y que mis otros hijos tendrán un futuro seguro, nos da un poco de paz”.

El incendio en la Guardería ABC sigue siendo una herida abierta en el corazón de México, y este decreto es un recordatorio de la importancia de no olvidar a las víctimas. Las familias, que durante años han buscado justicia y reconocimiento, finalmente ven algunos frutos en su lucha.

La tarde del sábado, un fuerte incendio desató el caos en una conocida tienda de autoservicio en Zapopan, Jalisco. El siniestro, que rápidamente se expandió a través de las instalaciones, fue controlado tras tres intensas horas de trabajo por parte de los bomberos y Protección Civil estatal. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero la magnitud del incendio generó preocupación entre los habitantes de la zona, quienes pudieron observar una densa columna de humo desde varios kilómetros de distancia.

El incendio, que comenzó en la zona de blancos de la tienda, fue presuntamente provocado por un corto circuito en un horno de microondas. Las llamas se propagaron con rapidez, alcanzando la sección donde se exhibían colchones, lo que ocasionó una rápida acumulación de humo denso y tóxico. Esta situación obligó a las autoridades a ordenar la evacuación inmediata de clientes y empleados, logrando así evitar tragedias mayores.

Sergio Ramírez López, coordinador intermunicipal de Bomberos de Guadalajara y Zapopan, explicó que el incendio comenzó alrededor de las 16:00 horas y que, gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, se pudo evitar que las llamas se extendieran a otras áreas de la tienda. “La prioridad fue evacuar de forma segura a las personas y contener el fuego en la zona afectada. Aunque las llamas eran intensas, el equipo trabajó de manera eficiente y logramos controlarlo antes de que pudiera causar más daños”, declaró Ramírez López.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Protección Civil de Jalisco informó que el fuego fue sofocado cerca de las 19:00 horas. No obstante, las maniobras de enfriamiento continuaron durante varias horas más para asegurar que no hubiera puntos de reinicio del incendio. “A pesar de que el incendio fue controlado, seguimos trabajando para evitar cualquier reavivamiento del fuego. La situación está bajo control”, señalaron en un comunicado.

El incendio no solo afectó a los usuarios y empleados de la tienda, sino que también generó alarma en los vecinos de las inmediaciones. Muchos de ellos observaron la impresionante columna de humo que, desde la distancia, indicaba la magnitud del siniestro. Algunos residentes comentaron que, en un principio, pensaron que se trataba de un incendio forestal o de otra naturaleza, debido a la densa cortina de humo que invadía el cielo.

“Nos asustamos mucho porque pensábamos que podría extenderse a nuestras casas o que podría ser algo peor”, mencionó una vecina de la zona. Sin embargo, gracias a la rápida acción de los equipos de emergencia, la situación no llegó a tales extremos.

La evacuación de la tienda se llevó a cabo con rapidez y eficiencia, lo que contribuyó a que no se registraran heridos ni situaciones de pánico. “Fue todo muy rápido, apenas sentimos el olor a quemado y las indicaciones fueron claras para salir inmediatamente”, comentó un cliente que se encontraba en el lugar al momento del incidente.

Protección Civil y Bomberos de Jalisco continuarán investigando las causas precisas del incendio, aunque las primeras versiones apuntan a un fallo eléctrico en un electrodoméstico como el origen del fuego. Mientras tanto, la tienda permanecerá cerrada hasta que se realicen las inspecciones y reparaciones necesarias para garantizar la seguridad en el establecimiento.

La tarde del pasado jueves se convirtió en una experiencia de terror para 165 turistas que se dirigían o regresaban de Mazatlán cuando fueron atacados por un grupo armado en la carretera Durango-Mazatlán, a la altura de la comunidad Chavarría Nuevo, en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango. A pesar del dramatismo de los hechos, todos los viajeros fueron rescatados sin heridas, aunque el pánico vivido permanecerá en sus memorias.

Los civiles armados interceptaron tres autobuses de las líneas Premium y Futura, obligando a los pasajeros a descender para posteriormente incendiar dos de las unidades. Según declaraciones de las autoridades, los afectados se refugiaron en una escuela cercana mientras esperaban la llegada de las fuerzas de seguridad. “Fue una situación aterradora, pero gracias a la rápida intervención de la Policía Estatal, todos estamos a salvo”, expresó uno de los conductores involucrados en el incidente.

Elementos de la Policía Estatal de Durango desplegaron un operativo de emergencia tras tener conocimiento del ataque. Al llegar al lugar de los hechos, ofrecieron protección a los turistas y garantizaron su traslado seguro a sus destinos, cumpliendo con su compromiso de velar por la seguridad de los ciudadanos en medio de una creciente ola de violencia en el país.

Uno de los camiones, un autobús de la línea Premium, transportaba a 50 turistas provenientes de Torreón, Coahuila, quienes se dirigían a disfrutar de las playas de Mazatlán, Sinaloa. Un segundo autobús, de la línea Irizar, partía de Monclova con 35 pasajeros a bordo, mientras que un tercer vehículo transportaba a 80 personas que regresaban a Durango después de haber visitado Mazatlán. Estas tres unidades fueron el blanco de la agresión que ha dejado una vez más en evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la violencia que asola ciertas regiones del país.

Uno de los pasajeros, quien prefirió mantener su anonimato, relató la angustiante situación: “Íbamos disfrutando del viaje, todo parecía normal, pero de repente unos hombres armados nos obligaron a detenernos y bajar del autobús. No sabíamos si íbamos a salir con vida. Fue aterrador ver cómo incendiaban los camiones”. La calma y coordinación entre los turistas fue clave para evitar el pánico, y una vez refugiados en la escuela de Chavarría Nuevo, pudieron respirar con algo de alivio.

El incidente, que afortunadamente no dejó víctimas mortales ni heridos, ha causado gran conmoción entre los afectados, quienes simplemente buscaban disfrutar de unos días de descanso o regresar a sus hogares. La presencia de estos grupos armados en las carreteras genera una creciente preocupación tanto para las autoridades como para los ciudadanos.

Este ataque es un recordatorio más de la necesidad urgente de reforzar la seguridad en las carreteras del país, especialmente en rutas tan transitadas como la Durango-Mazatlán, un corredor vital para el turismo nacional. La violencia en estas zonas no solo pone en riesgo la vida de los viajeros, sino también la economía local, ya que el turismo es una de las principales fuentes de ingreso para Mazatlán y otros destinos en el Pacífico mexicano.

El gobernador de Durango, en respuesta a los hechos, anunció un aumento en los operativos de seguridad en las carreteras que conectan con Sinaloa y otras regiones del país. “No permitiremos que el miedo se apodere de nuestras carreteras. Garantizaremos que las familias puedan viajar con tranquilidad y sin temor a ser víctimas de la delincuencia organizada”, afirmó en un comunicado.