El conflicto en el Poder Judicial continúa intensificándose, luego de que los 55 mil trabajadores de los 32 circuitos judiciales del país acordaran extender indefinidamente el paro de labores que iniciaron el pasado 19 de agosto. La decisión fue tomada en respuesta a la controvertida reforma constitucional que propone que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular y por un proceso de tómbola, una iniciativa que ha generado amplio rechazo en los sectores judiciales.
La suspensión de actividades, respaldada por el Consejo de la Judicatura Federal, fue reafirmada en un documento oficial presentado ante dicho órgano. En él, los trabajadores manifestaron su postura de mantenerse en paro hasta obtener una resolución favorable a sus demandas. “Hemos decidido continuar con la suspensión de actividades de manera indefinida”, se lee en el documento, firmado por el comité de diálogo que representa a los 32 circuitos judiciales de la República Mexicana.
Este paro no ha estado exento de controversia política. En su primera conferencia de prensa como presidenta de México, Claudia Sheinbaum calificó de “injustificado” el paro del Poder Judicial, sugiriendo que no existen razones válidas para que los servidores públicos sigan en huelga. Sin embargo, estas declaraciones fueron rápidamente rechazadas por los trabajadores judiciales, quienes las consideraron “banales” y “sin fundamento”.
Carlos Ávila, uno de los voceros del movimiento de trabajadores, expresó durante un mitin realizado frente a la sede del Consejo de la Judicatura Federal en Ciudad de México su desacuerdo con las afirmaciones de Sheinbaum. “Son declaraciones banales que no tienen fundamento, porque en este mismo momento se siguen atendiendo casos urgentes. El Poder Judicial de la Federación no ha cesado en sus funciones”, señaló Ávila, aclarando que el paro no implica una paralización total, ya que los casos urgentes continúan siendo atendidos, como lo establece la Constitución.
El vocero también subrayó que el movimiento cuenta con el respaldo del Consejo de la Judicatura y que el objetivo principal es alcanzar una solución que permita a los trabajadores continuar brindando “una función jurisdiccional de excelencia y calidad”.
El conflicto surgió a raíz de la reforma constitucional impulsada por el gobierno, que pretende modificar radicalmente el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros. Según esta propuesta, los ciudadanos serían quienes, mediante votación, determinen quién ocupará estos cargos, en un sistema de sorteo que ha sido calificado por críticos como una amenaza a la independencia del Poder Judicial.
En este contexto, la presidenta Sheinbaum defendió la reforma y recordó que el proceso de renovación del Poder Judicial ya está en marcha. El 15 de octubre se dará inicio a la elección por voto popular de los nuevos ministros, jueces y magistrados, una medida que ha sido vista por los trabajadores como un intento de consolidar el control político sobre el sistema judicial.
Carlos Ávila, en representación de los trabajadores, advirtió que cualquier acción política que busque continuar con este proceso será irregular. “Todos los días escuchamos a políticos mentirosos simulando que no ha pasado nada y que este atropello ya es un acto consumado. Mentira. Todavía falta un largo camino de impugnaciones en sede nacional e internacional”, afirmó con firmeza.
Con el paro de labores manteniéndose indefinidamente, el Poder Judicial se enfrenta a una de las mayores crisis en su historia reciente. La resolución del Consejo de la Judicatura, programada para la tarde del miércoles 2 de octubre, será crucial para definir el rumbo de este conflicto. Entretanto, el país observa con atención, consciente de que lo que está en juego es no solo el funcionamiento del sistema judicial, sino su propia independencia frente a las reformas impulsadas desde el poder político.
